Corpus
Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17416
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RP. 1596/2001, promovido por Rosario Sánchez Peláez, el catorce de noviembre de dos mil uno, en lo que interesa para la presente contradicción, establecen:

"QUINTO. Son esencialmente fundados los agravios transcritos. El artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal literalmente dice: ‘Artículo 21.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 68 del Acuerdo A/003/99, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, textualmente señala: ‘Artículo 68.’ (se transcribe). De los autos que integran el juicio de garantías en cuestión, se advierte que el treinta y uno de enero del año en curso, el agente del Ministerio Público titular de la Unidad Investigadora Número Uno de la Septuagésima Cuarta Agencia Investigadora del Ministerio Público en lo Civil, propuso el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FPC/74/046/99-09, determinación que fue notificada mediante cédula a Rosario Sánchez Peláez, el nueve de marzo del año en cita, en el domicilio que señaló para tal efecto en su demanda de garantías. Mediante escrito recibido el veintiséis de marzo del año que transcurre, el autorizado de la quejosa presentó ante la Fiscalía de Procesos del Ministerio Público en lo Civil de la Septuagésima Cuarta Agencia Investigadora un escrito y anexo a través del cual se inconformó contra la determinación de inejercicio de la acción penal. De igual forma, se aprecia que el tres de abril del año dos mil uno, el fiscal de Procesos del Ministerio Público en lo Civil confirmó el acuerdo del no ejercicio de la acción penal propuesto por el órgano investigador, al resultar extemporánea la inconformidad expuesta por el autorizado de la parte quejosa, en virtud de que el término para tal efecto transcurrió del nueve al veintitrés de marzo del año en curso. En este contexto, resultan esencialmente fundados los agravios expuestos por la parte recurrente, en virtud de que el Juez de amparo apreció incorrectamente las pruebas conducentes a demostrar el acto reclamado, con lo cual violó el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia. En efecto, como lo aduce la inconforme, los preceptos transcritos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y del Acuerdo A/003/99 del titular de dicha institución, establecen que el término de diez días para inconformarse sobre la determinación de inejercicio de la acción penal es a partir de su notificación, sin que para ello exista remisión al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Consecuentemente, si la notificación a la quejosa Rosario Sánchez Peláez tuvo lugar el nueve de marzo del año que transcurre, el término para inconformarse transcurrió del nueve al veintitrés del mes y año en cita, como acertadamente lo precisa la parte inconforme, de modo que si el escrito de inconformidad fue presentado el veintiséis de marzo de ese año, es evidente su extemporaneidad; por ello, fue legal el proceder del fiscal de Procesos del Ministerio Público a declarar desierto el recurso intentado por el autorizado de la parte quejosa. Ahora bien, en relación con los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 63 y 64 del Acuerdo A/003/99 del titular de dicha institución y 57 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que transcribió el Juez de amparo en la sentencia que se revisa, como lo alega la recurrente, devienen inaplicables para determinar el momento a partir del cual surtió efectos la notificación a la quejosa sobre el no ejercicio de la acción penal, en virtud de que la remisión que hacen al código adjetivo, con excepción del último de los numerales, es exclusivamente en cuanto a las formalidades que se deben observar en las notificaciones, al referirse a la forma en que deben darse a conocer las resoluciones de ejercicio de la acción penal relativas a delitos graves y no graves. Por tal motivo, en el caso a estudio resulta inaplicable la tesis que invocó el Juez de amparo en la sentencia materia de revisión, pues al margen de que se trata de un criterio aislado, no es aplicable a la normatividad que regula el plazo para inconformarse sobre la determinación de no ejercicio de la acción penal, toda vez que existen actos jurídicos que surten sus efectos desde el momento de su notificación, como en el caso que nos ocupa. En este contexto, procede revocar en lo impugnado la sentencia materia de revisión y, consecuentemente, negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Rosario Sánchez Peláez contra el acto reclamado al fiscal de Procesos del Ministerio Público en lo Civil de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, consistente en la determinación de tres de abril del año en curso, a través de la cual confirmó la propuesta del no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FPC/74/46/99-09."

Se estima conveniente no transcribir las consideraciones vertidas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RP. 2736/2001, promovido por José Antonio Peralta García, el veintiocho de febrero de dos mil dos, en atención a que son esencialmente similares a las emitidas en el amparo en revisión RP. 1596/2001, que se acaban de transcribir.

Por otra parte, al resolver el amparo en revisión RP. 2766/2001, promovido por Carmen Ramírez de Arellano y Escandón de Orvañanos y Carmen Orvañanos Ramírez de Arellano, el veinte de marzo de dos mil dos, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó, en lo que interesa a la presente contradicción, lo siguiente:

"CUARTO. Los agravios que quedaron transcritos resultan infundados por las razones que enseguida se precisarán. En principio, del análisis de la sentencia de amparo materia del presente recurso se llega a conocer, a pesar de que el recurrente no expuso argumentos en este sentido, que el Juez de Distrito la pronunció con estricto apego a lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, ya que en la misma se ocupó únicamente de las quejosas, limitándose a negarles el amparo que solicitaron, sin hacer declaración general respecto del acto de autoridad que la motivó, vertió los argumentos y fundamentos legales en que se apoyó para decretar la constitucionalidad de aquél y determinó en los puntos resolutivos, en forma concreta, que negaba a las promoventes la protección constitucional que solicitaron, además que apreció el acto reclamado tal como quedó probado ante el Ministerio Público señalado como responsable. Por otro lado, es infundado lo que alega el apoderado legal de las quejosas recurrentes, en el sentido de que le asiste la razón cuando aduce que la consideración del Ministerio Público responsable para considerar extemporánea la inconformidad que planteó contra la resolución del no ejercicio de la acción penal, es incongruente y contradictoria, puesto que si durante la averiguación previa relativa, en lo relativo a notificaciones y situaciones (sic), aplicó el Código de Procedimientos Penales, igualmente lo debió aplicar en lo relativo a la forma de computar el término de diez días para plantear el recurso mencionado, previsto en los artículos 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 68 del Acuerdo A/003/99 del procurador general de Justicia del Distrito Federal, pues dichos preceptos no señalan claramente la forma en que debe computarse el lapso de que se trata, por lo que si tales ordenamientos no contienen apartado especial de notificaciones, se debió recurrir en forma supletoria al código adjetivo señalado, que en el precepto 57 establece que los plazos son improrrogables y empiezan a correr al día siguiente de la fecha de notificación. De los autos que integran el juicio de garantías del que deriva el presente recurso de revisión, se advierte que el día primero de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, el titular de la Unidad Investigadora Número Cinco del Ministerio Público en lo Civil, emitió resolución en la que propuso el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa DGSP/29/99-03, integrada con motivo de la querella que formularon Carmen Ramírez de Arellano y Escandón de Orvañanos y Carmen Orvañanos Ramírez de Arellano en contra de ... por el delito de falsificación de documentos. Asimismo, de autos se advierte que la encargada del despacho de la Septuagésima Cuarta Agencia Única Investigadora del Ministerio Público en lo Civil, resolvió confirmar la propuesta aludida, en resolución que se notificó al apoderado de las quejosas el día veintidós de junio del año dos mil. Del expediente también se llega a conocer que Jorge Belmont Hernández, apoderado de las quejosas señaladas, en escrito que presentó ante la autoridad responsable el día seis de julio del año dos mil, interpuso inconformidad en contra de la resolución de que se trata, mismo que acordó el fiscal de Procesos del Ministerio Público en lo Civil, en el sentido de declarar desierto dicho recurso, por haberlo interpuesto extemporáneamente, en virtud de que el término para hacerlo valer transcurrió del día veintidós de junio del año dos mil al cinco de julio del mismo año. En tal virtud, en contra de lo que aduce el inconforme, como los preceptos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y del Acuerdo A/003/99 del titular de dicha institución, a que antes se aludió, establecen que el término de diez días para inconformarse sobre la determinación del no ejercicio de la acción penal, debe computarse a partir de la notificación de la resolución que así lo determine, en el caso y como se estimó en el acto reclamado, dicho lapso concluyó sin que el interesado lo hiciera valer oportunamente. Siendo inexacto, como lo pretende el recurrente, que la autoridad responsable debió remitirse a las reglas del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, relativas a la forma en que deben computarse los plazos para determinar el momento a partir del cual surten efectos las notificaciones a las quejosas, respecto de la resolución que reclaman en el presente juicio de garantías, relativa al no ejercicio de la acción penal, en virtud de que al existir disposiciones expresas en ese sentido en los ordenamientos legales aplicados para hacer el cómputo de que se trata, no se hace necesaria la aplicación supletoria del código adjetivo señalado o de algún otro ordenamiento, puesto que en todo caso y como lo expuso atinadamente el Juez Federal, en la sentencia a estudio, hasta en tanto no se plantee vía jurisdiccional de constitucionalidad, la superioridad jerárquica de los preceptos del ordenamiento adjetivo en cuestión, respecto de los otros ordenamientos de que se trata, aquéllos norman la tramitación que debe darse a la notificación de las resoluciones que emite el Ministerio Público en una averiguación previa, en las que resuelve el no ejercicio de la acción penal, así como respecto del cómputo sobre los términos para inconformarse contra éstas, como lo consideró en el caso el Juez de amparo. De la misma manera es infundado lo que alega el recurrente, en el sentido de que el término para promover la inconformidad que se declaró desierta debió computarse por horas, pues el reglamento y el acuerdo que rigen las notificaciones relativas al acto reclamado no lo disponen en este sentido, de ahí que si fue notificado de la misma el día veintidós de junio del año dos mil, al seis de julio siguiente en que promovió la inconformidad de que se trata, transcurrieron once días, plazo mayor al que le otorgan los ordenamientos legales señalados y por lo mismo resultó correcta la consideración del Ministerio Público responsable de declarar desierta dicha inconformidad."

La tesis aislada emitida por ese órgano jurisdiccional, integrada sólo con la primera de las ejecutorias transcritas, es del tenor siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XV, marzo de 2002

"Tesis: I.6o.P.32 P

"Página: 1280

"ACCIÓN PENAL. EN EL TÉRMINO PARA INCONFORMARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN SOBRE SU NO EJERCICIO, DEBE ATENDERSE A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 21 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y 68 DEL ACUERDO A/003/99 EMITIDO POR EL PROCURADOR. Los artículos 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 68 del Acuerdo A/003/99 emitido por el titular de dicha dependencia, consignan el derecho que tienen los denunciantes, querellantes u ofendidos, de inconformarse contra las resoluciones de no ejercicio de la acción penal, expresando las razones por las cuales se estima improcedente, contando para ello con un término que no podrá exceder de diez días hábiles contados a partir de su notificación. Por consiguiente, es a partir de ese momento que surte sus efectos el acto jurídico de notificación y, por ende, cuando inicia el cómputo del término que la ley confiere al denunciante, querellante u ofendido, para inconformarse contra la resolución de inejercicio de la acción penal; lo anterior es así, en razón de que los dispositivos legales en comento no hacen remisión alguna a las reglas que al respecto contempla el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, sino que la observancia de la normatividad adjetiva es exclusivamente en cuanto a las formalidades que se deben observar en la práctica de las notificaciones, como se desprende de los numerales 17 y 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y los diversos 63 y 64 del Acuerdo A/003/99, emitido por el procurador, preceptos que son de observancia obligatoria, hasta en tanto sea planteado y resuelto el conflicto de normas en función de su jerarquía.

"Amparo en revisión 1596/2001. 14 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando Lozano Soriano."

QUINTO. Por su parte, al resolver el amparo en revisión RP. 220/2002, promovido por Pedro Santana y Galván, el doce de marzo de dos mil dos, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró, en lo que interesa para la presente contradicción, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Es parcialmente fundado el primer motivo de agravio que hace valer el recurrente y suficiente para modificar la sentencia que se revisa ... No obstante, el agravio que se analiza es fundado en la parte en que el recurrente afirma que el Juez de Distrito no ajustó su actuación a los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues no apreció de manera correcta el acto reclamado porque realizó una inexacta interpretación de los artículos 63 y 68 del Acuerdo A/003/99 del procurador general de Justicia del Distrito Federal. Así es, el Juez de Distrito recurrido sostiene en su resolución que el término de diez días hábiles a que se refiere el artículo 68 del Acuerdo A/003/99, para interponer recurso de inconformidad contra la resolución de no ejercicio de la acción penal, debe contarse a partir del mismo día de la notificación, tal como lo expresó la responsable en el acto reclamado, y sostiene su decisión en los siguientes argumentos: a) Que el artículo 57 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal no es aplicable supletoriamente para determinar el momento en que surte efectos la notificación referida en el acuerdo, porque la remisión que el artículo 63 del mismo acuerdo hace al código adjetivo, sólo se refiere a las formalidades que deben regir las notificaciones. b) Que la norma especial establecida en el artículo 68 del acuerdo tiene preeminencia sobre las normas generales del código de procedimientos. c) La notificación realizada de manera personal al denunciante de la resolución de no ejercicio de la acción penal es un acto jurídico que surte efectos desde el momento de su realización y, por tanto, el término para interponer el recurso de inconformidad debe contarse desde el momento mismo de ese acto procesal. Para una mejor comprensión del asunto conviene destacar el contenido de los artículos 63 y 68 del invocado acuerdo del procurador general de Justicia del Distrito Federal: ‘Artículo 63.’ (se transcribe). ‘Artículo 68.’ (se transcribe). Ahora bien, el Acuerdo A/003/99, emitido por el procurador general de Justicia del Distrito Federal, por el que se establecen las Bases y Especificaciones para la Atención y el Servicio a la Población, los Procedimientos y la Organización de las Agencias del Ministerio Público, publicado el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, como de su propia denominación se advierte, tiene por objeto regular la actuación de la representación social en el marco de su fundamental competencia, que es la de investigar delitos, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución General de la República. En esa tarea, el órgano investigador encuentra regida su actuación en las disposiciones de carácter adjetivo que se establecen en el Código de Procedimientos Penales aplicable en el Distrito Federal, porque es en esta ley en donde se prevé el procedimiento correspondiente a la averiguación previa. Desde luego, también en términos de las atribuciones que al titular del Ministerio Público en esta capital confiere la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y su reglamento, los reglamentos o acuerdos expedidos por el procurador son normas de carácter general a cuyo contenido debe someter el Ministerio Público su actuación, siempre que sea acorde con las disposiciones legales vigentes. En este contexto, la circunstancia de que en el artículo 63 del acuerdo en comento se establezca que la notificación de la resolución de no ejercicio de la acción penal debe hacerse en forma personal al interesado ‘de acuerdo con lo previsto en el código procesal’, no significa que exclusivamente para ello deba atenderse al contenido del código adjetivo, pues como ha sido expuesto, todas las diligencias que el Ministerio Público realiza en la averiguación previa deben estar sometidas a las normas procesales que para tal efecto emitió el legislador, entre ellas, a aquellas que se refieren a los plazos y términos. Por ello, resulta ser esencialmente fundado y suficiente el agravio que se analiza, a fin de revocar la sentencia del Juez de Distrito en cuanto negó al quejoso el amparo solicitado, porque es evidente que las disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal son aplicables para determinar el momento a partir del cual debió computarse el término de diez días que el artículo 68 del multicitado acuerdo establece para inconformarse con la determinación de no ejercicio de la acción penal. Sin que en el caso resulte necesario analizar el diverso motivo de agravio que hace valer el recurrente, de conformidad con la jurisprudencia que este órgano comparte, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece publicada en la página 383 del tomo y Apéndice en consulta, que a la letra dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). Consecuentemente, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que procede es analizar el acto reclamado, de acuerdo con los conceptos de violación que al respecto esgrimió el peticionario de garantías, a pesar de que el Juez de Distrito se haya hecho cargo de ellos en la sentencia recurrida, pues a juicio de este Tribunal Colegiado su análisis fue incorrecto. OCTAVO. En su escrito original de demanda, el quejoso hizo valer como conceptos de violación, entre otros, el que a continuación se transcribe (se transcribe). NOVENO. Es sustancialmente fundado el concepto de violación que hace valer el peticionario del amparo. En efecto, de las constancias que integran la averiguación previa 53/694/00-05, cuya copia certificada fue remitida al rendir informe justificado por el fiscal para Asuntos Especiales en funciones de fiscal especial para la Atención de Delitos Fiscales, se advierte que: a) Mediante escrito recibido el siete de mayo de dos mil, por el agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación Número Tres, sin detenido, de la Agencia Investigadora Número 53 de la Delegación Álvaro Obregón, Pedro Santana y Galván presentó denuncia de hechos, probablemente constitutivos de diversos delitos contra ... b) Desahogadas diversas diligencias ministeriales, por resolución del seis de junio de dos mil uno, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para Asuntos Especiales en funciones de fiscal especial para la Atención de los Delitos Fiscales, propuso el no ejercicio de la acción penal ‘debido a que los hechos que motivaron la denuncia no son constitutivos del delito de uso de documento falso en materia fiscal y los medios de prueba desahogados son insuficientes para acreditar el cuerpo de los delitos de falsificación en materia fiscal y defraudación fiscal, después de haberse agotado todas y cada una de las diligencias necesarias’. c) El catorce de junio siguiente, a las diecisiete horas, el denunciante Pedro Santana y Galván fue notificado en forma personal del acuerdo que antecede. d) El veintiocho de junio del mismo año, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de la fiscalía para asuntos especiales, el denunciante interpuso recurso de inconformidad contra la propuesta de no ejercicio de la acción penal. e) Finalmente, el nueve de julio de dos mil uno, el fiscal para Asuntos Especiales en unciones de fiscal especial para la Atención de los Delitos Fiscales emitió la resolución que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo que se revisa. De lo anterior se advierte que el fiscal responsable violó en perjuicio del quejoso Pedro Santana y Galván, la garantía de legalidad que en favor de todo gobernado establece la Constitución Federal, porque al concluir que el recurso de inconformidad planteado por el mencionado denunciante era extemporáneo, no observó correctamente el contenido del artículo 68 del Acuerdo A/003/99 del procurador general de Justicia capitalina, de cuya simple lectura se desprende que el cómputo del término de diez días para inconformarse con la propuesta de no ejercicio de la acción penal debe empezar a contarse a partir del día siguiente de la fecha en que se haya notificado personalmente tal acuerdo, porque esta conclusión deriva no sólo de la interpretación literal del precepto, sino de su legal vinculación con el numeral 57 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, en el que se establece que los plazos ‘empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación’, disposición que, en términos de lo expuesto en el considerando séptimo de esta ejecutoria, es aplicable y rige para determinar el momento a partir del cual debe comenzar a correr el término de diez días establecido en el diverso artículo 68 del acuerdo, en tanto se encuentra prevista dentro del capítulo que establece las reglas generales que regulan la actuación del Ministerio Público y los tribunales en el procedimiento penal, de donde se sigue que cuando el representante social actúa en una averiguación previa, todos sus actos deben estar, en última instancia, normados por el mencionado código procesal. No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que el artículo 68 del acuerdo en comento establezca que el término para inconformarse ‘no podrá exceder de 10 días hábiles contados a partir de su notificación’, pues cuando se confiere el derecho de interponer un recurso y el término para hacerlo se establece en días hábiles, es evidente que no puede contarse como primer día el mismo en el que se realiza la notificación, porque independientemente de la hora hábil en que dicha diligencia sea efectuada y de que, en efecto, desde el momento en que es realizada la notificación tiene plenos efectos jurídicos, ese día ya se encuentra transcurriendo y, por tanto, no puede lógicamente contar como un día hábil (completo), en perjuicio de la parte agraviada. Tampoco escapa a la consideración de este tribunal el hecho de que el citado artículo 68 del acuerdo se refiera a un término y no a un plazo, porque para concluir que en efecto se trata de un término, no basta con nombrarlo así, dado que si se estuviera ante un término en sentido estricto, el que, por tanto, debiera ser computado ‘por día y por hora’, como lo establece el artículo 58 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, en la norma respectiva debieron preverse las horas de su vencimiento, pero como se confieren días hábiles, no es posible arribar a esa interpretación. Así, carece de toda razón la autoridad responsable al establecer que el término de diez días comenzó a correr, en perjuicio del aquí peticionario del amparo, justamente el día catorce de junio de dos mil uno, en que le fue notificada de manera personal la propuesta de no ejercicio de la acción penal, precisamente porque el día catorce mencionado se encontraba transcurriendo e, inclusive, casi fenecía (en tanto la notificación fue realizada a las diecisiete horas), de manera que no podía contarse como un día hábil del término de diez días conferido por el acuerdo, por lo que al concluirlo así, la responsable realizó una indebida interpretación y aplicación del invocado artículo 68, que dejó sin defensa al gobernado, cuando lo legal y jurídico era computar dicho término a partir del siguiente día hábil (quince de junio) y concluir que el recurso de inconformidad presentado el veintiocho del mismo mes y año estaba en tiempo. Desde luego, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado el criterio invocado por el Juez de amparo, en el sentido de que el código de procedimientos no es de aplicación supletoria al artículo 68 del acuerdo, porque éste contiene una norma de carácter especial que debe prevalecer sobre la general pues, como se advierte, el principio de que la ley especial priva sobre la general, no resulta en absoluto aplicable, primero porque no se está en el caso de una antinomia o contradicción entre dos proposiciones normativas incompatibles, dado que se trata de disposiciones en todo caso complementarias y, en segundo, porque de ser así, el principio de especialidad sólo es aplicable cuando se está ante dos normas de la misma jerarquía y no, evidentemente, cuando existe contraposición entre una ley y un mero acuerdo, en cuyo caso el problema debe decidirse en favor de la norma de mayor jerarquía, por virtud del principio lex superior derogat inferiori."

SEXTO. Con el propósito de verificar si en el presente caso existe contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la tesis de jurisprudencia siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de t

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17416-9ff7c8a2/accion-penal-el-computo-del-termino-de-diez · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.