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Modo: Corpus Pro

PERSONALIDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE EN EL AMPARO DIRECTO PRETENDEN CUESTIONARLA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 546/2006. · Registro digital (IUS): 20146
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PABLO GABRIEL AGUILAR RAMOS.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, , Pág. 1900.

AMPARO DIRECTO 546/2006. PABLO GABRIEL AGUILAR RAMOS.

CONSIDERANDO:

QUINTO. En el sexto concepto de violación, que se analiza de manera preferente por el tema que involucra, el peticionario de garantías afirma que ante el juzgado de origen interpuso "la excepción de incompetencia", en contra de quienes se ostentaron como endosantes en propiedad, pero el juzgador siguió el criterio de que se trataba de endosatarios en procuración, y que la actora era México Compañía de Productos Automotrices, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Apunta que, en virtud de ello, le causa perjuicio la resolución reclamada porque los endosatarios no son la parte directamente interesada, sino "meros cobradores" en nombre de otra persona, por lo que no puede condenarse al quejoso a pagar cantidad alguna a quienes son cobradores, dado que las facultades que otorga el endoso en procuración no constituyen la personalidad de quienes forman parte de la litis.

Resultan inoperantes los anteriores argumentos, porque pretenden cuestionar la personalidad de la parte actora, en el juicio de amparo directo que ahora se resuelve, pese a que en el procedimiento de origen se decidió la excepción de falta de personalidad -no de "incompetencia"-, opuesta por el demandado, hoy quejoso, habiéndose confirmado la resolución correspondiente en la segunda instancia, por lo que pudo y debió reclamarse en amparo indirecto la decisión judicial respectiva, sin que la peticionaria de garantías haya promovido el juicio constitucional en esa vía.

Sobre el particular, debe observarse que la resolución que sin ulterior recurso declara improcedente la excepción de falta de personalidad, constituye un acto dictado dentro de juicio que tiene efectos cuya ejecución es de imposible reparación, dado que es una violación procesal que afecta a las partes en grado predominante o superior, toda vez que es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que la resolución sobre personalidad es aparte de declarativa, o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, constitutiva.

En consecuencia, esa determinación debe impugnarse a través del juicio de amparo indirecto que procede en su contra, dentro del término de quince días siguientes al en que surta efectos su notificación, de conformidad con los artículos 114, fracción IV y 21 de la Ley de Amparo, que disponen:

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ...

"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación."

"Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."

La procedencia del amparo indirecto en contra de la resolución que dirime la cuestión de personalidad, previamente al fondo del juicio, ha sido destacada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en la página 11, del Tomo XIII, enero de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo."

En la especie, de los antecedentes del juicio de origen que se relacionan con la falta de personalidad se desprende que la parte demandada, al dar contestación a la demanda mediante ocurso presentado el veintidós de marzo de dos mil cinco, opuso la excepción de falta de personalidad, en los términos siguientes:

"En primer lugar, con fundamento en el artículo 1122, fracción I y demás relativos del Código de Comercio y del Código de Procedimientos Civiles aplicables supletoriamente a la materia, vengo a interponer interpongo (sic) la excepción de falta de personalidad con que se ostentan los CC. Esteban Guadarrama Maldonado, Claudia Rosas Lara, Diocleciano Oropeza Aguirre, Clemente Ruiz Hernández y Héctor Martínez Velasco, lo que hago con fundamento en los siguientes hechos: I. Tanto en el proemio como en el hecho 3 del escrito de demanda los promoventes se ostentan como endosatarios en propiedad del documento que utilizan como base de la acción, lo cual es totalmente falso, pues como se puede observar, en ese documento no aparece ningún endoso en propiedad, de lo cual resulta que la personalidad con que pretenden actuar los supuestos actores, carece de fundamento y por lo tanto debe declararse procedente la excepción que interpongo. II. Por otra parte, de las actuaciones no se acredita que el señor Francisco Villanueva González, quien supuestamente firma el documento al reverso, tenga facultades para actuar como representante legal de la empresa denominada ‘México Compañía de Productos Automotrices, S.A. de C.V.’, supuesta beneficiaria original del documento utilizado como base de la acción, por lo cual probablemente se pretenda cometer un ilícito, por parte de quienes están participando en el intento de cobrarme una cantidad a la cual carecen de derecho. A efecto de probar mi dicho, ofrezco las siguientes pruebas, mismas que se relacionan con todos y cada uno de los hechos en que se fundamenta mi excepción: ... (señala pruebas) ..." (foja 26 del juicio de origen).

Esa excepción fue resuelta por el Juez de primer grado, mediante sentencia interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil cinco, que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Se declara infundado el incidente de falta de personalidad, opuesta por la demandada, en los términos asentados en el considerando único de este fallo, debiendo continuarse con el procedimiento.

"SEGUNDO. Notifíquese ..." (sic) (foja 65 del juicio de origen).

Inconforme con esa resolución, la parte demandada interpuso recurso de apelación en su contra, mismo que conoció y resolvió la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil cinco, que confirmó la resolución impugnada, señalando en su parte resolutiva:

"PRIMERO. Es infundado el recurso de apelación que nos ocupa en atención a que los agravios hechos valer por el apelante resultan injustificados, en consecuencia, se confirma en sus términos la sentencia interlocutoria materia del presente fallo, cuyos puntos resolutivos han sido transcritos en el resultando primero de esta resolución.

"SEGUNDO. No se hace especial condena en costas procesales por la tramitación del presente recurso.

"TERCERO. Notifíquese ..." (sic) (foja 239 del expediente de origen).

De conformidad con esa antecedencia, la cuestión de personalidad fue objeto de una decisión emitida previamente a la resolución de fondo del juicio de origen, tanto en primera como en segunda instancia, por lo que en contra de la resolución dictada por el órgano de alzada era procedente el juicio de amparo indirecto, de acuerdo con la tesis jurisprudencial antes invocada, sin que de las propias constancias del procedimiento de origen se advierta que la parte demandada haya promovido la vía de garantías indirecta.

Por consiguiente, si el quejoso pudo y debió acudir al amparo indirecto en contra de la decisión relativa a la personalidad de la actora, pero se abstuvo de hacerlo, resultan inoperantes los motivos de violación que pretenden controvertir en el amparo directo la cuestión de personalidad.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.27 K, de este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, marzo de dos mil dos, página 1414, que se reitera y establece:

" La resolución que sin ulterior recurso declara improcedente la excepción de falta de personalidad, constituye un acto dictado dentro de juicio que tiene efectos cuya ejecución es de imposible reparación, porque es una violación procesal que afecta a las partes en grado predominante o superior, toda vez que es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Por ello, esa determinación debe impugnarse a través del juicio de amparo indirecto que procede en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos su notificación y, al no haberlo hecho así, el quejoso consintió esa resolución judicial, por lo que ya no puede analizarse en un juicio de amparo directo como una violación a las leyes del procedimiento que afectó sus defensas, porque, de hacerlo, quedaría a elección de la parte interesada promover el juicio de amparo indirecto o esperar a la sentencia definitiva y hacer la impugnación en los conceptos de violación, y de esta manera dejaría de tener aplicación la regla general contenida en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, consistente en que el amparo debe promoverse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por tanto, los conceptos de violación que en el amparo directo tiendan a impugnar esa cuestión de personalidad que pudo y debió reclamarse en amparo indirecto, son inoperantes."

En los conceptos de violación primero, segundo y tercero que se analizan de manera conjunta, dada la estrecha vinculación de las cuestiones que comprenden, según lo autoriza el artículo 79 de la Ley de Amparo, el quejoso señala que la sentencia reclamada vulnera los artículos 14 y 16 constitucionales, debido a:

Que la Sala responsable dictó una sentencia inequitativa, al "interpretar tesis jurisprudenciales no aplicables", e invocar algunas que la actora se abstuvo de señalar y, por el contrario, omitió el estudio de la contestación de agravios, al cual dicha autoridad dejó de referirse, así como de las tesis en él citadas.

Que el diecisiete de marzo de dos mil cinco, fecha indicada en la sentencia reclamada, no se presentó ningún escrito expresando agravios en el recurso de apelación por parte de la actora.

Que la autoridad de alzada se excedió al invocar situaciones y derecho no mencionados por la parte actora.

Que lo anterior denota parcialidad del órgano de alzada, y le llevó a conclusiones ilógicas, como afirmar que el quejoso confesó hechos al responder a las posiciones, sin considerar las aclaraciones que realizó durante el desahogo de la confesional, así como pasando por alto que las posiciones formuladas no debieron ser calificadas de legales, pues abarcaron más de un hecho; y,

Que en la sentencia reclamada se incurrió en el defecto de "desperdiciar" hojas en la transcripción de constancias y preceptos legales, sustituyéndose "la calidad por la cantidad", lo que no significa que las treinta y seis fojas de la sentencia estén apegadas a derecho, sino que utilizó una "técnica impropia".

Son inoperantes, en parte e infundados los motivos de disenso examinados.

La inoperancia se produce en cuanto al señalamiento relativo a la invocación, por parte de la Sala responsable, de criterios de interpretación judicial inaplicables, dado que el demandante de amparo se abstiene de indicar el dato y motivo concreto que sustente su afirmación, es decir, cuáles son las tesis a que se refiere y por qué no tienen aplicación al caso concreto.

También es inoperante el señalamiento relativo a que el diecisiete de marzo de dos mil cinco, no se presentó el escrito de expresión de agravios de la parte actora, ya que si bien es cierto que en el considerando primero de la sentencia reclamada se indicó tal fecha, también lo es que se trata de un error irrelevante al advertirse que el ocurso aludido tiene sello de presentación del mismo mes y día, aunque del año dos mil seis, sin que el peticionario de garantías señale de qué manera esa imprecisión trascendió al resultado de la sentencia reclamada, o afecta a ésta de inconstitucionalidad.

En cambio, la carencia de sustento se advierte respecto de los diversos argumentos que han sido compendiados.

Así, por lo que se refiere a la omisión de estudiar las manifestaciones vertidas al contestar los agravios, incluyendo la cita de criterios de interpretación, debe señalarse que son infundados precisamente porque se basan en que la autoridad de segunda instancia omitió atender lo expresado en el escrito de contestación de agravios que conforme a las constancias del toca de apelación, es aquel que contiene las manifestaciones vertidas por el ahora quejoso y fue datado y sellado por la Oficialía de Partes Común Civil Familiar el tres de abril de dos mil seis (fojas 24 a 31 del toca), y ese ocurso no forma parte de la litis en el recurso de apelación.

En efecto, el recurso de apelación tiene por objeto la confirmación, revocación o modificación de la resolución del inferior por parte del superior, lo cual se determina una vez que se ha efectuado un nuevo examen o reacertamiento por parte de este último sobre la actuación de aquél con base, única y exclusivamente, en los agravios expresados por la parte apelante, de forma tal que la litis en ese medio de impugnación ordinario se integra con las consideraciones de la sentencia recurrida y los argumentos del impugnante.

No obsta a lo anterior, el hecho de que el recurso de apelación se sustancie con intervención del apelado o contraparte del apelante, quien puede producir su contestación a los agravios, porque ello tiene su justificación en el respeto al principio contradictorio propio de la materia procesal, y de ninguna manera significa que deba atenderse obligatoriamente a lo expresado por dicha parte al rebatir los indicados motivos de inconformidad, dado que en modo alguno está previsto en el sistema de impugnación legalmente regulado, ni se desprende así de la interpretación sistemática de los artículos 1336, 1337, 1342, 1344 y 1345 del Código de Comercio, que disponen:

"Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación."

"Artículo 1337. Pueden apelar de una sentencia:

"I. El litigante condenado en el fallo, si creyere haber recibido algún agravio;

"II. El vencedor que, aunque haya obtenido en el litigio, no ha conseguido la restitución de frutos, la indemnización de daños y perjuicios, o el pago de las costas, y

"III. La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta al notificársele la admisión de ésta, o dentro de los tres días siguientes a esa notificación. En este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte de éste."

"Artículo 1342. Las apelaciones se admitirán o denegarán de plano, y se sustanciarán con un solo escrito de cada parte y el informe en estrados, si las partes quisieren hacerlo."

"Artículo 1344. La apelación debe interponerse por escrito, dentro de nueve días improrrogables, si la sentencia fuere definitiva o dentro de seis si fuere auto o interlocutoria, y en el mismo escrito se expresarán por el recurrente los motivos de inconformidad o agravios que formule. El Juez, en el auto que pronuncie al escrito de interposición del recurso, expresará si lo admite en un solo efecto o en ambos efectos, dando vista a la contraria para que en el término de tres días conteste lo que a su derecho convenga y ordenará se asiente constancia en autos de la interposición del recurso y de la remisión del cuaderno de apelación correspondiente a la superioridad dentro de un plazo de tres días, si fueren autos originales y de cinco si se tratare de testimonio.

"Será causa de responsabilidad la falta de envío oportuno al superior de los autos o testimonio respectivo para la substanciación del recurso."

"Artículo 1345. Cuando la apelación proceda en un solo efecto no se suspenderá la ejecución de la resolución impugnada, pero en este caso el recurrente al interponerla deberá señalar las constancias para integrar el testimonio de apelación, que podrán ser adicionadas por la contraria y las que el Juez estime necesarias, remitiéndose desde luego el testimonio que se forme al tribunal de alzada. De no señalarse las constancias por el recurrente, se tendrá por no interpuesta la apelación. Si el que no señale constancias es la parte apelada, se le tendrá por conforme con las que hubiere señalado el apelante.

"Respecto del señalamiento de constancias, las partes y el Juez deben de cumplir con lo que se ordena en el párrafo final de este artículo.

"Si se tratare de sentencia definitiva en que la apelación se admita en efecto devolutivo se remitirán las originales al Superior, pero se dejará en el juzgado para ejecutarla copia certificada de ella y de las demás constancias.

"Si la apelación se admite en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la resolución, hasta que cause ejecutoria.

"Al recibirse las constancias por el superior, no se notificará personalmente a las partes para que comparezcan ante dicho tribunal, a menos que se haya dejado de actuar por más de seis meses.

"Llegados los autos o el testimonio, en su caso, al superior, éste dentro de los tres días siguientes dictará providencia en la que decidirá sobre la admisión del recurso, la calificación del grado y la oportuna expresión de agravios y su contestación hechas por y ante el Juez a quo, citando en su caso a las partes para oír sentencia, misma que se pronunciará dentro del plazo de quince días contados a partir de la citación para sentencia. Sólo cuando hubiere necesidad de que el Superior examine documentos voluminosos, podrá disfrutar de ocho días más para pronunciar resolución.

"Declarada inadmisible la apelación, se devolverán los autos al inferior, revocada la calificación, se procederá en consecuencia.

"El tribunal de apelación formará un solo expediente, iniciándose con la primera apelación que se integre con las constancias que se remitan por el inferior, y se continúe agregándose las subsecuentes que se remitan para el trámite de apelaciones posteriores."

La interpretación sistemática de los invocados dispositivos legales permite advertir, además de lo ya indicado, que la intervención dada al apelado carece de trascendencia en el examen que debe hacer el órgano de alzada, mientras que la expresión de agravios es necesaria para sustanciar el medio de impugnación, evidenciando con ello la necesidad de aquéllos por ser el punto de partida del análisis a cargo del superior y la irrelevancia de la contestación, misma que también se pone de manifiesto al preverse una adhesión al recurso o apelación adhesiva, que tiene por objeto mejorar las consideraciones del inferior, por lo que si la contraparte del recurrente principal persigue ese objetivo el medio idóneo para hacerlo es la adhesión y no la contestación de agravios, la cual, aunque lógicamente tiene un propósito similar (que se mantenga el sentido del fallo combatido), presenta una diferencia específica con aquélla (busca sostener la legalidad de la sentencia desvirtuando los agravios, y no mejorar sus consideraciones), que revela la carencia de obligación de la autoridad de segunda instancia de analizarla.

Por consiguiente, el hecho de que, en la especie, el órgano de alzada haya omitido referirse a los argumentos vertidos a guisa de contestación de agravios no infringe disposición alguna del Código de Comercio, de manera que son infundados, según se observó inicialmente, los motivos de disenso examinados.

Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen los datos de localización, rubro y texto siguientes:

"Séptima Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volúmenes: 217-228, Cuarta Parte

"Página: 22

"Tesis Aislada

"Materia(s): Civil

"APELACIÓN. ES INNECESARIO EL EXAMEN DEL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS. La circunstancia de que la autoridad responsable no se refiera en su sentencia al escrito de contestación de agravios, no redunda en perjuicio de los intereses jurídicos del apelado, ya que la materia de la sentencia de segunda instancia se limita generalmente al examen de la resolución recurrida con vista de los agravios que expresa el apelante y que fundan el recurso; la intervención del apelado a través de su escrito de contestación de los agravios no desarrolla más función que la de sostener, desvirtuando tales agravios, la legalidad de la sentencia recurrida pronunciada en sentido favorable a sus intereses."

"Séptima Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volúmenes: 217-228, Cuarta Parte

"Página: 188

"Tesis Aislada

"Materia(s): Común

"LITIS, APELACIÓN EN LA. SE INTEGRA CON LA SENTENCIA RECURRIDA Y LOS AGRAVIOS. Los argumentos hechos valer en el escrito de contestación de agravios no forman parte de la litis en la apelación, pues ésta se integra exclusivamente con la sentencia recurrida y los agravios, pero de ninguna manera con el escrito en que se contestan los agravios."

En cuanto al señalamiento de que la autoridad de apelación se excedió al invocar aspectos no mencionados por la parte actora, llegar a conclusiones ilógicas y hacer transcripciones, utilizando una técnica incorrecta, resulta infundado porque no se advierten esas circunstancias en la sentencia reclamada.

Así es, ya que el hecho de que el órgano de alzada haya realizado su estudio a partir de fijar las hipótesis legales que estimó aplicables, citando expresamente su texto, así como los criterios de interpretación judicial que consideró reforzaban sus razonamientos, y que transcribiera partes selectas del desahogo de las probanzas, a fin de valorarlas, de ningún modo significa que se haya excedido, ni que "desperdiciara" hojas.

Por el contrario, la amplitud del análisis redunda en beneficio de las partes y permite una mejor administración de justicia, sin que sea censurable esa extensión en tanto sirva a los indicados propósitos, como ocurrió en el caso, amén de que el hecho de que se aborde la problemática jurídica y de facto con ideas no expuestas en términos idénticos por la parte apelante, o con una mayor profundidad, deriva del uso del libre arbitrio judicial y del conocimiento del derecho por parte de los juzgadores, estando solamente ceñidos por la materia de la litis, que no se observa alterada en la especie.

En efecto, la apelante hizo valer en sus agravios, sustancialmente, que sí había sido firmado el documento por el actor, sin que se hubiera demostrado que esa signatura fue puesta en el título de crédito antes del llenado de los demás datos.

Con base en esos motivos de inconformidad, la autoridad de alzada hizo el examen de las cargas probatorias y del material probatorio, lo que le condujo a estimar fundados los agravios, procediendo, en consecuencia, al análisis de la litis de primer grado y la valoración de pruebas relacionadas con esa controversia.

De manera que ninguna afectación se causó al quejoso con esa exhaustividad, que es congruente con las controversias de primera y segunda instancia, además, de no haber llegado el órgano de apelación, a través de su examen, a conclusiones ilógicas en cuanto a dejar de considerar las aclaraciones realizadas por el demandado en su confesional, pues examinó las respuestas en su integridad, según se advierte de la transcripción que hizo de las mismas y que, a su vez, puede verse en el considerando tercero de esta ejecutoria.

No obsta a lo anterior, el hecho de que nada dijera la Sala responsable sobre la correcta o incorrecta calificación de posiciones, dado que el debate de apelación de ningún modo giró en torno a ese aspecto que, en todo caso, sólo podía ser examinado ante el reclamo expreso de la parte a quien perjudicara, es decir, la absolvente, en caso de que le hubiera sido desfavorable la sentencia de primer grado, porque en tal supuesto debía hacer valer en el recurso de apelación correspondiente la violación procesal relacionada con esa calificación.

De esa manera ha sido sostenido por este Tribunal Colegiado en la tesis I.3o.C.422 C, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de dos mil tres, página 948, que es del tenor siguiente:

"CONFESIÓN. LA CALIFICACIÓN DE POSICIONES EFECTUADA POR EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, DEBE CUESTIONARSE EN EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA NATURAL, A EFECTO DE PREPARAR LA RELATIVA VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO Y EL TRIBUNAL DE ALZADA TIENE LA OBLIGACIÓN DE PRONUNCIARSE AL RESPECTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República, 158, párrafo primero y 161 de la Ley de Amparo, al promoverse un juicio de garantías contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificados o revocados, es posible reclamar también las violaciones procesales que en opinión de las partes hubiesen sido cometidas en su perjuicio en esa clase de procedimientos que afecten sus defensas y trasciendan al resultado del fallo; pero, salvo los casos excepcionales previstos en el primero y párrafo último del tercero de los mencionados preceptos legales, para que puedan reclamarse en amparo directo violaciones procesales cometidas en juicios de naturaleza civil y el Tribunal Colegiado correspondiente esté en condiciones de estudiarlas, es menester que se preparen mediante su impugnaci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20146-be8fe2a5/personalidad-son-inoperantes-los-conceptos-de-violacion-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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