ORDEN DE COMPARECENCIA. ES UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, POR LO QUE PARA LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEBE ESTARSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS Y 138 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 105/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito que abordan cuestiones de naturaleza penal, en lo que esta Sala se encuentra especializada.
SEGUNDO. Legitimación. El denunciante, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a través de su Magistrado presidente, Enrique Escobar Ángeles, se encuentra legitimado, con base en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere, toda vez que uno de los criterios en contienda se sustentó en un recurso de queja del que conoció el Tribunal Colegiado que preside, denuncia efectuada en los términos que quedaron anotados en el primer resultando de este fallo.
TERCERO. Ejecutorias que participan de la contradicción de tesis. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente sintetizar, para su posterior análisis, las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
I. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Al resolver el recurso de queja 232/2006 sostuvo, a manera de síntesis, lo siguiente:
1. Son fundados en parte e infundados en otra, los agravios que hace valer el recurrente.
2. Contrario a lo que se sostiene en el auto recurrido, la orden de comparecencia reclamada sí afecta la libertad del solicitante del amparo, ello con base en el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia compilada bajo el número doscientos veintinueve, visible en la página ciento sesenta y nueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, cuyos rubro y texto señalan:
"ORDEN DE COMPARECENCIA. DEBE ESTUDIARSE SU CONSTITUCIONALIDAD AUN CUANDO EL QUEJOSO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN. El hecho de que el peticionario de garantías haya señalado como acto reclamado una orden de aprehensión y del informe justificado se desprenda la existencia de una orden de comparecencia, no es obstáculo para examinar la constitucionalidad de esta última bajo el argumento de que el acto impugnado no es cierto en la forma expuesta por el quejoso, ello en atención de que aun cuando la orden de aprehensión y la de comparecencia técnicamente tienen sus diferencias, de hecho son actos de idéntico contenido sustancial si se tiene en cuenta que: a) Ambas son solicitadas por el Ministerio Público, b) Las dos son libradas por un Juez, c) Para su emisión es necesario que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, d) Tienen como objetivo hacer comparecer al acusado ante la autoridad judicial a fin de que le sea tomada su declaración preparatoria; y si bien en la orden de aprehensión existe una total privación de la libertad y en la de comparecencia tan sólo cierta limitación, no menos cierto es que en menor o mayor grado, ambos actos restringen la libertad personal, lo cual puede conducir al error en la denominación exacta del acto reclamado. Por ello, el juzgador debe analizar todos los datos que se desprendan del juicio de amparo y que sirvan para obtener una completa interpretación de la voluntad del quejoso y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa y solamente sea tomando como acto reclamado el que como tal se haya expresado en el capítulo especial de la demanda. Lo anterior en modo alguno significa suplir la deficiencia de la queja o integrar la acción que intente el gobernado; sino únicamente concatenar la información con que se cuenta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada."
3. Por lo anterior, el Tribunal Colegiado consideró que la ejecución de la orden de comparecencia reclamada sí puede ocasionar al impetrante de garantías daños de difícil reparación, precisamente, porque implica la restricción del derecho fundamental de la libertad personal, lesión que sería de carácter irreparable, ya que ni siquiera la concesión del amparo podría volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación a ese derecho subjetivo.
4. Asimismo, señaló que por las razones expresadas con anterioridad, tampoco compartía el criterio contenido en la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: "ÓRDENES DE COMPARECENCIA. SU LIBRAMIENTO NO CAUSA PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN AL QUEJOSO.", que citó en su apoyo el Juez de amparo.
5. El Tribunal Colegiado expresó que, contrario a lo sostenido por el Juez de garantías, los efectos de la medida suspensional se rigen por lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, de ahí que considerara que no era verdad que su concesión trajera como consecuencia la paralización del procedimiento judicial.
6. Por todo lo anterior, el Tribunal Colegiado del conocimiento revocó el auto recurrido, y con fundamento en los artículos 124, 130, 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, y dada la naturaleza del auto recurrido, asumió plenitud de jurisdicción. Ello tuvo apoyo en la jurisprudencia setenta y cinco, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2001, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro señala: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA."
7. Con base en lo anterior, el órgano colegiado advirtió que en el caso sí se reunían los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo; es decir, a) sí existía petición del quejoso; b) no se seguía perjuicio al interés social ni a las disposiciones del orden público, pues atendiendo a la naturaleza del acto y la violación reclamada, que se hace consistir en la restricción de la libertad personal del quejoso, sólo se afectaría su libertad en lo individual. Además -el Tribunal Colegiado advirtió que-, no existía una situación específica que pudiera afectar a un conglomerado humano considerable, de manera que implicara ir en contra de las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos que le interesan al Estado para reglamentar su actuación pública o aquellas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes; y, c) que de ejecutarse el acto reclamado, se causarían al quejoso daños de difícil reparación, toda vez que se le provocarían violaciones en su esfera jurídica si se le privara de su libertad, por lo que de concedérsele el amparo, dificultaría volver las cosas al estado que tenían con antelación al surgimiento de la violación reclamada.
8. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado concedió la suspensión provisional de la orden de comparecencia reclamada, para el efecto de que el solicitante de amparo quedara a disposición del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en cuanto a su libertad personal, y no fuera privado de ella; sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal en la causa donde emana el acto reclamado.
9. Asimismo, se señaló que la suspensión provisional que se decreta surte efectos desde el instante en que ésta se otorga, pero ésta dejará de surtirlos si el quejoso no cumple con los siguientes requisitos:
a) Otorgar al juzgado de amparo, en el término de cinco días, una garantía por la suma de dos mil pesos, en billete de depósito o en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Monto que se fija acorde a lo dispuesto en el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que la orden de comparecencia reclamada se dictó por los delitos de lesiones dolosas cometidas en riña y allanamiento de morada, previstos y sancionados en los artículos 130, fracción I, en relación con el 137 y 211, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal; además, de la demanda de garantías se desprende que el solicitante del amparo es abogado y se dedica al ejercicio libre de la profesión, por lo que se estima que su situación económica es media; en cuanto a la posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia, se considera mínima, dado que el mismo ejerce su profesión, y los delitos mencionados prevén como sanción en relación con el primero una multa, y respecto al segundo, pena alternativa.
b) Comparecer ante el Juez de la causa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, para la continuación del procedimiento penal, conforme a lo dispuesto por el artículo 138 de la ley en consulta.
c) Presentarse ante el Juez de la causa, cuantas veces sea citado; dicha autoridad deberá informar al Juez de amparo la primera inasistencia que tenga el incidentista.
d) Dentro de las setenta y dos horas siguientes a que comparezca ante el Juez de la causa deberá acreditar al Juez de garantías el cumplimiento de la obligación fijada en el inciso b), exhibiendo la constancia respectiva en la que aparezca el sello del juzgado responsable.
Además, en caso de no cumplir con los requisitos precisados en los incisos b), c) y primer párrafo del inciso d), el Juez de amparo hará efectiva a favor del erario federal la garantía otorgada.
El Juez de amparo deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de que el quejoso se presente ante la misma para la continuación del procedimiento, lo haga del conocimiento del juzgado federal.
10 Igualmente, se señaló que las anteriores medidas de aseguramiento se establecen a efecto de que el peticionario pueda ser devuelto a la autoridad responsable, en caso de no concedérsele la protección constitucional solicitada. Sobre el particular, se consideró aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos veintiséis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, mayo de 1997, Novena Época, cuyo rubro establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL."
11. Igualmente, el tribunal del conocimiento expresó que tal medida precautoria no surtirá efectos si el acto reclamado fue emitido por diverso delito considerado grave o respecto del cual no sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, conforme a lo establecido por el artículo 20 de la Constitución. Así, en el caso de que en virtud de los hechos delictuosos no procediera la libertad provisional, la suspensión sólo se entenderá otorgada para el único efecto de que una vez detenido quede a disposición del Juez de amparo, por lo que respecta a su libertad personal en el lugar donde sea internado, y a disposición del Juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento.
12. Finalmente, calificó de infundados los agravios relativos a los efectos que, a criterio del solicitante del amparo, debe tener la medida suspensiva a fin de que no quede sin materia el juicio de amparo, porque con independencia de lo que pueda suceder en el mismo, los artículos 130, 136 y 138 de la ley de la materia, y la jurisprudencia recién citada (esta última de carácter obligatorio acorde a lo dispuesto en el artículo 192 de la ley en cita), fijan los términos y condiciones en que la autoridad de amparo debe conceder la medida precautoria.
II. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Al resolver el incidente en revisión penal 1107/2006 sostuvo, a manera de síntesis, lo siguiente:
Calificó de fundados los agravios hechos valer por la quejosa.
El Tribunal Colegiado advirtió que fue legal la concesión de la suspensión definitiva contra los actos reclamados al Juez Quincuagésimo Segundo de Paz Penal y jefe general de la Policía Judicial, ambos del Distrito Federal. La suspensión fue concedida para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, y que no se le restringiera de la libertad personal, hasta en tanto se notificara a las autoridades responsables la sentencia dictada en el juicio de amparo del cual derivó el incidente de suspensión.
Sin embargo, el tribunal del conocimiento expresó que las medidas de eficacia que se establecieron en la resolución incidental eran incorrectas, pues si bien, la a quo consideró que la suspensión decretada dejaría de surtir sus efectos si la recurrente no cumplía con los siguientes requisitos:
a) Exhibir una garantía en el término de cinco días por mil quinientos pesos, acorde a lo establecido en el artículo 124 bis de la Ley de Amparo.
b) Comparecer personalmente dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa, a responder del cargo que se le acusa, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Amparo.
Asimismo, el Tribunal Colegiado señaló que era necesario expresar que el acto reclamado por el cual se solicitó la medida cautelar era la orden de comparecencia de diez de abril de dos mil seis, dictada por el Juez Quincuagésimo Segundo de Paz Penal del Distrito Federal, en la causa penal 163/2006, por la comisión del delito de lesiones y daño a la propiedad, ambos dolosos, como se desprende del informe previo rendido por la referida autoridad responsable.
Consecuentemente, la medida suspensional debía concederse en esos casos, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardan para preservar la materia del amparo y no conforme lo establece el artículo 136 de la Ley de Amparo, para cuando se trate de actos privativos de libertad personal y tampoco determinar su eficacia en términos de los artículos 124 bis, 136 y 138, todos de la Ley de Amparo, en atención a que la suspensión a petición de parte está sujeta a requisitos de procedencia y de efectividad; los primeros, están constituidos por aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión; mientras que los segundos, implican aquellas exigencias que el agraviado o quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión otorgada.
Para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado deben cumplirse los requisitos descritos, pero esto depende de la naturaleza del acto penal; es decir, si se trata de un acto o no privativo de libertad personal; por lo que se impone hacer la distinción entre actos privativos y no privativos de la libertad personal. Así, los actos privativos de la libertad personal, son los que causan un agravio a la libertad física o corporal del individuo, lo que impide a las personas a no salir de un espacio territorial determinado y reducido, que no le permite realizar las actividades normales que todo individuo en su comunidad realiza para su interrelación y sobrevivencia; y los actos no privativos de libertad personal, son por exclusión aquellos actos penales que pueden afectar cualquier otra de las libertades de que goza todo gobernado, como la libertad de expresión, asociación, etcétera.
Por lo anterior, el Tribunal Colegiado señaló que con base en las precisiones señaladas, se debía establecer si el acto reclamado consistente en la orden de comparecencia afecta o no la libertad personal de la quejosa.
En este sentido, el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en su título segundo, sección primera, capítulo III, denominado "Aprehensión, detención o comparecencia del inculpado", dispone en sus artículos 132 y 133, que para que un Juez pueda librar orden de aprehensión, se requiere que el Ministerio Público la haya solicitado; y que se reúnan los requisitos fijados por el artículo 16 de la Constitución Federal, y que en los casos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 271 de este código, y en todos aquellos en que el delito no dé lugar a aprehensión, a pedimento del Ministerio Público se librará la orden de comparecencia en contra del inculpado para que rinda su declaración preparatoria, siempre que estén acreditados los elementos del tipo y la probable responsabilidad del inculpado. La orden de comparecencia y la de aprehensión se entregarán al Ministerio Público.
Por su parte, el artículo 16 constitucional, establece que: "... No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. ..."
De esta manera, se advierte que la orden de comparecencia en cuestión, a que se refiere la segunda hipótesis del precepto 133 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, no es un acto que afecte la libertad personal, sino que tiende a obligar al destinatario a rendir su declaración preparatoria y sujetarlo al procedimiento seguido en su contra con motivo del ilícito o ilícitos que se le imputen, pero sin restricción de su libertad personal, declaración que supone no solamente el ejercicio de un derecho del indiciado, sino el cumplimiento de la obligación que le imponen dentro de un procedimiento penal que es de orden público.
Por tanto, tratándose de una orden de comparecencia emitida con motivo de delitos que no prevén pena privativa de libertad, como en el presente caso, no se debe acudir a los artículos 124 bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, para determinar los efectos de la suspensión definitiva o para fijar los requisitos de eficacia para que ésta surta efectos, ya que dichos preceptos refieren a tales aspectos, pero cuando del acto reclamado sí afecta la libertad personal, de ahí que se debe acudir al artículo 124 bis, que establece que para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes. El Juez de amparo fijará el monto de la garantía, tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso; la situación económica del quejoso; y la posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia.
Asimismo, señaló como aplicable para este último supuesto, el artículo 136, que señala que si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste.
Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos del párrafo séptimo del artículo 16 constitucional, o su consignación.
Igualmente, señaló que de consistir el acto reclamado en detención del quejoso, efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y, desde luego, se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan con las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien, si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro horas. Por lo que de existir flagrancia o urgencia se prevendrá al Ministerio Público para que el quejoso sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según sea el caso, a partir de su detención.
Además, expresó que si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo. Por tanto, cuando la orden de aprehensión, detención o retención se refiera a delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación.
En los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal, del Ministerio Público o de un auto de prisión preventiva, el Juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional, y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el Juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta, sobre la libertad provisional de esa persona, por no habérsele solicitado.
Así, se expresó que la libertad bajo caución podrá ser revocada cuando incumpla en forma grave las obligaciones que, en términos de ley, se deriven en razón del juicio de amparo o del procedimiento penal respectivo. Asimismo, las partes podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo.
En los casos previstos en el artículo 204 de la Ley de Amparo, se considerará hecho superveniente la demostración de la falsedad u omisión de datos en el contenido del informe y el Juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en que hubiese concedido o negado la suspensión. Además, se dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos de lo establecido en el artículo 138 del Código Penal del Distrito Federal, que establece que en los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él, a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.
Igualmente, se señaló que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida.
Ahora bien, el Tribunal Colegiado del conocimiento expresó que en términos de los artículos mencionados, se advierten claramente las bases de los efectos y eficacia de la suspensión del acto reclamado en amparo penal, pero para cuando dicho acto sea privativo de la libertad personal.
Por otro lado, las medidas previstas en el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, relativas a los requisitos de eficacia para que opere la medida suspensional, no deben ser aplicables a las órdenes de comparecencia cuando sea librada por delito que no amerite prisión preventiva, por ser castigado con pena no privativa de libertad, o bien, la penalidad sea alternativa, puesto que la orden de comparecencia, en estos casos, no tiene como objetivo restringir la libertad personal del gobernado y no existe riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia. Ello, porque los propios preceptos especifican que tales medios se tomarán si el acto es privativo de libertad personal, al decir: "... contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal ..."
Por tanto, se debe concluir que cuando el acto reclamado se haga consistir en una orden de comparecencia librada por un delito que no prevé pena corporal o alternativa, la medida suspensional debe concederse para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan para preservar la materia del amparo, y no determinar su eficacia en términos de los artículos 124 bis y 138, ambos de la Ley de Amparo, porque tales preceptos, en todo caso, aluden a la afectación de la libertad personal.
Por todo lo anterior, el Tribunal Colegiado modificó la resolución recurrida y le concedió la suspensión definitiva a la quejosa para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no sea obligada a comparecer hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la sentencia ejecutoriada que se llegue a dictar en el juicio de amparo del cual deriva el incidente, sin que en el caso sea necesario fijar garantía alguna y ordenarle a la quejosa que se presente ante el Juez de la causa.
CUARTO. Existencia de la contradicción. Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, es necesario que:
a) Al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) La diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."
Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Establecido lo anterior, es procedente examinar si en la especie se da o no contradicción de criterios.
De las ejecutorias sintetizadas con anterioridad, se desprende que sí se cumple con el primero de los requisitos a que alude la citada jurisprudencia, a saber: que al resolver los planteamientos jurídicos se examinen cuestiones esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.
Ahora bien, por lo que hace al segundo de los requisitos, debe señalarse que de las síntesis de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales que contienden, permiten advertir que la diferencia de criterios se presenta precisamente en las consideraciones y razonamientos contenidos en cada una de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados que nos ocupa.
Asimismo, por lo que respecta al tercer requisito, debe señalarse que de las referidas sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados contendientes, se desprende que los criterios en contradicción provienen, esencialmente, del examen de los mismos elementos, ello por cuanto hace al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 232/2006, y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el incidente en revisión penal 1107/2006.
Finalmente, cabe señalar que no es obstáculo para integrar la contradicción, que los criterios en contienda deriven de un recurso de queja y de un incidente en revisión penal, pues de ellos deriva un tema en común, como es la suspensión de la orden de comparecencia.
Dicho lo anterior, lo que procede es demostrar que se acreditan los extremos a que se ha hecho referencia, y para ello se hace la siguiente relación de antecedentes de los asuntos -materia de la contradicción- resueltos por los Tribunales Colegiados:
1. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Recurso de queja 232/2006:
Autoridad responsable: Juez Décimo Octavo de Paz Penal y coordinador de la Policía Judicial adscrito a la Delegación Política Iztacalco, ambos del Distrito Federal.
Acto reclamado: Orden de comparecencia de nueve de junio del presente año y su ejecución.
Resolución emitida por el Tribunal Colegiado: De seis de julio de dos mil seis, cuyo sentido fue declarar fundado el recurso de queja, revocar el auto recurrido y concederle la suspensión provisional al quejoso contra los actos reclamados del Juez Décimo Octavo de Paz Penal y del coordinador de la Policía Judicial adscrito a la Delegación Política Iztacalco, ambos del Distrito Federal.
Consideraciones fundamentales de dicho fallo: Contrario a lo que se sostiene en el auto recurrido, la orden de comparecencia reclamada, sí afecta la libertad del solicitante del amparo, ello con base en el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia compilada
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20021-80ea5ae6/orden-de-comparecencia-es-un-acto-que-afecta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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