CESIÓN DE DERECHOS A TERCEROS. SU NOTIFICACIÓN AL DEUDOR NO ES REQUISITO NECESARIO PARA QUE SURTA EFECTOS.
AMPARO DIRECTO 185/2010. **********.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Los conceptos de violación resultan unos infundados, inoperantes otros y, del resto, uno es fundado, lo que hace innecesario el estudio de los diversos tal y como lo establece la jurisprudencia VI.2o. J/316 que se comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 83, del tomo 80, del mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos."
Mismos que serán analizados conforme a los siguientes temas:
I. Personalidad de la actora.
II. Omisión del Tribunal Unitario responsable de analizar la totalidad de lo expuesto respecto a la falta de legitimación de la actora.
III. Falta de notificación de las cesiones de derechos.
IV. Falta de autorización de la ********** para la celebración de la primera cesión realizada por **********.
V. Falta de autorización de **********, para llevar a cabo la segunda cesión a favor de la actora.
VI. Prescripción negativa.
De inicio es dable establecer los antecedentes del acto reclamado, los cuales se observan del juicio mercantil ordinario ********** que por ser un documento público tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de los que destaca:
El veinticinco de marzo de dos mil ocho, ********** en la vía mercantil ordinaria, demandó a los ahora quejosos ********** y ********** por las prestaciones siguientes: a) Por el pago de doscientos catorce mil pesos por concepto de capital vencido y dispuesto derivado del contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria contenido en la escritura pública ********** de fecha veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y dos; b) por el pago del saldo insoluto respecto del crédito adicional dispuesto; c) por el pago de intereses ordinarios generados; d) por el cumplimiento de los pagos adicionales generados; e) por el pago de intereses moratorios; f) por la entrega de la posesión del inmueble objeto de la garantía hipotecaria; g) por la declaración judicial de la ejecución de la garantía hipotecaria; y h) por el pago de gastos y costas (fojas 2 a 11 del juicio natural).
Por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil ocho, el Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, radicó la demanda con el número de expediente **********, admitiéndola en la vía y forma propuesta, por lo que ordenó el emplazamiento de los demandados (foja 12 del expediente en consulta).
Mediante escrito presentado el nueve de abril de dos mil ocho, una vez emplazados ********** y ********** produjeron su contestación y opusieron, entre otras, la excepción de prescripción negativa y, además, interpusieron demanda reconvencional, en los siguientes términos:
"... por nuestro propio derecho nos presentamos de conformidad a lo establecido por el artículo 1380 del código de la ley de la materia, y en esta vía la acción de prescripción mercantil negativa en contra de las siguientes personas: ... Y, como consecuencia de la acción que se ejercita se les reclaman las siguientes: Prestaciones: a). Por la declaración judicial que ha operado en nuestro favor la prescripción negativa del contrato de apertura de crédito y sus accesorios (comisiones, interés, rendimientos y demás emolumentos) celebrado entre las partes; así, como consecuencia de ello, la cancelación de la hipoteca otorgada en la escritura pública número ********** de fecha 23 de marzo de 1992, pasada ante la fe del licenciado **********, notario público suplente encargado de la Notaría Pública Número **********, de esta ciudad, documento presentado por la ahora demandada reconvencionista **********, el cual hago mío como fundatorio de esta acción para todos los efectos legales a que haya lugar. b). Por el pago de gastos, costas y honorarios que se originen con motivo del presente juicio exhibiendo de este rubro al Registro Público y al notario. Para una mejor comprensión en relación a la procedencia de nuestras reclamaciones, formulamos a usted las siguientes narraciones de: Antecedentes: 1. En esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, con fecha 23 de marzo de 1992, los suscritos, en nuestra calidad de compradores, celebramos un contrato de compraventa con el señor **********, respecto de la unidad condominal denominada **********, construido en la fracción 12 (**********, segunda sección), perteneciente al núcleo habitacional denominado **********, Municipio de **********, cuyo acceso se identifica con el número **********; identificado como la **********, tal como lo acredito con el testimonio público identificado con el número ********** que adjunto al presente. 2. Se estipuló que el precio de la operación de compraventa a que nos obligamos los suscritos compradores a cubrir al vendedor, fue por la suma de $ **********, cantidad que fue entregada con anterioridad a ese acto en efectivo y a la entera satisfacción de los vendedores, entregándome la posesión material del inmueble desde la fecha del contrato de referencia, tal como lo acredito con el contrato de compraventa mencionado en el párrafo anterior y con los recibos de pago de los servicios, tanto de agua, luz, gas, etc. 3. Asimismo, en la fecha antes mencionada y ante la fe del notario de referencia, los suscritos firmamos y obtuvimos de parte de la demandada **********, que actualmente se denomina **********, la apertura de un crédito simple para cubrir el resto de la cantidad necesaria para cubrir el costo de la vivienda, esto es, la suma de $ **********, para ello, se constituyó una hipoteca a favor de la demandada, la cual aceptó y quedó inmersa en la escritura pública número **********, misma que anexo al presente escrito. 4. En consecuencia de lo anterior, la parte demandada al otorgar el crédito de referencia, nos concedió el préstamo número **********, bajo la cuenta número **********, con el objeto de estar abonando las cantidades de dinero que en forma mensual debería destinar para cubrir los conceptos insertos en el contrato de referencia; y toda vez que los suscritos nos obligamos a pagar las cantidades mediante abonos mensuales vencidos al día último de cada mes a partir de la firma de esta escritura, conforme lo establece la cláusula sexta del referido contrato y que, en el caso concreto, el último pago que realizamos fue precisamente el día 2 de marzo de 1995 (tal como lo acreditamos con el recibo de pago que anexamos a la presente demanda), ha transcurrido en exceso el término de la prescripción, razón por la cual es el motivo de nuestra demanda. 5. Como hasta la fecha, a pesar que han transcurrido más de 10 años, nuestro acreedor inicial **********, ahora demandado, nunca nos requirió y notificó judicialmente para exigirnos la liquidación de la deuda, hasta este momento en que la demandada reconvencionista **********, y aparente cesionaria en segundo lugar de los créditos de **********, nos demandó por los conceptos reclamados en su escrito inicial de demanda, razón por la cual invocamos en nuestro beneficio la figura jurídica llamada prescripción negativa y que se encuentra prevista en los artículos 1038, 1040, 1047 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio aplicable (sic), ya que la liberación de las obligaciones de cualquier naturaleza se extinguen en el lapso de 10 años por no haber pedido su cumplimiento en cualquiera de las formas establecidas por la ley, sobre todo mediante una demanda judicial y su notificación para interrumpir su prescripción, aun en aquellos préstamos donde se estipuló el pago en parcialidades, como es el caso que nos ocupa." (fojas 17 a 38 del juicio mercantil ordinario de origen).
Por proveído dictado el diez de abril de dos mil ocho, se tuvo a los demandados dando contestación a la demanda (fojas 40 y 41 del propio expediente) y, previa aclaración de la reconvención, en acuerdo emitido el veintiuno siguiente, se admitió la demanda reconvencional contra la parte actora ********** (fojas 53 y 54 del juicio natural).
Mediante escrito presentado el ocho de mayo de dos mil ocho, la demandada reconvencionista, compareció a dar contestación a la reconvención, en los siguientes términos:
"Que por medio del presente escrito y en representación de la parte actora **********, vengo a dar contestación a la demanda reconvencional instaurada en su contra por los señores **********, lo cual realizo en los siguientes términos: A las prestaciones. Resultan improcedentes todas las prestaciones que son reclamadas a mi representada, lo cual será demostrado en el momento procesal oportuno, luego entonces, será la parte actora en la reconvención quien deberá pagar a mi representada los gastos y las costas que se originen con motivo de la tramitación del presente juicio reconvencional en cualquiera de las instancias en que el mismo se ventile. A los antecedentes. Al identificado con el número 1. Es cierto. Al identificado con el número 2. Es cierto, sin embargo desconozco los documentos que se mencionan en la última parte del párrafo respectivo, ya que de ellos no se le corrió traslado a mi representada. Al identificado con el número 3. Es cierto. Al identificado con el número 4. Es cierto, única y exclusivamente por lo que ve al número de préstamo y número de cuenta, así como la forma de pago, sin embargo, resulta falso que el último pago de los actores reconvencionistas lo hayan realizado el día 2 dos de marzo del año 1995 mil novecientos noventa y cinco, ya que tal como se demostrará en el momento procesal oportuno, el último pago realizado por los actores reconvencionistas fue precisamente el correspondiente al mes de agosto del año 1998 mil novecientos noventa y ocho. Independientemente de lo anterior, debe advertirse que en la cláusula séptima de dicho contrato se estableció como plazo máximo para el pago del crédito 15 años contados a partir de la fecha de firma del propio contrato, venciendo dicho plazo precisamente el día 10 diez de abril del año 2007 dos mil siete, luego entonces, es a partir de esa fecha cuando se debe computar el término para la prescripción en los términos del artículo 1040 al no existir una declaración previa en donde se hubiere decretado el vencimiento anticipado de dicho plazo. Al identificado con el número 5. Es falso, en virtud de que tal como se demostrará en el momento procesal oportuno, a la fecha no han transcurrido los 10 años a partir de la fecha de incumplimiento en el pago que haya originado el vencimiento anticipado o a partir del vencimiento del plazo estipulado en el mismo contrato para la obligación principal, tal como lo establece el Código de Comercio para que opere la prescripción negativa a favor de los actores reconvencionistas." (fojas 113 a 122 del procedimiento de origen).
Seguido el juicio por sus trámites legales, se dictó sentencia de primera instancia el treinta de abril de dos mil nueve, en la cual, en lo que interesa, se declaró la improcedencia de la acción reconvencional conforme a los siguientes argumentos: "... por tanto, de lo anterior se puede arribar a la conclusión de que el día en que pudo ser legalmente ejercitada en juicio la acción respectiva y, por ende, a partir de cuándo comienza a computarse el término de diez años para que opere la prescripción negativa, fue a partir del mes de abril de dos mil siete, esto es, una vez que concluyeron los quince años previstos en la cláusula séptima del contrato fundatorio de la acción, y no a partir de la constitución en mora ..." (foja 717 vuelta del juicio natural).
Inconformes con la sentencia de primera instancia, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales se radicaron ante el Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con el número de toca **********, que se resolvieron en sentencia dictada el quince de febrero de dos mil diez, que constituye el acto reclamado en este procedimiento y cuyo contenido se transcribió en los considerandos que anteceden.
De lo previamente reseñado, se llega al conocimiento de que la litis en el juicio natural, en cuanto a la prescripción negativa opuesta por los demandados, se centró en dilucidar a partir de cuándo se inicia a contar el plazo de diez años previsto por la ley para que se actualice.
Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado, a continuación, se procede a dar respuesta a los conceptos de violación.
I. Personalidad de la actora.
En un primer aspecto, los quejosos manifiestan que la autoridad responsable determinó que se tuvo por acreditada la personalidad de la parte actora porque compareció por su propio derecho; sin embargo, aducen, aunque lo promovió así, lo hizo como causahabiente de la institución de crédito primigenia, al demandar con fundatorios de la acción que tienen su origen en el banco acreedor, es decir, aquellos documentos donde celebraron el contrato con **********, situación que, según indican, no se valoró debidamente porque esta figura la tiene quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona y, al respecto, la actora demanda por un supuesto derecho que adquirió de manera sucesiva del banco acreedor conforme a los documentos ofertados en su oportunidad.
El anterior concepto de violación es inoperante y, para sustentarlo, a continuación se procede a realizar, en cuanto al tema que nos ocupa, una breve relación de antecedentes que integran el juicio mercantil ordinario **********, de entre los cuales destaca que dicho procedimiento fue tramitado por **********, por su propio derecho, contra los ahora quejosos.
Que mediante escrito presentado el nueve de abril de dos mil ocho, los impetrantes de garantías (demandados) comparecieron a dar contestación a la demanda y, entre otras, opusieron la excepción de falta de personalidad (fojas 25 y 26 del juicio natural).
La excepción de mérito, fue admitida por auto dictado el diez de abril de dos mil ocho, en el cual se ordenó correr traslado a la parte actora, a efecto de que manifestara lo que a su derecho correspondiera (foja 42 del propio procedimiento).
Una vez que se agotó lo anterior, el Juez de Distrito dictó interlocutoria el seis de mayo de dos mil ocho, mediante la cual se declaró infundada la aludida excepción, bajo los argumentos siguientes:
"... Se afirma lo anterior, en razón de que la actora **********, compareció a demandar a ********** y **********, por su propio derecho, esto es, sin ostentarse cesionaria de algún derecho crediticio, por ende, la excepción de falta de personalidad opuesta por la parte reo, deviene improcedente. ... De lo anterior se advierte que al promoverse una demanda por derecho propio, resulta nugatorio oponerse a la personalidad de quien promueve la misma, situación que acontece en el presente juicio, tal como quedó precisado en párrafos precedentes, no obstante que se haya dado entrada al presente recurso ..."
Contra la determinación antes descrita, los demandados, hoy quejosos, no se inconformaron, pues no interpusieron medio ordinario de defensa alguno, ni mucho menos el juicio de amparo indirecto.
De lo anterior queda demostrado que la personalidad de la actora fue materia de estudio en el incidente que resolvió la excepción relativa, declarándola infundada, por lo que contra ésta, previa su preparación legal, procedía amparo indirecto, conforme lo establece la jurisprudencia P./J. 4/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, del mes de enero de dos mil uno, página 11, de rubro y texto siguientes:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo."
Entonces, aunque la personalidad sea un presupuesto procesal, no obstante que se hayan expuesto agravios en la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia y que el Tribunal Unitario los hubiese analizado, resultan inoperantes los conceptos de violación formulados sobre ese tema, habida cuenta que no debe quedar a elección de las partes si promueven amparo biinstancial o uniinstancial, haciendo valer un mismo concepto de violación, puesto que sería tanto como que se pudiera alegar esa inconformidad en dos ocasiones.
Es así, tomando en consideración que la razón fundamental por la que se declaró infundada la excepción de mérito la constituye que el juicio natural fue promovido por la actora por derecho propio, circunstancia que se encuentra firme ante su falta de impugnación; de ahí que, ahora, en este juicio de amparo directo, no es factible analizar dicha circunstancia cuando, como se dijo, debió interponerse el amparo indirecto contra la interlocutoria que resolvió la aludida excepción.
Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I.3o.C. J/38, que se comparte del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, del mes de mayo de dos mil siete, página 1899, que dice:
"PERSONALIDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE EN EL AMPARO DIRECTO PRETENDEN CUESTIONARLA. La resolución que sin ulterior recurso declara improcedente la excepción de falta de personalidad, constituye un acto dictado dentro de juicio que tiene efectos cuya ejecución es de imposible reparación, porque es una violación procesal que afecta a las partes en grado predominante o superior, toda vez que es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Por ello, esa determinación debe impugnarse a través del juicio de amparo indirecto que procede en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos su notificación y, al no haberlo hecho así, el quejoso consintió esa resolución judicial, por lo que ya no puede analizarse en un juicio de amparo directo como una violación a las leyes del procedimiento que afectó sus defensas, porque, de hacerlo, quedaría a elección de la parte interesada promover el juicio de amparo indirecto o esperar a la sentencia definitiva y hacer la impugnación en los conceptos de violación, y de esta manera dejaría de tener aplicación la regla general contenida en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, consistente en que el amparo debe promoverse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por tanto, los conceptos de violación que en el amparo directo tiendan a impugnar esa cuestión de personalidad que pudo y debió reclamarse en amparo indirecto, son inoperantes."
II. Omisión del Tribunal Unitario responsable de analizar la totalidad de lo expuesto respecto a la falta de legitimación de la actora.
Los quejosos manifiestan que la autoridad responsable se concretó a describir las consideraciones vertidas por el Juez de Distrito en lo que se refiere a la excepción de legitimación activa, la cual, según aducen, la consideró infundada sin tomar en cuenta los razonamientos vertidos, ya que la parte actora con su demanda exhibió diversos documentos (los cuales se describen en el concepto de violación) y, al efecto, mencionan, no se estableció en algunos de ellos (cesión de derechos realizada por la institución de crédito) la personalidad de **********, pues no se detalló su transformación a institución de banca múltiple, como para poder establecer que podía realizar la cesión de derechos.
Lo anterior es infundado, porque del análisis de los agravios expuestos, se advierte que si bien es cierto que los apelantes, ahora quejosos, detallaron los documentos que ahora describen en su propio concepto de violación y manifestaron que no se había establecido en los mismos la transformación de ********** a institución de banca múltiple, también lo es que dicha cuestión la opusieron en relación con la falta de personalidad de la actora y no a su falta de legitimación activa (foja 30 del toca de apelación), circunstancia que el Tribunal Unitario responsable sí tomó en cuenta, pues al efecto, en primer término, transcribió los agravios relativos y, enseguida, determinó:
"... Resulta incongruente la inconformidad que hacen valer en su agravio, en virtud de que al momento de reconvenir, entre otros, señalan como demandados a **********, y precisan que actualmente se denomina **********, lo que implica un reconocimiento tácito por parte de los demandados, de que se trata de la misma institución bancaria, pero ahora con la actual denominación, lo que permite declarar infundada su inconformidad. ... Como puede apreciarse, la parte recurrente alega que de ninguna de las escrituras y certificaciones que describió, se advierte que ********** se haya constituido, fusionado y, en su caso, se le haya otorgado en términos de las leyes competentes, la fusión de banca múltiple, por lo que no puede saberse si es una persona jurídica diferente ... sin embargo, como este tribunal lo ha establecido, dicha institución bancaria, no es la que compareció a demandar en el juicio, sino **********, quien lo hizo por su propio derecho; además, la nulidad que pretende se declare judicialmente respecto de las señaladas escrituras públicas, no es dable jurídicamente hacerlo de pleno derecho ..." (fojas 77 vuelta y 78 del toca de apelación civil).
De lo anterior se pone de manifiesto que el Tribunal Unitario responsable no incurrió en la omisión que le atribuyen los quejosos, pues sí tomó en cuenta sus alegaciones, en cuanto a que en los documentos aportados a juicio no se hizo constar la transformación de **********, pues en relación con ello, se pronunció en el sentido de que dicha cuestión resultaba infundada.
III. Falta de notificación de las cesiones de derecho.
Los quejosos manifiestan que la autoridad responsable determinó que fueron notificados de la cesión de derechos de su crédito, de conformidad con la escritura pública relativa a la certificación de hechos realizada por el notario público número **********, concatenada con las copias certificadas de los medios preparatorios de juicio civil ordinario del índice del Juzgado Sexto de lo Civil de esta ciudad; sin embargo, estas últimas corresponden a un procedimiento inconcluso y no pueden tener valor probatorio alguno, de acuerdo con lo establecido por el artículo 216 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.
En tal orden, los impetrantes insisten en que las copias certificadas de los medios preparatorios a juicio no pueden tener valor probatorio de conformidad al desahogo del juicio para el que fueron tramitados, es decir, medios preparatorios a juicio civil ordinario, luego, aducen, al no haberse promovido dicho juicio, quedan sin efectos al no poder ser evaluados por el juzgador dentro del procedimiento que debió haber instaurado la parte actora y, mucho menos, pueden generar valor alguno en un procedimiento diverso, como lo es el juicio mercantil ordinario.
Asimismo, los quejosos aducen que los aludidos medios preparatorios no constituyen prueba alguna en su contra, pues para ello debió haberse agotado el procedimiento para el que fueron solicitados, es decir, el juicio civil ordinario y, en el caso, ello no ha acontecido; por tanto, a su consideración, no existe sentencia definitiva que haya causado estado, en la que se tengan dichos medios como probatorios de las acciones intentadas.
Entonces, siguen diciendo los quejosos, contrario a lo esgrimido por la autoridad responsable en el sentido de que los impetrantes fueron conocedores de la nueva situación del crédito hipotecario como nueva acreedora **********, no debe perderse de vista que fueron dirigidos a un juicio civil ordinario y no a uno mercantil ordinario como finalmente se promovió.
De igual forma, los impetrantes argumentan que la certificación de hechos realizada por el notario público número **********, carece de validez al no haberse sujetado a lo dispuesto por las fracciones VI y VIII del artículo 84 de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco, ya que el fedatario público no corroboró que se encontraba con la persona que dijo llamarse **********, ni mucho menos señaló su media filiación, ni dio intervención a dos testigos para que certificaran que se estaba llevando a cabo la diligencia con la persona buscada.
Luego, agregan, si como lo afirma el Tribunal Unitario responsable, es aplicable el aludido artículo 87, de igual manera el fedatario público, al levantar un acta, debe señalar las personas que intervinieron y las demás circunstancias que las identifiquen, lo cual no aconteció, pues no se hizo constar la identidad de la persona con quien se entendió la diligencia.
Aunado a lo anterior, los quejosos aducen que en el contrato de cesión celebrado por la sociedad mercantil ********** (cesionaria) con ********** (cedente), también se pactó, en la cláusula séptima, inciso f), punto tres, que existía la obligación de notificarles la cesión de derechos y, a su vez, la propia sociedad se obligó a notificarles la cesión celebrada con la actora; de ahí que, afirman, es ilegal que no se les notificara, pues existe pacto al respecto, por lo que cada quien se obliga en los términos que quiso hacerlo de conformidad con el artículo 78 del Código de Comercio, lo que origina la falta de legitimación activa de la actora, al haberse contradicho lo expresamente convenido por las partes.
Los conceptos de violación
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22333-93dd043a/cesion-de-derechos-a-terceros-su-notificacion-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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