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Modo: Corpus Pro

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS, INFORMES O DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL. DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 185/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19416
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, , Pág. 1130.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 185/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC-GREGOR POISOT.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones que sustentan la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar el recurso de revisión fiscal 6/2005, el veintinueve de septiembre de dos mil cinco, son las siguientes:

"QUINTO. Es fundado el único agravio planteado por la parte recurrente. En efecto, la Sala Fiscal declaró la nulidad lisa y llana de la resolución recurrida, al considerar fundados los conceptos de impugnación primero y segundo, en los que la contribuyente argumentó que debió aplicarse a su favor el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación al momento de computarse el plazo establecido en el numeral 53 del mismo código, y así determinar que cumplió de manera oportuna con un requerimiento que le hizo la autoridad fiscal. La Sala para determinar cuándo iniciaba el cómputo del plazo establecido en el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación, adujo en síntesis, que debía relacionarse con el numeral 135 del mismo ordenamiento legal, esto es, que iniciaba a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación; además, que las disposiciones fiscales no deben observarse de manera aislada y, en materia de notificaciones, debía prevalecer el contenido del numeral 135 citado, el cual contempla las reglas para determinar cuándo han de tenerse por legalmente efectuadas las notificaciones de los actos administrativos. Que, por ello, el plazo de los quince días que establece el artículo 53, inciso c), en relación con el numeral 135 del código de referencia, debía computarse a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación, esto es, que si la notificación se practicó el día veintisiete de junio de dos mil tres, surtió efectos el treinta de junio siguiente, comenzando a correr el término el primero de julio del citado año, concluyendo hasta el día veintiuno de julio siguiente; por lo que, a su consideración, se dio cumplimiento al requerimiento de la autoridad tributaria de manera oportuna; en consecuencia, la multa impuesta resultaba ilegal. Frente a lo anterior, la recurrente aduce, en lo que será materia de estudio, que la Sala Fiscal analizó subjetivamente los argumentos que hizo valer en su oportunidad y no valoró debidamente las pruebas aportadas por ésta, concluyendo indebidamente que la multa impuesta era ilegal al considerar que la documentación e información requerida fue presentada en tiempo. Además, señala que el cómputo del plazo debió hacerse conforme a lo establecido en el referido numeral 53, inciso c), sin vincularlo con el artículo 135 del mismo ordenamiento legal, porque la notificación está sujeta a una disposición particular y no a una norma general, esto es, que el numeral 53 norma y regula específicamente los plazos para la presentación de la documentación, especificando que el plazo de los quince días se contará a partir del día siguiente a aquel en que se notificó la solicitud; y que, por ello, se llevó a cabo una inadecuada interpretación del numeral 53, inciso c), del código tributario federal, ya que la documentación e información requeridas fueron presentadas de manera extemporánea, porque el plazo terminó el dieciocho de julio de dos mil tres y no el veintiuno de julio siguiente, día en el que la contribuyente presentó la documentación solicitada. Los argumentos antes expuestos son fundados. Antes de entrar al estudio del agravio manifestado, es oportuno transcribir en lo conducente el oficio 324-SAT-06-VI-03977 emitido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Colima, el veintiséis de junio de dos mil tres, en el que se advierte que la solicitud de información y documentación que dio origen a la sanción impugnada, se emitió con el fin de ejercer las facultades previstas en los artículos 42, fracción II y último párrafo y 48, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la Federación. El oficio referido en lo conducente señala: (se transcribe). Los numerales 42, fracción II y último párrafo y 48, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil tres, establecen: (se transcriben). Establecido lo anterior, se procede al análisis del agravio planteado por la autoridad recurrente. Es fundado el argumento de la recurrente en el que aduce que la Sala Fiscal yerra al relacionar el artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación con el numeral 135 del referido ordenamiento legal porque, señala, el cómputo del plazo de la notificación al requerimiento de información y documentación debió hacerse conforme a lo establecido en el referido numeral 53, inciso c), por ser una norma especial, sin vincularlo con el artículo 135, por ser una regla general. Ello es así, pues conforme al principio general de derecho de interpretación de la ley, la norma específica excluye a la aplicación de la general; esto es, si dentro de un ordenamiento jurídico existe una regla específica para una determinada situación, ésta no debe sujetarse a normas generales, aun cuando se encuentren dentro de la misma ley; y, de acuerdo a la naturaleza del asunto que se revisa, se colige que el numeral 53 es una norma de carácter específica y el arábigo 135 es una regla de carácter general -ambos ordenamientos son del Código Fiscal de la Federación-, por lo siguiente: El artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, de manera especial, se encuentra dentro del ‘título III’ denominado ‘De las facultades de las autoridades fiscales’, ‘capítulo único’. El referido precepto legal vigente en la fecha en que se realizó el requerimiento de información y documentación, a saber, en el ejercicio de dos mil tres, establecía: (se transcribe). Por su parte, el numeral 135 está incluido en el ‘título V’ intitulado ‘De los procedimientos administrativos’, que contiene el ‘capítulo II’ denominado ‘De las notificaciones y la garantía del interés fiscal’. El referido artículo señala: (se transcribe). De lo anterior se puede observar que el artículo 53 está incluido en el apartado que regula las facultades de comprobación que llevan a cabo las autoridades fiscales, y el precepto 135 está dentro del capítulo relativo a las notificaciones y la garantía del interés fiscal, por lo que ambos numerales norman situaciones distintas. En virtud de las particularidades que revisten a las facultades de comprobación de la autoridad fiscal y toda vez que están reguladas por normas especiales (título III ‘De las facultades de las autoridades fiscales’, capítulo único, artículos 33 a 69), tratándose de la solicitud de información y documentación requerida a los contribuyentes, debe cumplirse con lo que se señala en ese apartado. Es por ello, que se concluye que al ser una norma que regula una situación específica, como lo es el plazo para la presentación de datos, informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, que soliciten las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, debe estarse a lo establecido en el numeral 53, fracción I (sic), inciso c), del Código Fiscal de la Federación, y no relacionarlo con lo estatuido en el diverso 135 del código referido. Máxime que como ya se dijo, la autoridad al requerir documentación e información estaba ejerciendo esas facultades. Además, se estima que es preciso tomar en consideración que, en tratándose de la aplicación de normas de carácter fiscal su interpretación debe realizarse de manera estricta, sin introducir elementos novedosos ni aplicar normas que se utilicen a situaciones distintas, aun cuando estén previstas en el propio ordenamiento legal. Por tanto, atendiendo al principio de que la norma específica prevalece sobre la norma general, es por lo que se estima que debe aplicarse lo establecido en el artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, sin hacer concatenación alguna con el numeral 135 del mismo cuerpo de leyes. Ello es así, pues, la forma de computar el plazo que se estableció en el transcrito numeral 53, fracción I, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, tratándose de la información y documentación requerida al contribuyente en el ejercicio de facultades de comprobación, es que deberá presentarse en el plazo de quince días, que serán contados a partir del siguiente a aquel en que se le notificó la solicitud respectiva; esto es, el término de quince días iniciará al día siguiente hábil de practicada la notificación. Ahora bien, cabe señalar que el precepto que nos ocupa, no establece de manera expresa cuándo surte efectos la notificación realizada para tal fin -requerir información y documentación en ejercicio de facultades de comprobación-, ni que el plazo correrá a partir de que surta efectos la notificación, pero sí determina el momento a partir del cual empiezan a correr, esto es, al día siguiente a aquel en que se notificó, luego entonces, debe convenirse que el legislador consideró que para este caso en particular, debe entenderse, conforme al texto del referido numeral, que únicamente se requiere el acto de notificación para que corra el plazo referido. En el caso a estudio debe distinguirse entre el término de notificación, de la expresión ‘surtir efectos’, pues en tanto que la primera se refiere al acto jurídico mediante el cual se hace saber oficialmente al interesado un acto de autoridad, el segundo refiere a que en un determinado momento o fecha, aquella persona a quien va dirigida una notificación se le tiene por legalmente enterada de la misma, con independencia de que materialmente la conozca o no; esto es, que el legislador, atendiendo a la seguridad jurídica, da por sentado que en una hora y día precisos un particular tiene conocimiento de un acto o resolución que puede o no pararle perjuicios. Sin embargo, dado que en el precepto legal referido, no se estableció que la notificación tenía que surtir efectos para efectuar el cómputo del plazo, es por lo que este órgano colegiado considera que la Sala Fiscal de manera errónea relacionó los artículos 53, inciso c) y 135 de la legislación tributaria federal. Al respecto se comparte por las razones que la informan, la tesis número I.12o.A.4 A emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, junio de 2001, página 758, cuyos rubro y texto señalan: ‘REMOCIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, POLICÍA JUDICIAL FEDERAL Y PERITOS. LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTRUIDOS EN SU CONTRA BAJO LAS NORMAS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME AL TÍTULO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (se transcribe). Precisado lo anterior, el punto toral del presente asunto consiste en determinar si fue presentada en tiempo o de manera extemporánea la documentación e información requeridas a la contribuyente -actora del juicio de nulidad-, por ello es oportuno señalar que el numeral 53, fracción I (sic), inciso c) del Código Fiscal de la Federación, señala que la información y documentación requerida al contribuyente, deberá presentarse en el plazo de quince días, que serán contados a partir del siguiente a aquel en que se le notificó la solicitud respectiva; esto es, el término de quince días iniciará al día siguiente hábil de practicada la notificación. Ahora bien, en el juicio de nulidad obra agregado el oficio número 03977 en el que se solicita información y documentación a la contribuyente, y para tal efecto se señala: (se transcribe); en el mismo oficio al final obra una leyenda que dice: (se transcribe). Por otro lado, a foja 14 del juicio de origen, obra agregada la resolución impugnada en la que se dice que: (se transcribe). Asimismo, a fojas 21 y 22 obra agregado el escrito mediante el cual la contribuyente pretende dar cumplimiento al requerimiento solicitado por la autoridad fiscal, y al respecto señaló: (se transcribe); además, en dicho escrito obra agregado un sello de recibido ante la Oficialía de Partes de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Colima, con fecha ‘jul. 21 2003’. De todo lo anterior se desprende que la notificación del requerimiento de documentación e información fue practicada el día viernes veintisiete de junio de dos mil tres, por lo que, tomando en consideración lo establecido en el artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, el plazo empezó a computarse el día siguiente hábil que fue el lunes treinta del mismo mes y año, feneciendo dicho plazo de quince días el viernes dieciocho de julio de la referida anualidad, siendo inhábiles los días cinco, seis, doce y trece de julio, por ser sábados y domingos; y, que la contribuyente trató de dar cumplimiento hasta el día lunes veintiuno de julio de dos mil tres. Ahora bien, acatando el contenido íntegro del numeral 53, inciso c), del código tributario citado (por ser la norma específica al caso concreto), el plazo venció el día dieciocho de julio de dos mil tres y si la actora presentó lo solicitado hasta el día veintiuno del mes y año de referencia, es evidente que dicha presentación fue realizada de manera extemporánea tal como lo afirma la autoridad recurrente. No obsta para determinar lo anterior, el hecho de que con posterioridad el numeral aquí analizado: 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, haya sido modificado por el órgano legislativo federal, argumentando para ello en sesión legislativa de fecha diez de diciembre de dos mil tres, que para dotar de ‘mayor certeza jurídica en beneficio de los particulares, las dictaminadoras han considerado pertinente precisar a partir de cuándo empiezan a contar los plazos que establecen diversas disposiciones del propio código, por lo cual, se propone modificar en este sentido los artículos 53 ...’; reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, quedando el texto del artículo multirreferido, de la siguiente manera: (se transcribe). Lo anterior es así, precisamente porque la reforma se encaminó a precisar -para dar mayor certeza jurídica- a partir de cuándo empiezan a contar los plazos que establecen diversas disposiciones del código tributario, incluyendo la aquí analizada, sin hacer referencia alguna a otra disposición de carácter general, como lo hizo la Sala Fiscal al concatenar los ordenamientos legales tantas veces citados. Modificación anterior que no puede tomarse en consideración porque el precepto que resulta aplicable al momento de la emisión de la resolución impugnada -multa- era el vigente en el año dos mil tres. Por las razones expresadas no se comparte el criterio externado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la tesis aislada número VI.A.4 A, publicada en la página 788, Tomo X, septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que citó la Sala Fiscal, por los motivos antes expuestos, por lo que se denuncia la posible contradicción de tesis ante el órgano de justicia competente; criterio que dice: ‘CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL TÉRMINO PREVISTO EN SU ARTÍCULO 53, INCISO C), DEBE COMPUTARSE RELACIONÁNDOLO CON EL ARTÍCULO 135 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL.’ (se transcribe). En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se ordena denunciar la posible contradicción de criterios. En conclusión, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa, para el efecto de que la Sala Fiscal deje insubsistente la resolución recurrida y, en su lugar, dicte una nueva con base en los razonamientos que aquí se exponen; y, hecho lo anterior, analice los restantes conceptos, con plenitud de jurisdicción."

CUARTO. El entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, actualmente Primero, al resolver el juicio de amparo directo DF. 68/99, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y nueve, sostuvo lo siguiente:

"CUARTO. Son fundados los conceptos de violación hechos valer. La quejosa aduce que la Sala Fiscal para determinar que el cumplimiento del requerimiento de información y documentación no lo realizó dentro del término de quince días que para tal efecto se le concedió, únicamente tomó en consideración el artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, pero no el procedimiento establecido para las notificaciones ni el momento en que surten sus efectos, que se encuentran previstos en los artículos 134 y 135 del código citado, de acuerdo con los cuales si el requerimiento antes mencionado le fue notificado el trece de enero de mil novecientos noventa y siete, tal notificación surtió efectos el catorce del mismo mes y año, debiéndose contar los quince días que se le otorgaron para dar cumplimiento al requerimiento y que prevé el numeral 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, a partir del quince de enero, y al descontar los días inhábiles resulta que el último día para proporcionar la documentación fue el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, fecha en que así lo hizo; por lo que concluye la peticionaria de garantías que el cumplimiento del requerimiento fue realizado en tiempo y, por tanto, no incurrió en ninguna falta que diera motivo para sancionarla. Asiste razón a la empresa quejosa, en virtud de que de la lectura del considerando tercero de la resolución combatida, se desprende que la Sala responsable para determinar que la hoy inconforme no cumplió con el requerimiento de información y documentación contenido en el oficio 324-A-VI-7-1-C-41568 en el plazo de quince días que se le concedió, efectuó el cómputo del mismo en términos del artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, para lo cual expuso que si el requerimiento fue notificado el trece de enero de mil novecientos noventa y siete (foja 11), descontándose los días, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de enero, uno y dos de febrero por ser inhábiles, el término de quince días feneció el tres de febrero del año en cita, porque de acuerdo con el mencionado artículo 53, inciso c), los quince días se cuentan a partir del siguiente al en que se notificó la solicitud respectiva; de lo que se evidencia que la Sala no tomó en consideración las reglas del momento en que surten sus efectos las notificaciones, en términos de lo que establece el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, que es del tenor literal siguiente: (se transcribe). Ciertamente, la Sala responsable no debió aplicar en forma aislada el artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, porque tal dispositivo legal sólo establece el plazo para cumplir con las solicitudes de informes y documentos, y si bien es cierto señala que el plazo para cumplir con ellas será de: (se transcribe); también lo es que tal numeral no establece las reglas de las notificaciones para determinar cuándo se tienen por legalmente hechas las mismas, sino que es el artículo 135 del código tributario federal el que expresamente señala cuándo surten sus efectos las notificaciones; de ahí que si la quejosa fue notificada del requerimiento de información y documentación contenido en el oficio 324-A-VI-7-1-C-41568, el trece de enero de mil novecientos noventa y siete (foja 11), de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, dicha notificación surtió sus efectos al día siguiente, esto es, el catorce de enero, por tanto, el término de quince días que establece el artículo 53, inciso c), del ordenamiento legal en comento, y que le fue concedido a la quejosa, empezó a contar a partir del día siguiente al en que surtió sus efectos la notificación, es decir, el quince de enero de mil novecientos noventa y siete, descontándose los días inhábiles (dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de enero, uno y dos de febrero de mil novecientos noventa y siete), por lo que dicho término concluyó el cuatro de febrero del mismo año, fecha esta última en que la impetrante de amparo presentó su escrito de cumplimiento al requerimiento que se le formuló (foja 10); de lo que se evidencia que contrario a lo que sostiene la Sala responsable, la quejosa sí cumplió el requerimiento dentro del término que para tal efecto se le otorgó, por lo cual la resolución impugnada en el juicio de nulidad, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal de Puebla, en la que se le impuso una multa por no haber proporcionado en el plazo de quince días la información que se le solicitó por oficio 324-A-VI-7-I-C-41568, adolece de ilegalidad y, en consecuencia, se debió declarar su nulidad, por lo que al no haberse considerado así en la sentencia reclamada, ésta resulta violatoria de las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en perjuicio de la quejosa y, consecuentemente, lo procedente es concederle el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que reitere la nulidad que decretó de la diversa resolución impugnada 324-SAT-R5-L34-3-A-12475 de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y siete, por no haber sido materia de análisis en la presente ejecutoria, y siguiendo los lineamientos fijados en esta última declare la nulidad de la resolución impugnada 324-A-VI-7-1-C-6326 de ocho de abril de mil novecientos noventa y siete, que constituyó la materia de estudio en este juicio de garantías a la luz del acto reclamado y de los conceptos de violación hechos valer en su contra."

El criterio anterior quedó plasmado en la tesis número VI.A.4 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, página 788, misma que establece:

"CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL TÉRMINO PREVISTO EN SU ARTÍCULO 53, INCISO C), DEBE COMPUTARSE RELACIONÁNDOLO CON EL ARTÍCULO 135 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL. No debe aplicarse en forma aislada el artículo 53, inciso c), del código tributario federal vigente en mil novecientos noventa y siete, porque sólo establece el plazo para cumplir con las solicitudes de informes y documentos requeridos a los particulares por la autoridad hacendaria, al señalar que se tendrán para ello ‘... c) Quince días contados a partir del siguiente a aquel en que se le notificó la solicitud respectiva ...’, sino que el mismo debe relacionarse con el artículo 135 del citado código, que dispone que ‘Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas ...’, precepto que al ser el específico que establece las reglas de las notificaciones para determinar cuándo se tienen por legalmente hechas, debe aplicarse junto con el diverso 53, inciso c), para realizar el cómputo que en éste se prevé."

QUINTO. Este órgano colegiado estima que sí existe la contradicción de tesis denunciada, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, actualmente Primero.

Efectivamente, para que se genere una contradicción de tesis se requiere: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior deriva del criterio contenido en la jurisprudencia número 26/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Ahora bien, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito sostuvo en las consideraciones de la ejecutoria que pronunció en el recurso de revisión fiscal 6/2005, que para determinar cuándo inicia el término de quince días previsto por el artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, en su redacción vigente hasta el año dos mil tres, para que el contribuyente, responsable solidario o tercero presente los datos, informes o documentos que les soliciten las autoridades fiscales con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, debe atenderse a lo previsto en dicho artículo, sin vincularlo con lo establecido en el diverso artículo 135 del propio Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente al en que se practiquen, pues conforme al principio general de derecho de interpretación de la ley, la norma específica excluye a la aplicación de la general, siendo que la norma específica del caso señala que el término de que se trata debe contarse a partir del día hábil siguiente al en que se notifique la solicitud respectiva y no a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos esa notificación; añadió el Tribunal Colegiado que no es obstáculo a lo anterior, que el citado artículo 53, inciso c), hubiera sido modificado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de enero de dos mil cuatro, junto con otras disposiciones del código tributario federal, a fin de precisar cuándo inicia el plazo que prevé, para establecer que se contará a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la solicitud respectiva, ya que al caso debía aplicarse la norma vigente cuando la autoridad realizó la solicitud de que se trata.

Por su parte, el entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, actualmente Primero, en las consideraciones de la ejecutoria que dictó en el amparo directo DF. 68/99, sostuvo que la Sala Fiscal responsable, para determinar que la quejosa no cumplió dentro del término legal con el requerimiento de información y documentación que le hizo la autoridad hacendaria, no debió aplicar en forma aislada lo previsto por el artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, refiriéndose al que estuvo en vigor hasta el año dos mil tres, para considerar que el término de quince días con que cuenta el contribuyente para presentar la información y documentación solicitada por la autoridad debía iniciar el día siguiente al en que se notificó la solicitud respectiva, sino que debió atender a las reglas de las notificaciones para determinar cuándo se tienen por legalmente hechas, en términos de lo que establece el artículo 135 del propio Código Fiscal de la Federación, esto es, debió considerar que el plazo de que se trata inició el día siguiente al en que surtió sus efectos la notificación de la solicitud respectiva.

Así, existe la contradicción de criterios denunciada, en virtud de que los Tribunales Colegiados contendientes examinaron un mismo problema jurídico y a la luz de los mismos elementos y normas legales, ya que ambos se pronunciaron sobre el momento en que inicia el término de quince días previsto por el artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación, en su redacción vigente hasta el año dos mil tres, para que el contribuyente, responsable solidario o tercero presente los datos, informes o documentos que les soliciten las autoridades fiscales con motivo de sus facultades de comprobación, a la luz de lo previsto en dicho artículo, así como en lo establecido por el numeral 135 del propio Código Fiscal de la Federación y, no obstante ello, los tribunales sostienen posturas discrepantes en las consideraciones de sus respectivas ejecutorias, ya que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito considera el que el término aludido inicia el día hábil siguiente al que se notifica la solicitud respectiva, mientras que el entonces Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, actualmente Primero, estima que dicho término debe computarse a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación de esa solicitud.

SEXTO. Antes de determinar el criterio que debe prevalecer con carácter jurisprudencial, este órgano colegiado estima pertinente precisar que la presente denuncia de contradicción de tesis no queda sin materia con motivo de la reforma que sufrió el inciso c) del artículo 53 del Código Fiscal de la Federación por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de enero de dos mil cuatro.

En efecto, el artículo citado, en su redacción vigente hasta antes de la reforma aludida, establecía lo siguiente:

"Artículo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19416-bd555239/plazo-para-la-presentacion-de-datos-informes-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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