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Modo: Corpus Pro

ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN. LA BOLETA DE INFRACCIÓN DEBIDAMENTE EXPEDIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE, NO ES EL ÚNICO MEDIO PARA ACREDITAR LA VIOLACIÓN A LOS REGLAMENTOS DE TRÁNSITO Y CIRCULACIÓN Y, POR ENDE, PARA QUE SE INTEGRE AQUEL DELITO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17359
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, , Pág. 10.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 25/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

a) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el veintidós de enero de dos mil dos el recurso de revisión 1072/2001, interpuesto por ... sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente (fojas 29 a 31 del cuaderno de contradicción):

"... Ahora bien, como existe una boleta de infracción, y si bien es cierto ésta la solicitó el agente del Ministerio Público, y efectivamente tanto el Juez Cívico y su secretario refieren no constarles los hechos, no menos cierto y lógico es que por lo general estas infracciones se cometen sin que los Jueces Cívicos las presencien, pues de lo contrario necesitaría estar uno en cada esquina de la ciudad para observar cuando se cometen infracciones; además, como bien lo refirió el Juez de amparo, es irrelevante que las autoridades de tránsito hayan o no levantado la infracción y que se cuente con el documento que lo acredite, o que se haya agotado el procedimiento administrativo ante un Juez Cívico, en virtud de que tales exigencias no forman parte del cuerpo del delito de ataques a las vías de comunicación previsto en la fracción II del artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal; por lo que no le asiste razón al argumentar que para determinarlo infractor al Reglamento de Tránsito debía estarse a los artículos 8o., 20, 26, 32, 36, 41, 44 y 63 de la Ley de Justicia Cívica para el Distrito Federal, y 99, 100, 102, 103 y 59, fracción III, del Reglamento de Tránsito de esta ciudad capital, pues al respecto considera este Tribunal Colegiado acertado citar nuevamente la jurisprudencia invocada por el Juez de control constitucional, correspondiente a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 45, Volumen 63, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: ‘VÍAS DE COMUNICACIÓN, ATAQUES A LAS. CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN ESTADO DE EBRIEDAD, ETC. Para la configuración del delito de ataque a las vías de comunicación a que se refiere la fracción II del artículo 171 del Código Penal Federal, referente a la conducción de vehículos en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes, es irrelevante que las autoridades de tránsito no hayan levantado la infracción respectiva, ya que dicha exigencia no forma parte del tipo penal correspondiente; además de que la falta de intervención de los funcionarios de tránsito no significa que no se hubiera infringido el reglamento respectivo.’. Asimismo, contrario a lo que argumenta el amparista, el hecho de que circulara en estado de ebriedad sí fue determinante para la acreditación de los delitos en estudio, pues lo cierto es que el delito de daño en propiedad ajena que se le imputa lo cometió de forma culposa sin representación, pues no observó el deber de cuidado que podía y debía observar para no concretizar el resultado que se le imputa, pues de no haber manejado en ese estado etílico, muy probablemente no se hubiera producido el menoscabo al bien jurídico tutelado por el artículo 399 del Código Penal para el Distrito Federal, que en el caso lo es el patrimonio del ofendido Ángel Alberto Medellín Pérez; más aún, en el delito de ataques a las vías de comunicación, el estado de ebriedad es un requisito implícito en el cuerpo de dicho ilícito previsto en el artículo 171, fracción II, del propio ordenamiento, extremo que quedó plenamente demostrado en actuaciones con la fe de estado psicofísico y certificado médico de ... en el que la doctora Laura O. Herrera Ramírez, de la Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social, determinó que el dieciocho de septiembre de dos mil, a las dos horas con treinta minutos presenta aliento etílico ‘sí ebrio’. Por otra parte, su tercer agravio es igualmente infundado, pues como se estableció previamente, la responsable estuvo en lo correcto al tener por acreditados los cuerpos de los delitos de ataques a las vías de comunicación, en la causa penal 357/2000, decretándole formal prisión al recurrente, y de daño en propiedad ajena culposo en la causa 401/2000, en la que se ordenó su sujeción a proceso, así como su probable responsabilidad penal en los mismos; sin que le asista la razón en cuanto a que no se acreditan tales extremos, por no existir elementos de prueba suficientes, pues como bien consideró la autoridad recurrida al negar el amparo que se revisa, dichos autos de plazo constitucional cumplen con lo establecido por el numeral 19 de la Constitución; en efecto, debe decirse que la responsable tuvo adecuadamente por acreditado el cuerpo del delito de ataques a las vías de comunicación, previsto y sancionado en el artículo 171, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, así como la probable responsabilidad penal de ... en términos del numeral 13, fracción II, ibídem, en virtud de que las evidencias fueron correctamente valoradas conforme a las reglas contenidas en los artículos 246, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, cumpliendo con ello los requisitos marcados en el precepto 122 de dicho ordenamiento adjetivo de la materia; probanzas tales como la declaración de la policía remitente Brenda Hernández Rodríguez, la fe ministerial de estado psicofísico y certificado de estado de ebriedad, fe ministerial de vehículos y daños, dictamen en materia de tránsito terrestre, boleta de infracción, inspección ocular, la declaración de los testigos Ángel Alberto Medellín Pérez y Sarely Vázquez Vargas, y con la propia declaración del recurrente, quien se ubicó en lugar, tiempo y circunstancias, de cuyo análisis concatenado, lógico y jurídico se hace efectivamente probable, como se señala en el auto de formal prisión dictado en primera instancia y en la resolución materia de la revisión, la responsabilidad penal del recurrente. ... De lo anterior, se desprende que no asiste la razón al amparista al argumentar que no se acreditó que cometiera infracción alguna, y con ello no se puede estimar que incumplió un deber de cuidado, pues como se estableció anteriormente, del material probatorio existente se desprende que conducía con exceso de velocidad, no respetó la señal roja del semáforo que le indicaba que se detuviera y lo más importante, circulaba en estado de ebriedad, sin importar el grado de éste, cuando tuvo en sus manos obrar de distinta manera, pero por el contrario decidió faltar al deber de cuidado que podía y debía observar, él, así como todo conductor de un vehículo de motor, como lo es el no manejar en estado etílico. Ahora bien, a pesar de que en el dictamen en materia de tránsito terrestre, los peritos oficiales no pudieron determinar cuál de los conductores desobedeció la luz roja de alto del semáforo, ello no implica que con el resto de indicios allegados a la causa criminal 401/2000, no se acredite que obró de manera culposa, y al circular a bordo de su vehículo con exceso de velocidad, sin respetar la luz de alto y en estado de ebriedad, probablemente dañara el diverso automotor fedatado en autos, propiedad del querellante Ángel Alberto Medellín Pérez, así como un tramo de cinco metros de guarnición de banqueta propiedad del Gobierno del Distrito Federal; sin que el recurrente aportara prueba alguna para desvirtuar tal imputación. Asimismo, de la lectura de los conceptos de violación hechos valer por ... al interponer el juicio de amparo indirecto cuya resolución hoy se revisa, en relación con esta última, debe señalarse que atinadamente la responsable contestó todos y cada uno de ellos, los cuales correctamente encontró infundados como se advierte en el considerando quinto de la misma, porque como se ha venido sosteniendo en la presente ejecutoria, los autos de plazo constitucional reclamados fueron dictados conforme a derecho, y si bien en términos de la jurisprudencia cuyo rubro es: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.’, omitió tal situación, esto no significa que no los analizara en su totalidad. Así las cosas, lo que procede es confirmar la sentencia emitida por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, y negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado contra el auto de formal prisión dictado en la causa 357/2000 y el diverso de sujeción a proceso en la causa penal 401/2000, sin que este Tribunal Colegiado advierta motivo alguno que amerite suplir la deficiencia de la queja en términos del precepto 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, esa negativa es de hacerse extensiva a los actos de ejecución, al no impugnarse por vicios propios sino en vía de consecuencia."

Idénticas consideraciones tuvo el mismo tribunal al resolver el treinta y uno de enero de dos mil dos, el amparo directo 3362/2001, interpuesto por ... mismas que no se transcriben por ser el mismo criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el que ya se expresó anteriormente.

b) Por otra parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el treinta y uno de octubre de dos mil el recurso de revisión 2106/2000, interpuesto por ... determinó (fojas 124 a 126 del cuaderno de contradicción):

"CUARTO. Son fundados los anteriores agravios, aunque en el caso procede suplir la deficiencia de la queja, con fundamento en lo que dispone el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, como puede verse del auto de formal prisión que constituye el acto reclamado, no aparece entre las constancias obtenidas en la averiguación previa, la boleta de infracción, pues contrariamente a lo que se dice en el acto reclamado y lo reitera el Juez Federal, en el caso el delito de ataques a las vías de comunicación, previsto en el artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal, vigente al momento de los hechos, se integra no solamente con la conducción de un vehículo en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes, sino que se requiere, además, que se cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación, diferente a la que implica de por sí manejar en estado de ebriedad, resultando fundado el agravio relativo a que si se comete una infracción al Reglamento de Tránsito, la boleta es el medio idóneo para comprobar la misma, y que en ‘caso de que no exista la boleta sería imposible acreditar la infracción cometida’. Cabe señalar que dicho delito, por su anatomía jurídica, es de aquellos que la doctrina considera no de resultado sino de peligro, debiéndose, por tanto, calificar el peligro independientemente del resultado. Tal acontece, por ejemplo, en las amenazas, donde aunque no se cumpla con la amenaza se sanciona el hecho de amenazar. Ahora bien, aunque en el caso no son aplicables las tesis que cita, toda vez que la Ley de Justicia Cívica para el Distrito Federal de 7 de mayo de 1999, publicada en la Gaceta Oficial Número 68, del primero de junio del propio año, abrogó el Reglamento Gubernativo de Justicia Cívica para el Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 1993, así como todas las disposiciones que se opongan a la ley. Sin embargo, las mencionadas tesis sirven de base para normar el criterio respecto de la integración del delito ataques a las vías de comunicación. Por tanto, es fundado el agravio relativo a que si en los artículos 56 y 57 del Reglamento de Tránsito, que a la letra dicen: ‘Artículo 56. Cuando los conductores de vehículos cometan una infracción a las disposiciones de este reglamento y demás disposiciones aplicables, los agentes deberán proceder de la manera siguiente ...’; ‘Artículo 57. Las sanciones en materia de tránsito, señaladas en este reglamento y demás disposiciones jurídicas, serán impuestas por el agente que tenga conocimiento de la comisión de alguna de las infracciones contenidas en el mismo y se harán constar en las boletas autorizadas por la Secretaría de Seguridad Pública, las cuales para su validez deberán contener: I. Fundamentos jurídicos: Señalar los preceptos de este reglamento y en su caso las demás disposiciones jurídicas aplicables a la infracción cometida y a la sanción impuesta, precisando los artículos, y en su caso las fracciones, incisos o párrafos; II. Motivación. El señalamiento de los siguientes datos: a) Día, hora y lugar en que se cometió la conducta infractora. b) Nombre y domicilio del infractor, salvo que no esté presente o se niegue a proporcionarlos. c) Marca, tipo, color, placas, y en su caso número del permiso para circular del vehículo. d) En su caso, número y tipo de licencia o permiso de conducir. e) Infracción cometida y sanción impuesta. III. Nombre, número de placa y firma del agente que imponga la sanción, y IV. En su caso, la firma del infractor. La falta de ésta no invalida la boleta.’. Por tal motivo, pretender acreditar una infracción al Reglamento de Tránsito con testigos, con tener a la vista y dar fe del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con lo expresado en el dictamen pericial de tránsito terrestre, y aun con la declaración del infractor, se violan las garantías del procesado, pues únicamente los agentes de tránsito están autorizados para determinar si se violó o no el reglamento y a expedir la boleta de infracción correspondiente, la cual debe llenar los requisitos a que alude el mencionado reglamento, lo cual conduce a fincar correctamente la seguridad jurídica necesaria para integrar los elementos del tipo delictivo de que se trata. Al resultar fundado el agravio expresado, procede revocar en lo impugnado la sentencia a revisión, para conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, debiendo la autoridad responsable dejar sin efecto el auto de formal prisión reclamado y ordenar la libertad del quejoso con las reservas de ley, pues con las pruebas obtenidas en la averiguación previa no se justifica el cuerpo del delito ataques a las vías de comunicación, previsto en el artículo 171, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, esto es, que se carece de elementos para procesar al quejoso."

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito sostuvo idénticas consideraciones en los amparos en revisión 7086/2000, 2476/2000, 356/2001 y 1226/2001, resueltos el treinta y uno de enero de dos mil uno, veintiocho de febrero de dos mil uno, diecisiete de septiembre de dos mil uno, y treinta y uno de octubre de dos mil uno, así como en el amparo en revisión 2006/2001 y el amparo directo 1976/2001, de treinta y uno de enero de dos mil dos, y treinta y uno de agosto de dos mil uno, respectivamente.

Las consideraciones sostenidas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito dieron origen al siguiente criterio:

"Novena Época

"Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIV, diciembre de 2001

"Tesis: I.6o.P. J/2

"Página: 1487

"ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN. AGENTES DE TRÁNSITO, AUTORIZADOS PARA DETERMINAR SI SE VIOLÓ EL VIGENTE REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO FEDERAL Y EXPEDIR LA BOLETA DE INFRACCIÓN. Para que se integre el delito de ataques a las vías de comunicación, previsto en la fracción II del artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal, es indispensable que el activo conduzca un vehículo en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes y cometa alguna infracción al Reglamento de Tránsito, cuya boleta debe ser expedida por un agente de tránsito, único autorizado conforme al reglamento respectivo. Por tanto, pretender acreditar una infracción al citado reglamento con testigos, con tener a la vista y dar fe del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, con lo expresado en el dictamen pericial de tránsito terrestre, y aun con la declaración del infractor, viola las garantías del procesado, pues únicamente los agentes de tránsito están autorizados para determinar si se violó o no el reglamento y a expedir la boleta de infracción correspondiente, la cual debe llenar los requisitos a que alude el mencionado reglamento, en sus artículos 56 y 57, lo que conduce a la necesidad jurídica de integrar debidamente los elementos del tipo delictivo de que se trata.

"Amparo en revisión 2106/2000. 31 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretaria: Gloria Rangel del Valle.

"Amparo directo 7086/2000. 31 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: Silvia Lara Guadarrama.

"Amparo en revisión 2476/2000. 28 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretaria: Paula María Luisa Cortés López.

"Amparo en revisión 356/2001. 17 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: María del Carmen Villanueva Zavala.

"Amparo en revisión 1226/2001. 31 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano."

QUINTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la jurisprudencia siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el recurso de revisión 1072/2001 y amparo directo 3362/2001, interpretando sistemáticamente la fracción II del artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal y robusteciendo su postura citando la tesis sustentada por la Primera Sala, cuyo rubro es: "VÍAS DE COMUNICACIÓN, ATAQUES A LAS. CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN ESTADO DE EBRIEDAD, ETC.", consideró que para acreditar el cuerpo del delito de ataques a las vías de comunicación, tal como lo prevé la fracción II del artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal, es necesario que el sujeto activo del delito cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación, al manejar vehículos de motor en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes. Consideró, a su vez, que aun cuando la boleta de infracción es el medio idóneo para la acreditación de la infracción cometida, este documento no es el único medio a través del cual sea susceptible de demostrarse la infracción a los Reglamentos de Tránsito. Además de que si la boleta de infracción fuese el único medio para acreditar la infracción contra los reglamentos de tránsito y circulación, implicaría supeditar la aplicación de la sanción que corresponde a una conducta delictiva, a la acción u omisión de la autoridad administrativa, lo que va en contra de los fines del derecho punitivo.

Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los recursos de revisión 2106/2000, 7086/2000, 2476/2000, 356/2001, 1226/2001, 2006/2001 y el amparo directo 1976/2001, estableció que para acreditar el cuerpo del delito de ataques a las vías de comunicación, tal como lo prevé la fracción II del artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal, es indispensable que obrara dentro del proceso la boleta de infracción al Reglamento de Tránsito, expedido por la autoridad competente para ello. Siendo, la boleta, uno de los elementos constitutivos del delito, necesario para que encuadre la conducta penal al tipo que marca el código sustantivo en comento.

De los criterios sostenidos por los órganos jurisdiccionales, se obtiene que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito considera, de la interpretación sistemática del artículo 171, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, que la boleta de infracción no es el único medio a través del cual sea susceptible de demostrarse la infracción a los reglamentos de tránsito y circulación, para que pueda acreditarse el delito de ataques a las vías de comunicación.

En tanto que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el mismo supuesto que el anterior, estima que para que se acredite el delito de ataques a las vías de comunicación es necesaria la boleta de infracción a los reglamentos, debidamente emitida por la autoridad administrativa autorizada para ese efecto.

De lo expuesto se advierte:

a) Que al resolver asuntos similares puestos a su consideración, los órganos colegiados examinaron la misma cuestión jurídica, es decir, si para efectos de acreditar el delito de ataques a las vías de comunicación que prevé el artículo 171, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, la boleta de infracción es el único medio a través del cual puede demostrarse la infracción a los Reglamentos de Tránsito, o bien, puede utilizarse algún otro medio de convicción.

b) Que la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones de las resoluciones y tesis respectivas.

c) Que los criterios provienen del examen de los mismos elementos, pues los Tribunales Colegiados, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 171, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, arribaron a diferentes conclusiones.

De todo lo que se lleva dicho se llega a la conclusión de que en este caso sí existe contradicción de tesis, en el punto terminal, como quedó apuntado con anterioridad.

No es obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que uno de los criterios en contraposición no constituya jurisprudencia, porque los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.

En relación con este punto cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, que es la siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"Página: 77

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.

"Contradicción de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 5 de junio de 1995. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.

"Contradicción de tesis 32/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 6 de julio de 1998. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.

"Contradicción de tesis 37/98. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 8 de junio de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández.

"Contradicción de tesis 55/97. Entre las sustentadas por el Sexto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Benito Alva Zenteno.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."

SEXTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de las consideraciones siguientes:

Como quedó expuesto en su oportunidad, el tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a determinar si la boleta de infracción a los reglamentos de circulación y tránsito de vehículos, es o no el único elemento probatorio idóneo para acreditar el delito de ataques a las vías de comunicación, o bien, si puede acreditarse con otros elementos de prueba, lo que implica interpretar el artículo 171, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal.

En atención a lo anterior, en primer lugar resulta necesario transcribir el artículo 171 del Código Penal para el Distrito Federal, vigente en el momento en el que los Tribunales Colegiados emitieron sus resoluciones, que a la letra dice:

"Artículo 171. Se impondrán prisión hasta de seis meses, multa hasta de cien pesos y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejador:

"I. (Derogada, D.O. 30 de diciembre de 1991).

"II. Al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación al manejar vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponda si causa daño a las personas o las cosas."

El precepto transcrito alude a los elementos constitutivos del delito de ataques a las vías de comunicación y que para que se integre es necesario que el manejador, encontrándose en "... estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación al manejar vehículos de motor ...".

Una interpretación literal del precepto mencionado conduce a considerar que son necesarios dos supuestos para que se integre el delito de ataques a las vías de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17359-9a89a38c/ataques-a-las-vias-de-comunicacion-la-boleta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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