CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO AL INDIVIDUALIZAR LAS PENAS, NO DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN LOS ANTECEDENTES PENALES DEL INCULPADO, SALVO QUE SE TRATE DE DELITO CULPOSO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 120/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y DÉCIMO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintiuno de junio de dos mil uno, porque se refiere a la materia penal, la cual es de la exclusiva competencia de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, órgano que emitió uno de los criterios materia de la contradicción a estudio.
TERCERO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado el criterio de que para que exista contradicción de criterios, es necesario que concurran los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, cabe citar las tesis jurisprudenciales P./J. 26/2001 y 1a./J. 5/2000, sustentadas por el Tribunal Pleno y por esta Primera Sala, páginas 76 y 49, Tomos XIII, abril de 2001 y XI, junio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dicen:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente, con carácter de tesis de jurisprudencia."
CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo penal 1592/2005, promovido por ... en sesión de veintitrés de junio de dos mil cinco, en la parte que interesa, sostuvo el criterio de que para determinar el grado de culpabilidad de un sentenciado al individualizar las penas a que se hizo acreedor, deben tomarse en cuenta sus antecedentes penales, porque es incuestionable que la personalidad desempeña un papel importante en la cuantificación de la culpabilidad, toda vez que es uno de los datos que indican el ámbito de autodeterminación del autor, necesario para apreciar el porqué adoptó una resolución de voluntad antijurídica pudiendo adoptar una diferente.
Igualmente, expuso el Tribunal Colegiado, que no compartía la jurisprudencia I.10o.P. J/5, sustentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, visible en la página 1510 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero del presente año, de rubro: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS TOMAR EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL INCULPADO, ATENTO A LAS REFORMAS A LOS CÓDIGOS PENALES DEL 10 DE ENERO DE 1994 (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."; porque desde la publicación del Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, en el Diario Oficial de catorce de agosto de mil novecientos treinta y uno, el artículo 51 contemplaba que los Jueces y tribunales aplicarían las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente.
Que el diez de enero de 1994, se había publicado en el Diario Oficial una reforma al artículo 52 de dicho ordenamiento legal, el cual fue interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentando la jurisprudencia 1a./J. 76/2001, consultable en la página 79 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de dos mil uno, en la cual estableció el criterio siguiente:
"CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO, EN TÉRMINOS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE 10 DE ENERO DE 1994. Del proceso legislativo de la referida reforma se advierte que tuvo como finalidad abandonar el criterio de la peligrosidad como el eje fundamental sobre el que debía girar la individualización de la pena, para adoptar la figura del reproche de culpabilidad. Al respecto, los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal vigentes a la fecha, establecen un esquema de individualización de la pena que es una especie de combinación de dos sistemas, el de culpabilidad de acto como núcleo del esquema, y el de culpabilidad de autor como una suerte de cauce hacia una política criminal adecuada. El numeral 52 indica que al imponer la pena respectiva debe atenderse al grado de culpabilidad del agente, en tanto que el artículo 51 dice que deben tenerse en cuenta las circunstancias peculiares del propio sujeto activo, entre las que destaca, en términos del artículo 65 del mismo cuerpo de leyes, la reincidencia. Por otra parte, la fracción VIII del propio artículo 52 señala que debe atenderse a las condiciones propias del sujeto activo, que sirvan para determinar la posibilidad que tuvo el mismo de haber ajustado su conducta a lo previsto en la norma. Todas estas reglas tienen como finalidad específica servir de medio por virtud del cual el derecho penal proporcione la seguridad jurídica a que aspira, teniendo para ello como objetivo la prevención de conductas delictivas, al ser una de las formas que asegura la convivencia de las personas en sociedad, y así cumplir con la prevención especial a que alude el numeral 51 del ordenamiento legal citado, que deriva de la aplicación de la pena a un caso concreto para evitar la posterior comisión de delitos por parte del sentenciado. Por tanto, si bien las alusiones a la culpabilidad deben ser entendidas en la forma de una culpabilidad de acto o de hecho individual, en esas referencias necesariamente deben encontrarse aspectos claramente reveladores de la personalidad del sujeto, ya que es incuestionable que la personalidad desempeña un papel importante en la cuantificación de la culpabilidad, toda vez que es uno de los datos que nos indican el ámbito de autodeterminación del autor, necesario para apreciar el por qué adoptó una resolución de voluntad antijurídica pudiendo adoptar una diferente. En ese orden de ideas, es claro que el juzgador al determinar el grado de culpabilidad del acusado, debe tomar en cuenta sus antecedentes penales, para así estar en posibilidad de verificar si la prevención especial consagrada en el artículo 51 ha funcionado o no."
Que aun cuando en dicha jurisprudencia se analizaron los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, también era verídico que en la data de la publicación de aquélla, esta legislación igualmente regía para el Distrito Federal en asuntos del orden común, por tanto, imperaban los mismos razonamientos, en los cuales este Máximo Tribunal había determinado que era correcto que los Jueces y tribunales de esta capital tomaran en cuenta los antecedentes penales del sentenciado a fin de determinar su grado de culpabilidad.
También expuso el Tribunal Colegiado, que el Nuevo Código Penal para el Distrito Federal en su precepto 5, párrafo primero, establecía que la medida de la pena estará en relación directa con el grado de culpabilidad del sujeto respecto del hecho cometido, así como de la gravedad de éste y para tal efecto dicha legislación continúa considerando las peculiaridades del delincuente como criterio para la individualización de las penas como lo disponía el precepto 70, mientras que el diverso numeral 72 contenía en su fracción VII las circunstancias del activo y pasivo antes y durante la comisión del delito, que sean relevantes para individualizar la pena, y en su párrafo final se exponía que para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez debía tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho y, en su caso, requería los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos conducentes (requisitos que, por cierto, no todos estaban contemplados en el numeral 52 del Código Penal para esta ciudad abrogado), lo que implicaba que los criterios rectores para determinar el grado de culpabilidad se referían tanto al hecho mismo como al autor de ese evento.
Que ello era así, porque los precitados dispositivos 70 y 72 establecían en forma por demás clara cuáles son los requisitos que los tribunales del Distrito Federal deben tomar en consideración para individualizar la pena, imponiéndose un límite a la actividad jurisdiccional en tal aspecto que de desatenderse conllevaría a imponer sanciones que incluso resultarían violatorias de garantías, al soslayar las peculiaridades del delincuente, la conducta precedente y su personalidad, los cuales se encuentran contenidos en tales preceptos multicitados.
Asimismo, consideró el Tribunal Colegiado que bajo el criterio de que deben interpretarse armónica y sistemáticamente los preceptos del Nuevo Código Penal en comento, se advertía que el dispositivo 77 contemplaba que para realizar la individualización de la sanción para el delito cometido por culpa, además de considerar las circunstancias generales señaladas en el artículo 72 mencionado, se debía ponderar si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes, de ahí que se afirmara que no era verdad que la actual legislación sustantiva penal para esta capital exclusivamente acogía los postulados de la culpabilidad de acto, es decir, que únicamente se consideran los elementos que se refieren al hecho antijurídico, porque como ya se vio, al referirse a "las peculiaridades del delincuente", "conductas anteriores", "los demás antecedentes personales que puedan comprobarse", así como que "si el sentenciado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes", adoptaba el criterio de que debían analizarse tanto las circunstancias del hecho como los antecedentes personales del delincuente.
Igualmente, consideró el Tribunal Colegiado que en la nueva legislación comentada también existían otros vestigios de la "peligrosidad", como se apreciaba en los artículos 86 y 89, que se refieren a las condiciones de la sustitución de la sanción privativa de la libertad y a los requisitos para la procedencia de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, así como lo dispuesto por el artículo 296 bis del Código de Procedimientos Penales para esta capital.
Que por todo ello, expuso el Tribunal Colegiado, cuando el artículo 72 del ordenamiento penal sustantivo de esta capital, establecía que la individualización de la pena y medidas de seguridad deberá efectuarse con base en la "gravedad del ilícito" y al "grado de culpabilidad del agente", se estaba refiriendo tanto a circunstancias del hecho antijurídico como a las circunstancias personales del autor, entre ellas su conducta precedente, o sea, si contaba con antecedentes penales, ya que éste es un factor que influye tanto en el grado de culpabilidad como en la concesión de los sustitutivos penales y en la suspensión condicional de la ejecución de la sanción, todos ellos tópicos que pertenecen a la individualización de la pena.
Finalmente, consideró el Tribunal Colegiado, que no pasaba inadvertido que en la nueva legislación sustantiva para esta capital no se contemplaba la reincidencia ni la amonestación, sin embargo, su ausencia no era factor determinante para llegar a una conclusión diferente, o sea, que solamente rige la culpabilidad de acto, porque es la interpretación conjunta y armónica de los preceptos de dicho ordenamiento legal y del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, la que llevaba a la convicción de que en el dictado de las sentencias condenatorias se deben tomar en consideración los antecedentes penales, entre otros, como criterio para la individualización de las penas y medidas de seguridad.
Con base en dicho precedente sustentó la tesis que dice:
"ANTECEDENTES PENALES. DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA INDIVIDUALIZAR LA PENA. De los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal de 1931 (ya interpretados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 76/2001), así como del análisis armónico y sistemático de los artículos 5o., 70, 72, 77, 86 y 89 de la nueva legislación penal sustantiva y 296 bis del Código de Procedimientos Penales, ambos para esta capital, se desprende que para individualizar la pena que corresponda al sentenciado, el juzgador debe tomar en consideración tanto las circunstancias del hecho antijurídico como las personales del autor, entre estas últimas sus antecedentes penales, ya que éste es un factor que influye en el grado de culpabilidad como en la concesión de los sustitutivos penales y la suspensión condicional de la ejecución de la sanción, por pertenecer estos tópicos a la individualización de la pena."
QUINTO. El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 2880/2004-I, promovido por ... en sesión de treinta de noviembre de dos mil cuatro, en lo que corresponde a la materia de la presente contradicción de tesis, sustentó el criterio de que para determinar el grado de culpabilidad de un inculpado al individualizar la pena, no debían tomarse en cuenta sus antecedentes penales.
Expuso que ello es así, porque en los artículos 71 y 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, se establecían reglas específicas que debía seguir el juzgador para llevar a cabo la individualización de las penas, con el propósito de que ésta resultara justa, mediante el prudente ejercicio del arbitrio judicial, conforme al cual se aplicaba la sanción establecida para cada delito, teniendo en cuenta, entre otros datos, la naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla, la magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que éste había sido colocado, las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado, la forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así como su calidad y la de la víctima u ofendido, la edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir, el comportamiento posterior del acusado en relación con el delito cometido y las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando fueran relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
El Tribunal Colegiado en cuestión, consideró que los anteriores requisitos, debían ser analizados en cada caso en particular, y que esa facultad la ejercía el juzgador con base en los límites mínimo y máximo de las sanciones, que servían para fijar un parámetro lógico que determinaría el grado de culpabilidad del sujeto activo.
También señaló el Tribunal Colegiado que, para efectos de la individualización de la pena y fijar el grado de culpabilidad del sentenciado en términos del artículo 72 del ordenamiento legal citado, que establecía las reglas para imponer las penas y medidas de seguridad, no se señalaba como requisito que se deberá de tomarse en cuenta la conducta anterior del activo o alguna otra hipótesis equiparable, en la cual pudieran ubicarse los antecedentes penales o los ingresos anteriores a prisión o bien, para considerarlo como delincuente no primario.
Que no obstante que el numeral en comento hacía referencia a las circunstancias especiales o personales del activo, el Tribunal Colegiado consideró que ello no era suficiente para tomar en consideración su comportamiento anterior al hecho materia de la condena.
El Tribunal Colegiado manifestó que la labor de la individualización judicial de las sanciones aplicables, consistía en un razonamiento lógico-jurídico tendente a justificar el porqué la autoridad jurisdiccional se inclinaba a establecer, en su caso, determinado grado de culpabilidad del agente; siendo éste el resultado de un análisis general y previa confrontación entre aquellos factores que beneficiaran al reo y los que le perjudicaban, relacionados exclusivamente con el hecho ilícito cometido, por consiguiente, bastaba con hacer mención de los aspectos que sobresalían de cada caso en particular.
Asimismo, el Tribunal Colegiado señaló que en el Código Penal actual aplicable para el Distrito Federal, se había abandonado el criterio de la peligrosidad y se había adoptado el principio de culpabilidad para los efectos de la individualización de la pena, lo que significaba que ahora se debía imponer una sanción al sujeto activo por lo que había hecho y no lo que era o fuera a hacer, lo que se traducía en una culpabilidad por el hecho individual.
Por otra parte, el Tribunal Colegiado, expuso que la obligación de observar las reglas establecidas en el precepto legal en comento, era con la finalidad de lograr la prevención de conductas delictivas, al ser una de las formas que aseguraban la convivencia de las personas en sociedad, y así se cumplía con la prevención especial a que aludía dicho numeral, que derivaba de la pena a un caso concreto para evitar la posterior comisión de delitos por parte del inculpado o sentenciado, ya que la ejecución de las penas se sustentaba en la base de la readaptación social de la persona y no en el castigo en sí, por tanto, la conducta anterior observada por el agente del delito, constituía un elemento que el juzgador, con el prudente arbitrio que se le confería para efectos de otorgar, en su caso, alguno de los beneficios señalados en la ley, necesario para determinar si era factible su reincorporación a la sociedad o la necesidad de que compurgara la pena de prisión.
En este orden, el Tribunal Colegiado consideró que para efectos de la individualización de la pena y determinar el grado de culpabilidad, sólo se debía tomar en consideración el hecho delictivo, pero no el comportamiento anterior del sentenciado.
Finalmente, el Tribunal Colegiado señaló que no soslayaba el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción número 76/2001, con el rubro: "CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO, EN TÉRMINOS DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE 10 DE ENERO DE 1994.", en virtud de que la misma sólo era aplicable en el orden federal, pero no así para el Distrito Federal por existir disposición expresa al respecto.
El Tribunal Colegiado en cuestión, al resolver los amparos directos 3000/2004, 3200/2004, 3150/2004 y 3160/2004, promovidos por ... respectivamente, en sesiones de treinta de noviembre de dos mil cuatro y los últimos tres, de trece de diciembre de dos mil cuatro, esencialmente reiteró las consideraciones transcritas con anterioridad, y con base en esos cinco precedentes, sustentó la tesis jurisprudencial que a la letra dice:
"Novena Época
"Instancia: Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, febrero de 2005
"Tesis: I.10o.P. J/5
"Página: 1510
"INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS TOMAR EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL INCULPADO, ATENTO A LAS REFORMAS A LOS CÓDIGOS PENALES DEL 10 DE ENERO DE 1994 (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). La historia legislativa del artículo 52 y ahora 72 del Código Penal para el Distrito Federal, relativa a los criterios que han servido a los juzgadores para imponer las sanciones y medidas de seguridad, demuestran que al momento de individualizar las penas no debe tomarse en cuenta la conducta precedente del inculpado, habida cuenta que al haberse sustituido en 1994 la concepción positivista relativa a la peligrosidad del delincuente por la de culpabilidad del hecho propuesta por la escuela neoclásica del derecho penal, los antecedentes penales son irrelevantes para lograr ese objetivo, pues el fin de dichas reformas fue el de sancionar al autor del delito con base en el hecho que cometió y no por lo que hizo con anterioridad. Estimar lo contrario sería apartarse del espíritu del legislador, el cual fue pasar de un Código Penal de peligrosidad a uno de culpabilidad por el hecho cometido, esto es, ya no se debe castigar por la conducta de vida del autor, sino solamente por el hecho que se está juzgando."
Similar criterio sustentó el citado Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo directo 3520/2004-III, 3540/2004-II, 460/2005, 560/2005, 1080/2005, 1190/2005-III, 1300/2005-III, 1310/2005, 1320/2005, 1400/2005, 1470/2005-II, 1540/2005-II y 1670/2002-I, promovidos por ... respectivamente, en sesiones de treinta y uno de enero, veintiocho de febrero, quince de marzo, veintinueve de abril, treinta y uno de mayo, dieciséis de junio, treinta de junio y trece de julio de dos mil cinco.
SEXTO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la conclusión de que sí existe la contradicción de tesis denunciada, y que la materia de la misma se constriñe a determinar si de conformidad con la legislación penal del Distrito Federal deben o no tomarse en cuenta los antecedentes penales del procesado al individualizar la pena que le corresponda.
Ciertamente, los Tribunales Colegiados contendientes analizaron asuntos en los que examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adoptaron posturas divergentes, puesto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en un juicio de amparo directo en materia penal, al analizar un concepto de violación hecho valer por la parte quejosa en el sentido de que para individualizar la pena el juzgador sólo debía tomar en cuenta el hecho delictivo y no el comportamiento anterior, determinó que dicho motivo de inconformidad resultaba infundado, porque para determinar el grado de culpabilidad, el juzgador sí debía tomar en cuenta los antecedentes penales del procesado, puesto que resultaba incuestionable que la personalidad desempeñaba un papel muy importante en la cuantificación de la culpabilidad; mientras que el Décimo Tribunal Colegiado de la propia materia y circuito, analizó diversos juicios de amparo directo en materia penal, en los cuales, en algunos a petición de parte y en otros de manera oficiosa, estudió la mecánica empleada por el juzgador para la individualización de las penas, y sostuvo el criterio de que no debían de tomarse en cuenta los antecedentes penales de los procesados al momento de individualizar las penas que les correspondían.
Esta Primera Sala también advierte que la diferencia de criterios entre los Tribunales Colegiados contendientes se presenta en los razonamientos e interpretaciones jurídicas que hizo cada tribunal contendiente en sus sentencias, además de que los criterios divergentes provienen del examen de los mismos elementos, ya que ambos Tribunales Colegiados analizaron la misma legislación penal, esto es, el Código Penal para el Distrito Federal.
SÉPTIMO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de las consideraciones siguientes:
Como ya quedó establecido, la materia de la presente contradicción de tesis consiste en determinar si conforme a la legislación penal del Distrito Federal, deben tomarse en consideración o no los antecedentes penales del procesado al individualizar las penas que deban imponérsele.
En primer lugar, es pertinente precisar que de conformidad con la garantía de legalidad tutelada por el artículo 14 constitucional, en nuestro sistema jurídico la aplicación de la ley penal es de manera exacta, ya que no puede imponerse por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate.
Ahora bien, resulta necesario precisar qué debe entenderse por "antecedentes penales", para determinar si son o no un aspecto que deba ser tomado en consideración por el juzgador al momento procesal de individualizar la pena.
Al respecto, esta Primera Sala advierte que los antecedentes penales son aquellos registros que efectúa la autoridad administrativa o judicial, con la finalidad de llevar un control de los procesos penales que pudieran haberse instruido en contra de una persona, y si en su caso se dictó sentencia condenatoria por la comisión de algún delito.
En esas condiciones, es claro que los antecedentes penales reflejan aspectos del pasado de un sujeto respecto a su conducta antisocial o delictiva dentro de un núcleo social, si ha ingresado, o no, a un reclusorio o a un centro de readaptación social.
Por otro lado, esta Primera Sala considera que "individualizar una pena" es distinguir una sanción entre el mínimo y el máximo permitido por la ley para un delito en particular por las peculiaridades en la comisión del ilícito por el sujeto activo, es decir, es la cuantificación de la pena en un caso concreto.
Para individualizar las penas, las legislaciones penales expresamente establecen y regulan las circunstancias que deben ser tomadas en consideración por el legislador, en el caso concreto, las mismas se encuentran en el título cuarto, capítulos I y II, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, que es el ordenamiento legal en el cual los Tribunales Colegiados contendientes sustentan sus criterios.
De un análisis pormenorizado de los artículos 70 a 77(1) que se ubican en el citado título y capítulos, se desprenden dos reglas distintas de aplicación de las penas al individualizarse las mismas, una general, aplicable a todos los delitos y otra específica que resulta aplicable sólo a los delitos culposos.
La regla general, que se encuentra comprendida en los artículos 70 y 72 del ordenamiento en cuestión, establece que dentro de los límites fijados por la ley, los Jueces y los tribunales impondrán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiaridades del delincuente, como son: la naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla; la magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado; las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado; la forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido; la edad, el nivel de educación, las costumbres, las condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir, estableciéndose que cuando el procesado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, deben tomarse en cuenta además sus usos y costumbres; las condiciones fisiológicas y psíquicas en que se encontraba el activo en el momento de la comisión del delito; las
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19467-ebc96ad6/culpabilidad-para-determinar-su-grado-al-individualizar-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ABUSO SEXUAL. SE ACTUALIZA EL CONCURSO HOMOGÉNEO DE DELITOS CUANDO EXISTA PLURALIDAD DE CONDUCTAS EJECUTADAS POR EL MISMO SUJETO ACTIVO EN CONTRA DEL MISMO PASIVO, REALIZADAS EN DI (CONTRADICCIÓN DE TESIS 125/2005-PS)
- DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 57 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR. PARA SU ACREDITACIÓN BASTA QUE EL SUJETO QUE LOS REALICE TENGA L (CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2005-PS)
- ROBO. CUANDO SE COMETE RESPECTO DE UN VEHÍCULO AUTOMOTRIZ, PARTICULAR O DE SERVICIO PÚBLICO, Y EN ÉL SE ENCUENTRA LA VÍCTIMA, CONCURREN LAS CALIFICATIVAS PREVISTAS EN LAS FRACCIONE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2005-PS)
- ORDEN DE COMPARECENCIA. ES UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, POR LO QUE PARA LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEBE ESTARSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS (CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2006-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- ACTOS NEGATIVOS. (VI.1o.235 K)
- PRUEBAS EN MATERIA PENAL, DEBEN RECIBIRSE TODAS LAS OFRECIDAS LEGALMENTE. (s/clave)
- INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis