ORDEN DE COMPARECENCIA. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO, PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS, PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 124 BIS, 130, 136 Y 138 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante oficio 1292/2006-ST de catorce de julio de dos mil seis, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver en sesión de seis de julio de dos mil seis, el recurso de queja QP. 232/2006, en la parte conducente de sus consideraciones señaló lo siguiente:
"QUINTO. Son fundados en parte e infundados en otra, los agravios que hace valer el recurrente. En efecto, contrario a lo que se sostiene en el auto recurrido, la orden de comparecencia reclamada, sí afecta la libertad del solicitante del amparo. Así lo ha sostenido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia compilada bajo el número doscientos veintinueve, consultable en la página ciento sesenta y nueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, que a la letra dice: ‘ORDEN DE COMPARECENCIA. DEBE ESTUDIARSE SU CONSTITUCIONALIDAD AUN CUANDO EL QUEJOSO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.’ (se transcribe). En tales condiciones, a criterio de este Tribunal Colegiado, la ejecución de la orden de comparecencia reclamada sí puede ocasionar al impetrante de garantías daños de difícil reparación, precisamente porque implica la restricción del derecho fundamental de la libertad personal, lesión que sería de carácter irreparable, ya que ni siquiera la concesión del amparo podría volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación a dicho derecho subjetivo. Por tanto, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio contenido en la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro: ‘ÓRDENES DE COMPARECENCIA SU LIBRAMIENTO NO CAUSA PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN AL QUEJOSO.’, que citó en su apoyo el Juez de amparo. Asimismo, contrario a lo sostenido por el Juez de garantías, toda vez que, como se precisará más adelante, los efectos de la medida suspensional se rigen por lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, no es verdad que su concesión traería como consecuencia la paralización del procedimiento judicial. En tales condiciones, lo que procede es revocar el auto recurrido y con fundamento en los artículos 124, 130, 95, fracción XI, 97, fracción IV, 99, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, dada la naturaleza del auto recurrido, este Tribunal Colegiado asume plenitud de jurisdicción. Tiene apoyo lo anterior en la jurisprudencia setenta y cinco, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2001, Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA.’ (se transcribe). Este órgano colegiado advierte que en el caso sí se satisfacen los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo: a) Existe petición del quejoso ... . b) No se sigue perjuicio al interés social ni a disposiciones del orden público, pues atendiendo a la naturaleza del acto y la violación reclamada, que se hace consistir en la restricción de la libertad personal del quejoso, sólo se afectaría su libertad en lo individual; además, no existe una situación específica que pueda afectar a un conglomerado humano considerable, y que contraríe las normas de orden público, así calificadas por el legislador, emitidas para regular aspectos en que está interesado el Estado para reglamentar su actuación pública o aquellas que tengan como finalidad regir aspectos sociales trascendentes y, por tanto, la sociedad se vea interesada en su observancia. c) De ejecutarse el acto reclamado, se causarían al quejoso daños de difícil reparación, toda vez que se le provocarían violaciones en su esfera jurídica si se le priva de su libertad deambulatoria, que de concedérsele el amparo, dificultaría volver las cosas al estado que tenían con antelación al surgimiento de la violación reclamada. Se cita en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia identificada con la clave I.3o.A. J/16, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio este tribunal comparte, consultable en la página trescientos ochenta y tres, Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.’ (se transcribe). En tales condiciones, con fundamento en los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional de la orden de comparecencia reclamada, para el efecto de que el solicitante de amparo ... quede a disposición del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, en cuanto a su libertad personal, y no sea privado de ella; sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal en la causa de donde emana el acto reclamado. La suspensión provisional que se decreta surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el quejoso no cumple con los siguientes requisitos: 1. Otorgar al juzgado de amparo, en el término de cinco días, una garantía por la suma de dos mil pesos en billete de depósito o en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Monto que se fija acorde a lo dispuesto en el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que la orden de comparecencia reclamada se dictó por los delitos de lesiones dolosas cometidas en riña y allanamiento de morada, previstos y sancionados en los artículos 130, fracción I, en relación con el 137 y 211, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal; de la demanda de garantías se desprende que el solicitante del amparo es abogado y se dedica al ejercicio libre de la profesión, por lo que se estima que su situación económica es media; en cuanto a la posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia, se considera mínima, dado que él mismo ejerce su profesión y los delitos mencionados prevén como sanción, el primero multa y el segundo alternativa. 2. Comparecer ante el Juez de la causa, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, para la continuación del procedimiento penal, conforme a lo dispuesto por el artículo 138 de la ley en consulta. 3. Presentarse ante el Juez de la causa, cuantas veces sea citado; dicha autoridad deberá informar al Juez de amparo la primera inasistencia que tenga el incidentista. 4. Dentro de las setenta y dos horas siguientes a que comparezca ante el Juez de la causa deberá acreditar al Juez de garantías el cumplimiento de la obligación fijada en el número 2 de este apartado, exhibiendo la constancia respectiva en la que aparezca el sello del juzgado responsable. Además, en caso de no cumplir con los requisitos precisados en los números 2, 3 y 4, el Juez de amparo hará efectiva a favor del erario federal, la garantía otorgada. El Juez de amparo deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de que el quejoso se presente ante la misma para la continuación del procedimiento, lo haga del conocimiento del juzgado federal. Las anteriores medidas de aseguramiento se establecen a efecto de que el peticionario pueda ser devuelto a la autoridad responsable, en caso de no concedérsele la protección constitucional solicitada. Sobre el particular, es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos veintiséis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, mayo de 1997, Novena Época, que a la letra dice: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.’ (se transcribe). Tal medida precautoria no surtirá efectos si el acto reclamado fue emitido por diverso delito considerado grave o respecto del cual no sea procedente el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, conforme lo establecido por el artículo 20 de la Constitución Federal en vigor. En el caso de que en virtud de los hechos delictuosos no procediera la libertad provisional, la suspensión sólo se entenderá otorgada para el único efecto de que una vez detenido quede a disposición del Juez de amparo, por lo que respecta a su libertad personal en el lugar donde sea internado y a disposición del Juez de la causa por lo que hace a la continuación del procedimiento. La presente medida suspensional no surtirá ningún efecto si se sorprende al quejoso en la comisión flagrante de diverso delito, o si se trata del cumplimiento de una orden de aprehensión, reaprehensión o de presentación dictada por autoridad distinta a la señalada como responsable en este incidente de suspensión. En esas condiciones, son infundados los restantes agravios, relativos a los efectos que a criterio del solicitante del amparo, debe tener la medida suspensiva a fin de que no quede sin materia el juicio de amparo, porque con independencia de lo que pueda suceder en el mismo, los artículos 130, 136 y 138 de la ley de la materia, y la jurisprudencia recién citada (esta última de carácter obligatorio acorde a lo dispuesto en el artículo 192 de la ley en cita), fijan los términos y condiciones en que la autoridad de amparo debe conceder la medida precautoria y son, precisamente, los señalados con antelación. En consecuencia, como ya se precisó, lo que procede es declarar fundada la queja, revocar el auto recurrido y conceder la suspensión provisional al quejoso, en los términos señalados en esta ejecutoria. ..." (fojas 11 vuelta a 18 vuelta del toca).
La ejecutoria de amparo dio origen a la tesis aislada I.2o.P.136 P, cuyo rubro y texto es el siguiente:
"ORDEN DE COMPARECENCIA, SU EJECUCIÓN SÍ OCASIONA DAÑOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN PORQUE RESTRINGE LA LIBERTAD. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia de rubro: ‘ORDEN DE COMPARECENCIA. DEBE ESTUDIARSE SU CONSTITUCIONALIDAD AUN CUANDO EL QUEJOSO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.’, que si bien aquel mandamiento implica sólo cierta limitación a la libertad, lo cierto es que aunque en menor medida, la restringe; por tanto, se estima que la ejecución de la mencionada orden ocasiona al impetrante de garantías daños de difícil reparación, precisamente porque la restricción del derecho fundamental de la libertad personal, ocasiona una lesión que es de carácter irreparable, ya que la concesión del amparo no podría volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación a tal derecho subjetivo; en tal virtud, tratándose del mandamiento en cita, sí concurre el requisito previsto en el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión provisional en los términos del numeral 138 de la invocada legislación."
CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver la queja penal 37/99, en sesión de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la parte que interesa, consideró lo siguiente:
"CUARTO. Son infundados los argumentos vertidos en vía de agravios. En efecto, la inconforme, autorizada del agraviado ... en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en esencia se duele de que el citado quejoso es menor de edad y al ejecutarse la orden de comparecencia, decretada en su contra, se le causarían daños de difícil reparación, pues dice, se trataría de una experiencia traumática al comparecer ante un Juez Penal; continúa señalando que con el acta de nacimiento que dice, agregó a la demanda de garantías, demuestra que el directamente agraviado es un menor de edad. Disconformidad que quienes esto resuelven estiman infundadas e inatendibles, cuenta habida que la materia en el presente recurso de queja versa sobre la legalidad o ilegalidad de la concesión o negativa de la suspensión provisional, decretada por el Juez Federal, por lo que en este orden de ideas, como bien lo señaló el Juez de amparo, lo procedente es negar dicha medida precautoria, precisamente en razón de que contrario a lo señalado en los agravios, tal acto de autoridad no irroga un perjuicio de difícil reparación. Lo anterior es así, ya que si bien el espíritu del artículo 136 de la Ley de Amparo, tiende esencialmente a proteger la libertad, no menos verdad es que en el acto de autoridad reclamado no es restrictivo de la garantía individual antes señalada, y de aquí que el otorgamiento de la medida suspensional deba negarse como lo sostiene el Juez de amparo en el acuerdo combatido. Por tanto, partiendo de la premisa de que las órdenes de comparecencia son libradas para el efecto de que el procesado concurra ante la presencia judicial, a fin de que rinda su declaración preparatoria, en tratándose de delitos que no están sancionados con pena corporal, o bien, para los que se prevé pena alternativa, la posibilidad de que tales órdenes de comparecencia causan experiencias traumáticas a las personas en contra de las cuales se libra, constituye simplemente una apreciación subjetiva, ya que de conformidad con la técnica procesal adecuada, el Juez debe ordenar la comparecencia del inculpado y hacérsela saber personalmente con la debida anticipación, para que en la fecha y hora señaladas acuda ante él a rendir su declaración preparatoria, y solamente en caso de desobediencia podrá ordenarse a la Policía Judicial, que haga acatar la determinación de dicho Juez, por tanto, es válido el razonamiento del Juez Federal cuando afirma que la pluricitada orden de comparecencia no causa perjuicios de difícil reparación al peticionario de garantías, al no tratarse de actos que necesaria e inexorablemente afecten la libertad de los gobernados; y, por tanto, si en el acto reclamado no opera la prisión preventiva y lo único que se pretende es atender una diligencia fundamental del procedimiento penal, como lo es la declaración preparatoria, garantizándose que el procesado no será afectado en su libertad dada la penalidad del delito atribuido, resulta inconcuso que el agravio en que se señala que al amparista, que se le causarían perjuicios de difícil reparación, resulta infundado. En consecuencia, de lo antes expresado, el agravio en el que se indica que el promovente es menor de edad y que se obligaría a acudir ante un Juez de instancia, resulta inatendible, en razón de que en todo caso ello será materia del estudio de fondo que se haga en el juicio de amparo indirecto por él promovido; por tanto, la circunstancia de que no se haya anexado el acta de nacimiento al escrito que contiene el recurso de queja que nos ocupa, ningún perjuicio le ocasiona al directamente inconforme, cuenta habida que como ya se ha expresado, tal documento será motivo de análisis al resolverse el correspondiente juicio de amparo. Por tanto, al ser infundados e inatendibles los motivos de agravio expresados, y no advertirse deficiencia de la queja que suplir en favor del recurrente, de conformidad con la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo que procede es declarar infundado el presente recurso de queja." (fojas 35 a 38 del toca).
La ejecutoria anterior dio origen a la tesis siguiente:
"ÓRDENES DE COMPARECENCIA. SU LIBRAMIENTO NO CAUSA PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN AL QUEJOSO. Las órdenes de comparecencia son libradas para el efecto de que el procesado concurra ante la presencia judicial, a fin de que rinda su declaración preparatoria, en tratándose de delitos que no están sancionados con pena corporal, o bien para los que se prevé pena alternativa, por lo que la posibilidad de que tales órdenes de comparecencia causen experiencias traumáticas a las personas en contra de las cuales se libran, constituye una apreciación subjetiva, ya que de conformidad con la técnica procesal adecuada, el Juez debe ordenar la comparecencia del inculpado y hacerle saber personalmente con la debida anticipación, para que en la fecha y hora señaladas acuda ante él a rendir su declaración preparatoria y sólo en caso de desobediencia podrá ordenarse a la Policía Judicial que haga acatar la determinación de dicho Juez; por tanto, la citada orden de comparecencia no causa perjuicio de difícil reparación al peticionario de garantías, al no tratarse de actos que necesaria e inexorablemente afecten la libertad de los gobernados."
QUINTO. Derivado de las transcripciones anteriores, debe precisarse que no obsta para resolver la presente contradicción de tesis, la circunstancia de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados no hayan constituido tesis jurisprudenciales, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito; sino que para considerar la existencia de criterios contradictorios, basta con que así se advierta de las consideraciones vertidas en las ejecutorias de los asuntos que fueron sometidos a su escrutinio.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresamente señala:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, enero de 2005
"Tesis: 1a./J. 129/2004
"Página: 93
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."
SEXTO. Por razón de orden, precisa establecer si los criterios de las ejecutorias anteriormente transcritas son en efecto divergentes; esto es, determinar si en la especie existe o no contradicción de tesis, y para ello, es conveniente establecer que los presupuestos para la procedencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados, son los que se especifican a continuación:
a) Que al resolver los negocios jurídicos, los Tribunales Colegiados examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que la divergencia de criterios, provenga del examen de los mismos elementos.
Lo precedente así se encuentra establecido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se precisan a continuación:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Para lograr un mejor entendimiento del asunto, y estar en aptitud de establecer si efectivamente existe divergencia entre los criterios sustentados por los órganos colegiados, es menester destacar los sucesos y antecedentes relevantes de los asuntos que se sometieron a su jurisdicción, destacando el criterio que adoptó cada uno de ellos, para determinar si examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, a la luz de los mismos elementos.
I. Los antecedentes del recurso de queja penal 232/2006-XI sometido al escrutinio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, son los siguientes:
A. La parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto en contra de la orden de comparecencia de fecha nueve de junio de dos mil seis, dictada por el Juez Décimo Octavo de Paz Penal en el Distrito Federal, en el que solicitó la suspensión del acto reclamado.
B. El Juez Federal negó la suspensión solicitada, al estimar que la orden de comparecencia es para que el indiciado concurra ante la presencia judicial (sic) a fin de que rinda su declaración preparatoria, circunstancia que se le hace saber con la debida anticipación, para que en la fecha y hora señaladas acuda ante el órgano jurisdiccional, y sólo en caso de desobediencia podrá ordenarse a la Policía Judicial que haga acatar la determinación de dicho Juez; por tanto, la orden de comparecencia no causa perjuicio de difícil reparación al peticionario de garantías, al no tratarse de actos que necesaria e inexorablemente afecten la libertad de los gobernados; consecuentemente, indica que no se surte la hipótesis prevista en el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo, pues de concederse la suspensión solicitada, el efecto sería que el quejoso no concurriera a la cita, paralizando el procedimiento judicial con lo que se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público conforme a lo dispuesto por la fracción II del citado artículo, ya que la sociedad tiene interés en que las autoridades jurisdiccionales cumplan con sus funciones de impartir justicia, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico.
C. Inconforme con la anterior resolución, el impetrante promovió recurso de queja, en el que sostuvo que de comparecer ante la responsable, se le tomará su declaración preparatoria, y la consecuencia jurídica sería, en su caso, que la autoridad dictará orden de sujeción a proceso, aun cuando el delito de que se trata no es de naturaleza grave, para el caso de que el demandante no garantice su libertad, por lo que corre el peligro de verse privado de su libertad. Por ello, es claro que en caso de dar cumplimiento al acto reclamado, se modificaría su situación jurídica y, consecuentemente, por tal circunstancia se dejaría sin materia la demanda de garantías, siendo que, precisamente, el objeto de la suspensión, es la de preservar la materia del amparo.
Que si bien es cierto que en el caso la libertad del quejoso no corre peligro alguno por tratarse de una orden de comparecencia, también lo es que el efecto jurídico derivado de la comparecencia, lo es precisamente el cambio de situación jurídica e independientemente del hecho de que quedaría sin preservar, es claro y evidente que en el futuro, el bien jurídicamente tutelado que es la libertad, corre inminente peligro, sobre todo, tomando en consideración las medidas de apremio de que goza el juzgador para hacer cumplir sus determinaciones.
D. Seguidos los trámites de ley, el Tribunal Colegiado de Circuito determinó que la queja de mérito era fundada y revocó el auto recurrido, concediendo la suspensión provisional de los actos reclamados; pues medularmente sostuvo que la orden de comparecencia sí afecta la libertad personal del quejoso, fundando su criterio en la tesis jurisprudencial emitida por esta Primera Sala, de rubro: "ORDEN DE COMPARECENCIA. DEBE ESTUDIARSE SU CONSTITUCIONALIDAD AUN CUANDO EL QUEJOSO LA DESIGNE ERRÓNEAMENTE COMO ORDEN DE APREHENSIÓN.", de cuyo contenido en la parte relativa se indica que "si bien en la orden de aprehensión existe una total privación de la libertad y en la de comparecencia tan sólo cierta limitación, no menos cierto es que menor o mayor grado, ambos actos restringen la libertad".
Que como consecuencia de ello, la ejecución de la orden de comparecencia sí puede ocasionar al quejoso daños de difícil reparación, precisamente porque implica la restricción del derecho fundamental de la libertad personal, lesión que sería de carácter irreparable, ya que ni siquiera la concesión del amparo podría volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación a dicho derecho subjetivo; lo que motivó que se le concediera la suspensión provisional del acto reclamado, pues el órgano colegiado estimó que sí se satisfacían los requisitos exigidos por el numeral 124 de la Ley de Amparo; esto es, que existe la petición del quejoso, no se sigue perjuicio al interés social ni a disposiciones del orden público, y de ejecutarse el acto reclamado, se causarían al quejoso daños de difícil reparación, toda vez que se le provocarían violaciones en su esfera jurídica si se le priva de su libertad deambulatoria, que de concedérsele el amparo, dificultaría volver las cosas al estado que tenían con antelación al surgimiento de la violación reclamada.
La suspensión provisional se concedió para el efecto de que el solicitante quedara a disposición del juzgado en materia penal, en cuanto a su libertad personal y no fuera privado de ella, sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal.
II. Por su parte, los antecedentes del recurso de queja 37/99, del que tuvo conocimiento el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, son los siguientes:
A. El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en contra de la orden de comparecencia emitida por el Juez Penal de Cuantía Menor y solicitó su suspensión.
B. Seguido el juicio por sus trámites legales, el Juez de Distrito que conoció del asunto, al proveer sobre la suspensión provisional mediante acuerdo de nueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve, le negó la suspensión provisional bajo el argumento de que la orden de comparecencia no le irrogaba perjuicio de difícil reparación.
C. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, en el que formuló, fundamentalmente, los siguientes agravios:
Que la orden sí le causaría daños y perjuicios de difícil reparación en caso de ejecutarse, ya que al ser menor de edad y tener que comparecer ante una autoridad judicial para mayores de edad se causaría una experiencia traumática; y que la tesis en que se sustenta el Juez para indicar que no irroga daños y perjuicios no es aplicable a menores.
D. El Tribunal Colegiado para declarar infundada la queja, estimó que una orden de comparecencia no ocasiona un perjuicio de difícil reparación; pues el acto reclamado no es restrictivo de la libertad personal; que las órdenes de comparecencia son libradas para el efecto de que el procesado concurra ante la presencia judicial a fin de que rinda su declaración preparatoria, en tratándose de delitos que no están sancionados con pena corporal, o bien, para los que se prevé pena alternativa, que de conformidad con la técnica procesal adecuada el Juez debe ordenar la comparecencia del inculpado y hacérsela saber personalmente con la debida anticipación, para que en la fecha y hora señaladas acuda ante él a rendir su declaración preparatoria, y solamente en caso de desobediencia podrá ordenarse a la Policía Judicial, que haga acatar la determinación de dicho Juez, por tanto, es válido el razonamiento del Juez Federal cuando afirma que la pluricitada orden de comparecencia no causa perjuicios de difícil reparación al peticionario de garantías, al no tratarse de actos que necesaria e inexorablemente afecten la libertad de los gobernados; y, por tanto, si en el acto reclamado no opera la prisión preventiva y lo único que se pretende es atender una diligencia fundamental del procedimiento penal, como lo es la declaración preparatoria, garantizándose que el procesado no será afectado en su libertad dada la penalidad del delito
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20141-d25260ac/orden-de-comparecencia-al-afectar-temporalmente-la-libertad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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