CONFESIÓN FICTA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. LA FALTA DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE LAS PRETENSIONES RECLAMADAS POR LA ACTORA, SINO SÓLO UNA PRESUNCIÓN QUE, PARA CONSTITUIR PRUEBA PLENA, DEBE ADMINICULARSE CON OTROS MEDIOS PROBATORIOS.
AMPARO DIRECTO 548/2006. FIDEL MARTÍNEZ CORTÉS.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los argumentos vertidos por el quejoso en su único concepto de violación de su demanda de garantías, así como en su único concepto de violación de la ampliación a su demanda, son fundados pero inoperantes e infundados, de conformidad con el siguiente razonamiento.
En primer término, se narran los antecedentes del caso:
1. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil cinco, ante la Oficialía de Partes Común Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mismo que por razón de turno se radicó ante el Juzgado Séptimo del Arrendamiento Inmobiliario del mismo tribunal, dentro del expediente 728/2005, Fidel Martínez Cortés, por su propio derecho, demandó en la vía de controversia de arrendamiento inmobiliario de Rodolfo Cervantes González, las siguientes prestaciones:
"A. La declaración judicial de rescisión del contrato de arrendamiento celebrado con el demandado el día primero de enero de 2004, por incumplimiento al mismo contrato imputable al demandado, pues al día de hoy se han abstenido de pagar las rentas a que se comprometieron de acuerdo con la cláusula primera y declaraciones del contrato de arrendamiento base de la acción. B. Consecuencia de la declaración anterior, la condena al demandado a pagar al suscrito la cantidad de $126,000.00 (ciento veintiséis mil pesos 00/100 M.N.) más el impuesto al valor agregado, el cual se divide de la siguiente forma: a) La cantidad de $72,000.00 (setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de las rentas atrasadas y adeudadas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre todos del año 2004; más el impuesto al valor agregado sobre la cantidad antes descrita. b) La cantidad de $54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.), correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2005; más el impuesto al valor agregado sobre la cantidad antes descrita. C. De igual forma, deberá condenarse al demandado a pagar al suscrito las rentas que se sigan generando a razón de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) mensuales desde la fecha de presentación de esta demanda, y hasta que finalmente el suscrito tome posesión jurídica, y real del inmueble objeto del arrendamiento. D. La condena al demandado a pagar al actor un incremento sobre la renta pactada a razón del 9% (nueve por ciento) y sobre las rentas correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre todas del año 2004, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año 2005; y sobre las que en el futuro se generen y hasta la total desocupación del inmueble arrendado; ello por concepto de interés legal. E. La condena al demandado a desocupar y hacer entrega, a favor del suscrito, del bien inmueble objeto del arrendamiento. Mismo inmueble que deberán (sic) entregar al actor en las mismas condiciones en que lo recibió de conformidad con la cláusula décima segunda y las declaraciones del contrato, es decir, en buen estado, con todas sus instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, funcionando correctamente, con los servicios de luz y agua pagados; con excepción del deterioro natural causado por el adecuado uso del inmueble. F. La condena al demandado a entregar al suscrito, los recibos originales de pago, correspondientes a derechos por consumo de agua y servicio de energía eléctrica, desde la fecha en que se tomó posesión del inmueble y hasta el día en que lo desocupe según la sentencia que al efecto emita este tribunal, mismos recibos que deberán tener el sello o signo estampado por la autoridad u oficina correspondiente con el que se acredite el oportuno pago de dichos servicios. G. El pago de los gastos y de las costas que la instauración y seguimiento del presente juicio origine en perjuicio del suscrito."
2. Mediante auto de dieciséis de marzo de dos mil seis, se tuvo por acusada la rebeldía en que incurrió el demandado Rodolfo Cervantes González, al no dar contestación a la demanda instaurada en su contra, teniéndose por perdido su derecho para ello.
3. Seguido el juicio por sus trámites legales, el diez de abril de dos mil seis, la Juez Séptimo del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, dictó sentencia definitiva al tenor de los puntos resolutivos siguientes:
"PRIMERO. Ha procedido la vía de controversia de arrendamiento en que la parte actora probó parcialmente su acción y el demandado se constituyó en rebeldía. SEGUNDO. Se declara improcedente la causal rescisoria hecha valer, absolviéndose al demandado de la desocupación y entrega de la localidad arrendada. TERCERO. Se condena al demandado al pago al actor de la cantidad de $72,000.00 (setenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de las rentas adeudadas correspondientes a los meses de enero a diciembre de dos mil cuatro, cantidad que deberá cubrir el demandado a la parte actora o a quien sus derechos legalmente los represente, en un término voluntario de cinco días una vez que esta resolución sea legalmente ejecutable de conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles, apercibido que de no hacerlo se procederá a su ejecución, en términos de lo dispuesto por el artículo 509 del ordenamiento procesal invocado. CUARTO. Se condena al demandado al pago al actor de la cantidad de $54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de las rentas adeudadas correspondientes a los meses de enero a septiembre de dos mil cinco, cantidad que deberá cubrir el demandado a la parte actora o a quien sus derechos legalmente los represente, en un término voluntario de cinco días una vez que esta resolución sea legalmente ejecutable de conformidad con el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles, apercibido que de no hacerlo se procederá a su ejecución, en términos de lo dispuesto por el artículo 509 del ordenamiento procesal invocado. QUINTO. Se condena al demandado al pago al actor de las rentas a partir del mes de octubre del año dos mil cinco, más las que se sigan venciendo, a razón de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, de acuerdo a lo pactado por las partes en la cláusula primera del contrato base de la acción, y cuya liquidación se hará en ejecución de sentencia definitiva, debiéndose tomar en consideración las que en su caso se hayan cubierto. SEXTO. Se absuelve al demandado del pago del impuesto al valor agregado, reclamado en la prestación B del escrito inicial de demanda. SÉPTIMO. Se absuelve al demandado del pago de intereses (sic) legal, reclamado en la prestación D del escrito inicial de demanda. OCTAVO. Se absuelve al demandado de la entrega al actor (sic) los recibos originales de pago correspondiente a derechos por consumo de agua y servicio de energía eléctrica, reclamado (sic) en la prestación F, del escrito inicial de demanda. NOVENO. No se hace especial condena en costas. DÉCIMO. Notifíquese."
4. Inconforme con la resolución anterior, la parte actora Fidel Martínez Cortés, por conducto de su autorizado Jesús Antonio Altonar Reyes, interpuso recurso de apelación, mismo que fue admitido en ambos efectos y, previa su tramitación legal, con fecha siete de julio de dos mil seis, la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dictó sentencia definitiva en el toca de apelación número 1253/2006, en la que sin hacer condena en costas, confirmó la sentencia definitiva de primer grado.
5. Contra dicha resolución la parte actora Fidel Martínez Cortés, por conducto de su autorizado Jesús Antonio Altonar Reyes, promovió juicio de amparo y, asimismo, presentó ampliación de demanda, con fecha diez de agosto siguiente, ante la propia Sala responsable quien las remitió con sus anexos, constancias de emplazamiento e informe justificado a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, tocando en turno conocer a este tribunal.
Ahora bien, son fundados pero inoperantes los argumentos vertidos por el quejoso en la parte conducente de su único concepto de violación de su demanda de garantías, en donde aduce lo siguiente:
Que la Sala responsable indebidamente confirma la sentencia reclamada, siendo que en su escrito de demanda, afirmó que se efectuaron múltiples requerimientos de pago al hoy tercero perjudicado, sin que hiciera caso de los mismos, quedando plenamente probado lo anterior con la instrumental de actuaciones a su favor, siendo que en el hecho tres de la demanda, se afirmó que se requirió de pago al arrendatario, lo que no fue controvertido al conducirse en rebeldía la contraria, por lo que se le tuvo fíctamente confeso de tal hecho, con lo que se acreditó el requerimiento realizado al arrendatario.
Al respecto, es pertinente recapitular los términos en que se dictó la sentencia reclamada, a saber:
a) Que del análisis de las constancias de autos se desprendía que la actora había reclamado la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado entre Fidel Martínez Cortés como arrendador y Rodolfo Cervantes González como arrendatario, el primero de enero de dos mil cuatro, por incumplimiento del segundo en el pago de las pensiones rentísticas adeudadas desde enero de dos mil cuatro hasta septiembre de dos mil cinco.
b) Que se advertía que si bien era cierto que en la cláusula primera del contrato base de la acción, se había pactado que la renta sería pagada en el domicilio del arrendador, también era verdad que del contenido de dicho contrato, no se desprendía que se hubiese precisado la ubicación del domicilio del arrendador, por lo que para acreditar tal extremo, le correspondía la carga de la prueba al actor.
c) Que en el caso, no resultaba suficiente la afirmación vertida por la parte actora en el inicial, en el sentido de que en múltiples ocasiones le requirió el pago de las pensiones rentísticas al demandado, y que el demandado se hubiese constituido en rebeldía, pues resultaba de explorado derecho que para determinar la procedencia de la acción de rescisión de contrato, debía tomarse en cuenta la existencia de un contrato de arrendamiento y que una de las partes lo hubiese incumplido, siendo que no se había acreditado el segundo de dichos elementos.
d) Que no se acreditó que el arrendatario haya incumplido con el contrato básico de la acción, resultando aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 2427 del Código Civil para el Distrito Federal, además de que tampoco se corroboró que el arrendador hubiese requerido previamente a la arrendataria el pago de las pensiones que fueron reclamadas, siendo que a falta de precisión del domicilio del arrendador y de que éste hubiese requerido al demandado el pago de las rentas, no puede admitirse que éste hubiese incurrido en mora y, al no haber mora, no había incumplimiento.
e) Que si bien era cierto que la mora en el pago de la renta sólo puede analizarse cuando se hace valer por las partes, sin embargo, también lo era que en el caso era acertado lo resuelto por la juzgadora, en el sentido de que no podía operar la rescisión del contrato por haberse señalado que la renta debía ser pagada en el domicilio del arrendador y sin que se hubiese especificado éste, ni acreditado que tal domicilio era conocido del arrendatario.
f) Que por tanto, la juzgadora estaba facultada para analizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2427 del Código Civil para el Distrito Federal, es decir, que ante la falta de precisión del domicilio para el pago de las rentas, se hubiese requerido al demandado el cumplimiento de las mismas, por lo que al no satisfacerse tal requisito, resultaba claro que no operaba la rescisión del contrato.
Ahora bien, en el recurso de apelación que presentó la hoy quejosa argumentó, en la parte conducente, lo que a continuación se transcribe:
"... En la especie soslaya abiertamente el juzgador que al demandado se le tuvo por fíctamente confeso de los hechos de la demanda al no haber contestado la interpuesta (sic) en su contra en tiempo y forma, y, por lo tanto, contrario a lo aducido por el Juez se probó fehacientemente que sí fue requerido en el domicilio arrendado, pues en el hecho tres de la demanda, en lo que aquí importa, se mencionó que se le requirió de pago en el inmueble objeto del arrendamiento; cuando se dijo lo siguiente:
"No obstante las múltiples veces en que se le ha requerido el pago e inclusive se les ha visitado en el inmueble objeto del arrendamiento sin que siquiera reciba al suscrito.
"En ese orden de ideas, la instrumental de actuaciones es prueba plena a favor del actor respecto de la procedencia de la rescisión del contrato ya que al no contestar la demanda, a la parte demandada conforme al artículo 271, párrafo cuarto, del adjetivo civil se le tuvo por fíctamente confeso del hecho 3 antes transcrito, en el sentido de que fue requerido de pago en el domicilio señalado para el arrendamiento; por lo que al no aplicar dicho numeral el Juez causó el agravio que se esgrime, suficiente para revocar la sentencia recurrida, pues el artículo invocado in fine dice:
"Se presumirán confesados los hechos de la demanda que se deje de contestar ..."
De lo anterior, se advierte que la entonces apelante, hizo valer un argumento, en el sentido de que debía tomarse en cuenta la confesión ficta vertida por su contraparte, consistente en que, por una parte, en el hecho tres de la demanda inicial había expresado que requirió de pago al arrendatario y, por otra, que al no contestar la demanda, al demandado se le tuvo por confeso de los hechos expresados en la demanda.
Al respecto, como se observa del resumen de las consideraciones expuestas en la sentencia reclamada, la Sala fue omisa en analizar dicho argumento, dado que no estudió el valor probatorio que en su caso hubiese podido tener la citada confesión a que se refirió la apelante, pues si bien expresó que no era suficiente lo señalado por la actora respecto a que en múltiples ocasiones requirió el pago de las pensiones rentísticas al demandado, y que éste se hubiese constituido en rebeldía, también lo es que la Sala responsable no estudió lo realmente aducido por la entonces apelante, quien pretendía que se otorgara valor probatorio a la confesión vertida fíctamente por su contraparte al no haber contestado la demanda.
Por tanto, es fundado el argumento en análisis; no obstante, dicho argumento también resulta inoperante, pues lo cierto es que a nada práctico conduciría el análisis del valor probatorio de dicha confesión ficta, pues la misma no sería suficiente para acreditar que efectivamente existió el requerimiento de pago al arrendatario, al tratarse únicamente de una presunción.
Al respecto, debe tomarse en cuenta lo establecido por el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal:
"Artículo 271. Transcurrido el plazo fijado en el emplazamiento sin haber sido contestada la demanda se hará declaración de rebeldía, sin que medie petición de parte y se procederá de acuerdo con lo prescrito por los artículos 272-A a 272-F, observándose las disposiciones del Título Noveno.
"Para hacer la declaración en rebeldía, el Juez examinará escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad si las citaciones y notificaciones precedentes están hechas al demandado en la forma legal, si el demandante no señaló casa en el lugar del juicio, y si el demandado quebrantó el arraigo.
"Si el Juez encontrara que el emplazamiento no se hizo conforme a la ley, mandará reponerlo y lo hará del conocimiento del Consejo de la Judicatura para que imponga una corrección disciplinaria al notificador cuando resulte responsable.
"Se presumirán confesados lo (sic) hechos de la demanda que se deje de contestar. Sin embargo, se tendrá por contestada en sentido negativo cuando se trate de asuntos que afecten las relaciones familiares, el estado civil de las personas y en los casos en que el emplazamiento se hubiere hecho por edictos."
Del artículo transcrito, particularmente de su último párrafo, se advierte que la confesión ficta que se configura en virtud de la falta de contestación de la demanda, no implica la aceptación de las pretensiones reclamadas por la actora, pues sólo se trata de una presunción, como expresamente se establece en el precepto en cita, misma que para constituir prueba plena, debe ser adminiculada con otros medios que la favorezcan.
Desde luego, el legislador otorgó determinado valor a ciertas pruebas que, como su nombre lo expresa, son una "presunción" de los hechos que se pretenden probar, pero para que alcancen eficacia probatoria plena, necesariamente, deben ser corroboradas o perfeccionadas con otros medios de convicción, siendo precisamente éste el caso de la confesión ficta en virtud de la falta de contestación de la demanda, respecto de la cual el precepto que nos ocupa dispone que esta probanza produce efectos de una presunción; esto es, para que adquiera valor probatorio pleno debe adminicularse con otras pruebas porque, de lo contrario, sólo tiene el valor de una presunción.
Lo anterior es así, porque las pruebas que aporte la parte actora, para acreditar las causales en que fundamente su demanda, deben ser de tal naturaleza que produzcan en el ánimo del juzgador la certeza de los hechos materia de las mismas, de manera que la sola presunción que engendra la confesión ficta, si no está adminiculada con ningún otro elemento probatorio que confirme la existencia y realización de tales hechos, es insuficiente para considerar demostrados los elementos de la acción.
Además, debe señalarse que los hechos narrados en el punto 3 del capítulo respectivo de la demanda inicial, respecto de los cuales se configuró la confesión ficta en virtud de la falta de contestación a la demanda, no son precisos en cuanto a las circunstancias de modo y tiempo respecto a los requerimientos de pago, a saber:
"3. Es el caso que, desde que se firmó el contrato de arrendamiento, es decir, desde el primero de enero de 2004 hasta el día de hoy en que se presenta esta demanda, el demandado se ha abstenido de forma constante y reiterada de pagar todas las rentas correspondientes al año 2005, es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año en curso, no obstante las múltiples veces en que se le ha requerido el pago e inclusive se les ha visitado en el inmueble objeto del arrendamiento sin que siquiera reciban al suscrito; razón por la cual, se solicita la rescisión del contrato por incumplimiento grave al contrato de arrendamiento, con fundamento en los artículos 2483, fracción IV y 2489, fracción I; y, en consecuencia, se solicita que mediante su procedencia se condene al demandado al pago de las rentas que se sigan generando hasta que desocupen el inmueble en ejecución de sentencia."
Se advierte de lo transcrito, que la entonces actora, hoy quejosa, no señaló en qué fecha, ni las circunstancias en que realizó los requerimientos a que alude y, en este sentido, aun cuando se hubiesen presumido por confesados por la demandada los hechos narrados en la demanda, no es posible tener por acreditada la existencia de hechos respecto de los cuales no es posible establecer con precisión la fecha o la manera en que se realizaron, máxime que no se rindió ninguna otra prueba con la que se pudiese haber adminiculado la confesión ficta y, de esta manera, acreditar los elementos de la acción intentada.
Es aplicable al caso, la tesis I.6o.C.16 C, sustentada por este tribunal, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo II, agosto de 1995, página 486, que textualmente establece lo siguiente:
"CONFESIÓN FICTA POR FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. RESULTA INSUFICIENTE PARA ACREDITAR LA ACCIÓN INTENTADA, SI NO SE FORTALECE CON OTROS MEDIOS PROBATORIOS. La falta de contestación de la demanda, no implica la aceptación de las pretensiones reclamadas por la actora, sino que sólo se trata de una presunción, misma que para constituir prueba plena, debe ser adminiculada con otros medios que la favorezcan, dado que, aun cuando a la confesión derivada de la falta de contestación, no se le debe negar valor probatorio, también es cierto que no se puede reconocer que sea bastante por sí sola para justificar la acción ejercitada, pues un indicio de esa naturaleza, originaría que se tuvieran por reconocidos presuntivamente los hechos aducidos no contestados, cuando esa situación no es suficiente para dar fundamento a cada uno de los elementos de la referida acción y por tanto, tampoco se puede tener por probada únicamente con dicha confesión."
También es aplicable, la jurisprudencia 155 sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Sexta Época, publicada en el Apéndice 2000, en el Tomo IV, Materia Civil, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 127, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación:
"CONFESIÓN FICTA. La confesión ficta, producida tanto por la falta de contestación a la demanda, cuanto por no haber comparecido a absolver posiciones, constituye sólo una presunción que admite prueba en contrario."
Por otra parte, son infundados los argumentos que hace valer el quejoso en la parte conducente de su único concepto de violación de su demanda de garantías, así como en su único concepto de violación de la ampliación a su demanda, en donde expresa lo que a continuación se resume.
Que lo resuelto por la Sala responsable, respecto a que no se precisó la ubicación del domicilio del arrendador, es una apreciación subjetiva, pues resulta infantil que el arrendatario no supiera la ubicación del domicilio del arrendador, siendo que en la cláusula primera del contrato base de la acción, se acordó que la renta se pagaría en el domicilio del arrendador, de donde resulta evidente que el arrendatario sí tenía conocimiento del domicilio del arrendador.
Que contrariamente a lo que expresa la Sala responsable, sí se comprobó el incumplimiento por parte del tercero perjudicado, quien a pesar de que fue emplazado a juicio, no contestó la demanda, no opuso excepciones ni defensas y no ha pagado las rentas desde el dos mil cuatro, siendo que la responsable debió aplicar armónicamente los artículos 2425, fracción I, 2427, 2483, fracción IV, 2489, fracción I, del Código Civil para el Distrito Federal, pues en dichos preceptos se dispone que debe rescindirse el contrato de arrendamiento por falta de pago de las rentas, lo que omitió la Sala.
Que la premisa básica del contrato de arrendamiento que debe tomarse en cuenta, es que en caso de falta de pago de renta, el arrendador tiene derecho a exigir la rescisión del contrato, operando la rescisión en el momento en que se incumple con el pago de las rentas.
Que, además, se está solicitando no sólo el pago de las rentas, sino que se proceda a la desocupación y entrega inmediata del inmueble objeto del arrendamiento.
Que en autos aparece que se requirió al demandado el pago de las rentas en el domicilio materia del arrendamiento, requerimiento que se realizó en el acto mismo del emplazamiento, siendo que dicho emplazamiento tiene efectos de requerimiento al deudor, resultando aplicable la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro establece: "ARRENDAMIENTO. LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RELATIVO Y EL RECLAMO DE LAS RENTAS INSOLUTAS, SON ACCIONES INDEPENDIENTES QUE PUEDEN PLANTEARSE EN LA MISMA DEMANDA."
Ahora bien, es conveniente tomar en cuenta que, como ya se expresó, la Sala responsable resolvió en la resolución reclamada, sustancialmente, que no se había acreditado que el arrendador hubiese requerido previamente a la arrendataria el pago de las pensiones que fueron reclamadas, siendo que a falta de precisión del domicilio del arrendador y de que éste hubiese requerido al demandado el pago de las rentas, no podía admitirse que éste hubiese incurrido en mora y, al no haber mora, no había incumplimiento.
Al respecto, a fin de resolver la cuestión planteada, es pertinente realizar algunas precisiones sobre la acción rescisoria respecto a un contrato de arrendamiento.
En términos generales, la acción rescisoria es la facultad de destruir el vínculo jurídico generado con motivo del contrato, que la ley le otorga al contratante que sí ha cumplido con su obligación.
Dicha acción es un medio legal para tutelar el derecho del contratante y tiene por objeto restablecer el equilibrio contractual, con base en la interdependencia de las obligaciones recíprocas derivadas del contrato de arrendamiento.
Al respecto, debe atenderse a lo dispuesto en la fracción I del artículo 2425, así como al primer párrafo del artículo 2448 E, ambos del Código Civil para el Distrito Federal, que establecen:
"Artículo 2425. El arrendatario está obligado:
"I. A satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos."
"Artículo 2448 E. La renta debe pagarse puntualmente, en los plazos convenidos y a falta de convenio por meses vencidos."
Ahora bien, en relación con lo anterior, la fracción I del artículo 2489 del código en cita, establece lo siguiente:
"Artículo 2489. El arrendador puede exigir la rescisión del contrato:
"I. Por falta de pago de la renta en los términos previstos en la fracción I del artículo 2425."
De la interpretación armónica de los anteriores preceptos, se deduce que el hecho de que el arrendatario no satisfaga el pago de la renta, en la forma y tiempo convenidos, le genera al arrendador la acción para exigir la rescisión del contrato de arrendamiento respectivo.
Lo anterior es congruente con lo dispuesto en los artículos 2078, párrafo primero y 2079 del código que nos ocupa, que en cuanto al pago como forma del cumplimiento de las obligaciones, disponen lo que a continuación se transcribe:
"Artículo 2078. El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado; y nunca podrá hacerse parcialmente sino en virtud de convenio expreso o de disposición de ley."
"Artículo 2079. El pago se hará en el tiempo designado en el contrato, exceptuando aquellos casos en que la ley permita o prevenga expresamente otra cosa."
De tal suerte, se tiene que, salvo pacto en contrario, la obligación de pago debe cumplirse del modo pactado y en el tiempo designado en el contrato y, en el caso del arrendamiento, la omisión de tal cumplimiento le genera al arrendador la acción para exigir la rescisión del contrato.
Ahora bien, no debe confundirse el derecho de ejercer la acción de rescisión de un contrato de arrendamiento, con la manera y términos en que debe tramitarse dicha acción.
En efecto, la acción rescisoria presupone la existencia de un contrato bilateral, en el que el incumplimiento de la obligación, por una de las partes, da derecho a la parte que sí cumplió a demandar la rescisión del contrato, de ahí que los hechos en que se funda dicha acción sean, por una parte, la celebración del contrato de arrendamiento y por otra, la exigibilidad de la rescisión, hechos que, desde luego, deben ser debidamente probados dentro del contexto de lo expresamente pactado.
Al respecto, la exigibilidad de la rescisión se trata de un presupuesto procesal sin el cual no puede resultar procedente la acción de rescisión intentada, y a fin de dilucidar si se actualiza, debe atenderse a las obligaciones contenidas en el contrato de arrendamiento, y al hecho de si se demostró o no el incumplimiento de manera previa a la interposición de la demanda.
En el caso, si bien es cierto que existe la obligación por parte del arrendatario de pagar la renta respectiva, sin embargo, lo cierto es que no se acreditó el presupuesto procesal que nos ocupa, puesto que no se demostró la configuración de la causal de rescisión consistente en la falta de pago de las rentas, con anterioridad a la presentación de la demanda.
En el caso, tal como lo advirtió la Sala responsable, se desprende del contrato de arrendamiento, que si bien se pactó que las rentas debían cubrirse en el domicilio del arrendador, lo cierto es que no se señaló en dónde se ubicaba dicho domicilio, lo que, aunado al hecho de que no se demostró fehacientemente que el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario y que éste se hubiese rehusado a él, lleva a la conclusión de que no se acreditó el elemento de la acción consistente en el incumplimiento del contrato.
Lo anterior es así, pues, como ya se expresó, las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento deben cumplirse del modo pactado y en el tiempo designado en el propio contrato, por lo que, si las partes pactaron que las rentas se pagarían en el domicilio del arrendador, y en su texto no se especificó en dónde se ubicaba éste, ni se desprende de autos que el arrendatario hubiese tenido conocimiento del mismo, es claro que no se acreditó el presupuesto procesal referente al incumplimiento del contrato, lo que hace improcedente la acción de rescisión.
Así, al no haberse señalado expresamente la ubicación del domicilio del arrendador y, por otra parte, no haberse demostrado que el arrendador requirió de pago al arrendatario, entonces, no puede estimarse que este último haya incurrido en mora que justifique o haga procedente la rescisión de contrato, pues la prueba de haber requerido de pago al inquilino en su domicilio está a cargo del arrendador, quien debe acreditar este extremo como requisito sine qua non del ejercicio de la acción rescisoria.
Es aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado en la tesis II.1o.C.T.207 C, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, correspondiente a la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, febrero de 1995, página 231, que expresa lo siguiente:
"ARRENDAMIENTO, RESCISIÓN DEL CONT
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19833-5831b199/confesion-ficta-en-el-procedimiento-civil-la-falta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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