EXCEPCIONES Y DEFENSAS EN MATERIA MERCANTIL. DEBEN OPONERSE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.
AMPARO DIRECTO 510/2005. CARMELO PÉREZ PÉREZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Son inoperantes en parte, inatendibles en otra, e infundados en lo demás, los conceptos de violación transcritos, por los motivos que a continuación se exponen.
Previamente al pronunciamiento de la presente ejecutoria, debe señalarse que este tribunal advierte que el quejoso, además de los conceptos de violación narrados en el capítulo respectivo, aduce otros más en el apartado de antecedentes; luego, como es de explorado derecho que la demanda de garantías constituye un todo, y como tal debe ser estudiada, en consecuencia se abordará el examen tanto de unos como de otros, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.
Por concepto de violación debe entenderse la expresión de un razonamiento jurídico concreto, tendiente a rebatir y destruir las consideraciones y fundamentos de la sentencia reclamada, con el fin de acreditar ante la autoridad federal la ilegalidad del acto reclamado, tal como lo ha sostenido este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, antes de su especialización en materia civil, en la jurisprudencia número 682, visible en la página 459, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN. EN QUÉ CONSISTE. Por concepto de violación debe entenderse la expresión de un razonamiento jurídico concreto contra los fundamentos de la sentencia reclamada, para poner de manifiesto ante esa potestad federal que los mismos son contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó o porque se aplicó sin ser aplicable, o bien porque no se hizo una correcta interpretación de la ley, o, finalmente, porque la sentencia no se apoyó en principios generales de derecho aplicables al caso concreto, por lo que al no haber expresado el quejoso verdaderos conceptos de violación, las alegaciones que hace son inatendibles."
En la sentencia reclamada la Sala responsable consideró, en suma, que de las constancias del juicio se desprendía la existencia del requerimiento al actor para que aclarara su demanda natural, en el sentido de si la enderezaba únicamente en contra de Sergio Sedano Montiel, en su calidad de administrador general único y representante legal de la persona moral denominada Gerencia de Proyectos Constructivos, Sociedad Anónima de Capital Variable, o "también de la persona moral de referencia"; que mediante proveído de seis de septiembre de dos mil uno, se acordó tener al promovente del juicio de primer grado, entablando la litis en contra de Sergio Sedano Montiel, como librador de los documentos base de la acción, y en contra de la persona moral denominada Gerencia de Proyectos Constructivos, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de aquél en su carácter de administrador general único de ésta; que según la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento de veinte de octubre de dos mil uno, sólo se llamó a juicio a Sergio Sedano Montiel, en su calidad de administrador general único y representante legal de la persona moral denominada Gerencia de Proyectos Constructivos, Sociedad Anónima de Capital Variable, a quien se le embargó el cincuenta por ciento del lote de terreno marcado con el número ciento ochenta y cinco de la manzana número quince y la casa en él construida, marcada con el número doce, anterior, actualmente ciento ocho, en la calle Retorno Número Cinco, de la calle Ingenieros, de la Unidad Habitacional Magisterial de esa ciudad de Xalapa, Veracruz, con una superficie de doscientos veinticinco metros cuadrados, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el número novecientos setenta y seis de la sección primera de veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y uno; que seguidas las etapas procesales, el veinte de mayo de dos mil dos, se dictó sentencia definitiva con los siguientes puntos resolutivos: "... PRIMERO. Ha sido procedente la vía ejecutiva mercantil intentada. SEGUNDO. La parte actora Carmelo Pérez Pérez, sí probó su acción intentada; la parte demandada Sergio Sedano Montiel, no compareció a juicio. TERCERO. Como consecuencia del punto resolutivo anterior, se condena al demandado Sergio Sedano Montiel, a pagar a la parte actora, la cantidad de $32,586.00 (treinta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos moneda nacional), por concepto de la suerte principal, así como al pago de los intereses a razón del 6% seis por ciento anual, a partir de que la parte demandada cayó en mora, hasta que cumpla con la obligación del pago antes referido, dentro del término de tres días siguientes de aquel en que cause ejecutoria la presente sentencia. CUARTO. Se condena al demandado Sergio Sedano Montiel, al pago de los gastos y costas erogados con la tramitación del presente juicio, como consecuencia de no haber obtenido sentencia favorable dentro del presente juicio. QUINTO. Si el demandado Sergio Sedano Montiel, en calidad de administrador general único y representante legal de la persona moral Gerencia de Proyectos Constructivos, S.A. de C.V., no cumpliere con lo señalado en el punto resolutivo que antecede a éste, en su oportunidad, hágase el trance y remate de los bienes que se les embargaron y con su producto páguese al acreedor ...", que el diez de junio de dos mil dos, causó ejecutoria la aludida sentencia de primer grado; asimismo, se advertía que el diez de abril de dos mil tres, la extinta Quinta Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, resolvió el toca de apelación 389/2003, de su índice, revocando el auto de cuatro de febrero de dos mil tres, por el que el Juez natural estimó que la anterior tercería promovida por Sergio y Jaime, ambos de apellidos Sedano Montiel, era improcedente por no tener el carácter de terceros opositores, empero, tampoco podía admitirse la misma, en razón de que desde el quince de noviembre de dos mil cuatro, no tuvo lugar la admisión de esa tercería, el cual al no ser impugnado, causó estado y, por ende, sus motivos de inconformidad en ese sentido, resultaban extemporáneos.
Así pues, que como Sergio Sedano Montiel, por su propio derecho, promovió la actual tercería excluyente de dominio, debía acreditar los siguientes elementos a saber: a) Que es propietario de la cosa; y b) Que ésta fue embargada por el ejecutante en un litigio del cual es ajeno; que por cuanto ve al primer elemento, el mismo se encontró acreditado en autos al tenor de la copia certificada por el notario público número ocho de Xalapa, Veracruz, relativa al instrumento número dos mil novecientos ochenta y cinco, volumen sexagésimo tercero, de tres de julio de mil novecientos noventa, el cual obra a fojas noventa y ocho a cien, mismo que cuenta con pleno valor probatorio en términos del artículo 1292 del Código de Comercio, en virtud de no haber sido legalmente objetado y del que se desprende la respectiva información testimonial, y el contrato por el que América Montiel Aburto y Amado Sedano Guzmán, donaron a sus hijos Sergio Sedano Montiel y Jaime Sedano Montiel, y éstos adquieren en partes iguales e indivisas, el lote de terreno número ciento ochenta y cinco, manzana quince, y la casa en él construida marcada con el número doce, con frente al Retorno Cinco, de la Unidad Magisterial de esa ciudad de Xalapa, Estado de Veracruz; por lo que se refiere al segundo de los elementos, también se encuentra acreditado al tenor de las actuaciones judiciales, al desprenderse que en diligencia de veintinueve de octubre de dos mil uno, sólo se emplazó a Sergio Sedano Montiel, en su calidad de administrador general único y representante legal de la persona moral denominada Gerencia de Proyectos Constructivos, Sociedad Anónima de Capital Variable, y no como librador de los documentos base de la acción, por su propio derecho, por lo que tampoco en la sentencia definitiva se le condenó con tal carácter, por lo que quedó acreditado el segundo de los elementos, pues el inmueble embargado no forma parte del capital social de la aludida persona moral, sino de Sergio Sedano Montiel, por su propio derecho, al adquirirlo por donación y en copropiedad por partes iguales con Jaime Sedano Montiel, esto es, el actor tercerista es ajeno al juicio natural, dado que aun cuando hubo un escrito aclaratorio del actor natural en el que lo demandó como librador de los documentos base de la acción, por su propio derecho, no se le emplazó a la litis con tal carácter, y sobre ese aspecto no existió impugnación alguna, ni tampoco respecto de la sentencia definitiva, habiéndose consentido tales actuaciones, y de ahí lo infundado de los agravios hechos valer.
Asimismo, se estimó que el motivo de inconformidad referente a que el Juez natural no entró al estudio de las excepciones y pruebas que ofreció en el escrito de contestación de tercería, devenía inoperante, en razón de que no se expuso a qué excepciones y pruebas se refería, sin que pudiera suplirse la queja deficiente del mismo, citando en su apoyo la tesis intitulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES, CUANDO NO SE PRECISAN EN ELLOS LAS PRUEBAS MAL APRECIADAS Y EL RACIOCINIO RESPECTIVO."
Finalmente, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1084, fracciones III y IV, del Código de Comercio, procedía condenar al apelante a pagar a su contraria las costas causadas por la tramitación de ese recurso de apelación.
Al respecto, el quejoso aduce en la parte de antecedentes de la demanda de garantías, lo siguiente:
1. Que en la sentencia de tercería se estimó que el inmueble embargado no constituye "obligación" ya que no pertenece a la sociedad mercantil demandada, pero no se advirtió que sí lo es de la persona física que demandó, por tanto, si dicho bien es del legítimo representante de esa sociedad mercantil, es de lógica jurídica que ese inmueble entra en las adquisiciones de la aludida persona física demandada, aun cuando ésta no lo haya adquirido, por tanto, la resolución reclamada viola sus derechos en virtud de que no es necesario que el bien raíz haya sido gananciado por la sociedad mercantil enjuiciada, ya que "basta y sobra" que sea su representante legal su legítimo propietario, para poder cumplir con la obligación engendrada a través de los títulos fundatorios de la acción.
2. Que la Sala responsable se concreta únicamente en los agravios expuestos, pero no en que la tercería de que se trata se encuentra extemporánea, por lo que debió haber revocado la sentencia dictada en la misma y declarar su improcedencia.
3. Que la sentencia de tercería se apoya en la documental que obra en autos, referente a la donación a favor de Sergio y Jaime, ambos de apellidos Sedano Montiel, otorgada por su progenitora, empero, que ello constituye una violación al procedimiento ya que dicho documento carece de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, es más, dicha documental se encuentra certificada pero no protocolizada, y si bien es cierto que no lo impugnó en la secuela del juicio, también lo es que fue mal estimada por el Juez natural, pues le da un valor incorrecto que favorece a los demandados de la litis de primer grado, exponiendo argumentos que a todas luces se advierten premeditadas para poder destrabar el inmueble materia de embargo, y dejar sin garantía el cumplimiento de la obligación de los enjuiciados, dejándolo en un estado de indefensión por no poder hacer efectiva la sentencia de primera instancia, esto es, no poder hacer efectivo el cobro a que fueron condenados los demandados, además de que lo aquí alegado son actos reales que sin ser peritos en la materia conllevan a estimar que la Sala responsable equivoca su resolución al confirmar la sentencia de tercería.
Asimismo, alega en el apartado de conceptos de violación lo siguiente:
4. Que las sentencias dictadas tanto por la ordenadora como por la ejecutora, resultan violatorias de sus garantías individuales de legalidad y seguridad jurídicas, contenidas en el artículo 14 constitucional, porque lo priva de sus derechos mediante un juicio en el que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, ni siendo, además, los fallos, conforme a la letra de la ley, en términos del cuarto párrafo del aludido numeral 14.
5. Que la responsable viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, contenidas en el artículo 16 constitucional, por causarle molestia en su persona y en su derecho, sin que se funde ni motive la causa legal del procedimiento, ya que las sentencias de "las tercerías", de que se trata, son improcedentes, en virtud de que se encuentran "mal" motivadas y "mal" valoradas por el Juez natural, dentro de su expediente número 301/01, por estimarse, en esa primera instancia, que el bien inmueble embargado no constituye patrimonio de la persona moral enjuiciada, por no acreditarse que lo haya adquirido con recursos propios.
6. Que el contrato de donación exhibido por el actor de la tercería carece de eficacia jurídica porque nunca se registró como marca la ley, por lo que le causa agravio que el Juez natural haya otorgado valor probatorio a dicho documento, dejándolo en estado de indefensión violando la "máxima" del derecho que reza: "el que es primero en tiempo es primero en derecho" pues, además, subsana las deficiencias del tercerista, ya que dicho inmueble sí se encuentra registrado a nombre del actor tercerista; que el bien inmueble de que se trata constituye el derecho de propiedad del demandado en el juicio de primer grado y, por ende, sujeto a garantía y embargo, como se hizo, y no como lo pretendió el Juez, quien le ocasionó un agravio irreparable a su patrimonio; que no es obstáculo que lo aquí expuesto no haya sido materia de agravio ante la Sala responsable, pues lo cierto es que se violan sus derechos al no haberse analizado la improcedencia de la tercería propuesta, que es de estudio oficioso, por lo que al confirmarse un fallo se violan sus garantías individuales; citando en su apoyo las tesis intituladas: "DOCUMENTOS PRIVADOS PROTOCOLIZADOS.", "CESIÓN DE DERECHOS. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RELATIVO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD NO IMPLICA LA INVALIDEZ DE ESE ACTO JURÍDICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).", "CONTRATOS NO SOLEMNES.", "NULIDAD DE LOS CONTRATOS, POR FALTA DE FORMA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." y "REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL."
Como puede verse de lo anterior, el quejoso en vía de conceptos de violación únicamente hace diversas manifestaciones generales y subjetivas, carentes de toda lógica, sin expresar los argumentos jurídicos que prueben infracción alguna a sus garantías constitucionales ni, por ende, controvierten el fallo reclamado, esto es, soslaya destruir las consideraciones que sustentaron la sentencia reclamada, pues omite expresar la refutación directa que pruebe la infracción que alega, es decir, en su caso debió debatir, a través del respectivo razonamiento legal, el porqué al instrumento notarial ofrecido por el actor tercerista no le corresponde el valor pleno otorgado por la Sala responsable en términos del artículo 1292 del Código de Comercio, para tener por acreditada la propiedad materia de la tercería, asimismo, el porqué no obstante el emplazamiento a Sergio Sedano Montiel, en su calidad de administrador general único y representante legal de la persona moral denominada Gerencia de Proyectos Constructivos, Sociedad Anónima de Capital Variable, y no en lo personal, no era suficiente para estimar que aquél no es ajeno a la litis de primer grado y, por ende, no tener por acreditado el segundo de los elementos de la tercería de que se trata; ya que en efecto, el peticionario del amparo sólo aduce que en la sentencia de tercería se estimó que el inmueble embargado no constituye "obligación", pero no se advirtió que sí lo es de la persona física que demandó; que si dicho bien es del legítimo representante de esa sociedad mercantil, por lógica jurídica ese inmueble entra en las adquisiciones de la aludida persona física demandada, aun cuando ésta no lo haya adquirido; que la resolución reclamada viola sus derechos en virtud de que no es necesario que el bien raíz haya sido gananciado por la sociedad mercantil enjuiciada, ya que "basta y sobra" que sea su representante legal su legítimo propietario, para poder cumplir con la obligación engendrada a través de los títulos fundatorios de la acción; que la Sala responsable se concreta únicamente en los agravios expuestos, pero no que la aludida tercería resulta extemporánea; que la documental ofrecida en autos carece de valor porque no fue protocolizada ni inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por lo que fue mal valorado por el Juez de primer orden; que las sentencias dictadas tanto por la ordenadora como por la ejecutora, resultan violatorias de sus garantías individuales de legalidad y seguridad jurídicas, contenidas en el artículo 14 constitucional, porque lo priva de sus derechos mediante un juicio en el que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, ni siendo además los fallos, conforme a la letra de la ley en términos del cuarto párrafo del aludido numeral 14; y que la responsable viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, contenidas en el artículo 16 constitucional, por causarle molestia en su persona y en su derecho, sin que se funde ni motive la causa legal del procedimiento, ya que las sentencias de "las tercerías", de que se trata, son improcedentes, en virtud de que se encuentran "mal" motivadas y "mal" valoradas por el Juez natural, dentro de su expediente número 301/01, por estimarse, en esa primera instancia, que el bien inmueble embargado no constituye patrimonio de la persona moral enjuiciada, por no acreditarse que lo haya adquirido con sus recursos propios; que la documental señalada carece de eficacia jurídica porque nunca se registró como lo marca la ley; que le causa agravio que el Juez natural haya otorgado valor probatorio a dicho documento, dejándolo en estado de indefensión violando la "máxima" del derecho que reza: "el que es primero en tiempo es primero en derecho" pues, además, subsana las deficiencias del tercerista, ya que dicho inmueble sí se encuentra registrado a nombre del actor tercerista; que el bien inmueble de que se trata constituye el derecho de propiedad del demandado en el juicio de primer grado y, por ende, sujeto a garantía y embargo, como se hizo, y no como lo pretendió el Juez, quien le ocasionó un agravio irreparable a su patrimonio; que no es obstáculo que lo extemporáneo de la tercería no lo haya hecho valer ante la ad quem, pues lo cierto es que se violan sus derechos al no haberse analizado la improcedencia de la tercería propuesta, que es de estudio oficioso.
Esto es, debió señalar el porqué, en su caso, deviene extemporánea la tercería materia de la litis, en qué consiste la violación de los artículos 14 y 16 constitucionales y, por tanto, de sus garantías individuales de legalidad y seguridad jurídicas; por qué no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento; cuál es la causa ilegal de la molestia en su persona y derechos; en qué consistió la omisión de fundar la causa legal del procedimiento; y, desde luego, de existir tales violaciones, cómo influiría en su beneficio; así como del porqué la tercería de que se trata resulta extemporánea, es decir, cuál es el precepto legal en que determina el lapso para promoverla y, por ende, en cuál apoya su alegación, el lapso por el cual, en su caso, empezó a correr el término y feneció para la promoción de la tercería de que se trata, y el porqué, a su decir, debió haber sido estudiado de oficio por la Sala no obstante que no lo hizo valer en vía de agravios, así como el precepto legal en que apoya su alegación; por lo que, al no haberlo hecho, de ahí la inoperancia de los conceptos de violación. Son aplicables al caso las jurisprudencias 29 y 694, sustentadas por este Tribunal Colegiado, visibles en las páginas 343 y 467, Tomo II, noviembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que respectivamente dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO CIVIL. El concepto de violación debe consistir en la expresión de un razonamiento jurídico concreto, contra los fundamentos de la sentencia reclamada, para poner de manifiesto ante la potestad federal que los mismos son contrarios a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se aplicó, o porque se aplicó sin ser aplicable; o bien porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley; o, finalmente, porque la sentencia no se apoyó en principios generales de derecho, cuando no hay ley aplicable al caso." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EXPUESTOS EN FORMA GENERALIZADA. En el juicio de garantías no se puede realizar por parte del órgano de control constitucional, un estudio general de la controversia de origen, sino que éste debe efectuarse a la luz de los argumentos que se esgriman como conceptos de violación, en los cuales se debe señalar, no sólo las disposiciones, doctrinas o criterios jurisprudenciales que se omitieron analizar, sino que también debe formularse una exposición razonada del por qué, alguna disposición legal, doctrina o criterios jurisprudenciales pueden beneficiarle a la amparista, demostrando a través de tales razonamientos el ataque a sus garantías constitucionales."
Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia 8, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Actualización dos mil dos, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."
Por consiguiente, la simple alegación generalizada de los artículos 14 y 16 constitucionales que el quejoso estima se infringieron, no puede considerarse como concepto de violación, en términos de la jurisprudencia 711, emitida por este órgano jurisdiccional antes de su especialización, visible en la página 478 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO LOS CONSTITUYE LA SIMPLE CITA DE PRECEPTOS LEGALES. Las simples manifestaciones hechas por el agraviado aduciendo infracción de preceptos legales y transcribiendo párrafos de disposiciones constitucionales que contienen garantías individuales que estima violadas no pueden considerarse conceptos de violación, si no atacan los fundamentos del fallo impugnado, ni exponen argumentos jurídicos concretos para demostrar que la autoridad responsable conculcó los preceptos citados."
Por su aplicación, se invoca la jurisprudencia número 173, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 116 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable."
En ese mismo orden, debe advertirse que los conceptos de violación giran en torno a controvertir la actuación del Juez de primer grado, en cuanto a que su sentencia resulta violatoria de sus garantías de legalidad y seguridad jurídicas, y de que el valor que éste dio a la documental que obra en autos es "incorrecto", por tanto, en ese sentido devienen inatendibles, pues dicha alegación al estar encaminada a combatir la actuación del a quo en la sentencia dictada por éste, que al haber sido dicha resolución de primer grado, materia del recurso de apelación promovido por el propio quejoso, quedó sustituida procesalmente por la que dictó la Sala responsable, por lo que cualquier agravio que pudiera depararle dejó de surtir efecto alguno en su contra, y de ahí lo inatendible de tales conceptos de violación.
Por su aplicación, se cita la jurisprudencia número 494 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que ya especializado en materia civil, es el que ahora resuelve, visible a página 347 del Tomo IV, Materia Civil del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO ATACAN LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Si la quejosa se concreta a exponer los términos en que se apoyó su primer agravio formulado en la apelación, al señalar las causas por las que lo enderezó en contra de toda la sentencia de primera instancia, este Tribunal Colegiado no puede hacer pronunciamiento alguno, pues la Sala ya se ocupó de los argumentos que hizo valer en vía de agravio, pero aun considerando que todo lo aducido por el inconforme fuera tendiente a atacar la sentencia de primera instancia, de cualquier manera este Tribunal Colegiado no podría ocuparse de tales argumentos, pues dicha resolución, al haber sido motivo del recurso de apelación que en contra de éste hizo valer la parte hoy quejosa, quedó sustituida procesalmente por la que dictó la Sala, por lo que cualquier agravio que le pudiera haber causado dejó de surtir efectos."
Por otro lado, aun en el caso de que la incorrecta valoración de la documental de que se trata estuviera encaminada a controvertir la actuación de la Sala, en la especie, también devendrían inoperantes, ya que sólo se limita a aducir que fue incorrecta la valoración de dicha documental, omite expresar en cambio, el alcance de ésta, y la forma en que trascendería al resultado del fallo en su beneficio; requisitos indispensables para que este órgano jurisdiccional estuviera en aptitud de atender la omisión alegada, a fin de determinar si causó perjuicios al peticionario del amparo y, por ende, determinar si es violatoria de garantías individuales; y como no lo expuso así; de ahí en su caso resultaría su inoperancia.
Se cita en apoyo de lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 102, emitida por este Tribunal Colegiado antes de su especialización, visible en la página 509 del Tomo V, Novena Época, Tribunales Colegiados y Acuerdos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a mayo de mil novecientos noventa y siete, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES POR DEFICIENTES, SI OMITEN PRECISAR EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS PROBANZAS CUYA VALORACIÓN ILEGAL SE ALEGA. Los conceptos de violación que se hacen consistir en falta de valoración de pruebas rendidas en el juicio generador del acto reclamado deben expresar no sólo las probanzas cuya estimación se considera ilegal, sino también deben precisar el alcance probatorio de tales probanzas y la forma en que trascenderían éstas al fallo en beneficio del quejoso, pues únicamente en dicha hipótesis puede analizarse si la omisión de valoración de pruebas causó perjuicios al mismo y, por ende, determinar si es violatoria de garantías individuales, de suerte tal que los conceptos de violación que no reúnan los requisitos mencionados deben estimarse inoperantes por deficientes."
Sin que sean obstáculo a lo anterior las tesis invocadas por el quejoso en apoyo de sus alegaciones, intituladas: "DOCUMENTOS PRIVADOS PROTOCOLIZADOS.", "CESIÓN DE DERECHOS. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RELATIVO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD NO IMPLICA LA INVALIDEZ DE ESE ACTO JURÍDICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).", "CONTRATOS NO SOLEMNES.", "NULIDAD DE LOS CONTRATOS, POR FALTA DE FORMA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." y "REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL."; toda vez que al resultar inoperantes en parte e inatendibles en otra los conceptos de violación expuestos, la simple cita de tales tesis no pueden constituir
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19378-0922ebd0/excepciones-y-defensas-en-materia-mercantil-deben-oponerse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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