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Modo: Corpus Pro

PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 248/2006. · Registro digital (IUS): 19525
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FRANCISCO PEÑA LUCERO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, , Pág. 1046.

AMPARO DIRECTO 248/2006. FRANCISCO PEÑA LUCERO.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Son inoperantes en parte e infundados en otra los conceptos de violación aducidos por el quejoso, de acuerdo con las consideraciones siguientes.

Por razón de método y como cuestión previa se examina la violación al procedimiento que hace valer el quejoso, la cual es inoperante, como se verá a continuación.

Por principio, se impone realizar una secuencia de los antecedentes que informan la violación procesal acaecida en el juicio natural, de acuerdo con las constancias que lo integran, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2o., de las que se advierte lo siguiente:

1. Mediante escrito presentado el cuatro de enero de dos mil cinco, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Paz Civil de Coyoacán del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Santiago Nava Villa, por su propio derecho, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Francisco Peña Lucero, de quien demandó las prestaciones precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.

Fundó su demanda en los hechos y consideraciones que estimó pertinentes y que es innecesario transcribir.

2. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juez Trigésimo Sexto de Paz Civil del Distrito Federal, quien una vez desahogada la prevención por el actor, la admitió por auto de trece de enero de dos mil cinco y ordenó emplazar al demandado.

3. El enjuiciado Francisco Peña Lucero, por su propio derecho, por escrito de trece de mayo de dos mil cinco, dio contestación a la demanda incoada en su contra, opuso las excepciones y defensas que estimó convenientes y ofreció las pruebas consistentes en: la confesional a cargo de Santiago Nava Villa, la testimonial de Santiago Nava Miranda, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.

4. Por escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil cinco, el demandado Francisco Peña Lucero, por su propio derecho, exhibió en el juzgado de origen la "carta responsiva", de fecha dos de septiembre de dos mil tres, mediante la cual adquirió el vehículo volkswagen, modelo mil novecientos noventa y cuatro.

5. Por proveído de dieciocho de mayo de dos mil cinco, el Juez natural tuvo por exhibido el documento precisado en el párrafo que antecede y con él dio vista a la contraria, por el término de tres días, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

6. La parte actora Santiago Nava Villa, por su propio derecho, desahogó la vista que se le dio con la documental de referencia, manifestando que no se tuviera por admitida en términos del artículo 1061, fracciones III y IV, del Código de Comercio, dado que no la exhibió al dar contestación a la demanda.

7. Por proveído de veintiséis de mayo de dos mil cinco, el Juez de origen tuvo por desahogada la vista por parte del actor, que se le dio con la documental de mérito.

8. Por auto de tres de junio de dos mil cinco, el Juez natural admitió las pruebas ofrecidas por el demandado.

9. El treinta y uno de agosto de dos mil cinco, el Juez de origen dictó el proveído siguiente:

"México, Distrito Federal, a treinta y uno de agosto del dos mil cinco. Por recibido el escrito de Santiago Nava Villa, como lo solicita atento al estado de los autos, para que tenga verificativo el desahogo de la confesional a cargo de la actora, así como la testimonial a cargo de Santiago Nava Miranda, se señalan las once horas con treinta y cinco minutos del próximo día ocho de septiembre del año en curso. Asimismo, se apercibe a las partes que en caso de no desahogarse en la fecha antes señalada las pruebas que se encuentren pendientes de ello, se ordenará la conclusión de las mismas; lo anterior con fundamento en el artículo 1201 del Código de Comercio. Notifíquese."

10. El Juez del conocimiento, por auto de ocho de septiembre de dos mil cinco, hizo efectivo el apercibimiento a las partes, en los términos siguientes:

"En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día ocho de septiembre de dos mil cinco, presentes en el local de este H. Juzgado el C. Juez Trigésimo Sexto de Paz Civil del Distrito Federal, doctor Juan Bruno Ubiarco Maldonado, asistido del C. Secretario de Acuerdos con quien actúa y da fe, el día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia señalada en el auto de treinta y uno de agosto del año en curso, se hace constar y se da fe que no se encuentra presente en el local de este H. Juzgado ninguna de las partes, atento al contenido de los autos tomando en consideración el proveído de fecha treinta y uno de agosto del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo, es decir, se ordena la conclusión de todas y cada una de las pruebas pendientes de desahogo y de acuerdo al artículo 1201 del Código de Comercio. Notifíquese."

11. Por auto de veinte de septiembre de dos mil cinco, el Juez natural obsequió en sus términos la petición del actor, consistente en que se pasara al periodo de alegatos; en consecuencia, se les dio plazo común a las partes para que los formularan.

12. Inconforme el demandado Francisco Peña Lucero, con el auto que antecede, interpuso recurso de apelación, el que mediante proveído de fecha treinta de septiembre de dos mil cinco, se tuvo por interpuesto dicho medio de impugnación.

13. Del recurso de apelación que antecede, tocó conocer a la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la que mediante sentencia pronunciada el veintisiete de octubre de dos mil cinco, en el toca intermedio número 1143/2005/1, declaró infundado el recurso de mérito y confirmó el auto recurrido.

14. Previos los trámites legales correspondientes, el Juez Trigésimo Sexto de Paz Civil del Distrito Federal dictó sentencia el veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, cuyos puntos resolutivos han quedado precisados en el resultando cuarto de esta ejecutoria.

15. Inconforme el demandado con la sentencia que antecede interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Décima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la que dictó sentencia el siete de febrero de dos mil seis, en el toca de apelación número 1143/2005/2, en la que modificó el fallo de primer grado, al tenor de los puntos referidos en el resultando quinto de esta sentencia.

Esta última sentencia constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.

En el motivo de inconformidad que hace valer el quejoso, en relación a la violación a las leyes del procedimiento, en lo medular, asevera:

Que durante el procedimiento natural se cometieron violaciones que lo dejaron en estado de indefensión, consistentes en que el Juez natural omitió desahogar las pruebas que ofreció, esto es, la confesional y testimonial, en virtud de que por auto de tres de junio de dos mil cinco, se admitieron los medios de convicción antes precisados y se ordenó citar a las personas para el desahogo de las referidas probanzas; sin embargo, aun cuando no se habían desahogado, el Juez del conocimiento ordenó abrir el periodo de alegatos a pesar de que por proveído de ocho de septiembre del citado año, el a quo ordenó la conclusión de las pruebas, lo que implicaba que debían desahogarse en la forma y términos ordenados, y al no haber procedido de tal forma, se le dejó en estado de indefensión para poder acreditar los extremos de sus afirmaciones.

Que de acuerdo con lo que antecede, el veintiocho de septiembre de dos mil cinco, interpuso recurso de apelación en contra del auto de veinte del citado mes y año, el cual fue resuelto por la Sala responsable en el toca intermedio número 1143/2005/1, la que dictó resolución el veintisiete de octubre de la referida anualidad, en la que confirmó el auto apelado.

Que en el toca intermedio la Sala señaló que, por auto de treinta y uno de agosto de dos mil cinco, se apercibió a las partes para que las pruebas se desahogaran el ocho de septiembre siguiente en el entendido que, de no hacerlo, éstas se concluirían, autos que quedaron firmes por no haber sido impugnados, sin embargo, al no haber impulsado el procedimiento el Juez de origen dio por concluido el periodo probatorio.

Que los argumentos dados por la Sala responsable al emitir la resolución en el toca intermedio, son violatorios de sus garantías, dado que la preparación de las pruebas que ofreció en el procedimiento, no eran a su cargo, sino que le correspondía al Juez natural, puesto que la única obligación o carga procesal que le correspondía, era su ofrecimiento, aunado a que, de conformidad con lo previsto por el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y demás que regulan la actividad judicial, era obligación del secretario, actuario y Juez hacer la citación tanto del actor como del testigo para que se desahogaran las probanzas de mérito, en la forma y términos propuestos por el oferente.

Que el quejoso no tiene la capacidad legal para hacer la notificación aludida ni ordenar o certificar los términos en que se deben desahogar las diligencias tendentes a preparar las pruebas ofertadas, puesto que él las ofreció conforme a los requisitos previstos para ello; por ende, los criterios invocados por la ad quem son inaplicables al caso, dado que versan sobre la falta de impulso o vigilancia para el desahogo y, como consta en autos, él realizó las promociones necesarias para el debido desahogo de las pruebas confesional y testimonial que ofreció.

Que de acuerdo con ello, es evidente que la resolución de la Sala responsable mediante la que confirma el auto que abrió el periodo de alegatos es violatoria de sus garantías individuales, por lo que procede reponer el procedimiento para el desahogo de los medios de convicción antes referidos.

Que el Juez del conocimiento en ninguna parte del auto dio por concluido el periodo de desahogo de pruebas, como lo adujo la Sala responsable en el toca intermedio, sino por el contrario, específicamente "ordenó la conclusión de las pruebas pendientes para su desahogo", lo que implica que los medios de convicción debían desahogarse en la forma y términos en los que fueron propuestos, dado que en ningún momento se determinó que éstas se declararían desiertas, por lo que procede que se señale fecha para la recepción y desahogo de las pruebas aludidas.

Ahora bien, este Tribunal Colegiado considera oportuno precisar que, al referirse a violaciones procesales acaecidas durante el procedimiento de primera instancia, se impone su estudio en forma preferente, siempre y cuando se hayan cumplido con los requisitos que para ello señala el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, que al efecto determina:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia."

En efecto, conforme al precepto constitucional referido, tratándose de violaciones al procedimiento que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, para que el tribunal de amparo pueda jurídicamente analizar dichas violaciones, es necesario que se agote el recurso ordinario correspondiente, si se cometió en primera instancia, y si la violación procesal no ha sido reparada debe reiterarse como agravio en la segunda instancia, al expresarse los agravios correspondientes contra la sentencia de primer grado.

Al respecto, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó el criterio publicado en la página 299, Volúmenes 181-186, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice:

"PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES AL. PREPARACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. Si las violaciones procesales expresadas por el quejoso se sujetaron a las reglas establecidas por el artículo 161 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, pues se impugnaron dichas violaciones en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario correspondiente, dentro del término que la ley respectiva señala y fueron reiteradas como agravios en la apelación interpuesta en contra de la sentencia definitiva, a la que indudablemente trascendieron, es evidente que con ello se dio debido cumplimiento al artículo 161 del citado ordenamiento legal y por tanto procede su estudio en el amparo directo."

En esa virtud, cabe señalar que el quejoso no se encuentra en ningún caso de excepción al principio de definitividad en la preparación del juicio de amparo directo para impugnar violaciones al procedimiento, por lo que estaba obligado a impugnar los autos de treinta y uno de agosto, y ocho de septiembre, ambos de dos mil cinco, dictados por el Juez natural, el primero de ellos, porque mediante éste el a quo apercibió a las partes, en el sentido de que de no desahogarse las pruebas en la fecha que para tal efecto fijó (ocho de septiembre de dos mil cinco), ordenaría la conclusión de las mismas; y el segundo proveído, porque a través de él hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo que antecede, en esa virtud, tales autos le causaban un perjuicio, por ende, debió impugnarlos a través del recurso de apelación, previsto en el artículo 1336 del Código de Comercio, el que no interpuso, es así, pues con independencia de que haya interpuesto el recurso de apelación en contra del auto de veinte de septiembre de dos mil cinco y, éste se haya admitido y resuelto por la Sala responsable en el toca intermedio número 1143/2005/1, lo cierto es que desde el momento que se apercibió a las partes en el sentido que, de no desahogarse las pruebas en la fecha que para tal efecto fijó (ocho de septiembre de dos mil cinco), ordenaría la conclusión de las mismas, y al hacer efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo que antecede, le causó un perjuicio que en la sentencia definitiva no se iba a reparar, en virtud de que dicha resolución no se ocupa de violaciones al procedimiento, en términos del citado numeral; luego, se reitera, debió impugnar tales proveídos y, al no haber procedido así, debe estar a la negligencia de su defensa.

Es así, pues acorde con los lineamientos del criterio referido en párrafos precedentes, cabe reiterar, que la violación procesal planteada por el impetrante del amparo no fue debidamente preparada, en virtud que de las constancias del expediente natural se advierte que el demandado, aquí quejoso, no se inconformó con los autos de treinta y uno de agosto y ocho de septiembre, ambos de dos mil cinco, dictados por el Juez natural, el primero de ellos, por medio del cual el a quo apercibió a las partes en el sentido de que, de no desahogarse las pruebas en la fecha que para tal efecto fijó (ocho de septiembre de dos mil cinco), ordenaría la conclusión de las mismas; y el segundo proveído, porque a través de él, hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo que antecede, puesto que no interpuso el recurso de apelación en su contra, con el que se hubieran revocado o modificado los proveídos de mérito, aun cuando al expresar los agravios para combatir la sentencia de primera instancia, haya argumentado respecto a lo aquí aducido como violación procesal, esto es, que no se desahogaron los medios de convicción, luego, el enjuiciado, hoy peticionario de garantías, incumplió con los requisitos constitucionales y legales para la preparación del juicio de amparo directo; por ello, el concepto de violación que nos ocupa deviene inoperante.

Es así, en virtud de que en tratándose de la preparación del juicio de amparo directo, para impugnar las violaciones procesales deben impugnarse dentro del procedimiento a través de los medios ordinarios respectivos, como ya se dijo en párrafos que anteceden, luego, estaba obligado a impugnar los autos referidos a través del recurso de apelación y, al no haber procedido de tal manera, incumplió con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso a), constitucional, en relación con el numeral 161 de la Ley de Amparo, esto es, la violación no está debidamente preparada para que este tribunal se avoque a su estudio, en términos de los preceptos citados.

En ese orden de ideas, todos los argumentos que el quejoso al efecto expresó, en relación a la violación a las leyes del procedimiento, son inoperantes.

Ahora bien, este órgano colegiado considera que persiste la inoperancia de los argumentos, respecto de la violación procesal, en virtud de que el quejoso está combatiendo con ellos la determinación de la Sala responsable, dictada en el toca intermedio número 1143/2005/1, lo cual no es de analizarse, de acuerdo con los párrafos que preceden, esto es, porque el demandado no impugnó los autos de treinta y uno de agosto, y ocho de septiembre de dos mil cinco, que le causaban perjuicio, por ende, el diverso auto de veinte de septiembre sólo es una consecuencia directa e inmediata de los acuerdos consentidos por el enjuiciado y que al no ser recurridos quedaron firmes; en consecuencia, deben declararse inoperantes los razonamientos que al respecto formula.

Por otra parte, este Tribunal Colegiado señala que los demás conceptos de violación serán analizados en orden diverso al planteado en el escrito de demanda.

En los motivos de inconformidad el impetrante del amparo, en esencia, refiere:

Que la Sala responsable al dictar la sentencia reclamada viola en su perjuicio sus garantías individuales, en virtud de que al dar contestación a la demanda negó la procedencia de la acción intentada en su contra, por lo que tenía que probar los extremos de tales circunstancias, en consecuencia, ofreció las pruebas testimonial y confesional a cargo de Santiago Nava Miranda y Santiago Nava Villa, respectivamente, para demostrar que el actor carece de acción y derecho para reclamarle las prestaciones referidas en el escrito inicial de demanda, así que dicho ocurso era incongruente, oscuro e irregular, en relación a lo demandado y a los hechos aludidos en él, así como acreditar que ha pagado la cantidad amparada en los documentos base de la acción, lo cual se le impidió hacer, sin tomar en cuenta que el ofrecimiento de los medios de convicción estaba a su cargo y que al Juez le competía vigilar las actuaciones y desahogo de las pruebas, conforme a los artículos 1194, 1195, 1198, 1199 y 1205 del Código de Comercio, puesto que insiste en que su carga procesal consistía, únicamente, en ofrecer las pruebas y solicitar su diligencia y al Juez ordenar su desahogo.

Que la Sala responsable viola en su perjuicio sus garantías individuales al determinar que las violaciones al procedimiento las debía hacer valer en concepto de violación en el juicio de amparo, sin embargo, se pronunció al respecto, al manifestar que era inexacto que el Juez natural impulsara el debido desahogo de las pruebas, pues no obstante que se funde la responsable en un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello no significaba la adecuación de ese criterio al asunto ni el declarar infundado su agravio, porque insiste en que no correspondía al demandado hacer el trabajo judicial, dado que está impedido para ello, esto es, turnar, habilitar o certificar los términos de los servidores públicos que harían las diligencias pues, de conformidad con el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, le corresponde al Juez y al actuario de la adscripción.

Que la Sala responsable hizo una errónea interpretación de la jurisprudencia que invocó, dado que en ninguna parte de las actuaciones el demandado solicitó que el Juez impulsara y observara el debido desahogo de las pruebas, pues lo que solicitó es que se desahogaran los medios de convicción en la forma en que los ofreció al dar contestación a la demanda, aunado a que ese criterio es incorrecto, en virtud de que si el juzgador no vigilara el impulso para el debido desahogo de las pruebas, sería absurdo acudir a la autoridad judicial a iniciar un procedimiento que no sería vigilado ni desahogado por dicho Juez.

Que carece de razón el tribunal de alzada al determinar, que la responsabilidad para el desahogo de la testimonial corría a cargo del demandado, pues no existe precepto legal que así lo indique ni sugiera, además de que existen diligencias que no se pudieron perfeccionar, como la falta de localización del domicilio de las personas para llevar a cabo la práctica y desahogo de las pruebas, por lo que no podía catalogarse como un descuido ni falta de interés de su parte para el desahogo de los medios de convicción, dado que no se practicaron las diligencias en forma adecuada para tal desahogo, máxime que la preparación no dependía de sus órdenes ni de su ejecución.

Son infundados los argumentos del quejoso, pues si bien es cierto que la Sala responsable en forma indebida se pronunció sobre las violaciones procesales, dado que el recurso de apelación, en términos del artículo 1336 del Código de Comercio, tiene como objeto que el Tribunal Superior confirme, modifique o revoque la resolución definitiva del inferior, pues la litis de segunda instancia se forma con la sentencia definitiva apelada y con los agravios enderezados por el inconforme, es decir, en segunda instancia el examen que debe realizar el tribunal de alzada se circunscribe a estudiar los errores u omisiones en que haya incurrido el Juez natural en el dictado de la resolución de primer grado, esto, al tenor de los argumentos que expuso el inconforme, lo cual, desde luego, excluye los agravios que se esgrimen para combatir irregularidades cometidas fuera de ésta, como indudablemente lo son las violaciones procedimentales.

También es verdad, que no le asiste razón al quejoso al aseverar que a él únicamente le correspondía ofrecer los medios de convicción y al Juez el desahogo de los mismos en virtud de que, contrario a su afirmación, este Tribunal Colegiado advierte que el oferente de la prueba está obligado a vigilar el debido desahogo de las probanzas ofrecidas, dado que a él le incumbe tal carga procesal, debido al principio dispositivo que rige en el procedimiento mercantil, consistente en el impulso procesal que las partes están forzadas a efectuar, para que se siga el correcto desarrollo del juicio, puesto que el principio de estricto derecho opera con mayor rigor en esta materia que en la civil, lo que significa que a los oferentes de las pruebas les compete velar, actuar y gestionar para que los medios de convicción que alleguen al sumario sean debidamente diligenciados, puesto que con ellos pretenden demostrar sus pretensiones, para que el fallo sea favorable a sus intereses.

Es aplicable al caso la tesis número I.6o.C.186 C, sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, correspondiente al mes de octubre de 1999, página 1325, del tenor siguiente:

" En los juicios mercantiles opera con mayor rigor el principio dispositivo de estricto derecho que en las controversias de carácter meramente civil, lo que significa que a los contendientes, ante una actitud u omisión del órgano jurisdiccional que les perjudique, les compete actuar, promover y gestionar con más atención y cuidado, en el momento procesal oportuno, que sus pruebas sean admitidas y desahogadas, buscando con ello que sus peticiones se satisfagan para inclinar el ánimo del juzgador y así lograr posiciones favorables ante la parte contraria."

En ese orden de ideas, el demandado, hoy quejoso, debió insistir oportunamente para que las pruebas que ofreció fueran desahogadas en el sumario lo que, en la especie, no aconteció, en virtud de que aun cuando por proveído de treinta y uno de agosto de dos mil cinco, el Juez natural apercibió a las partes, para que los medios de convicción fueran desahogados en la fecha que para tal efecto fijó (ocho de septiembre del citado año), sin embargo, el enjuiciado en esta última fecha no compareció al juzgado de origen para la práctica de las pruebas que ofertó, motivo por el cual este órgano colegiado considera que, con ello, se demuestra su descuido o falta de interés en el desahogo de tales medios, carga procesal que le incumbía únicamente al oferente y no al Juez pues, de considerar lo contrario, se verían vulnerados los principios de igualdad procesal que debe prevalecer entre las partes, y de la imparcialidad a que está obligado el juzgador en la contienda; de ahí que no tenga razón en su aserto el impetrante del amparo.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia número I.8o.C. J/13 sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, criterio que este órgano colegiado comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, correspondiente al mes de julio de 2002, página 1201, que a la letra dice:

"PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. INCUMBE A LAS PARTES Y NO AL JUEZ REGULAR SU CORRECTO DESAHOGO. En materia mercantil corresponde a las partes en juicio vigilar el correcto y oportuno desahogo de las pruebas que respectivamente hayan ofrecido para acreditar sus pretensiones y no al Juez, en virtud del equilibrio procesal y para evitar que alguna obtenga ventajas o privilegios, ya que no tiene justificación legal que el juzgador ordene el desahogo de una prueba respecto de la cual el oferente no vigiló que se hiciera en forma correcta u oportuna, sino que únicamente puede hacerlo cuando ese desahogo no se hubiere conseguido por causas ajenas a la voluntad de aquél, dado que dicho resolutor no cuenta con facultades para subsanar descuidos, desinterés o falta de impulso procesal de la parte que propuso la probanza, en tanto que ello implicaría la revocación de sus propias determinaciones, lo cual sólo es susceptible de lograrse mediante la interposición de los recursos ordinarios establecidos en el Código de Comercio. De ahí que en caso de que el Juez ordene el desahogo de una prueba fuera del término probatorio, o insista sobre aquella que incorrectamente se llevó a cabo, se verían quebrantados los principios de firmeza, de preclusión y de igualdad de las partes en el proceso, en clara contravención de las reglas establecidas en el ordenamiento legal invocado, que fijan los límites en que debe desarrollarse la actividad jurisdiccional, ya que el juzgador con su actuación estaría ilícitamente desconociendo resoluciones firmes y subsanando la intervención negligente o deficiente de la parte oferente."

De acuerdo con las consideraciones que anteceden, no tiene razón el quejoso al aseverar que a él no le competía ordenar, notificar, certificar los términos y desahogar las pruebas que ofreció, porque no está facultado para ello, en efecto, tal carga no le corresponde debido a que ese, precisamente, es el trabajo jurisdiccional del Juez y sus funcionarios respectivos, sin embargo, lo que estaba obligado a efectuar el demandado era el vigilar, actuar y gestionar, para que los medios de convicción que allegó al sumario fueran debidamente diligenciados, puesto que con ellos pretendía demostrar sus pretensiones y así obtener un fallo favorable a sus intereses, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1194 del Código de Comercio, y en términos del invocado principio dispositivo que rige en materia mercantil lo que en el caso, en concreto, no acaeció debido a la negligencia de su actuación en el procedimiento; luego, debe estar a tal conducta procesal.

En los demás conceptos de violación el peticionario de garantías, en lo medular, refiere:

Que le causa perjuicio la consideración de la Sala, en el sentido de que el contrato de compraventa que exhibió fue en forma extemporánea, porque tal documento se tuvo por presentado por el Juez natural, quedando firme esa determinación; aunado a que, ello no fue materia de los agravios que hizo valer ante la ad quem, por lo que carecía de facultades para descalificar y entrar al estudio de esa prueba, por lo que la sentencia reclamada es violatoria de sus garantías individuales, máxime que al haberse tenido por presentado por el Juez de origen, tiene valor probatorio para vincularlo con los documentos base de la acción, esto es, en relación a que los títulos de crédito perdieron autonomía y siguen la suerte del contrato principal que fue cubierto por el demandado, hoy quejoso.

Que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 5o., 8o., fracción VII y demás relativos y aplicables de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque desde el escrito de contestación de demanda señaló que los documentos base de la acción no eran negociables, pues fueron dados como garantía de una diversa relación contractual y que se pagaron en su totalidad; por ende, al ser documentos otorgados como garantía, son accesorios de lo principal, que en el caso es la relación contractual preexistente entre las partes, por lo que los títulos de crédito no

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19525-4c309382/principio-de-estricto-derecho-opera-con-mayor-rigor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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