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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS. PARA QUE ÉSTOS SEAN SANCIONADOS CONFORME A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY RELATIVA, BASTA QUE DESATIENDAN ALGUNO DE LOS DEBERES (DILIGENCIA Y PROBIDAD) PREVISTOS EN EL PRECEPTO 11, FRACCIÓN I, DEL CITADO ORDENAMIENTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 195/2010. · Registro digital (IUS): 22405
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, , Pág. 1392.

AMPARO DIRECTO 195/2010. **********.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Son infundados los argumentos expuestos a manera de conceptos de violación, en atención a las siguientes consideraciones.

Para una mejor comprensión del asunto en estudio, es importante narrar los hechos que se encuentran probados en autos y que conforman los antecedentes del asunto:

La ahora quejosa **********, demandó la nulidad de la resolución dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa DIS-26/2008, instaurado por la Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado de Guanajuato, en la que se le impuso una amonestación por incurrir en la causa de responsabilidad prevista en la fracción I del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios.

Los hechos que dieron origen a la sanción impuesta a la ahora quejosa consistieron en que al ejercer el cargo de actuaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en León, Guanajuato, al desahogar una diligencia de requerimiento de pago y embargo el seis de agosto de dos mil siete, omitió señalar y determinar los bienes a embargar, toda vez que quien los señaló fue la parte demandada en el juicio en el que se ordenó tal diligencia, lo que a juicio de la autoridad administrativa, actualizó la causa de responsabilidad destacada.

En la resolución que culminó con la amonestación impuesta a la ahora quejosa, la Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado determinó que ********** inobservó el artículo 954 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que éste dispone de forma clara y precisa que el actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser embargados.

La autoridad administrativa consideró que la conducta sujeta a procedimiento quedó plenamente acreditada, toda vez que su actuar no fue en total apego a la función que tiene encomendada, conforme al artículo 954 de la Ley Federal del Trabajo y, por tanto, no observó la diligencia en sus funciones a que estaba obligada, de conformidad con la fracción I del artículo 11 citado.

Inconforme con lo anterior, la servidora pública demandó la nulidad de la resolución dictada por la Secretaría de la Gestión Pública, cuya demanda se radicó en la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el número de expediente 198/2a. Sala/09 y, mediante resolución dictada el tres de septiembre de dos mil nueve, el Magistrado declaró la nulidad total con apoyo en los siguientes argumentos:

I. La hipótesis prevista en la fracción I del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, se integra por falta de diligencia y de probidad en las funciones propias del cargo, como elementos, por lo que para encuadrar la conducta que se le reprocha, la autoridad administrativa debió pronunciarse sobre la falta de probidad, lo cual no hizo.

II. En la referida norma, el legislador estableció como supuesto para esta obligación el cumplir las funciones y trabajos propios del cargo, diligentemente y con probidad, y en ella utilizó la conjunción copulativa "y", cuyo oficio es unir palabras, como en este caso, dos adverbios de modo, de tal manera que el cumplimiento de la obligación se realiza si y sólo si dicho cumplimiento reúne dos requisitos: diligencia y probidad, no siendo suficiente el cumplir de manera diligente pero sin probidad o al contrario.

III. La conjunción de ambos principios en el actuar del servidor público enfatiza el alto valor moral a que aspira el Estado en el desempeño de sus miembros.

IV. Para que una falta administrativa se actualice por la falta de cumplimiento, es necesario que el servidor público no cumpla con sus funciones, incumpliendo con ambos adverbios de modo, ya que el texto legal no permite que al incumplir, la "y" copulativa se convierta en una "o" disyuntiva, como si el intérprete pudiera sustituirse a la voluntad del legislador.

V. Deben tomarse en cuenta diversos elementos para determinar si un servidor público no ha cumplido con la obligación prevista en la disposición legal en comento y entonces imputarle una responsabilidad administrativa, una vez seguido el procedimiento conducente.

VI. Si la autoridad administrativa no tuvo elementos que acreditaran que la falta en que incurrió la actora fue producto de mengua en su rectitud de ánimo, mediante una operación maquinada o de una reiterada tendencia al descuido de la función que desarrolla, resulta claro que la conducta que se le imputa no pudo constituir una falta de probidad.

En desacuerdo con las anteriores consideraciones, la Secretaría de la Gestión Pública del Gobierno del Estado, por conducto de su Director General de Asuntos Jurídicos, interpuso recurso de reclamación ante el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien lo radicó con el número de expediente 130/09-PL y dictó la resolución reclamada en este juicio de amparo, mediante la cual revocó la sentencia dictada por el Magistrado de la Segunda Sala, con base en las consideraciones jurídicas destacadas en el considerando cuarto de la presente ejecutoria.

Ahora bien, con relación al argumento reseñado en el inciso b), asiste razón jurídica a la quejosa, al afirmar que los principios de legalidad, tipicidad y exacta aplicación de la ley, referidos normalmente a la materia penal, deben ser aplicados a la diversa administrativa.

En este contexto, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la delimitación, interpretación y desarrollo de la aplicabilidad de los principios del derecho administrativo sancionador, puede acudirse al progreso que han tenido algunos principios penales sustantivos, como son, entre otros, el principio de legalidad o los principios nullum crimen sine lege y nulla poena sine lege; no obstante, la traslación de esas reglas se encuentra supeditada a que resulten compatibles con el procedimiento administrativo al que se le pretenden aplicar.

En tales ámbitos, administrativo y penal, el principio de tipicidad es aplicado en igual connotación, pues se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, por lo que el principio de tipicidad se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una ley cierta que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones.

Por una elemental aplicación de la garantía de seguridad jurídica, el principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, debe hacerse extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida y no puede lícitamente ampliarse por analogía ni por mayoría de razón.

Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número P./J. 100/2006, en la página 1667 del Tomo XXIV, correspondiente al mes de agosto de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes:

"TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón."

Con base en el referido principio de tipicidad, el juzgador, en cumplimiento del principio de exacta aplicación de la ley, no tiene más que asegurarse de conocer el alcance y significado de la norma, al realizar el proceso mental de adecuación típica y de la correlación entre sus elementos.

Ahora, para dar respuesta a los conceptos de violación sintetizados en los incisos a), c), d) y e) de esta ejecutoria, resulta oportuno mencionar que el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las leyes de responsabilidades de los servidores públicos tienen por objeto salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos y comisiones de los empleados del gobierno; principios que están cargados de un alto valor moral, al que aspiran los empleados del gobierno y entes del Estado.

Por su parte, los artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios que prevén las obligaciones que deben cumplir los servidores públicos del Estado y las sanciones que corresponden por su incumplimiento, en lo conducente disponen:

"Artículo 11. Son obligaciones de los servidores públicos:

"I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquellas que les sean encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades;

"II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia;

"III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, tanto los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquellos a los que tenga acceso por su función;

"V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o comisión, así como evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla;

"VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato;

"VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga relación en el desempeño de éste;

"VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, de negocio o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y colateral hasta el cuarto grado, o civil;

"IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información;

"X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores públicos, respecto de los cuales tenga conocimiento, en los términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan ser causa de responsabilidad administrativa, en los términos de esta ley;

"XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para los fines a que esté afecta;

"XII. Realizar la entrega-recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad administrativa a su cargo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia;

"XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o convenidos con recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno;

"XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones;

"XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la Federación, del Estado y de los Municipios;

"XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control interno requieran para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos administrativos respectivos;

"XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control interno, conforme a la competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan;

"XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley;

"XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio del ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión público;

"XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos, conforme a las prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público con posterioridad al nombramiento o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin efecto;

"XXI. Resarcir los daños ocasionados a la hacienda pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y

"XXII. Las demás que se deriven de ésta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas."

"Artículo 22. Las sanciones por el incumplimiento de obligaciones o por incurrir en conductas prohibidas, se impondrán atendiendo a lo siguiente:

"I. Amonestación en los casos de las fracciones I, IV, VII, IX, X, XII, XIV, XVI y XVIII del artículo 11 y en el primer supuesto de la fracción V del artículo 12 de esta ley;

"II. Suspensión de tres días a seis meses en los casos de las fracciones II, III, V, VI, VIII, XI, XIII, XV, XVII, XIX y XX del artículo 11 y de las fracciones III, IV, el segundo supuesto de la fracción V, VII y VIII del artículo 12 de esta ley, y

"III. Destitución e inhabilitación de tres días a seis meses, tratándose de la fracción XXI del artículo 11 y de las fracciones I, II y VI del artículo 12 de esta ley."

Como se puede advertir, los referidos dispositivos prevén una serie de obligaciones que todo servidor público debe observar a efecto de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que se traducen en cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique desacato a algún dispositivo legal relacionado con el servicio público, pues dicha inobservancia dará lugar a las sanciones que correspondan.

Así, la circunstancia relativa a que el servicio encomendado, entendido como el cúmulo de obligaciones o atribuciones inherentes al cargo, no se cumpla en los términos detallados en forma de catálogo en el artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, dará lugar a su incumplimiento y, por ende, a la aplicación de las sanciones establecidas en el numeral 22 del propio ordenamiento legal.

Esa facultad disciplinaria tiene su fundamento en el servicio público que el Estado debe prestar a la comunidad con excelencia y su fin es asegurar y controlar la calidad y continuidad de tal actividad que se instrumenta con las funciones, empleos, cargos y comisiones de los servidores públicos.

Tal actuación, congruentemente con lo establecido en el numeral 113 de la Carta Magna, debe satisfacer los valores y cualidades de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de la gestión o acción administrativa, que trasciendan en la calidad y peculiaridades del servicio público, acorde a conseguir o tratar de obtener los fines de la planeación y satisfacer necesidades públicas con la mayor economía y calidad.

En el caso concreto, la quejosa no discute no haber cometido una falta de diligencia en el cumplimiento de sus funciones, sino alega que para poder sancionarla, además de incurrir en falta de diligencia, la autoridad administrativa debió justificar que en su actuación también faltó a la probidad.

Bajo esa perspectiva, este órgano colegiado no se pronunciará por cuanto a si la conducta atribuida a la ahora quejosa, consistente en la omisión de determinar los bienes que debían ser objeto de embargo en la diligencia de requerimiento de pago y embargo practicada el seis de agosto de dos mil siete, como lo consideró la Secretaría de la Gestión Pública, constituye una falta de diligencia en el ejercicio de sus funciones, por no observar lo establecido en el artículo 954 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la solicitante de garantías no propone argumentos que cuestionen esa determinación.

En este sentido, contrariamente a lo que aduce la inconforme, para que un servidor público sea sancionado administrativamente por el incumplimiento a la obligación establecida en el artículo 11, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, no es necesario que la conducta desplegada sea con falta de diligencia y, además, con falta de probidad.

Sobre el particular, ciertamente la norma en estudio dispone que son obligaciones de los servidores públicos cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquellas que les sean encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades.

De donde se colige que los servidores públicos, en principio, deben cumplir las funciones y trabajos propios del cargo, de manera diligente y con probidad. Lo que significa que la fracción I del artículo 11 destacado, impone una obligación a los destinatarios de la norma, consistente en cumplir las funciones y trabajos propios del cargo, pero dispone que debe realizarse observando dos principios, a saber: diligencia y probidad.

Entonces, para cumplir con la obligación establecida en dicho precepto, los servidores públicos no podrán dejar de actuar con diligencia y con probidad en el cumplimiento de las funciones y trabajos propios de su encargo, pues de lo contrario, no se cumple con tal deber.

Es importante precisar que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima tercera edición, define a la diligencia como "el cuidado y actividad en ejecutar algo".

Por otra parte, la otrora la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el criterio de que por falta de probidad se debe entender el no proceder rectamente en las funciones encomendadas, con mengua de rectitud de ánimo.

Esa disposición se puede consultar en la tesis de jurisprudencia emitida por el citado Alto Tribunal, localizable en la página 111 de los Volúmenes 133-138, correspondiente a su Quinta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

"PROBIDAD U HONRADEZ, FALTA DE. CONCEPTO.-Por falta de probidad u honradez se entiende el no proceder rectamente en las funciones encomendadas, con mengua de rectitud de ánimo, o sea, apartarse de las obligaciones que se tienen a cargo procediendo en contra de las mismas, dejando de hacer lo que se tiene encomendado, o haciéndolo en contra; debe estimarse que no es necesario para que se integre la falta de probidad u honradez que exista un daño patrimonial o un lucro indebido, sino sólo que se observe una conducta ajena a un recto proceder."

En similares términos se pronunció este órgano colegiado al resolver por unanimidad de votos el amparo directo administrativo 303/2009, en sesión celebrada el siete de agosto de dos mil nueve.

De manera que, si la autoridad administrativa consideró que la ahora quejosa, al desempeñar sus funciones, actuó con probidad, pero no se condujo con diligencia, resulta claro que no se observó la obligación a que se refiere el artículo 11, fracción I, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, puesto que para ello es menester que los servidores públicos, en el cumplimiento de las funciones y trabajos propios de su encargo, actúen con diligencia y, además, con probidad.

Se afirma lo anterior, porque al tratarse de una sola obligación, consistente en desempeñar las obligaciones inherentes al cargo, solamente se puede cumplir de manera diligente y con probidad, de modo que la inobservancia a cualquiera de esos dos principios, desde luego dará lugar al incumplimiento de la norma, precisamente porque la ley prevé una serie de obligaciones que los servidores públicos deben observar a efecto de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que se traducen en cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que implique desacato a algún dispositivo relacionado con el servicio público.

Este aspecto se fortalece de una interpretación sistemática del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, del que se advierte que el legislador realizó una enumeración de obligaciones o conductas que los servidores públicos deben cumplir, luego, si la finalidad de dicha ley es determinar las obligaciones de éstos, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, transparencia, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones, así como determinar las sanciones por los actos u omisiones en que incurran, los procedimientos y las autoridades para aplicarlas, es patente que en relación con la fracción I del citado artículo, la técnica de dicho legislador fue establecer dos obligaciones diferentes en una misma fracción, esto es, actuar con diligencia y con probidad, atendiendo a la similitud de las conductas y para fines prácticos, lo que también estableció en otras fracciones, como la IV y VII, entre otras.

Por eso carece de sustento jurídico la afirmación de la quejosa, en el sentido de que es necesario acreditar la totalidad de los elementos que integran la descripción de la obligación prevista en la fracción I del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, cuenta habida que, como se demostró precedentemente, la circunstancia relativa a que el servicio encomendado, entendido como el cúmulo de obligaciones o atribuciones inherentes al cargo, no se cumpla en los términos detallados en la forma que precisa la referida fracción (con diligencia y probidad), dará lugar a su incumplimiento y, por ende, a la aplicación de las sanciones establecidas en el numeral 22 del propio ordenamiento.

En congruencia con lo anterior, ante lo infundado de los argumentos esgrimidos a manera de conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 190 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra del acto que reclamó del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, consistente en la sentencia de dos de diciembre de dos mil nueve, dictada en el recurso de reclamación 130/09-PL, por los motivos y fundamentos expuestos en el último de los considerandos.

Notifíquese; anótese en el libro de registro correspondiente y, con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen; en su oportunidad archívese el expediente, el cual se califica como relevante en cumplimiento a lo previsto en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Así, por unanimidad de votos y sin discusión lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Jesús de Ávila Huerta, Ariel Alberto Rojas Caballero y Víctor Manuel Estrada Jungo, siendo ponente el tercero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 47 de su reglamento, así como 2, fracciones XXI y XXIII y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22405-c77116ab/responsabilidades-administrativas-de-los-servidores-publicos-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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