FALSEDAD ANTE AUTORIDADES. SE CONFIGURA EL DELITO CUANDO EL ACTOR O DEMANDADO FALTAN A LA VERDAD EN UN JUICIO CIVIL (CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL).
AMPARO DIRECTO 3412/2006.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación expresados por los quejosos son infundados.
En efecto, es infundado el aserto marcado con el inciso a) relativo a que no se analizaron sus "inconformidades", pues la responsable ordenadora contestó los agravios planteados por la defensa de los quejosos, como puede advertirse en el considerando décimo tercero de la sentencia reclamada denominado "contestación de agravios", los cuales se declararon infundados unos e inoperantes otros.
Para constatar lo anterior, debe señalarse que el defensor de oficio de ... hizo valer los siguientes motivos de inconformidad:
I. La sentencia de primera instancia violó el principio de exacta aplicación de la ley, así como las formalidades esenciales del procedimiento.
II. El Juez de la causa realizó una incorrecta valoración de pruebas, pues es desacertado que con los indicios existentes estime comprobado el cuerpo de los delitos y la responsabilidad penal, aunado a que el dicho del ofendido resultó aislado y singular.
III. Por otra parte, no puede considerarse que las pruebas que se tomaron en cuenta para el dictado del auto de formal prisión, sirvan para fundamentar la sentencia condenatoria.
En tanto que el defensor particular de ... hizo valer los siguientes agravios:
Los delitos derivan del contrato verbal de comodato y no consta en autos dicho contrato; además de que las pruebas periciales sólo determinaron que la firma que aparecía en el contrato de compraventa no era de la denunciante, pero no se recabó dictamen en el que se concluyera que era del puño y letra de ... por lo que si no se probó esa circunstancia, como consecuencia no falsificó el documento y, por ende, tampoco existió responsabilidad de los testigos, ya que no declararon con falsedad; aunado a que se pretende castigar como delito la utilización de un documento tildado de falso, cuando esos hechos derivan de un asunto civil.
Al respecto, el tribunal de apelación en principio atendió los agravios del defensor de oficio, pues dijo que no se aplicó de manera inexacta la ley ni se incumplieron las formalidades esenciales del procedimiento; además de que en la resolución recurrida se valoraron de manera correcta las pruebas recabadas en la causa, conforme a las exigencias establecidas en la ley procesal de la materia, las cuales resultaron suficientes para acreditar los delitos en cuestión. Además de que la declaración de la denunciante reunió los requisitos exigidos en el artículo 255 de la referida legislación. También puntualizó que no existía fundamento legal que impidiera que en una sentencia condenatoria se consideraran las pruebas que sirvieron de base para el dictado del auto de formal prisión.
Por lo que hace a los motivos de inconformidad del defensor particular, señaló que los hechos delictivos no se encontraban relacionados con el contrato de comodato, por lo que resultaba irrelevante la acreditación de dicho contrato, ya que esa circunstancia no trascendía a los hechos delictivos, porque no existía motivo para que se usara un documento falso ni se declarara con falsedad; además, el delito atribuido a ... no era el de falsedad de documentos, sino el de uso indebido, por lo que las inconformidades relacionadas con el ilícito de falsedad de documentos resultaban "inatendibles"; agregó que el uso de documento y la falsedad de declaraciones originadas en el juicio civil, tenían relevancia en el orden penal porque se trataba de conductas ilícitas.
Como puede observarse, la responsable ordenadora atendió los agravios planteados por la defensa de los quejosos y expuso los fundamentos y motivos por los que concluyó que resultaron infundados unos e inoperantes otros, por lo que se reitera es infundado dicho concepto de violación.
Por otra parte, es infundado el aserto de que los agravios expresados no fueron tomados en cuenta "ni como indicios", pues al respecto debe decirse que éstos son meras argumentaciones mediante las cuales se controvierten las resoluciones recurridas, por lo que no constituyen una prueba, de ahí que el tribunal de apelación no tenía porqué considerarlos como indicios.
En otro aspecto, es infundado el concepto de violación marcado con el inciso b), puesto que previo al acto privativo de libertad se siguió a los solicitantes de garantías juicio ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la garantía de audiencia contenida en dicho precepto, consiste en otorgar a los gobernados la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de libertad y su respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, precisa son las siguientes:
1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.
2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa.
3) La oportunidad de alegar.
4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
Así es, tales garantías se respetaron en el proceso seguido contra los quejosos, pues se les hizo saber en audiencia pública dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que quedaron a disposición de la autoridad judicial, el nombre de sus acusadores, la naturaleza y causa de la acusación, así como los demás derechos contenidos en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya diligencia de declaración preparatoria estuvieron asistidos de defensor; en la etapa de instrucción se desahogó la declaración de la denunciante, mientras que los amparistas se reservaron el derecho a declarar y no dieron su consentimiento para carearse con la mencionada; el agente del Ministerio Público formuló conclusiones acusatorias, la defensa las contestó y presentó las de inculpabilidad, se desahogó con las formalidades de ley la audiencia final, se dictó la resolución en la que se condenó a los impetrantes de garantías, la cual apeló la defensa y las amparistas ... la sentencia que ahora se reclama dirimió las cuestiones debatidas en el proceso, lo que lleva a concluir que los solicitantes de amparo tuvieron la oportunidad de aportar las pruebas, interponer los medios de impugnación, exponer la argumentación del derecho aplicable, por lo que se cumplieron las exigencias establecidas en el artículo 14 de la Ley Fundamental.
Es aplicable la jurisprudencia 218, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."
En cuanto al argumento de que se violaron las leyes que rigen el procedimiento, porque no existió algún auto que indicara "la práctica de pruebas que demuestren la culpabilidad", así como la verdad histórica, de conformidad con el precepto 160, fracción III, de la Ley de Amparo.
Al respecto, debe decirse que los impetrantes de garantías tuvieron oportunidad de ofrecer las pruebas que estimaran convenientes durante las etapas de preinstrucción e instrucción, aunado a que en las resoluciones en las que se dictó su formal prisión, se declaró abierto el procedimiento ordinario y se les hizo saber el término con que contaban para que ofrecieran pruebas, por lo que no puede sostenerse que se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento ya que se les brindó la oportunidad de defensa; máxime que la representación social sí ofreció los medios de convicción que consideró convenientes para acreditar su acusación, los cuales se desahogaron durante la instrucción.
Además, no se vulneró el contenido del artículo 160, fracción III, de la Ley de Amparo, que refiere que se consideran violadas las leyes del procedimiento cuando no se le caree con los testigos que depongan en su contra. Ello es así, pues durante la etapa de instrucción a los impetrantes de garantías se les hizo saber el derecho a carearse con quien depuso en su contra y todos de manera categórica expresaron su deseo de no carearse (fojas 767 y 769, tomo II).
Por otra parte, debe señalarse que del análisis de la sentencia reclamada se desprende que la Sala responsable tuvo por acreditados los delitos en cuestión en términos de los artículos 1o. y 72 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, lo cual sustentó en la jurisprudencia que citó bajo el rubro: "CUERPO DEL DELITO. CONFORME AL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, EL ANÁLISIS DEL MISMO, CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A RESOLUCIONES DE ORDEN DE APREHENSIÓN, COMPARECENCIA O DE PLAZO CONSTITUCIONAL, MAS NO PARA SENTENCIA."
Al respecto, debe señalarse que con independencia de que dicha autoridad ordenadora citó de manera incorrecta el rubro de la jurisprudencia en cuestión, pues el correcto es: "CUERPO DEL DELITO. SU ANÁLISIS DEBE HACERSE EXCLUSIVAMENTE EN LAS RESOLUCIONES RELATIVAS A LA ORDEN DE APREHENSIÓN, COMPARECENCIA O DE PLAZO CONSTITUCIONAL MAS NO EN SENTENCIAS DEFINITIVAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).", dicho criterio no lo comparte este órgano de control constitucional, pues contrario a lo que se sostiene, se estima que la aplicación del numeral 122 del código procesal preindicado, no es exclusivo de las resoluciones correspondientes a las órdenes de aprehensión, comparecencia y las de plazo constitucional.
Esto es así, porque en principio, debe señalarse que los artículos 1o. y 72 del referido código procedimental, no establecen regla alguna para acreditar la existencia del delito ni la plena responsabilidad de los acusados en su comisión, por ello, no pueden servir de sustento para que los tribunales penales del Distrito Federal, al dictar sentencia definitiva, acrediten el delito en términos de dichos numerales.
En efecto, por lo que respecta al primero de los numerales citados, establece la competencia que tienen los tribunales penales del Distrito Federal para declarar, en la forma y términos que esa propia legislación procesal establece, cuándo un hecho "ejecutado" es o no delito (fracción I) y declarar la responsabilidad o la irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos (fracción II), pues dispone:
"Artículo 1o. Corresponde exclusivamente a los tribunales penales del Distrito Federal:
"I. Declarar, en la forma y términos que esta ley establece, cuándo un hecho ejecutado en las entidades mencionadas es o no delito;
"II. Declarar la responsabilidad o la irresponsabilidad de las personas acusadas ante ellos; y
"III. Aplicar las sanciones que señalen las leyes.
"Sólo estas declaraciones se tendrán como verdad legal."
En tanto que el segundo de los preceptos indica los requisitos de forma y fondo que debe contener la sentencia, al señalar:
"Artículo 72. Toda resolución judicial expresará la fecha en que se pronuncie.
"Los decretos se reducirán a expresar el trámite.
"Los autos contendrán una breve exposición del punto de que se trate y la resolución que corresponda, precedida de sus fundamentos legales.
"Las sentencias contendrán:
"I. El lugar en que se pronuncien;
"II. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso, el grupo étnico indígena al que pertenezca, idioma, residencia o domicilio, ocupación oficio o profesión;
"III. Un extracto de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos del auto o de la sentencia en su caso, evitando la reproducción innecesaria de constancias;
"IV. Las consideraciones y los fundamentos legales de la sentencia; y
"V. La condenación o absolución correspondiente y los demás puntos resolutivos."
Como se puede advertir, los numerales transcritos no prevén regla alguna para la comprobación del delito al momento de dictarse la sentencia definitiva, por ello, no existe razón para sostener que en este tipo de resoluciones tiene que acreditarse el delito en términos de dichos dispositivos, lo que lleva a este Tribunal Colegiado a estimar que tampoco existe razón alguna para que, en tratándose de sentencias, no se aplique el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el cual sí establece las reglas para la comprobación del cuerpo del delito y la responsabilidad del sujeto activo en su comisión, pues por lo que ve al primero de los aspectos, señala que éste se tendrá por comprobado cuando se demuestre la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo determine la ley, y por cuanto hace a la responsabilidad del sujeto activo, regula que se tendrá por acreditada cuando de los medios probatorios existentes no se demuestre a favor de aquél alguna causa de licitud ni de inculpabilidad.
Ahora bien, el hecho de que al dictarse sentencia definitiva tenga que acreditarse el delito, entendido éste como la conducta típica, antijurídica y culpable, de ninguna manera excluye la aplicación del artículo 122 del código procedimental en cuestión, porque precisamente, la suma de las dos figuras procesales (cuerpo del delito y responsabilidad), conforman el ilícito mismo.
Este tribunal considera que estas dos figuras procesales y el injusto mismo, previstos por normas procesales y sustantivas, no son conceptos distintos que se contrapongan, sino que se trata de normas penales que se vinculan estrechamente entre sí, y que precisamente a través del análisis del cuerpo del delito y la responsabilidad penal, se debe constatar la existencia del ilícito mismo.
Es decir, el denominado "cuerpo del delito" recepta de manera íntegra el contenido dogmático del tipo penal, tanto objetivo (elementos objetivos descriptivos y normativos) como subjetivo (dolo y elementos subjetivos específicos o culpa), pues del precitado artículo 122 aparece, como ya se dijo, que el cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se demuestre la existencia de los elementos que conforman la descripción de la conducta o hecho delictuoso, según lo determine la ley penal, es decir, ese conjunto se encuentra integrado de elementos objetivos, tales como conducta, sujeto activo y su forma de intervención, sujeto pasivo, calidades en ambos, bien jurídico tutelado y su lesión o puesta en peligro, resultado y nexo de atribuibilidad, circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, medios comisivos, además de que si la descripción típica los requiere, serán estudiados los elementos normativos, lo anterior en el tipo objetivo, y en cuanto al tipo subjetivo, en forma indispensable se deberán analizar los elementos subjetivos genéricos (dolo o culpa) y, en caso de requerirlos el tipo doloso, los subjetivos específicos; por su parte, la responsabilidad penal se demuestra ante la ausencia de causas de justificación (ausencia de consentimiento del titular del bien jurídico, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho) y la culpabilidad (que se trata de un juicio sobre el autor del hecho, en el cual se debe constatar su capacidad de ser culpable, o sea, imputabilidad legal y médica, además, conocimiento de la antijuridicidad y exigibilidad de otra conducta).
Lo anterior es así, ya que una interpretación armónica y sistemática del numeral 122 antes citado, con el artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal, nos permite establecer cuáles son las causas que excluyen el delito, siendo éstas la ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación y de inculpabilidad; en esa medida, es factible desprender de la interpretación a contrario sensu del último precepto, así como del contenido de los dispositivos 15 (principio de acto), 18 (dolo o culpa) y 22 (autoría y participación) de ese ordenamiento sustantivo, que los elementos configuradores del delito son: conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.
Así pues, el hecho de que en la sentencia definitiva tenga que acreditarse el ilícito atribuido al sujeto o sujetos activos, como se dijo, no excluye la aplicación del artículo 122 del código procedimental en cuestión, como incluso puede advertirse más nítidamente de la tesis sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, en su anterior integración, visible en la página 187 del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tomo XXII, Segunda Parte, que a la letra dice: "TIPICIDAD. Siendo la tipicidad un elemento objetivo del delito, que se integra mediante la función de comprobación de que el hecho imputado (conducta y resultado) se adecua al presupuesto normativo y descriptivo (tipo), la sentencia impugnada, al aceptar que en autos se comprobó el cuerpo del delito previsto en un precepto, está realizando la función de comprobar que el hecho imputado encaja, en forma perfecta, dentro de la hipótesis recogida por el tipo."
Ahora bien, si en los autos en los que se emite orden de aprehensión, como en los de plazo constitucional, se debe estudiar tanto el cuerpo del delito como la responsabilidad penal (aunque en forma probable), con mayor razón se requerirá su acreditación tratándose de sentencias definitivas (pero ahora sus componentes se demostrarán plenamente), que en términos de la jurisprudencia 71, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 100 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.", constituye un acto privativo, en términos del segundo párrafo del artículo 14 constitucional.
Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, en su anterior integración, visible en la página 2682 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXIV, Segunda Parte, que dice: "CUERPO DEL DELITO, COMPROBACIÓN DEL, EN LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. Si se alega como agravio en el amparo directo que se promueva contra una sentencia de segunda instancia, que no se comprobó el cuerpo del delito que se imputa al acusado, y de las constancias procesales aparece que sí está justificado, debe negarse el amparo."
Lo anterior puede corroborarse incluso con lo dispuesto en el artículo 124 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en el que para sentencias definitivas hace alusión a las figuras procesales "cuerpo del delito" y "plena responsabilidad", al señalar:
"Artículo 124. Para la comprobación del cuerpo del delito y la probable o plena responsabilidad del inculpado, en su caso, el Ministerio Público y el Juez gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de prueba que estimen conducentes, para el esclarecimiento de la verdad histórica, aunque no sean de los que define y detalla la ley, siempre que esos medios no estén reprobados por ésta."
En ese tenor, al constituir la sentencia definitiva un acto privativo en los términos precisados, indudablemente debe estar precedida de todos los requisitos formales del procedimiento en términos del artículo 14 constitucional, segundo párrafo, esto es, debe cumplir, entre otros, con la citación de los preceptos legales que fundamenten el sentido en que se dicte y con la narración pormenorizada de las consideraciones que la sustentan, por ello se afirma que la aplicación del artículo 72 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en las sentencias definitivas, no riñe con el artículo 122 del código procesal en cuestión, pues mientras el primero se refiere a los requisitos que debe contener, entre otras, dicha resolución, el segundo numeral prevé la acreditación del cuerpo del delito, el cual sin duda constituye la base del procedimiento judicial sin la cual no podría declararse la responsabilidad del acusado ni imponerle pena.
Sin embargo, si bien es cierto no existe controversia cuando existe la aplicación conjunta de los preceptos aludidos, porque cada uno regula cuestiones diversas, también lo es que, al margen de que se violen garantías constitucionales a los quejosos, sí existe contradicción de criterios cuando pretende sustentarse el contenido y acreditación de los delitos en lo que establecen los artículos 1o. y 72 del Código de Procedimientos Penales para esta capital, porque con independencia de que tales dispositivos y el 122 de ese ordenamiento contemplan normas de carácter adjetivo, considerando la función que desempeñan, pues determinan el procedimiento y requisitos que deben contener las sentencias penales, el delito es una norma jurídica de carácter sustantivo, cuyo contenido podemos extraer de la interpretación de diversos preceptos del Código Penal para esta ciudad, tal como ha quedado demostrado, por lo que para estar en posibilidad de demostrar su existencia se debe recurrir a las figuras procesales que lo receptan, así como acatar las reglas de su comprobación que se encuentran establecidas precisamente para tal efecto en el capítulo I "Cuerpo del delito, huellas y objetos del delito", del título segundo "Diligencias de averiguación previa e instrucción", de este ordenamiento sustantivo, lo que evidentemente no podría lograrse si exclusivamente se atendiera a lo que disponen los aludidos numerales.
En virtud de lo expuesto, se afirma que del contenido de los artículos 1o. y 72 del código procesal penal en comento, de manera alguna se puede extraer la afirmación de que en las sentencias no debe estudiarse el cuerpo del delito y la responsabilidad penal, por lo que aunque es cierto que puede estudiarse el delito en su integridad sin hacer mención de aquellas figuras, no menos lo es que ello implica soslayar la existencia de normas jurídicas que tienen funciones instrumentales y a través de las cuales cobran vida las normas sustantivas, por lo que, se itera, no es a través de dichos preceptos como debe constatarse la existencia del delito, sino a través de la aplicación del numeral 122 del ordenamiento adjetivo anotado, que contempla las figuras procesales multicitadas y establece el contenido sustantivo de cada una de ellas, que no es otro sino el que disponen los artículos 15, 16, 18, 22 y 29 del Código Penal para el Distrito Federal.
Es aplicable la jurisprudencia I.2o.P. J/22, sustentada por este Tribunal Colegiado, visible en la página 1584 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, cuyos rubro y texto dicen: "CUERPO DEL DELITO, SU COMPROBACIÓN EN SENTENCIAS DEFINITIVAS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). La interpretación armónica y sistemática del artículo 122 de la ley adjetiva penal (reformado el veintiocho de enero de dos mil cinco), con los numerales 15, 16, 18, 22 y 29 (éste a contrario sensu) del Nuevo Código Penal, ambas legislaciones para el Distrito Federal, permite afirmar que el cuerpo del delito recepta de manera íntegra el contenido dogmático del tipo penal, tanto objetivo como subjetivo, pues el primer dispositivo establece que dicha figura procesal se comprobará cuando se demuestre la existencia de los elementos que integran la descripción de la conducta o hecho delictuoso, sin hacer distingo de elemento de alguna naturaleza; a su vez, dispone que los componentes de la responsabilidad penal son antijuridicidad y culpabilidad, elementos que deberán estudiarse a título probable en las órdenes de aprehensión y autos de plazo constitucional, de esta manera con mayor razón deberán analizarse al dictar sentencia definitiva, porque es en esta resolución en la que tiene que acreditarse a plenitud dichas figuras procesales que contienen al delito mismo, de tal manera que los dispositivos 1o. y 72 de la legislación procesal invocada, no rigen sobre la materia en examen."
Precisado lo anterior, debe decirse que no obstante que la Sala responsable al emitir la sentencia reclamada tuvo por acreditados los delitos en términos de los artículos 1o. y 72 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y no del 122 de ese ordenamiento procedimental, a fin de cuentas, analizó los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad de los hechos que la ley señala como delitos, así como los elementos normativos y subjetivos establecidos en la descripción de la conducta delictiva (elementos del cuerpo del delito), además analizó que en el caso los amparistas actuaron dolosamente, que no existía acreditada a su favor alguna causa de exclusión del delito como causa de justificación o de inculpabilidad (elementos de la responsabilidad penal), lo que la llevó a fincarles el juicio de reproche respectivo.
En otro tema, en cuanto al concepto de violación marcado con el inciso c), debe decirse que la garantía de legalidad consagrada en el precepto 16, párrafo primero, de la citada Ley Fundamental, que establece como uno de los elementos esenciales el que todo acto de molestia y, por ende, con mayor razón los que tiendan a privar de la libertad a los gobernados, estén fundados y motivados. La exigencia de fundar y motivar en ley tiene como propósito que el juzgador no dicte resoluciones en forma arbitraria, sino ajustadas al ordenamiento legal.
Ahora bien, es infundado el concepto de violación en cuestión, puesto que la Sala responsable de manera correcta expresó los preceptos aplicables al caso concreto y las circunstancias especiales, así como razones jurídicas para concluir que las pruebas recabadas en primera instancia son eficaces para demostrar los delitos de uso indebido de documento (privado) y falsedad ante autoridades, lo cual se constatará en párrafos posteriores; además, se advierte que existe la adecuación necesaria entre las consideraciones expuestas por la responsable con base en las pruebas existentes y los preceptos legales invocados para fundar la sentencia.
Es aplicable la jurisprudencia 204, establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 166 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
En efecto, contrario a lo que aducen los impetrantes de garantías, las pruebas recabadas en primera instancia fueron eficaces para demostrar los elementos que integran los delitos de uso indebido de documento (privado) y falsedad ante autoridades, el primero previsto y sancionado en el artículo 339 (al que para obtener un beneficio haga uso de un documento falso) y el segundo previsto y sancionado en el numeral 311, párrafo primero (quien al declarar ante autoridad en ejercicio de sus funciones, faltare a la verdad en relación con los hechos), del Código Penal para el Distrito Federal, así como su plena responsabilidad en cuanto a la quejosa ... por los dos ilícitos y por lo que ve a los restantes amparistas por el delito mencionado en último lugar, cuya intervención en el evento delictivo se efectuó como autores materiales, en forma dolosa, sin que existiera causa que justificara su proceder o de inculpabilidad, pues para llegar a esa conclusión valoró las pruebas en términos de los numerales 245, 250, 253, 255, 261 y 286 de la legislación procesal de la materia y con base en éstas reconstruyó los hechos históricos con connotación de delito (uso indebido de documento falso), consistentes en que el cuatro de junio de dos mil tres ... presentó demanda civil en la Oficialía de Partes Común "Civil-Familiar" del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, radicada en el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de dicha ciudad, bajo el expediente ... en la que exhibió como documento fundatorio de su acción el contrato de compraventa que supuestamente celebró con ... el veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, respecto del inmueble marcado con el número ... de la calle ... lote ... manzana ... colonia ... Delegación ... el cual resultó falso, ya que ... no celebró tal contrato y la firma que aparecía no correspondía ni provenía del puño y letra de la referida denunciante; con lo que se violó el bien jurídico tutelado por la norma penal, que lo es la fe pública, consistente en proteger la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19957-76702cc2/falsedad-ante-autoridades-se-configura-el-delito-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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