OFENDIDO EN MATERIA PENAL. ES IMPROCEDENTE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA A SU FAVOR CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. OFENDIDO EN MATERIA PENAL. NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO A FAVOR DE AQUÉL CUANDO COMPAREZCA COMO QUEJOSO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 57/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO, QUINTO Y SÉPTIMO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados de Circuito que se mencionan en el acuerdo de quince de mayo de dos mil dos, dictado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con las posturas antagónicas que ahí mismo se precisan, son las siguientes:
A.1) El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, integrado por los Magistrados Carlos Hugo Luna Ramos, Miguel Ángel Aguilar López y Ricardo Ojeda Bohórquez, resolvió en sesión de ocho de febrero de dos mil dos, por mayoría de votos, el recurso de queja 17/2002, promovido por ... en representación de los quejosos ... Del fallo correspondiente, los integrantes del citado órgano colegiado sostuvieron la siguiente tesis aislada:
"Novena Época
"Instancia: Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, abril de 2002
"Tesis: I.7o.P.5 P
"Página: 1352
"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. ES PROCEDENTE A FAVOR DEL OFENDIDO O VÍCTIMA DEL DELITO, CUANDO ÉSTE ES EL QUEJOSO EN EL JUICIO DE AMPARO. La fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo previene la suplencia de la deficiencia de la queja en materia penal a favor del ‘reo’; término este último que no debe seguirse interpretando en forma irrestricta, en relación con el inculpado, pues actualmente y después de sus reformas de septiembre de mil novecientos noventa y tres, y mil novecientos noventa y nueve, en sus apartados A y B, el artículo 20 constitucional reconoce igualmente las garantías de éste y los de la víctima u ofendido del delito, en una relación de equilibrio e idéntica tutela de sus derechos procesales. Consecuentemente, la ley reglamentaria debe darles igual tratamiento, aun cuando son partes contrarias en la relación procesal, a fin de no desconocer la existencia de las garantías individuales que actualmente se consagran a favor de la víctima u ofendido; por ello, debe ampliar su connotación para hacer efectiva la tutela constitucional y suplir la deficiencia de la queja del ofendido, como se hace en beneficio del inculpado, pues los derechos de ambos son de elevada trascendencia social. Sin que sea necesario esperar se adecuen las disposiciones de la materia al vigente texto constitucional, porque el amparo es la institución tutelar de las garantías de los individuos y, con ese carácter, no puede resultar ineficaz y rígida, en detrimento del reclamo social de que se administre justicia pronta y expedita a la víctima del delito, quien ya expresó su causa de pedir, lo que es suficiente para analizar las violaciones que se adviertan y, sobre esa base, conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, la que debe ser inmediata.
"Queja 17/2002. 8 de febrero de 2002. Mayoría de votos. Disidente y ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Erik Zabalgoitia Novales."
Las consideraciones torales en que se apoyó el órgano colegiado referido son del tenor literal siguiente:
"QUINTO. Previo al análisis de los agravios expresados en este medio de impugnación, es pertinente realizar la siguiente precisión técnica jurídica, en virtud de que el recurso que ahora se resuelve dimana de un juicio de amparo en materia penal. Conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución, es procedente el juicio de amparo en contra de leyes y actos de autoridad que violen garantías individuales. En la actualidad, los derechos de la víctima u ofendido del delito se reconocen constitucionalmente e, incluso, se le considera parte en el juicio de garantías; sin embargo, aún no se le presenta accesible la vía constitucional, lo que impide hablar de un verdadero equilibrio procesal e impone la necesidad de que se supla en su beneficio la deficiencia de la queja. A este respecto, es menester precisar que el artículo 76 bis de la Ley de Amparo establece las hipótesis de excepción al principio de estricto derecho que rige en la materia, a saber, de la lectura de este numeral, es de destacar que en la fracción I se establece la hipótesis de que procede la suplencia de la queja, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La fracción II prevé la suplencia de la deficiencia de la queja, exclusivamente en tratándose de la materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En las fracciones III y IV se prevé la suplencia de la queja, en ese orden, en las materias agraria y laboral. En la penúltima hipótesis se establece la procedencia de ese beneficio en cualquier materia, cuando el amparo lo promueve un menor de edad o incapaz. La última fracción establece la procedencia de la suplencia de la queja, en otras materias, cuando se advierta la existencia de una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa al quejoso pero, desde luego, debe entenderse a la expresión ‘otras materias’, a la civil y administrativa, que se excluyen en las anteriores hipótesis del propio numeral, como así lo ha interpretado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada LIV/89, publicada en la página 122, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA PROCEDENTE. El artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, dispone que la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios procede «en otras materias» cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. De lo anterior se sigue que la suplencia prevista en esa fracción opera en los amparos en materias civil y administrativa, toda vez que el legislador, al emplear las palabras «en otras materias», se refiere a las que no están expresamente reguladas en las primeras cinco fracciones del artículo citado, y que son, precisamente, la civil y la administrativa.’. De lo anterior, es importante reiterar que la fracción II del artículo 76 bis de la ley reglamentaria en consulta tiene aplicación exclusiva y especial en la materia penal, y de manera específica establece la procedencia de la suplencia de la queja a favor del ‘reo’. Término este último que debe interpretarse en sentido amplio, pues no es únicamente aquel sujeto que compurga la pena impuesta, sino (a saber: indiciado, en la averiguación previa; inculpado, en la preinstrucción; procesado, en la instrucción; acusado, en la primera instancia; sentenciado-apelante, en la segunda instancia; reo, en la ejecución) todo aquel que en las diversas etapas procedimentales tiene la calidad de inculpado. Así se concluye del análisis del vigente artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que originalmente sólo reconoció lo que se ha denominado la carta magna del delincuente; sin embargo, el legislador constitucional modificó su estructura tradicional en septiembre de dos mil, para incorporar, en el mismo nivel garantista, la tutela de los derechos de la víctima. La reforma obedeció al auge de las teorías criminológicas que han destacado el olvido en el que durante mucho tiempo permaneció el principal afectado de un hecho ilícito: la víctima u ofendido. Así, en su texto actual consagra por igual las garantías que deben gozar, en todo proceso de orden penal, el inculpado y la víctima u ofendido del delito. De cuya redacción resulta claro que no distingue entre una calidad y otra para garantizar por igual sus derechos procesales; las cuales, en consecuencia, son de igual relevancia social, aun cuando son partes contrarias en la relación procesal. Concretamente, el apartado B del dispositivo en análisis reconoce, a partir del veintiuno de septiembre de dos mil, como garantías de toda víctima u ofendido de un ilícito: el derecho a recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso y a que se desahoguen las diligencias correspondientes, incluso cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; que se le repare el daño, cuya solicitud es obligatoria para el titular de la acción penal y, correlativamente, el juzgador no puede absolver de ella si ha emitido una sentencia condenatoria; más aún, se pugna porque la ley secundaria establezca procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; se exime a la víctima u ofendido, cuando es menor de edad, de carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro, en cuyos casos, sus declaraciones deben llevarse a cabo en condiciones especialmente previstas en la ley; solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio. Derechos fundamentales que deben ser tutelados, como cualquier otro de diversa índole, a través del juicio de amparo, de conformidad con la fracción I del artículo 103 constitucional y su correlativa del dispositivo 1o. de la ley reglamentaria. Luego, en caso de una violación a sus derechos públicos subjetivos, debe suplirse la deficiencia de los conceptos de violación y agravios, según sea el caso, con fundamento en la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues debe entenderse comprendido en el adjetivo ‘reo’ a que se refiere la fracción en estudio. Máxime que del análisis del decreto por el que se declaran reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte la razón de la reforma, que consiste en lograr el reconocimiento de los derechos de la víctima u ofendido del delito como garantías individuales. En efecto, el proceso contó con dos iniciativas de diferentes fechas: del veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y siete, y veintisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho. En la primera se adujo que la diversa reforma de mil novecientos noventa y tres, en virtud de la cual se elevaron a categoría constitucional la protección de los derechos de la víctima u ofendido del delito, junto con los del inculpado, fue una expresión genuina de la solidaridad que la sociedad le debe a quien ha sufrido un daño. Para hacerla realidad, la legislación secundaria se modificó para prever que en todo proceso penal tiene derecho a recibir asesoría; a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda; a coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le preste atención médica de urgencia; y, a gozar de prerrogativas que las leyes secundarias estatuyan a su favor. Aspectos que se reconocen como modernización del sistema de justicia penal; sin embargo, fue imperioso reconocer que el ofendido o víctima del delito, aún no se encuentra en posibilidad de ejercer plenamente los derechos que se le han reconocido; luego, fue necesario profundizar la reforma constitucional, ampliando el dispositivo que tutela a la víctima del delito, modificando la redacción del artículo 20 constitucional, incorporando un catálogo completo de garantías referidas específicamente a los afectados por las autoridades delictivas. Consideración especial mereció que la víctima debe intervenir dentro del proceso como parte (a la fecha no se ha reglamentado, no obstante la necesidad de ese reconocimiento), con prerrogativas que precisaran o ampliaran las que hasta en ese momento detentaba; se pensó que sólo así se tomarían en consideración las recomendaciones que en esta materia habían venido haciendo diversos organismos gubernamentales y no gubernamentales conformados para la defensa de los derechos humanos; se atenderían los criterios externados en los foros que para la procuración y administración de justicia se habían venido realizando y se cumplirían los compromisos internacionales que nuestro país ha signado como miembro de la Organización de las Naciones Unidas, sin que ello atente contra el principio rector que concibe al Estado como monopolizador de la actividad punitiva en el delito y titular único de la acción persecutoria o acusatoria; por el contrario, la pretensión fue, en una posición de equilibrio, que la víctima adquiera un peso mayor en la prosecución de todo el procedimiento penal. La segunda iniciativa destacó que en el pasado, como consecuencia de los abusos policiacos y la corrupción e incapacidad de los órganos de procuración de justicia, el legislador reconoció los derechos del inculpado, convirtiendo al artículo 20 constitucional en la base reguladora del procedimiento penal; sin embargo, la víctima del hecho delictivo quedó relegada a un segundo término. Con buena intención por remediar lo anterior, se aprobó una reforma en septiembre de mil novecientos noventa y tres, sin embargo, su único efecto fue abrir una brecha en la que las víctimas sólo quedaban como referencia para hacer justicia en nombre del Estado, sobreponiéndose un derecho penal represivo que busca como único fin lograr la paz social y eliminar la inseguridad, olvidándose de la atención a las víctimas, a pesar de que forman parte de los derechos humanos llamados de la segunda generación, que son los que demandan un hacer por parte del Estado, al igual que los derechos económicos, sociales y culturales; deben brindarse de manera gratuita, independientemente de que se identifique, aprehenda o condene al delincuente; otorgándoles a las víctimas servicios por parte del Estado, y a falta de destreza, especialidad y oportunidad de éste, sería conveniente que sean grupos de la sociedad quienes los brinden. Se buscó pensar en nuevas respuestas para las víctimas, rescatando la relación funcional que debe tener el derecho penal, no sólo reprimiendo al delincuente, sino obligando a que en forma preferente responda frente a la víctima, ya sea devolviendo el objeto, poniendo los medios materiales con los que se resarza el daño, o cooperando con lo que esté a su alcance para hacer que la víctima quede con el menor trauma posible. Con este sustento legislativo, es posible concluir: si los derechos públicos subjetivos que consagra el artículo 20 constitucional, en la actualidad tutelan tanto al inculpado, ofendido o víctima del delito, es incuestionable jurídicamente que enmarcan la justicia conmutativa y distributiva para ambos, en un plano de igualdad, cuando el conflicto sea entre iguales, y en un plano de desigualdad, para el caso de desigualdad procesal en los juicios respectivos. Por tal razón, es indubitable que a partir de las reformas constitucionales citadas, el concepto ‘reo’ de mérito no puede seguirse interpretando en forma estricta, en relación con todo inculpado en el proceso penal, sino que debe ampliarse, incluso, al ofendido o víctima del delito, al existir ya sea la igualdad o desigualdad procesal, bajo el marco teleológico de las últimas reformas citadas al artículo 20 constitucional, en las que se plantea la igualdad de los derechos públicos subjetivos de las víctimas u ofendidos de los delitos con las del inculpado. Ahora bien, si las reformas constitucionales correspondientes a los meses de septiembre de mil novecientos noventa y tres y dos mil actualizan la necesidad de adecuar las disposiciones secundarias a su teleología, en tanto ello no ocurra así es válido que la potestad del amparo, órgano jurisdiccional de la acción constitucional, debe de inmediato tutelar la protección del derecho garantizado a la víctima u ofendido. Por ello, no sería dable esperar la reforma al artículo 76 bis, en su fracción II, de la Ley de Amparo, para también elevar al plano de igualdad la suplencia de la queja de la víctima o del ofendido con los del reo, pues ello sería tanto como desconocer la existencia de las garantías individuales que actualmente consagra, en virtud de sus reformas, el artículo 20 constitucional, a favor de la víctima o del ofendido del delito. Sin soslayar que no hacerlo así es desatender la norma constitucional reformada e inobservar los artículos 133 y 136 constitucionales, que contienen principios de supremacía e inviolabilidad de la Ley Fundamental. Más aún, la teleología del juicio de amparo es precisamente la de salvaguardar, frente a todo acto de autoridad, las garantías individuales; luego, no puede pensarse que una institución tutelar sea ineficaz y rígida en detrimento del reclamo social porque se le administre justicia pronta y expedita. Así, incluso, se ha determinado en el proyecto que formuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Ley de Amparo, en la que se expone: ‘En cuanto a la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, se introduce la obligación de aplicarla a favor del ofendido o de la víctima en los casos que tenga el carácter de quejoso que, como se desprende de la disposición constitucional, únicamente será cuando interponga amparo por el no ejercicio o desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público.’. Luego, como se dijo, no es necesario esperar se adecuen las disposiciones de la materia al vigente texto constitucional, en detrimento del reclamo social de que se administre justicia pronta y expedita a la víctima del delito, quien ya expresó su causa de pedir, lo que es suficiente para analizar las violaciones que se adviertan y, sobre esa base, conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, en caso procedente, pues la misma debe ser inmediata. Encuentra apoyo el anterior criterio en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 103/2001, sustentada por la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 94/2000-PS, publicada en la página ciento doce del Tomo XIV, correspondiente a diciembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y tenor siguientes: ‘REPARACIÓN DEL DAÑO. EL OFENDIDO O LA VÍCTIMA DE UN DELITO ESTÁN LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES QUE AFECTEN ESE DERECHO, ÚNICAMENTE POR LO QUE A ESE ASPECTO SE REFIERE Y SIEMPRE QUE CONTRA ÉSTAS NO PROCEDA MEDIO ORDINARIO ALGUNO DE DEFENSA. Si de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, el derecho del ofendido o de la víctima de algún delito a obtener la reparación del daño, fue elevado a rango de garantía individual y toda vez que la protección de ésta debe ser inmediata, resulta inconcuso que la autoridad jurisdiccional está obligada a respetarlo y, por tanto, en contra de las resoluciones dictadas en segundo grado o en los incidentes de reparación o de responsabilidad civil que afecten aquel derecho, el ofendido o la víctima de algún delito que tenga la expectativa legal de dicha reparación están legitimados para promover el juicio de amparo, únicamente por lo que al aspecto de la afectación se refiere y siempre que contra ellas no exista medio ordinario alguno de defensa. Lo anterior se robustece si se toma en consideración que conforme al criterio de este Alto Tribunal contenido en la tesis P. CLXVI/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, página 111, de rubro: «ACCIÓN PENAL. LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, SON SUSCEPTIBLES DE VIOLAR GARANTÍAS INDIVIDUALES Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO.», el espíritu que impulsó el decreto de reformas al diverso artículo 21 de la citada Constitución Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, estuvo inspirado en la necesidad de crear instrumentos regulados por normas y criterios objetivos, a fin de controlar la legalidad de los actos de la autoridad sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, que afectaren los derechos del ofendido o de la víctima de algún delito, entre los que se encuentran el de obtener la reparación del daño.’." (fojas 26 vuelta a 32).
A.2) El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, integrado por los Magistrados Fernando Hernández Reyes, Carlos Hugo Luna Ramos y María Eugenia Estela Martínez Cardiel, resolvió en sesión de nueve de marzo de dos mil uno, por mayoría de votos, el recurso de revisión penal 1815/2000, promovido por ... Del fallo correspondiente, los integrantes del citado órgano colegiado sostuvieron la siguiente tesis aislada:
"Novena Época
"Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, agosto de 2001
"Tesis: I.5o.P.15 P
"Página: 1429
"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA. ES PROCEDENTE CUANDO EL OFENDIDO EN EL DELITO PROMUEVE JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. En el juicio de amparo en materia penal la suplencia de la deficiencia de la queja opera a favor del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación de la demanda, así como de agravios formulados en los recursos, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo; sin embargo, el concepto de ‘reo’ a que alude ese precepto legal debe interpretarse actualmente, en sentido amplio y no sólo considerar como tal al sujeto que compurga una pena, indiciado, inculpado, procesado, acusado o sentenciado, sino también al ofendido o a la víctima de un delito, cuando promueve el juicio de garantías contra la resolución de la autoridad ministerial, en la que resuelve el no ejercicio de la acción penal, según lo previene la fracción VII del artículo 114 de la ley en cita. Ello en virtud de que conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 109, publicada en las páginas 86 y 87, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’, debe entenderse que la adición de la fracción aludida implica que la suplencia de la queja en materia penal resulta procedente a favor del promovente de amparo pues, además, aun en las materias de estricto derecho, se ha establecido que deben evitarse las formalidades sacramentales en la formulación de los conceptos de violación, en los cuales basta que se advierta la causa de pedir para que el juzgador esté en aptitud de analizar las violaciones que advierta y sobre esa base resolver respecto a la protección constitucional solicitada.
"Amparo en revisión 1815/2000. 9 de marzo de 2001. Mayoría de votos. Disidente y ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Raúl Valerio Ramírez."
Las consideraciones que en ese entonces dieron sustento a la mayoría de ese tribunal para resolver en los términos que prevé la tesis transcrita, literalmente dicen:
"SEXTO. Por otra parte, son infundados los agravios que el tercero perjudicado recurrente hace valer. En efecto, en su primer agravio el recurrente argumenta que el Juez de Distrito omitió pronunciarse sobre los alegatos que formuló antes de la audiencia constitucional. Lo cual resulta infundado, porque si bien el Juez de amparo está obligado a examinar los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; sin embargo, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que hagan valer las partes en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo, por lo que resulta intrascendente que el a quo inatendiera los alegatos del ahora recurrente, máxime que éstos no forman parte de la litis y constituyen simples opiniones de las partes en torno a sus respectivas pretensiones. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 39, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 20/93, entre las sustentadas, por una parte, por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y, por la otra, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito (en la actualidad Segundo en Materias Penal y Administrativa), Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 31, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente dice: ‘ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, «así como los demás razonamientos de las partes», a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos.’. Por otra parte, el tercero perjudicado recurrente sostiene que el Juez de amparo suplió la deficiencia de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa, en su carácter de ofendida en una averiguación previa, sin advertir que la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo resulta aplicable exclusivamente cuando se trata del reo. Lo cual también es infundado, porque aun cuando ciertamente la parte ofendida fue quien promovió el juicio de garantías, en el caso concreto, es procedente la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en esos términos, es decir, conforme a lo dispuesto por el aludido numeral 76 bis, fracción II, de la ley de la materia, que literalmente dispone: ‘Artículo 76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. II. En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo. III. En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta ley. IV. En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador. V. En favor de los menores de edad o incapaces. VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa.’. De la lectura de ese numeral, es de destacar que en la fracción I se establece la hipótesis en que procede la suplencia de la queja, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La fracción II prevé la suplencia de la deficiencia de la queja, exclusivamente en tratándose de la materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En las fracciones III y IV
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17689-3ac437b2/ofendido-en-materia-penal-es-improcedente-la-suplencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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