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Modo: Corpus Pro

AUDIENCIA DE VISTA EN SEGUNDA INSTANCIA. ACORDE CON EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, DEBE CELEBRARSE CONFORME AL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO ATENDER A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO ADECUADA A DICHO PRECEPTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 130/2006. · Registro digital (IUS): 19516
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, , Pág. 977.

AMPARO DIRECTO 130/2006.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Resulta innecesario transcribir la sentencia reclamada, los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, los antecedentes del acto reclamado y las pruebas que obran en el sumario, pues en suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, este tribunal advierte una violación procesal en segunda instancia que dejó sin defensa al ahora quejoso.

Lo anterior es así, en atención a lo siguiente:

Del análisis efectuado a los autos, se advierte que el quejoso interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de primer grado, dictada el veintisiete de septiembre de dos mil cinco, en la causa penal 225/2004. Derivado de lo expuesto, en auto de trece de octubre de dos mil cinco, emitido en el toca de apelación 980/2005, los Magistrados integrantes de la Primera Sala Colegiada Penal de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, proveyeron respecto de dicho medio de impugnación; además, tuvieron en esa instancia como defensor de ... a los licenciados ... compareciendo a aceptar ante la Sala el cargo conferido únicamente el licenciado ... (foja seis del toca de apelación).

Por acuerdo de veinte de octubre de dos mil cinco, el Magistrado semanero adscrito a la Sala Penal responsable, puso a la vista del defensor y del sentenciado los autos por el término de diez días para que expresaran agravios y ofrecieran las pruebas que estimaran convenientes; posteriormente, mediante proveído de cuatro de noviembre del año en cita, ordenó glosar los motivos de inconformidad presentados por el defensor particular para que fueran tomados en consideración al momento de resolver el asunto; en la misma data, señaló las diez horas del diecisiete de noviembre del año próximo pasado, para que tuviera verificativo la audiencia de vista, prevista en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, lo cual fue notificado al sentenciado, al agente del Ministerio Público y al defensor particular, por medio de lista de siete de noviembre de dos mil cinco.

En la audiencia de vista se estableció lo siguiente:

"... Texcoco, Estado de México, siendo las diez horas del día diecisiete de noviembre de dos mil cinco, día y hora señalados por auto relativo a efecto de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de vista correspondiente al presente toca en términos de lo dispuesto por el artículo 293 del Código de Procedimientos Penales en vigor, comparece ante los Magistrados integrantes de la Primera Sala Colegiada Penal de Texcoco, presidente licenciada en derecho ... licenciado en derecho ... y maestro en administración de justicia ... quienes actúan en forma legal con secretario de Acuerdos, licenciada en derecho ... el agente del Ministerio Público adscrito, no así el licenciado ... defensor particular del sentenciado ... a pesar de haber sido legalmente notificado para ello, por lo que en este acto se da cuenta al presidente de la Sala. A continuación el presidente de la Sala acordó: Que en virtud de que el defensor particular dejó de comparecer sin causa justificada al desahogo de la presente audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 72 del Código de Procedimientos Penales en vigor para el Estado de México, se nombra como defensor del sentenciado ... al de oficio adscrito a esta Sala, por lo que hágasele saber dicho nombramiento para los efectos de su aceptación y protesta. Enseguida, estando presente en esta Sala el defensor de oficio licenciado ... se le hace saber el nombramiento de defensor que se le confiere y enterado de ello, manifestó que lo acepta y protesta su legal y fiel desempeño. Esto dijo y firma para debida constancia legal. A continuación, el presidente de la Sala declaró abierta la presente diligencia, concediéndole el uso de la palabra, en primer término, al agente del Ministerio Público adscrito, quien manifestó que en este acto solicito se confirme la sentencia condenatoria que por esta vía se recurre, en virtud de no causarme agravio alguno, siendo todo lo que deseo manifestar. En segundo lugar, el presidente de la Sala concede el uso de la palabra al defensor de oficio del sentenciado de mérito, quien manifestó que en este acto hago mío el escrito de agravios formulado por el licenciado ... ratificándolo en todas y cada una de sus partes, por lo cual, solicito sea tomado en consideración al momento de resolver el recurso interpuesto siendo todo lo que deseo manifestar. En atención a lo solicitado por las partes, el presidente de la Sala acordó: Por hechas las manifestaciones de las partes, mismas que se tomarán en consideración al momento de dictar el fallo que corresponde; en consecuencia, con fundamento en el artículo 294 del código adjetivo de la materia, se declara cerrado el debate y visto el presente toca. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, se turna el presente asunto al Lic. ... para su estudio y presentación oportuna del proyecto de resolución, con lo que se da por terminada la diligencia, firmando al calce los que en ella intervinieron para debida constancia legal ..."

Como puede apreciarse de la transcripción que antecede, la audiencia de vista se verificó sin la asistencia del defensor particular que nombró al quejoso para asistirlo, si bien, en el acto de la diligencia se le nombró en forma oficiosa al defensor de oficio, lo cierto es que ello constituye una limitación a la garantía de defensa prevista en el artículo 20, fracción IX, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y encuadra en la hipótesis a que hace referencia la fracción XVII del artículo 160 de la Ley de Amparo.

El precepto constitucional antes aludido es del tenor siguiente:

"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"A. Del inculpado:

"...

"IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; ..."

Por su parte, el artículo 160, fracción XVII, de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso:

"...

"II. Cuando no se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando no se le facilite, en su caso, la lista de los defensores de oficio, o no se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado; cuando se le impida comunicarse con él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de oficio;

"...

"IX. Cuando no se celebre la audiencia pública a que se refiere el artículo 20, fracción VI, de la Constitución Federal, en que deba ser oído en defensa, para que se le juzgue;

"...

"XVII. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiado de Circuito, según corresponda."

De lo anterior, se advierte que el activo tiene la garantía constitucional de contar con una defensa adecuada en su favor durante todo el desarrollo del proceso penal, ya sea por sí o a través de abogado particular o el de oficio que le asigne el órgano jurisdiccional, para que lo asista en sus intereses, en cada una de las etapas procedimentales (preinstrucción, instrucción, audiencia de derecho en primera y de vista en segunda instancia), en las cuales deba participar.

Ello, con el fin de que durante el procedimiento, el enjuiciado pueda enterarse, ya sea por sí o por conducto de su defensor, de cada una de las actuaciones en las que interviene como parte, la naturaleza, el alcance de su participación y la finalidad de la misma; lo anterior, para que con previo y pleno conocimiento de su actuación, el activo se conduzca de la manera que crea adecuada en la defensa de sus intereses y no esté ante una desigualdad procesal por carecer del asesoramiento legal necesario y le cree incertidumbre sobre su situación jurídica.

No obstante lo anterior, el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, en su artículo 292, establece que la vista se celebrará con o sin asistencia de las partes, dentro de los diez días siguientes, dentro de las que está obviamente el activo y su defensor. Tal precepto señala lo siguiente:

"Artículo 292. En el auto que recaiga al escrito de expresión de agravios, si no se hubiere promovido prueba, o concluida la recepción de las que en su caso se hubieren admitido, se señalará de oficio fecha para la vista, la cual se celebrará, con o sin asistencia de las partes, dentro de los diez días siguientes."

Como se observa del numeral transcrito, se contempla la posibilidad de verificarse la audiencia de mérito, aun sin la asistencia de las partes en litigio, dentro de las que está el activo, quien puede defenderse por sí o a través de defensor, es decir, puede llevarse a cabo tal diligencia jurisdiccional sin la concurrencia de aquél o su asesor legal, no obstante que por disposición expresa del artículo 20, fracción IX, apartado A, de la Carta Magna, constituye una garantía constitucional que el sujeto causante del ilícito cuente con una defensa adecuada, para cuyo efecto tiene el innegable derecho de estar asistido por su patrocinador legal en todos los actos del proceso, quien deberá comparecer a ellos.

Es decir, en atención a su espíritu tutelador a los derechos elementales de los gobernados, entre los cuales está el de la libertad personal, seguridad jurídica y de audiencia, entre otros, la Constitución dispone taxativamente que el procesado cuente con una defensa durante la tramitación del proceso penal, es decir, prevé la necesaria participación del defensor del activo en cada una de las actuaciones procedimentales, incluyéndose, desde luego, la audiencia de vista en la apelación, ello con el fin de que pueda respetársele su garantía de ser debidamente escuchado en juicio.

Con lo anterior, se asegura la adecuada intervención del activo, por sí o a través de su defensor, en todas las actuaciones procesales en las cuales pueden derivarse cuestiones de hecho o de derecho que a la postre le sirvan de fundamento para plantear sus argumentos exculpatorios.

Debe estimarse que la intención del Constituyente Permanente al establecer como obligatoria la asistencia del defensor del activo en todas las actuaciones del proceso, fue asegurar que, por conducto de aquél, el inculpado ejerciera y le fuera respetada su garantía de audiencia y seguridad jurídica, pues de esa manera está en posibilidad de enterarse de lo alegado en las mismas por las demás partes involucradas y ser escuchado en defensa de sus intereses, ello en aras de la observancia a los principios tuteladores que en favor de los gobernados prevé la Carta Magna en todos los ámbitos jurídicos, incluido, desde luego, el del enjuiciamiento penal.

Se aduce lo anterior, pues así se desprende del análisis efectuado al proceso legislativo en torno a las reformas del artículo 20 constitucional y otros preceptos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres.

En la exposición de motivos de la iniciativa de tales reformas, presentada el dos de julio de mil novecientos noventa y tres, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, quien fungió como órgano de origen, en lo conducente, se estableció lo siguiente:

"... La LV Legislatura, ha venido asumiendo una serie de debates fundamentales para la nación, sobre la reforma del Estado mexicano ... Al tratar la reforma del Estado mexicano, se han abarcado temas torales como la democracia, el respeto de los derechos humanos, las relaciones iglesias-Estado, el campo, la educación, entre otras. En este orden de ideas, los suscritos sostenemos que un ámbito como el de la justicia penal, no debe quedar exento de este debate, ya que en este campo del derecho en el que se busca el justo equilibrio entre los principios de seguridad y libertad, entre la observancia de la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales del ser humano se plasma la aspiración de un pueblo para asegurar la paz y la tranquilidad por el camino de la libertad. Es por ello que resulta necesario, en beneficio de la propia sociedad, adecuar las normas constitucionales, siempre con vistas a la protección de los derechos humanos, garantías individuales, administración rápida y expedita de la justicia, tanto en las etapas de investigación como durante el procedimiento judicial. La iniciativa que se propone para reformar los artículos 16, 20 y 119 de nuestra Carta Magna tiene estos objetivos. Nuestro sistema penal, se desarrolla con base a las garantías que consagra la Constitución. El Ministerio Público y el Juez no pueden ni deben ir más allá de lo que el marco jurídico les permite ... Por lo que hace a la reforma que se propone para el artículo 20 de nuestro Máximo Ordenamiento, se considera conveniente sustituir en el primer párrafo la expresión ‘juicio de orden criminal’ por ‘proceso del orden penal’, que sitúa de manera plena el momento procedimental en que las garantías que dicho artículo consagra deben observarse. De igual manera se sustituye el término ‘acusado’ por el de ‘inculpado’ ... En lo referente a la fracción IX, la reforma que se plantea otorga al procesado la garantía jurídica a gozar de una defensa para la guarda de sus derechos, contemplándose que la misma puede realizarse por el propio procesado o por abogado de su confianza, salvo en los casos en que en el lugar no hubiere abogado titulado, podrá ser defendido por persona de su confianza. En todos los actos del proceso el defensor tendrá derecho a estar presente y será su obligación comparecer cuantas veces se le requiera. En esta misma fracción se adiciona un párrafo, en el que se establece que lo dispuesto por las fracciones V, VII y IX, se observarán en la averiguación previa ‘en los términos y con los requisitos que las leyes establezcan’, enfatizándose que las previstas en las fracciones I y II ‘no estarán sujetas a condición alguna’ ."

En el estudio y discusión de la iniciativa de reforma antes señalada, llevada a cabo en la Cámara de Diputados el diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, en lo que interesa, se estableció lo siguiente:

"... La exposición de motivos que acompañan ambas iniciativas en estudio, plantean, como parte de la reforma del Estado, el ámbito de las garantías individuales en materia penal. Señalan, que es establecer disposiciones con cuya virtud, los particulares encuentren en la norma jurídica, tutela y protección, con respecto a los actos de las autoridades, que tienen a su cargo, la búsqueda e impartición de justicia. Por ello, su finalidad consiste en llevar al texto constitucional enmiendas que más allá de requisitos de forma, expresen avances efectivos, a fin de que las autoridades y los gobernados, cuenten con el marco jurídico que exprese, en equilibrio, el goce de las libertades fundamentales del ser humano, con el deber estatal de procurar y administrar justicia. Las iniciativas, materia del presente dictamen tienen como objetivos, buscar el perfeccionamiento de nuestras garantías individuales, la consecuente salvaguarda de los derechos humanos en materia de procedimientos penales, considerando los ámbitos legítimos de actuación de la autoridad, tanto en la etapa indagatoria y persecutoria de los delitos, como en la etapa propiamente jurisdiccional de todo procedimiento de este orden. ... El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla todas las garantías que el Estado debe respetar a los inculpados en el procedimiento penal. Es de tal tenor que la reforma que se plantea contiene los siguientes cambios que se expresan en el encabezado del citado artículo. La reforma propone sustituir el término ‘juicio de orden criminal’ por el de ‘proceso de orden penal’, al considerarse que la expresión clarifica la fase del procedimiento penal que es competencia del Juez. Algunos legisladores cuestionaron el empleo de este término porque se contrapone con el de ‘juicio’ a que se refieren los artículos 14 y 23 de la Constitución. Tal observación fue desechada ya que en su redacción integral el artículo 20 constitucional plantea que el concepto de juicio comprende las fases jurisdiccional y previa, por lo cual se superó la aparente contradicción. ... Fracción IX. En todo Estado de derecho debe garantizarse el derecho a una defensa adecuada; éste es el objetivo que persigue la fracción IX del artículo 20 constitucional. La defensa del inculpado podrá realizarse desde el inicio del proceso por sí, por abogado o por una persona de la confianza de aquél. La defensa adecuada consiste básicamente en las siguientes actuaciones de la defensa: la aportación oportuna de pruebas idóneas; la promoción de los medios de impugnación frente a los actos de autoridad que afecten los intereses legítimos de la defensa, la argumentación sistemática del derecho aplicable al caso concreto y utilización de todos los beneficios que la legislación procesal establece para la defensa a fin de evitar los riesgos de error judicial, es decir los de la injusta condena. Para alcanzar el objetivo de la defensa adecuada, es necesario buscar en la ley, métodos y procedimientos que permitan fortalecer la defensa, así como procurar la debida información al inculpado y a su defensor sobre las garantías que la Constitución consigna en su favor. La iniciativa emplea el término de abogado, para incorporar en este concepto a las personas que en los términos de la ley estén autorizados para abogar, es decir, para actuar por otros en la causa penal. El derecho al ejercicio de la defensa se reafirma con la facultad del defensor para comparecer a todos los actos del proceso, no sólo bajo un papel testimonial, sino con la obligación de intervenir en el cumplimiento de su deber ..."

El veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y tres, al revisar la propuesta de reformas al artículo 20 constitucional y otros preceptos, las Comisiones Unidas Primera de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Senadores emitieron dictamen, en cuya parte considerativa se estableció lo siguiente:

"... La iniciativa presentada por algunos diputados federales de esta LV Legislatura para la reforma de los artículos 16, 20 y 119 de la Ley Fundamental propuso diversas modificaciones con el fin de mejorar la técnica legislativa; otorgar mayor claridad al texto constitucional en materia penal; lograr una mayor agilidad en los procedimientos; respetar los derechos humanos de aquellas personas sujetas a procedimiento; otorgar al procesado la garantía jurídica de gozar de una defensa para la guarda de sus derechos así como a las víctimas u ofendidos por el delito, establecer mecanismos más ágiles de colaboración y coordinación interestatales para la detención y entrega de los inculpados y sentenciados; así como el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito; además, precisar las bases para llevar a cabo las extradiciones internacionales ... Por lo que hace a la reforma propuesta para el artículo 20, se consideró conveniente sustituir la expresión ‘juicio de orden criminal’ por ‘proceso de orden penal’ y, de igual manera, se propuso sustituir el término ‘acusado’ por el de ‘inculpado’. ... En lo referente a la fracción IX del mismo precepto, se establecen las reglas para hacer efectiva la garantía jurídica de defensa, contemplándose que ésta puede realizarse por el propio procesado o por abogado de su confianza, y que en todos los actos del proceso el defensor tendrá derecho a estar presente y será su obligación comparecer e intervenir cuantas veces se le requiera. En esta misma fracción, la iniciativa adiciona un párrafo para ampliar lo dispuesto en las fracciones V, VII y IX en el caso de la averiguación previa ... En el caso del artículo 20 constitucional, el dictamen de la colegisladora adoptó las reformas propuestas tanto al párrafo inicial como a las fracciones I, II, IV, VIII, IX, así como la adición de dos párrafos finales. En el párrafo inicial se sustituyó la expresión ‘juicio de orden criminal’ por ‘proceso de orden penal’, así como el término ‘acusado’ por el de ‘inculpado’... Por su parte, la fracción IX precisa en su texto la garantía constitucional del derecho a una defensa adecuada, la cual deberá asegurarse desde el inicio del proceso, además de establecerse obligaciones para el defensor ... V. Consideraciones finales. Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben reconocemos en la presente reforma constitucional un notable fortalecimiento de las garantías individuales de libertad, legalidad y seguridad jurídica para todos los individuos que habitan en el territorio nacional. ... La defensa de la vida, de la libertad y del patrimonio de las personas es uno de los más elevados valores que el legislador debe salvaguardar. Ha sido a partir de este principio que los legisladores federales que hemos intervenido durante este proceso legislativo, reflexionamos y analizamos las iniciativas de reforma a que hemos aludido en este dictamen. En caso de merecer la aprobación de este cuerpo colegiado, las modificaciones introducidas a los diferentes artículos constitucionales materia del presente dictamen y que deberán continuar siendo sometidas a la consideración de las Legislaturas Locales, precisan, clarifican y amplían el ámbito de libertad, legalidad y seguridad jurídica de los gobernados. Asimismo, buscan asegurar la deseable articulación entre el derecho sustantivo penal y el derecho adjetivo penal, al dar un tratamiento jurídico homogéneo a ambas perspectivas frente a las conductas ilícitas ... Las aportaciones surgidas durante el curso de nuestros trabajos ponen de manifiesto la variedad de enfoques existentes, tanto para la defensa de las víctimas o afectados como para la defensa legal de los inculpados o procesados. En un régimen de derecho es igualmente importante aportar todos los elementos jurídicos para salvaguardar los derechos de unos y de otros. En caso contrario, se incurriría en un desequilibrio que podría ocasionar una falta de protección a quienes han sufrido una lesión en sus bienes jurídicos tutelados o permitir una especie de venganza pública. Una y otra hipótesis son inconcebibles en un Estado de derecho. Es por ello que los miembros de estas Comisiones Unidas hemos comprometido nuestro mayor empeño en el estudio de las nuevas normas constitucionales propuestas en materia penal."

De los anteriores datos informativos, puede apreciarse que las razones consideradas por el Constituyente Permanente para instituir como prerrogativa constitucional el asegurar una defensa adecuada del activo en todos los actos del proceso penal, en síntesis, fueron las siguientes:

1. El sistema penal mexicano, se desarrolla con base en las garantías individuales.

2. Resulta necesario adecuar las normas constitucionales, en aras a la protección de los derechos humanos, garantías individuales y de una administración rápida y expedita de justicia.

3. Respecto a la reforma del Estado, en el ámbito de las garantías individuales en materia penal, ello comprende establecer disposiciones en virtud de las cuales los particulares encuentren en la norma jurídica tutela y protección ante los actos de las autoridades que tienen a su cargo la búsqueda e impartición de justicia.

4. Con la reforma constitucional en comento, se advierte un fortalecimiento de las garantías individuales de libertad, legalidad y seguridad jurídica, respetándose los derechos humanos de aquellas personas sujetas a procedimiento, otorgándoles la garantía jurídica de gozar de una adecuada defensa para la guarda de sus derechos.

En resumen, en aras de otorgar mayor eficacia al ejercicio de las garantías de libertad, legalidad y seguridad jurídica, el Congreso Federal instituyó como prerrogativa constitucional el asegurar la defensa adecuada del inculpado en todos los actos del proceso penal, estableciendo que el defensor que al efecto lo asesore, debe estar presente en las diversas actuaciones procedimentales.

No obstante lo anterior, como ya se mencionó con antelación, el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México prevé que la audiencia de vista en segunda instancia debe llevarse a cabo aun sin la concurrencia de las partes.

Ello pone de manifiesto que tal dispositivo legal no está acorde con lo previsto en la fracción IX, apartado A, del artículo 20 de la Carta Magna, respecto de que debe asegurarse la participación del defensor del activo en todos los actos del proceso.

Cabe aclarar, que dicha disposición procesal data desde la promulgación del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, efectuada en la Gaceta del Gobierno de esta entidad federativa, el veinte de marzo de dos mil.

No obstante que desde el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas efectuadas al artículo 20 de la Carta Magna y otros preceptos, mediante las cuales se instituyó al rango de garantía constitucional el asegurar una defensa adecuada al inculpado del delito en todos los actos del proceso penal, la que podrá ejercer por sí o a través de su defensor, teniendo derecho el procesado a que su asesor comparezca en todas las actuaciones procedimentales y éste posee a su vez la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; empero, la legislación procesal penal local, específicamente el artículo 292 que regula la audiencia de vista en la apelación, no se adecuó a la nueva normatividad suprema, a pesar de que esta última procura el adecuado ejercicio y respeto de las garantías de audiencia y seguridad jurídica del activo, lo cual implica que dicha disposición secundaria quedó desfasada en relación con el Ordenamiento Superior.

Lo anterior, de cierto modo implica una restricción al ejercicio de la garantía de defensa consagrada en la Carta Magna, lo cual genera perjuicios al procesado.

Ello es así, pues la Constitución Federal por ser la fuente de todo el sistema jurídico nacional, de la cual se derivan los ordenamientos legales tanto federales como locales, es la Ley Suprema de la Unión, por lo que es un hecho que éstos deben estar acordes con los principios generales contemplados en la Carta Magna, pues son los que los rigen, para que a partir de ellos regulen de manera particular las distintas materias y ámbitos de aplicabilidad a la cual se dirigen.

Es decir, toda norma secundaria al tener como fuente de origen la Constitución, su regulación no puede ir más allá de lo permitido por ésta, tampoco debe restringir los derechos que la misma consagra en favor de los gobernados, en otras palabras, todo ordenamiento debe estar acorde con los principios rectores y tuteladores de la Constitución Federal, pues deriva de ésta.

En el caso particular, como ya se dijo, el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México prevé que la audiencia de vista en la apelación deberá verificarse incluso sin la concurrencia de las partes, es inconcuso que ello implica una limitación a la garantía prevista en la fracción IX, apartado A, del artículo 20 constitucional, donde se establece que desde el inicio del proceso el inculpado tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí o por abogado de su confianza, asimismo, que goza de la prerrogativa de que éste acuda a todos los actos procedimentales.

Ello es así, porque con la participación directa del defensor y por su conducto, el inculpado puede alegar lo que a sus intereses convenga y con ello mejorar su situación jurídica, y al no acontecer lo anterior, es evidente que eso le afecta al activo.

A mayor abundamiento y para robustecer lo anterior, debe decirse que, según la doctrina, ante la aparente discrepancia entre dos ordenamientos jurídicos, para determinar cuál de ellos debe aplicarse, debe atenderse a determinados principios.

En efecto, a página setecientos treinta y siete y siguiente, Tomo A-C, del Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, México 1998, Rolando Tamayo y Salmorán refiere que para la solución de un conflicto de normas, puede recurrirse a diversos criterios tales como: 1) El jerárquico; 2) El cronológico; 3) El de la ley más favorable; y, 4) El de especialidad.

Ahora, para el caso en estudio, basta señalar que con el primero de los criterios antes señalados, se concluye que la norma a aplicar es la constitucional, ello por la supremacía de ésta ante el ordenamiento punitivo procesal local; asimismo, lo dispuesto en la Constitución Federal le resulta más favorable al activo del ilícito, pues establece como garantía individual una defensa adecuada en su favor y a estar asistido por defensor en todas las actuaciones procedimentales, lo cual se ve limitado por la norma secundaria al establecer que la audiencia de vista en la apelación puede verificarse aun sin la asistencia de las partes.

Sin que en la especie, opere el criterio de la aplicación de la norma especializada, pues como se dijo en párrafos anteriores, en la Carta Magna se contie

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19516-48bf77c3/audiencia-de-vista-en-segunda-instancia-acorde-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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