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Modo: Corpus Pro

SUSTITUCIÓN DE MULTA POR JORNADAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD O CONFINAMIENTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE INSTANCIA DE APLICAR DICHAS SANCIONES SUSTITUTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO, EN SU PLIEGO DE ACUSACIÓN, NO LAS HAYA SOLICITADO, VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN PERJUICIO DEL SENTENCIADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). SUSTITUCIÓN DE MULTA POR JORNADAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD O CONFINAMIENTO. SI EN LA PRIMERA INSTANCIA SE OMITIÓ ESTABLECER DICHAS SANCIONES SUSTITUTAS, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE RESOLVER EN TORNO A ELLAS, SIN QUE CON ELLO INFRINJA LA ESFERA DE DERECHOS SUBJETIVOS PÚBLICOS DEL SENTENCIADO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 124/2006. · Registro digital (IUS): 19531
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, , Pág. 1069.

AMPARO DIRECTO 124/2006.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.-En relación a la individualización de las penas se advierte que la autoridad responsable, desde luego, haciendo suyas las consideraciones de la resolución de primer grado, correctamente y en forma pormenorizada atendió a lo dispuesto para ese efecto en el artículo 57 del Código Penal para el Estado de México, es decir, a las circunstancias exteriores de ejecución del hecho delictivo y a las peculiaridades del enjuiciado, las cuales permitieron a la Sala responsable considerar el grado de punición "mínimo", apreciando para ello tanto los aspectos benéficos, como perjudiciales, sin traspasar los lineamientos previamente establecidos para tal fin.

Ahora bien, contra lo argumentado por el solicitante de garantías, este Tribunal Colegiado estima acertado que la Sala responsable al hacer suyas las consideraciones de la Jueza de primer grado y emitir las propias, haya considerado que en relación al delito básico de robo era aplicable la penalidad preestablecida en la fracción I del artículo 289 del Código Penal para el Estado de México, pues consideró que no se determinó de manera certera el monto del numerario robado, sin que en el caso resulte aplicable lo previsto en la fracción VI del aludido numeral, como equivocadamente lo considera el inconforme.

Se afirma lo anterior, en virtud de que el artículo 289, en su fracción VI, del preindicado código punitivo, literalmente establece:

"Artículo 289. El delito de robo se sancionará en los siguientes términos:

"...

"VI. Si por alguna circunstancia la cuantía del robo no fuere estimable en dinero o si por su naturaleza no se hubiere fijado su valor, se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a ciento veinticinco días multa."

De la lectura de la fracción transcrita, es claro que la pena en ella establecida es aplicable en aquellos casos en que el objeto del delito de robo no es estimable en dinero o por su propia naturaleza no es posible fijar su valor, es decir, los presupuestos legales descritos exigen que la naturaleza y condiciones específicas del bien robado no permitan determinar su valor.

Pero en la especie, la Sala responsable al hacer suyas las consideraciones de la Jueza de instancia y emitir las propias, correctamente estimó que con las pruebas existentes en la causa penal de origen relativas, no se determinó de manera certera el monto al que ascendió el numerario robado, lo que constituye una hipótesis distinta a la contenida en la mencionada fracción del numeral en comento, por lo que ante la insuficiencia de pruebas para determinar con certeza el valor de lo robado y, atento al principio de lo más favorable al reo, resultó aplicable la penalidad a que se refiere la fracción I de dicho artículo, por resultar la que más beneficiaba al ahora quejoso, pues incluso esta última prevé una sanción de carácter alternativo, por ende, es inaplicable la tesis que al respecto invocó el inconforme y que le correspondiera como pena total la que señala en su concepto de violación sin aplicación de la correspondiente por la agravante de violencia, ya que por disposición expresa del párrafo primero del artículo 290 del Código Penal para el Estado de México, debe imponerse, además de la pena del delito de robo, la de la agravante respectiva que resulte y que en el caso es la que prevé la fracción I del artículo 290 aludido, como correctamente lo apreció la autoridad responsable.

En tal virtud, el tribunal de alzada responsable, haciendo suyos los razonamientos contenidos en la resolución de primera instancia y exponiendo los propios, por el delito básico de robo, con fundamento en el artículo 289, fracción I, del Código Penal para el Estado de México, que establece una punibilidad de seis meses a dos años de prisión o de cien a doscientos días multa, le impuso al sentenciado hoy quejoso la pena de cien días multa, que a razón del salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos, que ascendía a cuarenta y cinco pesos con veinticuatro centavos, arrojó la cantidad de cuatro mil quinientos veinticuatro pesos, que se incrementó en cinco años de prisión, sin imponerle pena pecuniaria por no haberse determinado de manera certera el monto de lo robado; por la agravante de violencia, prevista en la fracción I del artículo 290 del mismo ordenamiento legal, que prevé una sanción de cinco a diez años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado, sin que exceda de mil días multa; que en suma hicieron un total de cinco años de prisión y multa de cuatro mil quinientos veinticuatro pesos, penas que resultan acordes con el índice de culpabilidad que se estimó al justiciable.

Resultando infundado lo vertido por el peticionario de garantías en el sentido de que en el caso no resultaba aplicable la fracción I del artículo 290 en comento, atendiendo al principio in dubio pro reo, pues como ya quedó apuntado, en la especie quedó acreditado que el hecho delictuoso se verificó con violencia moral, por lo que con acierto y precisamente en atención al principio aludido, la Sala responsable consideró no imponer la pena pecuniaria por no haberse acreditado el monto del numerario materia del latrocinio, empero la pena privativa de libertad sí era aplicable, por disposición expresa de la ley y para su imposición sólo se debió adecuar el grado de culpabilidad que le fue advertido, con el mínimo y máximo de las penas privativas de libertad, previstas en dicho dispositivo legal, lo cual, como ya se precisó en párrafos que anteceden, no causó ningún perjuicio al quejoso.

Determinación a propósito de la cual es de señalarse, que al haber sido impuestas al peticionario de garantías las penas mínimas previstas por los referidos artículos 289, fracción I y 290, fracción I, del Código Penal en consulta, no trasgreden sus derechos públicos subjetivos, conforme a la jurisprudencia seiscientos treinta y cinco, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos diecinueve del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, del rubro: "PENA MÍNIMA, NO ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU IMPOSICIÓN."

Asimismo, atento a lo dispuesto por el artículo 24 del Código Penal de esta entidad federativa, la multa consiste en el pago de una suma de dinero al Estado que se fija por días multa, que equivale a la percepción neta diaria del inculpado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos, que en ningún caso serán inferiores al salario mínimo general vigente en el lugar donde se consumó.

Ahora bien, de la declaración preparatoria del inculpado se obtiene que ... manifestó que tenía un ingreso económico semanal de un mil doscientos pesos, cantidad que al dividirla entre los siete días de que consta la semana, conforme al último párrafo del artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, se colige que la percepción neta diaria de dicho inculpado era de ciento setenta y un pesos con cuarenta y dos centavos, lo cual era relevante y suficiente para estimar el monto de sus percepciones y determinar la equivalencia del día multa, dado que nada lo desvirtuó; criterio anterior que así fue sustentado por la actual Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 8/96, correspondiente a la Novena Época, publicada en la página ciento treinta y uno del Tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "MULTA, EL CRITERIO PARA IMPONERLA ES LA PERCEPCIÓN NETA DIARIA DEL SENTENCIADO, SU DICHO TIENE VALOR DE PRUEBA PLENA, SI NADA LO DESVIRTÚA."

Ante tal panorama, este tribunal estima que la Sala responsable debió advertir que en el caso la Jueza de la causa en forma incorrecta consideró, para los efectos de determinar la equivalencia de los días multa impuestos como pena accesoria derivada del delito de robo agravado con violencia, el salario mínimo general vigente en la fecha y área geográfica en la que se cometió, que como ya se indicó era de cuarenta y cinco pesos con veinticuatro centavos, cuando lo correcto era atender a lo declarado por el inculpado para determinar dicha equivalencia conforme al criterio jurisprudencial antes invocado el cual, conforme al párrafo primero del artículo 192 de la Ley de Amparo, es obligatorio, entre otros, para los tribunales jurisdiccionales de los Estados, y no confirmar la determinación vertida por la a quo en este aspecto, quien con dicho criterio favoreció al ahora quejoso al imponerle un monto menor de pena pecuniaria a la que realmente le correspondía, sin que soslaye este tribunal, que dicha autoridad responsable si bien no podía modificar la sentencia de primer grado recurrida, ante la ausencia de apelación por parte del Ministerio Público del orden común, también lo es que sí podía hacer tal observación a la a quo para los efectos legales correspondientes.

No obstante lo anterior, a partir de una mayor reflexión en torno al tema este órgano colegiado advierte fundado el diverso concepto de violación que el solicitante del amparo esgrime, relativo a que en su perjuicio se trastocó el principio de legalidad y exacta aplicación de la ley a que se contrae el artículo 14 constitucional, en la medida en que la pena de multa que le fue impuesta no se sustituyó por jornadas de trabajo a favor de la comunidad, o por la diversa pena de confinamiento, tal como lo prevé el artículo 24 del Código Penal del Estado de México.

En efecto, el precitado numeral dispone:

"Artículo 24. La multa consiste en el pago de una suma de dinero al Estado que se fijará por días multa, los cuales podrán ser de treinta a cinco mil.

"El día multa equivale a la percepción neta diaria del inculpado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos, que en ningún caso serán inferiores al salario mínimo general vigente en el lugar donde se consumó.

"En los delitos continuados se atenderá al salario mínimo vigente en el momento consumativo de la última conducta y para los permanentes el que esté en vigor en el momento en que cesó la conducta delictiva.

"En caso de insolvencia del sentenciado, la autoridad judicial la sustituirá, total o parcialmente, por prestación de trabajo en favor de la comunidad, saldándose un día multa por cada jornada de trabajo.

"En caso de insolvencia e incapacidad física del sentenciado, la autoridad judicial sustituirá la multa por el confinamiento, saldándose un día multa por cada día de confinamiento."

La lectura del numeral inserto, de inicio, permite un concepto en torno a la pena de multa, que consiste en el pago de una cantidad de dinero, determinable mediante el sistema denominado días multa, su equivalencia, así como el límite mínimo y máximo de dicha pena.

Pero, adicionalmente en el penúltimo párrafo se establece de manera obligatoria para el órgano jurisdiccional, que en los casos de insolvencia del sentenciado, la pena de multa impuesta deberá sustituirse total o parcialmente por la diversa pena de prestación de trabajo no remunerado a favor de la comunidad, en cuyo caso una jornada de trabajo saldará un día multa.

Y en el último párrafo, también de un modo imperativo, se prevé que en los casos en que adicional a la insolvencia del sentenciado se acredite la incapacidad física de éste, entonces cada día multa impuesto será sustituido por un día de confinamiento.

En otras palabras, conforme al contenido de los últimos párrafos del artículo 24 del Código Penal del Estado de México, deviene una obligación insoslayable para el órgano jurisdiccional, consistente en que al imponer una pena de multa, la misma deberá sustituirse total o parcialmente por la diversa pena de prestación de trabajo no remunerado a favor de la comunidad, para el caso de insolvencia del sentenciado o por la medida de seguridad denominada confinamiento cuando además de la insolvencia se demuestre una incapacidad física del sentenciado.

Cabe puntualizar que en todo caso subsiste la exigencia hacia el sentenciado de que entere en favor del erario público la sanción de multa impuesta, pues no le es potestativo cumplir con la originaria o la sustituta, sino hasta que se acredite su insolvencia económica o su insolvencia e incapacidad física, en que entonces, le sea exigible, según sea el caso, la prestación de jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad o el confinamiento.

Ante tal perspectiva, la omisión de la responsable en pronunciarse respecto a dichas penas sustitutivas, es violatoria de la garantía de exacta aplicación de la ley, en tanto se le priva al quejoso de la posibilidad de cumplir con la sanción de multa de una manera alternativa, desde luego condicionada a la acreditación de su insolvencia económica o insolvencia y además una incapacidad de carácter físico.

Sin que sea obstáculo a lo anterior que el Ministerio Público en su pliego de acusación omitiera solicitar la aplicación de las referidas sanciones sustitutas; en principio, porque conforme al artículo 21 constitucional a la autoridad jurisdiccional corresponde la imposición de las sanciones, pero, además, porque el órgano acusador solicitó la aplicación de las penas originarias, por lo que la sustitución de ella por jornadas de trabajo a favor de la comunidad o el confinamiento, supeditado a la insolvencia económica y a la insolvencia y a la incapacidad física del sentenciado, no es facultativo, sino un imperativo para el órgano jurisdiccional, tal como así se precisa en el texto del artículo 24, párrafo cuarto, del Código Penal del Estado de México, transcrito en párrafos precedentes, del cual se desprende que tales sustituciones se establecen como una obligación no como facultad, pues al respecto dice que "la autoridad judicial la sustituirá".

Tampoco es óbice, cuando como en la especie, el procedimiento penal fue tramitado en dos instancias, en la primera de las cuales se omitió establecer la sustitución de la multa ante la insolvencia del acusado, por prestación de trabajo no remunerado a favor de la comunidad o ante la insolvencia e incapacidad física del sentenciado por confinamiento, pues es manifiesto que subsiste la obligación del tribunal de alzada para resolver en torno a dichas sustitutivas, sin que con ello se infrinja la esfera de derechos subjetivos públicos del sentenciado, pues independientemente del carácter de pena de la imposición de tales jornadas o la obligación de residir en un determinado lugar y no salir de él, y con independencia de que exista o no la interposición de un recurso de apelación por parte de la representación social a ese respecto, en base a los anteriores planteamientos, es incuestionable que existe la obligación del tribunal de alzada en ordenar dichas sustitutivas, en tanto si en la primer instancia se impuso al sentenciado una pena de multa, la misma debe ineludiblemente ser sustituida por otra pena o medida de seguridad, de tal manera que no se cause un perjuicio al sentenciado, sino por el contrario, en caso de insolvencia o insolvencia e incapacidad física, se le otorga una alternativa más para que pueda cumplir la pena impuesta y bajo esa óptica le resulta en su beneficio.

Sin que los planteamientos anteriores impliquen una contravención al criterio sustentado por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página once, Número 54, junio de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, bajo el rubro: "TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD, NO ES UN BENEFICIO EL.". Pues de la lectura integral de esa tesis jurisprudencial, es evidente que derivó de la interpretación de los artículos 24, punto 2 y 27 del entonces Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal, es decir, se interpretó una diversa legislación, en la que además como aspecto distintivo debe señalarse la pena sustituta de la de multa, se establecía como una facultad para la autoridad jurisdiccional y no como una obligación.

En otro orden, en lo que atañe a la absolución de la reparación del daño material derivada del delito de robo agravado del que se viene hablando, en razón de que no se determinó en forma certera el monto del numerario del que fue desapoderado el denunciante, es obvio que lejos de causarle algún perjuicio redundó en su beneficio, por lo que no le causa agravio al quejoso.

También fue correcta la determinación de la Sala responsable al ordenar la amonestación pública del disconforme para prevenir su reincidencia, por ser consecuencia de toda sentencia condenatoria, en términos del artículo 55 del Código Penal para el Estado de México.

Finalmente, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que el tribunal de alzada responsable no hizo pronunciamiento alguno en relación con la aplicación de lo dispuesto en los artículos 43, fracción I y 44 del Código Penal para el Estado de México, como consecuencia de la condena impuesta.

En consecuencia, lo procedente es conceder al quejoso ... el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar emita otra, en la que dejando intocado lo relativo a la acreditación de los elementos del delito de robo con modificativa (agravante de haberse perpetrado con violencia), así como su responsabilidad penal en la comisión del mismo, el grado de culpabilidad en que se le ubicó, las sanciones impuestas, la absolución del pago de la reparación del daño material, su amonestación pública, atendiendo a los lineamientos de esta ejecutoria, se pronuncie respecto a la sustitución total o parcial de la multa por jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad, en caso de insolvencia económica probada del quejoso, o por confinamiento ante la demostración de la referida insolvencia e incapacidad física del sentenciado.

Por lo expuesto y con apoyo en lo que establecen los artículos 107, fracciones II y III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 76, 77, 78, 184 y 190 de la Ley de Amparo; así como 1o., fracción III, 34, 35 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se resuelve:

ÚNICO.-Para el efecto precisado en la parte final del considerando último de esta resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a ... contra el acto que reclamó de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que quedó precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104 y 105 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad jurisdiccional responsable, a efecto de que informe a este órgano de control constitucional acerca del cumplimiento dado a esta ejecutoria, agregando desde luego copia certificada de las constancias que lo acrediten, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo sentenció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados presidente Eugenio Reyes Contreras, Jorge Luis Silva Banda y Fernando Hernández Piña, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19531-bc6af06f/sustitucion-de-multa-por-jornadas-de-trabajo-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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