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Modo: Corpus Pro

DECRETOS POR LOS QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA PENAL, EXPEDIDOS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIECISIETE Y DIECIOCHO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. NO SON APLICABLES EN EL FUERO COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 85/2001-PS. · Registro digital (IUS): 16991
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, , Pág. 150.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 85/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al fallar el amparo directo 4346/2000, sostuvo el siguiente criterio:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, enero de 2001

"Tesis: I.6o.P.13 P

"Página: 1793

"ROBO DE VEHÍCULO. INDEBIDA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 376 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL POR AUTORIDAD DEL ORDEN COMÚN. La adición del artículo 376 bis del Código Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en vigor al día siguiente, fue exclusivamente en el ámbito federal, pues en esta fecha, conforme al artículo undécimo transitorio al decreto de reformas a la Constitución, de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, el Congreso de la Unión ya no tenía facultad para legislar en materia del orden común, de donde resulta que si un Juez del orden común dictó formal prisión con base en dicho precepto, que sólo lo puede aplicar al juzgar el Poder Judicial de la Federación, carecía de competencia constitucional para aplicar y juzgar con fundamento en una ley federal, con lo cual infringió el artículo 16 constitucional.

"Amparo directo 4346/2000. 15 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Elvia Díaz de León de López. Secretaria: María de la Luz Romero Hernández."

Las consideraciones que informan la tesis antes transcrita, en lo conducente, dicen:

"QUINTO. El concepto de violación relativo a que fue procesado por el artículo 376 bis del Código Penal Federal, y sentenciado por diverso precepto del fuero común, es fundado, suplido en su deficiencia en términos de la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, atento las consideraciones siguientes:

"El primero de julio de mil novecientos noventa y nueve, el Ministerio Público del Fuero Común ejerció acción penal contra ... y otro por el delito de robo calificado, previsto y sancionado por el artículo 370, en relación con el 381 bis del Código Penal.

"El cinco de julio de mil novecientos noventa y nueve, el Juez Sexagésimo Segundo Penal decretó formal prisión a ... por el delito de robo específico (cuando el objeto robado sea un vehículo automotor terrestre que sea objeto de registro conforme a la ley de la materia), previsto en los artículos 367, en relación con el 376 bis, párrafo primero, ambos del Código Penal, delito por el que se siguió la secuela procesal.

"El Ministerio Público, en sus conclusiones acusatorias, pidió se sentenciara a ... por el delito de robo calificado (hipótesis de vehículo estacionado en la vía pública) previsto en los artículos 367 y 381 bis del Código Penal.

"El Juez de la causa, por sentencia de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, condenó al ahora quejoso por el delito de robo calificado (hipótesis de vehículo estacionado en la vía pública).

"Sentencia que fue confirmada por la Décimo Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

"Ahora bien, aun cuando es verdad, como se afirma por la Sala responsable, que no viola garantías la sentencia que condena a un procesado por delito diverso al de la formal prisión, si el Ministerio Público al formular conclusiones cambia la clasificación del delito y el acusado es oído en defensa durante el juicio respecto de la nueva clasificación y se trata de los mismos hechos; sin embargo, en el caso concreto se está ante situación diversa, toda vez que al inculpado se le dictó auto de término constitucional y se le siguió proceso por delito del orden federal, toda vez que el artículo 376 bis, aplicado en dicho auto de formal prisión, se encuentra previsto exclusivamente en el código sustantivo federal.

"En efecto, por decreto publicado en el Diario Oficial de diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve se creó el artículo 376 bis, que a la letra dice:

"'Artículo 376 bis. Cuando el objeto robado sea un vehículo automotor terrestre que sea objeto de registro conforme a la ley de la materia, con excepción de las motocicletas, la pena será de siete a quince años de prisión y de mil quinientos a dos mil días multa.

"'La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad, cuando en el robo participe algún servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o ejecución de penas y, además se le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.'

"En el artículo cuarto transitorio del decreto de diecisiete de mayo citado, se señala: 'Las referencias que en el presente decreto se hagan al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, se entenderán hechas al Código Penal Federal, si es llegado el caso de aprobarse, y en su momento, publicarse la iniciativa por el que se reforman diversas disposiciones en materia penal que el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos envió a la consideración del Congreso de la Unión por conducto del Senado de la República como Cámara de Origen, el 23 de marzo de 1999.'.

"Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, se otorgaron diversas facultades a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal; sin embargo, en el artículo transitorio undécimo se determinó que el Congreso de la Unión conservaría la facultad de legislar en el ámbito del Distrito Federal en materias civil y penal, hasta en tanto se expidieran los ordenamientos de carácter federal correspondientes, momento en el cual correspondería a la Asamblea de Representantes legislar sobre aquellas materias.

"El veintidós de septiembre (sic) de mil novecientos noventa y seis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Constitución, conforme al cual la Asamblea Legislativa tiene la facultad de legislar en materias penal y civil para el Distrito Federal (artículo 122 constitucional, base primera, inciso h).

"Conforme al artículo transitorio undécimo del decreto de reforma, se determinó que la facultad concedida a la Asamblea Legislativa para legislar en materia penal para el Distrito Federal, entraría en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve.

"Como consecuencia de lo anterior, a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve la facultad de legislar en materia penal para el Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en tanto que la facultad para legislar en materia penal en materia federal corresponde al Congreso de la Unión, según se advierte del texto actual del artículo 73, fracción XXI y 122, base primera, inciso h, de la Constitución Federal.

"No obstante lo anterior, el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve existía un solo Código Penal que regía en el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, sin embargo, la unidad del código punitivo era sólo física, ya que jurídicamente a partir de esa fecha se tenían dos Códigos Penales, uno para el Distrito Federal en materia de fuero común, y otro para toda la República en materia de fuero federal.

"Por tanto, las reformas que el Congreso de la Unión hiciera al Código Penal sólo afectarían al Código Penal en materia federal, pero no regirían en materia de fuero común, puesto que constitucionalmente no tenía facultades para ello.

"De igual forma, las reformas que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hiciera al Código Penal, afectarían sólo al fuero común, pues no tendría facultades constitucionales para legislar en materia federal.

"El diecisiete y dieciocho de mayo del año dos mil (sic), se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas al Código Penal, emitidas por el Congreso de la Unión, y como este cuerpo legislativo sólo tiene facultades para legislar en materia penal federal, tales reformas sólo tuvieron aplicación en el Código Penal para toda la República en materia federal, por lo que las mismas no son aplicables al Código Penal en materia de fuero común.

"Lo anterior se corrobora en cuanto a que en el artículo cuarto transitorio de la reforma de diecisiete de mayo, se dice que esa reforma se entiende hecha al Código Penal Federal.

"El diecisiete y treinta de septiembre del año dos mil (sic), se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente, la reforma al Código Penal emitida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la que obviamente sólo tiene aplicación al Código Penal en materia de fuero común para el Distrito Federal, por lo que no tiene repercusión en el Código Penal Federal pues, incluso, tal reforma se llevó a cabo sin que se consideraran las reformas del Código Penal Federal acontecidas el diecisiete y dieciocho de mayo del año dos mil (sic), emitidas por el Congreso de la Unión.

"En conclusión, a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve se tuvieron dos códigos penales, uno para el Distrito Federal en materia de fuero común, y otro para toda la República en materia de fuero federal, sin que tal independencia jurídica se encontrara subordinada a la existencia física de un solo Código Penal.

"Como se advierte de lo anterior, el citado artículo 376 bis, creado por reforma publicada el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en vigor al día siguiente, fue hecha exclusivamente al Código Penal Federal, pues en esta fecha el Congreso de la Unión ya no tenía facultad para legislar en materia penal del orden común; de donde al haber dictado formal procesamiento al ahora quejoso por precepto contenido en una ley federal que sólo la puede aplicar al juzgar el Poder Judicial de la Federación, resulta evidente que el Juez del orden común aplicó un precepto del cual carecía de competencia constitucional para aplicar y juzgar por tratarse de una ley federal, con lo cual infringió el artículo 16 constitucional, violación que obliga a conceder al quejoso la protección constitucional para que la autoridad responsable lo absuelva de la acusación formulada en su contra y ordene su absoluta e inmediata libertad.

"Es aplicable al respecto el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 2799/74, siendo ponente el Ministro Manuel Rivera Silva, publicado a fojas 23, Volumen 71, Segunda Parte, Séptima Época, que a la letra dice: 'COMPETENCIAS FEDERAL Y LOCAL. Si tanto el delito federal como el del orden común, cometidos en actos distintos por el acusado, se encuentran tipificados en un mismo código, el del Distrito Federal, que tanto funciona para el Distrito y Territorios Federales en los delitos del orden común, como en todo el territorio nacional en los delitos del fuero federal, debe decirse que sólo se distinguen los campos de ambos ilícitos por el criterio que señala el artículo 41, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y aun cuando el referido código emana del Congreso de la Unión, sin embargo este órgano legislativo al emitir una ley federal, ejerce funciones de Poder Legislativo federal y cuando emite un Código Penal para el Distrito y Territorios, ejerce funciones de Poder Legislativo local, cuyas leyes sólo rigen en el territorio de esas entidades; por consiguiente, aun cuando es el mismo órgano, ejerce dos funciones constitucionales totalmente diferentes y así las leyes penales federales sólo las puede aplicar, al juzgar, el Poder Judicial de la Federación. También tiene esa carencia los tribunales correspondientes del Distrito y territorios federales; por lo que estos tribunales carecen de competencia constitucional para juzgar de las leyes federales y el Poder Judicial de la Federación también tiene esa carencia para juzgar de las leyes del orden común. El artículo 41, fracción I, de la ley orgánica en cita, es el que da el criterio para distinguir los delitos federales de los locales en el ordenamiento denominado Código Penal para el Distrito y Territorios Federales; por eso era innecesario incluir los incisos a) y c), porque ambos se refieren a casos evidentes de competencia federal y que nunca pueden ser del orden común y que jamás suscitan problemas sobre su naturaleza; los comprendidos en el inciso b) sustancialmente son federales porque no se cometen en el territorio de alguna entidad federativa y respecto a los cometidos en embajadas y legaciones extranjeras, el criterio se fundó en los principios de extraterritorialidad aceptados por el derecho internacional. Así pues, donde sí es necesario el criterio legislativo para diferenciar los dos fueros en los delitos previstos por el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, es en los incisos f), g), h), i) y j) de la fracción mencionada; criterio que se funda, en esencia, en la naturaleza del ofendido, que puede ser la Federación o un empleado federal en funciones; en la calidad del agente (empleado o funcionario federal), y aquellos que se realizan con motivo o en contra de un servicio público federal u obstaculizan el ejercicio de una facultad federal. Ahora bien, este criterio en realidad viene a añadir algunos elementos subjetivos y circunstanciales, a los tipos establecidos por el referido código, por lo que ya no son desde el punto de vista de la tipicidad, los mismos delitos que los del orden común, pues, si bien el núcleo de la conducta es idéntico, su diferencia específica lo son los nuevos elementos que les añade la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y que con ello viene a modificar el tipo y el delito. Consecuentemente, cuando un tribunal federal aplica una ley del orden común, carece de competencia constitucional para hacerlo y con ello viola el artículo 16 constitucional y además aplica una pena que no está decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que trata, en cuya virtud, también se viola el artículo 14 constitucional.'.

"En estas condiciones siendo fundado el concepto de violación, suplido en su deficiencia, debe concederse al quejoso la protección constitucional solicitada, debiendo la Sala sentenciadora dejar sin efectos la sentencia reclamada y pronunciar otra en la que, revocando la de primera instancia, absuelva al quejoso con base en lo considerado en esta ejecutoria."

QUINTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 385/2000, sostuvo el siguiente criterio:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: I.1o.P.71 P

"Página: 1044

"COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL DISTRITO FEDERAL. LAS REFORMAS AL CÓDIGO PENAL FEDERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 Y 18 DE MAYO DE 1999, TAMBIÉN RESULTAN APLICABLES A LA MATERIA DE SU CONOCIMIENTO, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE ESE MISMO AÑO. De la interpretación de las reformas legales realizadas al Código Penal Federal a través de decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, de fechas diecisiete y dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se concluye que su aplicación también comprende al ámbito de competencia de los tribunales locales del Distrito Federal, en razón de que a partir de esa fecha, y hasta el treinta de septiembre de ese mismo año, no existió un Código Penal exclusivo para el Distrito Federal en el que se hubiera separado la materia de su conocimiento; consecuentemente, la citada ley sustantiva penal federal, aunque única e indivisible, no perdió su carácter ambivalente, aplicándose por tanto, también en la capital del país, en virtud del régimen de transitoriedad del decreto de reformas constitucionales de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, en vigor al día siguiente. En efecto, a través del decreto antes citado, el Poder Revisor de la Constitución reformó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, introduciendo modificaciones al artículo 122 para definir las nuevas condiciones y características del gobierno de la capital de los Estados Unidos Mexicanos; de tal manera que la Legislatura Local del Distrito Federal a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, en los términos del régimen de transitoriedad de la aludida reforma constitucional, se encontraba obligada a legislar, entre otras materias, en las relativas al marco normativo civil y penal, en el entendido de que hasta en tanto los órganos legislativos del Distrito Federal no expidieran los ordenamientos legales correspondientes, los dispositivos legales que en ese momento se encontraban en vigor seguirían vigentes, lo cual aconteció hasta el primero de octubre de ese mismo año. Así las cosas, si bien es cierto que de la lectura de los referidos decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación durante mayo de mil novecientos noventa y nueve, podría considerarse que tales reformas sólo resultan aplicables tratándose de delitos del orden federal, ya que sus artículos transitorios solamente hacen alusión a la materia penal federal, también lo es que tal circunstancia no significa la consiguiente exclusión de la materia común, de su contenido, cuyo conocimiento corresponde a los tribunales del Distrito Federal, porque esto implicaría que durante tal temporalidad no hubiera habido ley sustantiva penal para la Ciudad de México, y la posibilidad de que por ello no fuese posible perseguir conducta alguna en el plano local sin violar flagrantemente el principio de legalidad contenido en el artículo 14 de la Constitución, lo cual a todas luces resulta inaceptable; lo anterior, porque no puede sostenerse que en el caso concreto a partir de que el Congreso de la Unión hizo la declaratoria respecto de la existencia del Código Penal Federal, en el decreto del dieciocho de mayo antes citado, automáticamente surgió uno para el Distrito Federal, toda vez que eso equivaldría a afirmar que en ese momento se encontraban vigentes dos códigos, uno federal y otro para el Distrito Federal, sin que pudiera hablarse de tal duplicidad, porque el del Distrito Federal no pudo haber tenido existencia, al no haberse originado en las facultades legislativas de la Asamblea del Distrito Federal. Lo antes expuesto resulta más comprensible si se toma en cuenta que tampoco puede afirmarse que habiendo un mismo código las aludidas reformas de mayo de mil novecientos noventa y nueve, sólo resultaban aplicables en materia federal y no en materia común, según sea el caso, en razón de que sería absurdo hablar de dos artículos, por ejemplo el 381 bis, en un mismo código, cada uno con un texto diferente, o de un artículo con dos textos diversos, o de un mismo código con dos nombres diferentes. Ahora bien, no constituye impedimento a lo señalado, el contenido del Decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común, expedido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en vigor a partir del primero de octubre siguiente, que hace referencia a que se tendrá como Código Penal para el Distrito Federal al que anteriormente estuvo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, es decir, la anterior ley sustantiva penal, sin las precitadas reformas de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en atención a que el citado decreto entró en vigor con posterioridad a las aludidas reformas, es decir, a partir del primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve, tal y como lo establece el primer artículo transitorio de dicho decreto, por lo que no puede tener efectos retroactivos en perjuicio del gobernado. En conclusión, las reformas contenidas en los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete y dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve a la ley sustantiva penal, resultan aplicables a la materia de competencia de los tribunales del Distrito Federal, toda vez que dichas reformas cobran aplicación también en materia del fuero común, en virtud del décimo tercer transitorio del decreto de reformas constitucionales de mil novecientos noventa y seis, que prorroga la vigencia del ordenamiento penal anterior, y trae como consecuencia que éste no haya perdido su carácter ambivalente, lo cual aconteció hasta el treinta de septiembre de ese mismo año, toda vez que el día siguiente entró en vigor el Código Penal para el Distrito Federal, mismo que adoptó el texto del código anterior.

"Amparo directo 385/2000. 13 de octubre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Erik Zabalgoitia Novales."

Las consideraciones que informan la tesis antes transcrita, en lo conducente, dicen:

"QUINTO. ...

"Ahora bien, en otro orden de ideas, y supliendo en su deficiencia los conceptos de violación de acuerdo con el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, este tribunal advierte que no resulta aplicable la calificativa a que alude la sentencia reclamada, prevista en el artículo 381 bis (hipótesis de automóvil estacionado en la vía pública) del Código Penal, por la que también acusó el Ministerio Público, toda vez que dicho precepto legal no se encontraba vigente en la época en que aconteció el evento delictivo.

"En efecto, el artículo 381 bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, en vigor hasta el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, disponía:

"'Artículo 381 bis. Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los artículos 370 y 371 deben imponerse, se aplicarán de tres días a diez años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que están fijos en la tierra, sino también los movibles, sea cual fuere la materia de que estén construidos. En los mismos términos se sancionará al que se apodere de cualquier vehículo estacionado en la vía pública o en lugar destinado a su guarda o reparación; o al que se apodere en campo abierto o paraje solitario de una o más cabezas de ganado mayor o de sus crías. Cuando el apoderamiento se realice sobre una o más cabezas de ganado menor, además de lo dispuesto en los artículos 370 y 371, se impondrán hasta las dos terceras partes de la pena comprendida en este artículo.'

"No obstante lo anterior, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron diversas disposiciones legales en materia penal, en vigor al día siguiente de su publicación, se modificó el artículo 381 bis del ordenamiento en cita, para quedar de la siguiente forma:

"'Artículo 381 bis. Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los artículos 370, 371 y 372 deben imponerse, se aplicarán de tres días a diez años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los movibles, sea cual fuere la materia de que estén construidos, así como en aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales. En los mismos términos se sancionará al que robe en campo abierto o paraje solitario una o más cabezas de ganado mayor. Cuando el robo se realice sobre una o más cabezas de ganado menor, además de lo dispuesto en los artículos 370, 371 y 372, se impondrán hasta las dos terceras partes de la pena comprendida en este artículo.'

"Así, de las anteriores transcripciones se constata que a partir del dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, el artículo 381 bis del código sustantivo aplicable dejó de prever como calificativa del delito de robo, el que el objeto del apoderamiento fuere cualquier vehículo estacionado en la vía pública o en lugar destinado a su guarda o reparación; por tanto, si de autos se advierte que los hechos delictuosos imputados al quejoso ... ocurrieron el cuatro de julio de mil novecientos noventa y nueve, es decir, con posterioridad a la aludida reforma, es inconcuso que en la especie el Juez responsable no debió aplicar en la sentencia reclamada la calificativa en cita, ni imponer pena alguna por lo que a ella se refiere, al no encontrarse vigente el precepto que la contemplaba; en consecuencia, las consideraciones precedentes permiten concluir que el actuar de la responsable viola en perjuicio del quejoso la garantía de exacta aplicación de la ley penal, prevista en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional.

"No es obstáculo a la anterior determinación el contenido del artículo cuarto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra dice: 'Cuarto. Las referencias que en el presente decreto se hagan al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, se entenderán hechas al Código Federal Penal, si es llegado el caso de aprobarse, y en su momento, publicarse la iniciativa por el (sic) que se reforman diversas disposiciones en materia penal que el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos envió a la consideración del Congreso de la Unión por conducto del Senado de la República como Cámara de Origen, el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve.'; así como lo dispuesto por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que también reforma diversas disposiciones en materia penal, y que modificó la redacción del artículo 1o. de la ley sustantiva penal, que pasó a decir: 'Este código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal.'.

"En efecto, no pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado que en los términos en que vienen redactados los artículos de los decretos antes transcritos, podría suponerse que las reformas que contienen sólo tuvieron efectos en él ámbito de competencia de los tribunales federales, excluyéndose de su aplicación aquellos casos cuyo conocimiento correspondiera a los tribunales del orden común en el Distrito Federal; por lo que en tal caso el artículo 381 bis antes mencionado, sí contemplaría como calificativa del delito de robo el que el objeto del apoderamiento fuere cualquier vehículo estacionado en la vía pública o en lugar destinado a su guarda o reparación.

"Sin embargo, la referencia que hace el cuarto transitorio del decreto en cita, en relación con que las aludidas reformas que contiene el decreto sólo serán aplicables en materia federal, resulta ineficaz para excluir su aplicación en el ámbito local, por lo que cobran plena vigencia en la materia de competencia del Distrito Federal, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

"Ciertamente a través de diverso decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, en vigor al día siguiente, el Poder Revisor de la Constitución reformó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, introduciendo reformas al artículo 122, para definir las nuevas condiciones y características del gobierno de la capital de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de dichas reformas se reconoce que el Distrito Federal contará, entre sus autoridades locales, con una Asamblea Legislativa, esto es, un Parlamento o Legislatura Local, que con base en el principio de representación popular tiene facultades para legislar en materias específicas a la luz de lo dispuesto en el artículo 124 de la propia Constitución, que previene el llamado principio de distribución de competencias.

"Ahora bien, el referido artículo 122 constitucional, en su base primera, fracción V, inciso h, dispone:

"'...V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

"'...

"'h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y Registro Público de la Propiedad y de Comercio.'

"En relación con las anteriores facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los artículos decimoprimero y decimotercero transitorios del referido decreto de reformas constitucionales, señalan:

"'Decimoprimero. La norma que establece la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materias civil y penal para el Distrito Federal entrará en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve.'

"'Decimotercero. Todos los ordenamientos que regulan hasta la fecha a los órganos locales en el Distrito Federal seguirán vigentes en tanto no se expidan por los órganos competentes aquellos que deban sustituirlos conforme a las disposiciones y las bases señaladas en este decreto.'

"De tal manera que la Legislatura Local del Distrito Federal, a partir de enero de mil novecientos noventa y nueve, en los términos del régimen de transitoriedad de la ya mencionada reforma constitucional de mil novecientos noventa y seis, estaba obligada a legislar, entre otras materias, en las relativas al marco normativo civil y penal, en el entendido de que hasta en tanto los órganos locales del Distrito Federal no expidieran los ordenamientos legales correspondientes, los dispositivos legales que en ese

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16991-a511e7df/decretos-por-los-que-se-reforman-diversas-disposiciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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