NOTIFICACIONES PERSONALES, SEGUNDAS O ULTERIORES AL EMPLAZAMIENTO. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
AMPARO DIRECTO 796/2005. RUPERTO RAZO FUENTES.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los conceptos de violación hechos valer son fundados pero inoperantes en una parte, infundados en otra e inoperantes en lo demás.
A fin de arribar a dichas conclusiones se estima necesario precisar que como documento fundatorio de su acción, el hoy tercero perjudicado exhibió copia certificada del contrato de arrendamiento celebrado con el quejoso el uno de enero de mil novecientos noventa, respecto del local marcado con el número 2482 de la calle Chicalote de esta ciudad.
Ahora bien, los artículos 81, 87, 124 y 132 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, en su orden disponen: "Artículo 81. Se denominará escritura al instrumento público que el notario, en ejercicio, asiente en su protocolo, para hacer constar un acto o negocio jurídico, autorizándolo con su firma y sello.", "Artículo 87. Los notarios deberán extender en su protocolo todos los actos que autoricen, con las excepciones siguientes: ... IV. Las copias certificadas que se expidan de documentos que se les presenten y los testimonios y certificados que extiendan ...", "Artículo 124. El testimonio es el documento que contiene la transcripción fiel y literal del instrumento asentado en el protocolo, de las firmas, del sello estampado y de las notas que obren en el mismo. Cada una de las hojas que lo integren deberán llevar preimpreso, realzado o estampado el sello de autorizar, y además rubricarse. Para la impresión del testimonio, deberá aplicarse en lo conducente lo previsto en el artículo 52 de esta ley. En los testimonios que se expidan deberá transcribirse, íntegramente, el acta y el documento objeto de la protocolización. ..." y "Artículo 132. Podrán expedirse y autorizarse testimonios, copias certificadas y certificaciones, utilizando cualquier medio de reproducción o impresión indeleble."
De los numerales copiados se advierte que la función del notario es protocolaria, por lo que debe asentar en el protocolo el instrumento notarial que se otorgue ante su fe, con las excepciones previstas en la misma ley, entre las cuales está la expedición de copias certificadas sobre documentos que se les presenten, sin que se contengan reglas específicas con respecto al número de hojas que la integran, ni que cada una deba ostentar el sello y la rúbrica del notario que la certifica.
No es óbice el hecho de que el artículo 124 prevea como formalidades de los testimonios el que cada una de las hojas deben llevar preimpreso, realzado o estampado el sello de autorizar y además rubricarse, porque esos requisitos sólo están contemplados para los testimonios, no para las certificaciones.
A pesar de que no sea necesario que la certificación contengan la rúbrica y sello del notario en cada una de las hojas que la integran, no puede concederse valor al documento fundatorio.
Se afirma lo anterior porque para desvirtuar su eficacia, el demandado, ahora quejoso, ofreció inspección judicial e informes tanto del Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad, como del secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco.
La referida inspección se desahogó en los siguientes términos:
"Una vez constituido el personal de este juzgado, el Juez y secretario de Acuerdos en compañía de los abogados patronos de las partes, en el local que ocupa el Juzgado Segundo de lo Civil de este Primer Partido Judicial, somos atendidos por el secretario de Acuerdos del mismo, manifiesta que en estos momentos nos proporciona el expediente 853/99 que se tramita en este juzgado, así como los documentos fundatorios exhibidos al mismo por lo que se da fe de la existencia del citado expediente que se refiere a unas diligencias de notificación judicial a las cuales se anexó un contrato de arrendamiento respecto del inmueble 2482 de la calle Chicalote del Centro Comercial Abastos el cual también se tiene a la vista y se da fe de la existencia de dicho contrato y de las libretas que para efectos de control administrativo se tienen en este juzgado, así como del expediente a que se refieren las citadas diligencias de notificación, se advierte que únicamente existe registro de la entrada del contrato de arrendamiento pero no hay alguna anotación o registro de que el mismo haya sido entregado a algunas de las partes en el juicio o que haya salido del juzgado en que se actúa por algún motivo. Una vez desahogada la presente diligencia se da por concluida la misma firmándola los que en ella intervienen en compañía del personal de este juzgado quien autoriza y da fe." (foja 59 del juicio natural).
El informe del aludido juzgador dice:
"En contestación a su oficio 528, informo a usted que dentro de las diligencias de notificación judicial, expediente 853/99, promovidas por Dionisio Beltrán Loza, en contra de Ruperto Razo Fuentes, desde su presentación del escrito de demanda que fue en julio 7 del año 1999, se ha tenido bajo la custodia de este juzgado a mi cargo, el contrato de arrendamiento que en original exhibió el promovente en la fecha arriba citada, con la excepción de que el mismo se envió al archivo del Consejo General del Poder Judicial en el mes de junio de dos mil, por último manifiesto que no se ha entregado a ninguna persona el contrato de referencia, ya que el mismo se encuentra en el secreto del juzgado, en estos momentos en que se rinde el informe que nos ocupa, ni tampoco se ha solicitado su devolución mediante escrito. Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente. Guadalajara, Jalisco, 28 de abril de 2003. El Juez Segundo de lo Civil." (foja 190 del cuaderno citado).
El diverso informe solicitado al secretario general de Gobierno, expresa:
"Con referencia a su oficio 595 de fecha 4 de abril del presente año, deducido del juicio civil sumario 912/2000, promovido por Dionisio Beltrán Loza, se le manifiesta que en el expediente personal del licenciado Pascual Ávila Pérez, notario público número 1 del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, que maneja esta oficina, no obra alguna autorización para separarse de su actuación notarial, y su jurisdicción es el propio Municipio de su designación." (foja 74 ídem).
De lo acabado de transcribir se advierte que el original del contrato fundatorio se encuentra en el secreto del local del Juzgado Segundo de lo Civil de esta ciudad, en virtud de que fue presentado por el hoy tercero perjudicado al promover, el siete de julio de mil novecientos noventa y nueve, las diligencias de notificación judicial radicadas con el número 853/99, sin que se haya solicitado su devolución ni se hubiera entregado a alguna persona; asimismo, se desprende que la jurisdicción del notario público 1 del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, licenciado Pascual Ávila Pérez, sólo comprende dicha localidad.
Aun cuando tales probanzas sean suficientes para destruir la eficacia del contrato presentado, porque se acreditó que a la fecha en que el notario público uno de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (dos de julio de dos mil), hizo constar que tuvo a la vista dicho documento no obstante que aquél se encontraba en el secreto del local del Juzgado Segundo de lo Civil, lo cierto es que la desestimación de la referida probanza no tiene la trascendencia pretendida por el disidente, esto es, no es posible declarar improcedente la acción y dejar a salvo los derechos del actor.
En efecto, en la demanda natural, en lo que interesa, se dijo:
"Hechos: 1. Con fecha primero de enero de 1990 celebré contrato de arrendamiento con el señor Ruperto Razo Fuentes, sobre la finca marcada con el número 2482 de la calle Chicalote, del Centro Comercial Abastos, del sector Juárez, de esta ciudad capital, fijándose como plazo del arrendamiento, el lapso de tiempo de un año, empezando a surtir sus efectos desde ese mismo día, arrendamiento que siguió vigente posteriormente ya que no existió oposición al mismo por ninguna de las partes, pactándose que el destino al que sería dedicado es para el uso de local comercial, señalándose como renta mensual la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.), moneda vigente en esa época, siendo que en la actualidad es la cantidad de doscientos pesos; en mensualidades adelantadas, causándose por dicha renta el impuesto al valor agregado pactándose, asimismo, un diez por ciento de interés mensual en concepto de moratoria en la falta de pago puntual de dicha renta, hasta que no estuviere cubierta la misma, habiendo comparecido a la celebración del contrato el señor Salvador Beltrán Medina, constituyéndose como fiador del inquilino hasta cuando fuera devuelta la finca arrendada ..." (fojas 1 a 3).
Al producir su contestación el hoy impetrante expresó:
"1. Es verdad lo manifestado por el actor en el punto número 1 del capítulo de hechos de la demanda que se contesta, en cuanto a la celebración del contrato de arrendamiento respecto de la bodega ubicada en la calle de Chicalote #2482, que se localiza en el mercado de abastos de esta ciudad. Sin embargo, cabe aclarar que el referido contrato se extinguió en la misma fecha de su celebración dado que el suscrito desde el día 10 de septiembre de 1985 goza del uso y disfrute de la finca objeto de la litis con motivo del traspaso del uso mercantil de la bodega en cuestión por conducto del Sr. Dionisio Beltrán Loza, actor del presente juicio, quien como contraprestación recibió de mi parte la suma de $5’000,000.00 que era entonces el valor aproximado del inmueble en cuestión, esto en términos del título quinto del Código Civil para el Estado de Jalisco y correlativo del Distrito Federal que se aplica al presente asunto por tratarse de un acto de carácter mercantil. 2. Abundando sobre este mismo punto le refiero que el referido acto de comercio por el cual soy poseedor a título de usufructuario de la bodega que se reclama en este juicio, lo celebré con la actora, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, y que el precio por el derecho de traspaso y uso del inmueble que señalo líneas arriba le fue cubierto a la parte actora a su entera satisfacción. Por otra parte, le manifiesto que el contrato de arrendamiento fundatorio lo suscribí a instancias del demandante, bajo el argumento de que sólo era para cuestiones de carácter fiscal y que a mí me podría beneficiar para tener un documento fidedigno que acreditara ante las autoridades administrativas y hacendarias mi domicilio en mi calidad de comerciante, indicándome también el actor que el contrato de arrendamiento no podría surtir efecto alguno en mi contra por ser el titular del usufructo del inmueble destinado a giro mercantil; por tal razón, la acción intentada por el accionante sin duda deriva de una conducta atípica contemplada por nuestra legislación penal, ya que mediante este subterfugio pretende despojarme de mi legítimo derecho real que me asiste respecto de la bodega donde tengo establecido el asiento de mis negocios; motivo por el cual el suscrito no ha cubierto suma alguna por concepto de arrendamiento, dado que dicha cantidad sería al final de cuentas a mi beneficio por el derecho posesorio a que vengo haciendo referencia y que me asiste, con lo que se da la extinción de la obligación conforme lo vengo manifestando ..." (fojas 14 a 16).
De lo acabado de copiar se advierte que el quejoso reconoció haber celebrado el contrato de arrendamiento, por lo que esa confesión es suficiente para otorgar validez al susodicho documento, en términos de lo establecido por el artículo 395 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que dice:
"Artículo 395. La confesión hecha en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, hará prueba plena sin necesidad de ratificación ni de ser ofrecida como prueba."
Es aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página ciento cinco del Tomo V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que preceptúa: "ARRENDAMIENTO, VALOR PROBATORIO DEL CONTRATO COMO FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN. Si al contestar el escrito inicial el demandado en un juicio relativo a cuestiones de arrendamiento, admite haber celebrado con el actor el contrato exhibido como documento fundatorio, debe concedérsele a éste valor probatorio para tener por acreditada la existencia del contrato, pues lo anterior implica que dicho documento fue reconocido por las partes."
Por lo expresado es fundada aunque a la postre inoperante la aseveración del disidente acerca de que fue incorrecto que para desestimar sus agravios el tribunal de apelación se hubiera sustentado en las tesis que reprodujo de las voces: "DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN EXHIBIDOS EXTEMPORÁNEAMENTE. SU ADMISIÓN FIRME OBLIGA A ESTUDIARLOS (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO, ANTERIOR A LA REFORMA DE 31 DE DICIEMBRE DE 1994)." y "DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN EXHIBIDOS EXTEMPORÁNEAMENTE SU ADMISIÓN NO IMPUGNADA OBLIGA A ESTUDIARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."
Efectivamente, los referidos criterios cobran vigencia en la hipótesis de que los documentos fundatorios no se exhiban con la demanda sino con posterioridad, lo que no aconteció en la especie, porque en ninguna etapa procesal el actor presentó la aludida probanza; sin embargo, a nada práctico llevaría conceder la protección constitucional para el efecto de que se prescindiera de esos argumentos, si de todas formas la misma autoridad o este colegiado a través de un nuevo amparo que en su oportunidad se promoviera, tendría que resolver desfavorablemente a los intereses del quejoso; lo que se afirma porque aunque no se hubiera ofrecido el contrato de arrendamiento, seguiría subsistiendo la consideración relativa a que si el demandado aceptó haberlo firmado, esa circunstancia es suficiente para concederle valor.
Es aplicable la jurisprudencia 108, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochenta y cinco del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que preceptúa: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado."
El mismo calificativo merecen las aseveraciones del disidente, acerca de que es inexacto que con el resultado del desahogo de la inspección judicial se hubiere subsanado la omisión del actor de exhibir el fundatorio de la acción, puesto que la finalidad de esa probanza no fue la de cotejar el documento presentado con la demanda con el que obra en los medios preparatorios.
Porque, en efecto, lo que se pretendía con dicha probanza era justificar que era ineficaz la certificación que obra en el documento fundatorio, pero no para perfeccionar aquél, empero, sería ocioso otorgar el amparo solicitado para que la Sala responsable prescindiera de esos argumentos, al seguir subsistiendo la consideración referente a que el propio demandado reconoció la existencia del arrendamiento, lo que otorga a éste pleno valor, teniendo aplicación la jurisprudencia acabada de citar.
Por otra parte, el artículo 2396 del Código Civil anterior del Estado de Jalisco consigna: "Todos los arrendamientos, sea de predios rústicos o urbanos que no se hayan celebrado por tiempo expresamente determinado, concluirán a voluntad de cualquiera de las partes contratantes, previo aviso dado a la otra parte en forma indubitable, con un mes de anticipación si el aviso lo da el inquilino y con un año si lo da el arrendador, tratándose de un predio urbano; y con un año de anticipación si el predio es rústico, cualquiera que sea el contratante que dé el aviso. Lo dispuesto en este artículo no podrá ser renunciado."
Esto es, cuando se trate de arrendamiento en el que no se haya señalado plazo, concluirá a voluntad de cualquiera de las partes, siempre y cuando quien desee terminarlo dé aviso a la otra en forma indubitable.
En la especie, a fojas 4 y 5 de las constancias que obran en las diligencias de notificación judicial 853/99, promovidas por Dionisio Beltrán Loza en contra del aquí quejoso, obra un citatorio y una notificación que prescriben:
"Citatorio. Siendo las quince horas con cincuenta minutos del día once de agosto de mil novecientos noventa y nueve, el suscrita notificador (sic), adscrita a este Juzgado Segundo de lo Civil de este primer partido judicial con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, me constituí debida y legalmente, en compañía de la parte actora, en la finca marcada con el número 2482 de la calle Chicalote del Comercial de Abastos, en el sector Juárez de esta ciudad, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la resolución de fecha cinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve, del juicio jurisdicción voluntaria número 853/99, cerciorada de que es el domicilio del principal asiento de sus negocios del Sr. Ruperto Razo Fuentes, por así habérmelo manifestado una persona que dijo llamarse Javier Razo Fuentes, misma que se en el (sic) domicilio en que se actúa y dice ser su hermano, quien se identifica con credencial expedida por el Instituto Federal Electoral (IFE), folio 92312648, y no estando presente el referido, en primer término, procedo a dejarle citatorio para que el próximo día hábil a la misma hora y en el mismo lugar me espere, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, entenderá la diligencia con la persona que se encuentre, dejo el citatorio en poder de la persona que proporciona los datos y que no firma por no quererlo hacer, haciéndolo la suscrita notificador para la debida constancia."
"Notificación. Siendo las quince horas con cincuenta minutos del día doce de agosto de mil novecientos noventa y nueve, la suscrita notificador adscrita a este Juzgado Segundo de lo Civil de este primer partido judicial, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, con el fin de cumplimentar lo ordenado por la resolución de fecha cinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve, me constituí debida y legalmente, en compañía de la parte actora, en la finca marcada con el número 2484 de la calle Chicalote del Comercial de Abastos, en el sector Juárez de esta ciudad, y cerciorada de nueva cuenta que es el domicilio del principal asiento de los negocios del Sr. Ruperto Razo Fuentes, por así habérmelo manifestado una persona que dijo llamarse Javier Razo Fuentes, misma que se encuentra en el domicilio en que se actúa y dice ser su hermano, y no encontrándose presente el referido, en primer término, no obstante el citatorio dejado con anterioridad, procedo a entender la diligencia de notificación con la persona que proporciona los datos, haciéndole saber el motivo de mi presencia y bien enterado del objeto de la misma por este conducto procedo a enterar y notificar el auto de referencia en todos y cada uno de sus términos legales; así como le corro traslado con las copias simples de ley exhibidas, haciéndole saber que es voluntad del arrendador Dionisio Beltrán Loza, dar por terminada la relación que existe, respecto del contrato de arrendamiento del local comercial ubicado en la finca marcada con el número 2484 de la calle Chicalote del Comercial de Abastos en el sector Juárez de esta ciudad, haciéndole saber que dispone de un año contado a partir de esta fecha de notificación, para que desocupe dicho inmueble, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2396 del Código Civil del Estado, quedando por lo anteriormente expuesto, legalmente notificado y enterado de la resolución de referencia por conducto de la persona con quien se entendió la diligencia de notificación y quien no firma por no quererlo hacer, haciéndolo la suscrita notificador para su debida constancia, y en este momento la parte actora solicita copia certificada de la presente acta previo pago al impuesto correspondiente, recibo y razón que otorgue en autos, dando cuenta a usted C. Juez para los efectos legales a que dé lugar."
De lo acabado de copiar se advierte que el diligenciario se constituyó en la finca materia de la litis (marcada con el número 2482 de la calle Chicalote del Comercial de Abastos), cerciorándose de que era el lugar porque así se lo expresó una persona que dijo llamarse Javier Razo Fuentes, quien manifestó ser hermano del aquí quejoso y se identificó con credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, folio 92312648, y en virtud de que no encontró al interesado le dejó citatorio señalando el día y la hora en que acudiría otra vez; constituido nuevamente en dicho lugar y ante la omisión del demandado de esperar al fedatario, éste entendió otra vez la diligencia con el citado Javier Razo Fuentes, a quien se le corrió traslado con las copias simples de ley exhibidas, haciéndole saber la voluntad de Dionisio Beltrán Loza de dar por terminado el arrendamiento respecto de la susodicha finca, comunicándole que disponía de un año, contado a partir de la fecha en que se practicó la notificación, para que desocupara ese inmueble atento al numeral 2396 del Código Civil del Estado; haciéndose constar que la persona con quien se entendió la diligencia no quiso firmar; luego, es inconcuso que dicha actuación judicial cumple con los requisitos previstos en el artículo 111 de la ley adjetiva civil, dado que el funcionario asentó la forma en que se cercioró de que el lugar al que acudió era el domicilio del hoy quejoso, y al no encontrar a éste le dejó citatorio para que lo esperara, sin que lo hubiere hecho, razón por la que la diligencia se entendió otra vez con Javier Razo Fuentes, a quien se le notificó el acuerdo de cinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve (mediante el que se admitieron los referidos medios preparatorios), entregó las copias de traslado y le comunicó el deseo del arrendador de poner fin al arrendamiento, concediéndole el plazo señalado por la ley para que desocupara el inmueble materia de la litis.
Es aplicable, en lo conducente, la tesis III.5o.C.61 C, publicada en la página mil cuatrocientos veintitrés del Tomo XVIII, diciembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: " La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de rubro: ‘NOTIFICACIONES PERSONALES. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA.’, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III de 1996, junio de 1996, página 156, determinó que dicho cuerpo legal del Estado de Puebla es omiso en reglamentar cómo han de efectuarse las notificaciones personales diversas a la primera, por lo que, añadió, a fin de colmar esa laguna deben aplicarse las formalidades previstas para el emplazamiento (al que llama primera notificación), en atención al principio de que ‘donde hay la misma razón debe aplicarse igual disposición’. Dicho criterio es aplicable por analogía al enjuiciamiento civil jalisciense porque también carece de tal regulación; sin embargo, a diferencia de la codificación poblana, los artículos 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, sí distinguen entre las primeras notificaciones personales y el llamamiento a juicio, por lo que siguiendo las razones de la tesis de referencia, para la práctica de segundas o ulteriores notificaciones de esa naturaleza, deben satisfacerse los requisitos previstos en el citado numeral 111, que reglamenta las multialudidas primeras notificaciones, a excepción de los que atañen tanto al cercioramiento del domicilio en que se actúe, como a la indicación del nombre del promovente, en razón de que esos datos ya constan en el expediente, es decir, se conoce con precisión la identidad de las partes."
Sin que tenga razón el disidente en cuanto alega que debieron observarse los requisitos previstos en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que lo dispuesto en este numeral sólo aplica para las formalidades que deben observarse en los emplazamientos, lo que se afirma porque dicho precepto, vigente en la época en que se promovieron las susodichas diligencias, dispone: "Sólo si se tratare de emplazamiento a juicio o de requerimiento y a la primera busca no se encontrase al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no espera, se le hará la notificación por cédula ..."
Además, cabe decir que aun cuando no era necesario dejar citatorio al demandado, lo cierto es que se observó ese requisito, lo que implica que el hoy impetrante estuvo en condiciones de estar presente al momento en que se practicó la notificación.
Es incorrecta la aseveración del quejoso, en el sentido de que se vulneró lo dispuesto en el artículo 70 de la ley adjetiva civil, al no asentarse la forma en que el funcionario se aseguró de que era el domicilio del demandado, pues al constituirse por primera vez en el bien raíz materia de la litis, claramente expresó que sí era el lugar porque así se lo manifestó el indicado Javier Razo Fuentes, el que manifestó que era hermano del disidente y se identificó debidamente; luego, en la segunda ocasión en que el diligenciario acudió a dicho domicilio en cumplimiento al citatorio entregado, otra vez se hizo constar que se cercioró de la dirección porque así se lo hizo saber el mencionado Javier, y aun cuando éste no se identificó en esta ocasión, ese dato ya obraba en el citatorio dejado antes.
Además, como en forma correcta se precisó por el tribunal de alzada, la notificación de las referidas diligencias se realizó al demandado por conducto de Javier Razo Fuentes, quien declaró ser su hermano y se identificó con la credencial expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio 92312648, en tanto que el emplazamiento al juicio natural también se verificó en la finca controvertida y se entendió con dicha persona, la que volvió a identificarse con el mismo documento; sin que el disconforme impugne la aseveración de Javier Razo Fuentes, referente a que era su hermano, sino que, contrario a ello, se hizo sabedor del juicio entablado en su contra y produjo su contestación.
En este orden debe señalarse que si el tribunal de alzada expresó que: "luego entonces, del análisis objetivo que se realiza a las diligencias de notificación antes citadas, se advierte la voluntad a que nos referimos anteriormente, de que se hizo del conocimiento del ahora inconforme a través de Javier Razo Fuentes, quien manifestó ser su hermano y que en la diligencia previa a la notificación se notificó debidamente ante el funcionario que practicó la diligencia; lo que a juicio de quienes ahora resolvemos se estima correcto pues, además, el demandado no manifiesta desconocer a la persona con quien se entendió la diligencia; sino que, contrario a ello, al haberse realizado el emplazamiento dentro del juicio que nos ocupa con esa misma persona, quien además igual que en los medios preparatorios de juicio, se identificó con la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con número de folio 92312648, diligencia esta última que, además, surtió plenos efectos pues, oportunamente, se apersonó el demandado a producir contestación.", fue para precisar que el emplazamiento a juicio se practicó con la misma persona por conducto de quien se hizo del conocimiento del arrendatario la voluntad del quejoso de poner fin al arrendamiento, así como que éste en el juicio principal sí se había hecho conocedor del emplazamiento, puesto que contestó la demanda entablada en su contra.
Consecuentemente, es inexacta la alegación del disconforme relativa a que el tribunal ad quem incurrió en imprecisiones y confundió las actuaciones, ya que él no compareció a producir contestación en los medios preparatorios a juicio.
Porque, en efecto, los razonamientos del tribunal de alzada fueron para poner en evidencia que tanto en las susodichas diligencias como en el emplazamiento al juicio natural, el demandado fue hecho sabedor de esos procedimientos por conducto de Javier Razo Fuentes, quien expresó ser su hermano, sin que pusiera en duda ese parentesco, sino que, contrario a ello, en el juicio generador del acto reclamado sí produjo su contestación, de lo que se deduce que si en este proceso tuvo conocimiento del mismo, lo mismo ocurrió en los referidos medios preparatorios, puesto que la notificación se practicó por medio de la misma persona (hermano del interesado) y, por ende, fue indubitable.
En este tema, debe señalarse que en el citatorio entregado al aludido Javier Razo Fuentes, se hizo constar que el diligenciario se presentó en la finca marcada con el número 2482 de la calle Chicalote, en tanto que al comparecer nuevamente para dar cumplimiento al citatorio se asentó que se constituyó en la mencionada calle pero en el número 2484; sin embargo, ese dato es insuficiente para considerar, contra la opinión del disconforme, que no haya vinculación entre el citatorio y la notificación, c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19478-cb51c4ea/notificaciones-personales-segundas-o-ulteriores-al-emplazamiento-requisitos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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