PERSONALIDAD DE LA AUTORIDAD QUE COMPARECIÓ A CONTESTAR LA DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INTRAPROCESAL QUE DIRIME DICHA CUESTIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 209/2009. SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, INSTITUCIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. El agravio es infundado.
La inconforme considera que debe revocarse el fallo que se revisa, ya que la Juez Federal soslaya que en contra de la resolución que dirime una cuestión de personalidad, previamente al fondo, procede el amparo indirecto, como lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.’)."; criterio que al ser ignorado por la juzgadora, violenta en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo; en esa virtud, estima que al ser procedente el juicio de garantías en contra de la sentencia de fecha dos de marzo de dos mil nueve, también lo es en contra de los preceptos legales que tilda de inconstitucionales.
Al respecto, es oportuno transcribir el considerando segundo de la sentencia de dos de marzo de dos mil nueve, emitida por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, señalada como primer acto de aplicación de los preceptos legales que se tildan de inconstitucionales en el juicio de origen, el cual es del tenor siguiente:
"SEGUNDO. Expresa el recurrente en su primero y segundo agravios del recurso de reclamación manifiesta sustancialmente que (sic), el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece en su tercer párrafo que la representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensoría jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal ‘en su reglamento’. Es el caso que desde el veintitrés de octubre de dos mil siete, quedó derogado el anterior Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, su representada dejó de ser sujeto o entidad sobre el cual pueda tener competencia la Administración General de Grandes Contribuyentes, por la lógica y sencilla razón de no existir disposición que así la considere al derogarse dicho reglamento. Que el veintitrés de diciembre de dos mil siete entró en vigor el nuevo Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, su representada no se encuentra dentro de las entidades y sujetos comprendidos en el apartado ‘B’ del artículo 120 del reglamento ahora vigente. Que la autoridad demandada en el escrito inicial de demanda solamente actuó como una unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, de hecho mas no de derecho, porque la liquidación se emitió el tres de diciembre de dos mil siete y se notificó el seis de diciembre de dos mil siete, mientras que el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria quedó derogado desde el veintitrés de octubre de dos mil siete conforme al artículo segundo transitorio del decreto que creó el nuevo Reglamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el nuevo Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de octubre de dos mil siete. Que el oficio de liquidación se emitió cuando no existía reglamento alguno aplicable y, por ende, legalmente era ya inexistente la denominada Administración Central de Fiscalización al Sector Gobierno y de Procedimientos Legales de Auditoría quien ejerció facultades siendo ya inexistente conforme a derecho. Por su parte, la autoridad demandada, al realizar sus manifestaciones respecto al recurso de reclamación interpuesto, manifestó lo siguiente: que contrario a las manifestaciones vertidas por la recurrente, esta autoridad fiscal cuenta con las facultades para acudir al presente juicio de nulidad en su carácter de representante legal de la autoridad demandada por lo cual se solicita a esta juzgadora, confirme el acuerdo de quince de agosto de dos mil ocho, a través del cual tiene por admitida la contestación al escrito de demanda interpuesto por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. A juicio de los suscritos Magistrados que integran esta Sala, los argumentos del recurrente son infundados, en virtud de las siguientes consideraciones: En primer lugar, debe establecerse que la litis del presente recurso de reclamación es el proveído emitido por el Magistrado instructor de quince de agosto del año dos mil ocho, a través del cual tiene por contestada la demanda presentada ante este tribunal el once de agosto del año dos mil ocho. Establecido lo anterior, es conveniente precisar los términos en que fue dictado el acuerdo de tres de septiembre del año dos mil ocho, que por esta vía se recurre y que obra agregado a folios 323 del expediente en que se actúa y que a la letra establece: (se transcribe). De lo anterior se puede observar que, a través del auto reclamado (antes transcrito), se tiene por contestada la demanda formulada por el administrador de lo contencioso de grandes contribuyentes ‘5’ de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes. En primer lugar, hay que establecer que el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo a la letra dice: ‘Artículo 5o. (se transcribe).’. De lo anterior, se desprende que ante el tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la contestación; la representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su reglamento o decreto respectivos y, en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tratándose de autoridades de las entidades federativas coordinadas, conforme lo establezcan las disposiciones locales. Asimismo, hay que establecer que el oficio 330-SAT-VI-16802 de tres de diciembre de dos mil siete, fue emitido por una unidad integrante de la Administración General de Grandes Contribuyentes legalmente existente en la fecha en la que fue emitido, esto es, por la Administración Central de Fiscalización al Sector Gobierno y de Procedimientos Legales de Auditoría. En este sentido hay que establecer que el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, no quedó abrogado con la publicación en el citado medio de publicación el veintitrés de octubre de dos mil siete, ello ya que a través del artículo segundo transitorio del decreto por el cual se expide el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se modifica el acuerdo y se modifica (sic) el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de forma clara, establece que el artículo del decreto en cita inicia su vigencia en un plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su publicación, esto es el veintitrés de diciembre de dos mil siete, por lo que hasta (sic) veintidós de diciembre de dos mil siete que el citado reglamento dejó de estar vigente. El artículo (sic) primero y segundo transitorios del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación que a la letra dicen: (se transcriben). Asimismo, tenemos que si la resolución impugnada contenida en el oficio 330-SAT-VI-16802 fue emitida por la Administración Central de Fiscalización al Sector Gobierno y de Procedimientos Legales de Auditoría, el tres de diciembre de dos mil siete, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado el seis de junio de dos mil cinco (sic). En este sentido, resulta evidente que el inicio de las facultades de comprobación que dio origen a la resolución impugnada aconteció durante la vigencia del citado reglamento en donde de forma clara en el cuarto párrafo del artículo 19, se preveía que (sic) cuanto la Administración General de Grandes Contribuyentes o cualquiera de sus unidades administrativas que de ella dependan inicien facultades de comprobación respecto de sujeto de (sic) competencia, éste continuará siéndolo por los ejercicios fiscales revisados, así como que la resolución de los recursos y la defensa de los intereses fiscal (sic) en este supuesto será competencia de las unidades administrativas. Asimismo, resulta evidente que la representación fiscal integrante de la Administración General de Grandes Contribuyentes continúa siendo competente para (sic) defensoría jurídica hasta en tanto la misma no quede firme. En virtud de lo anterior, al resultar infundados los argumentos del recurrente, lo procedente es que el acuerdo recurrido, esto es, el de veintidós de septiembre del año dos mil seis (sic), sea confirmado, al haberse dictado en estricto apego a derecho. No es óbice a lo anterior, que el oficio de liquidación se emitió cuando no existía reglamento alguno aplicable y, por ende, legalmente era ya inexistente la denominada Administración Central de Fiscalización al Sector Gobierno y de Procedimientos Legales de Auditoría quien ejerció facultades siendo ya inexistente conforme a derecho, a juicio de este órgano jurisdiccional resulta infundado para revocar el acuerdo de mérito ya que esto se estudiará al momento de emitirse la sentencia definitiva para establecer si tiene o no existencia jurídica la autoridad demandada en el momento que emitió la resolución impugnada." (fojas de la treinta y cuatro vuelta a la treinta y siete vuelta del cuaderno de garantías).
De la transcripción anterior se colige que el acto reclamado en el juicio de amparo lo constituye la sentencia emitida en el recurso de reclamación interpuesto por la actora en el juicio de nulidad, en contra del proveído que tuvo por contestada la demanda, impugnando la personalidad de la autoridad compareciente al efecto, el cual tiene naturaleza intraprocesal.
En el juicio de amparo se tildaron de inconstitucionales los preceptos en que se fundó la autoridad al contestar la demanda y que la Sala consideró correctos en la interlocutoria materia del acto reclamado, señalando que no formaba parte del Servicio de Administración Tributaria conforme a la legislación vigente a la fecha de la contestación.
En la jurisprudencia invocada por el recurrente en sus agravios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las resoluciones en las que se dirime la personalidad de alguna de las partes, pueden impugnarse antes de que se dicte la sentencia definitiva, a través del juicio de amparo indirecto, por tratarse de un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis y que la resolución que se dicte en esa incidencia tiene efectos constitutivos; dicho criterio puede ser consultado en la jurisprudencia P./J. 4/2001 de la Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/98-PL, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, correspondiente al mes de enero de dos mil uno, página once, que es del siguiente tenor:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas éstas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo."
Sin embargo, en el caso que aquí nos ocupa es menester observar, por una parte, que la citada jurisprudencia se emitió por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/98, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito; por otro lado, que en la ejecutoria correspondiente se analizó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra una resolución que desechó la excepción de falta de personalidad en un procedimiento judicial de carácter civil.
Entre otras circunstancias, la citada ejecutoria consideró lo siguiente:
"... A) Los actos procesales dentro del juicio sólo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. B) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. C) La resolución que decide la cuestión de falta de personalidad, de ser indebida, constituirá una violación procesal reclamable con motivo de la sentencia desfavorable de fondo a través del amparo directo, pues en ese supuesto, la violación afectaría las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, toda vez que como la personalidad de las partes es un presupuesto básico del procedimiento, la sentencia que se llegara a dictar resultaría ilegal por emanar de un juicio viciado en uno de sus presupuestos. D) Y en el supuesto de que a una de las partes fuera desfavorable la resolución procesal de personalidad, pero favorable la sentencia definitiva, caso en el cual sólo su contraparte podría acudir al amparo directo, aquélla no quedaría inaudita en caso de que se concediera la protección constitucional, pues el aspecto de falta de personalidad podría plantearse como cuestión exclusiva en el nuevo amparo en contra de la sentencia dictada en acatamiento a la pronunciada en el juicio de amparo anterior, en el que no se pudo examinar la cuestión procesal de mérito, acorde con una interpretación sistemática de las fracciones II y IV del artículo 73, de la Ley de Amparo. Una nueva reflexión sobre el tema permite considerar que, en términos generales, la distinción entre actos dentro de juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto, se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. Sin embargo, aunque de modo general tal criterio es útil, según se indicó, no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que debe contar, precisamente, el caso de la falta de personalidad, en la forma y términos que en este considerando se expondrán. Son varias las razones para restringir o moderar el criterio jurisprudencial de mérito. Entre las fundamentales, tienen relevancia las siguientes: En primer lugar, que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, al establecer que cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procede ‘contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación’, no hace distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluye a estos últimos, que también pueden tener ejecución de imposible reparación. Por lo tanto, no existe ninguna cortapisa o inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis. En segundo lugar, el criterio jurisprudencial que se reexamina, si se impone de modo absoluto, es contrario a la experiencia, en cuanto ésta demuestra que una violación jurídica procesal puede ser tan trascendente como una violación material; en ambos casos, eventualmente, se pueden transgredir las garantías individuales de modo irreparable. Por otra parte, el criterio de la tesis que se reexamina es incongruente, pues afirma que los actos dentro del juicio son de imposible reparación (amparo indirecto), sólo cuando afectan derechos fundamentales transgrediendo derechos sustantivos, y que no son de imposible reparación (amparo directo), cuando lesionan derechos adjetivos o intraprocesales, ya que la sentencia de fondo puede serle favorable, y si no lo es, puede acudir el amparo haciendo valer violaciones de fondo y la procesal. Sin embargo, se ve en la necesidad de admitir un nuevo amparo directo para la parte que habiendo perdido la cuestión procesal, gana el fondo, pese a que su contraparte haya obtenido el amparo en contra de la definitiva; al admitir ese nuevo amparo directo, está reconociendo que la resolución intraprocesal también puede ser de imposible reparación, sólo que para remediar la indefensión del afectado dentro del proceso, induce a desacatar la ejecutoria de amparo que ya había decidido el fondo. Íntimamente relacionado con lo acabado de señalar, aparece en la jurisprudencia reexaminada otro concepto que no puede válidamente seguirse sosteniendo, que es el referido a que la interpretación de las fracciones II y IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, permite considerar que la cuestión procesal sobre personalidad, puede plantearse en un nuevo amparo en contra de la sentencia ordinaria dictada en acatamiento a una ejecutoria de amparo anterior que resolvió el fondo. Este Pleno estima que debe apartarse de tal concepto, porque la subsistencia del mismo es contraria al texto expreso del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo y al criterio que reiteradamente ha venido sosteniendo esta Suprema Corte, reflejado, entre otras, en las tesis jurisprudenciales 237 y 238 (compilación de 1995, Tomo VI), que establecen: ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO (AMPARO IMPROCEDENTE).’ y ‘EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO CONTRA TERCEROS DE BUENA FE.’. El desarrollo lógico a partir de la aceptación -acorde con la Constitución y la experiencia-, de que las violaciones dentro de juicio de tipo adjetivo o ‘intraprocesal’, también pueden ser consideradas de imposible reparación, conduce a la congruente conclusión de que en tal supuesto, puede caber en su contra el amparo indirecto, aunque de manera excepcional. En efecto, debe hacerse notar que no todas las violaciones adjetivas dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera, se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida produciéndose un resultado indeseable que quiso evitarse, precisamente, con la restricción del amparo indirecto dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas (ampliada a las resoluciones que ponen fin al juicio, mediante las reformas de 1988). Las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su transcendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo; circunstancias todas éstas, cuya concurrencia en el caso de la personería le imprimen a las decisiones que reconocen o rechazan la personalidad de alguna de las partes un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se desarrolle todo el procedimiento y recaiga la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal, no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Ahora bien, para examinar la resolución sobre personalidad en concordancia con las consideraciones precedentes, se observa que la personalidad es un presupuesto procesal que, por regla general, se decide en un incidente o en una audiencia de previo y especial pronunciamiento que amerita la suspensión del procedimiento principal. Es importante destacar que siendo la personalidad un presupuesto procesal, dadas las condiciones anteriores, su cuestionamiento motiva la integración de una litis, tan preponderante como la de fondo, sólo que debe quedar definida antes que la principal. Debe observarse también que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa, o de simple reconocimiento o desconocimiento de la legitimación de una de las partes, sino que también es constitutiva, puesto que de ella depende, bien la prosecución o bien la insubsistencia del proceso; en su caso, afecta notablemente la actuación de los comparecientes, las cargas de las partes, la consecuencia sobre éstas, etc., de lo cual se infiere que la resolución sobre la personalidad causa a una de las partes, un perjuicio inmediato de imposible reparación que exige ser enmendado, desde luego, a través del amparo indirecto. Lo anterior, porque las violaciones procesales que se reservan para dirimirse en amparo directo aplazan su decisión, ya que no pueden impugnarse sino, en su caso, hasta que recae la definitiva, independientemente de que con ello corren el riesgo de que ya no puedan ser reparadas constitucionalmente por los tribunales federales. Esto último, teniendo en cuenta que, como ya se adelantó, esta ejecutoria se aparta del criterio sostenido en la mencionada tesis jurisprudencial de que las violaciones procesales pueden plantearse en un nuevo amparo, después de que en otro juicio de garantías se haya resuelto el fondo del negocio del orden común. En efecto, quien obtiene sentencia definitiva favorable en el juicio natural, no puede promover juicio de amparo directo en su contra, para plantear la indebida aplicación o falta de aplicación de una norma jurídica en la resolución que decida sobre un presupuesto procesal, de modo que si su contraparte obtiene sentencia de amparo contra esa sentencia, la autoridad responsable con motivo del cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo, podrá dictar una sentencia en la que, por un lado, no se haga cargo de aquella violación procesal resentida por quien en un principio había obtenido sentencia favorable y, por otro, el afectado no puede, a su vez, promover juicio de amparo directo contra esa nueva sentencia para plantear la violación procesal, porque está ante un acto dictado en ejecución de una sentencia de amparo, que surte la causa de improcedencia prevista en la invocada fracción II del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Si la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio, dictada en cumplimiento o ejecución de una sentencia de amparo, se pretende impugnar por violación de garantías cometida en el procedimiento anterior a ella, por una violación procesal que afecta las defensas del quejoso y trasciende al resultado del fallo, la improcedencia del juicio de amparo se surte porque la causa prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, no distingue en cuanto a la naturaleza de la violación de garantías que se pretenda plantear en contra de un acto dictado en ejecución de una sentencia de amparo. Esta causa de improcedencia tiene su razón de ser en que la sentencia de amparo, con la calidad de cosa juzgada, que ha resuelto sobre la constitucionalidad de una sentencia definitiva, o laudo en cuanto al fondo de la controversia, crea un derecho en favor de una de las partes, por ser la verdad legal; de modo tal que admitir la procedencia de un nuevo juicio de amparo vulneraría el principio de cosa juzgada, aunque se aduzca que se trata de violaciones al procedimiento anteriores a ese acto, que no habían podido plantearse porque solamente producían efectos intraprocesales, y que el perjuicio se actualizaría con el dictado de una sentencia desfavorable, pues esta razón en realidad revela que hay actos dentro de juicio que por incidir en un acto procesal que pueda tener por consecuencia poner fin al juicio, debe resolverse como cuestión previa al dictado de una resolución que decida el fondo de la controversia. Luego, si la violación que incide en un presupuesto procesal como el que se trata ya no puede ser motivo de estudio en un segundo juicio de garantías, para no dejar en estado de indefensión a la parte interesada, y en respeto a la garantía constitucional relativa a que en los juicios deben observarse las formalidades esenciales del procedimiento, y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, debe admitirse, en esos casos, la procedencia del juicio de amparo indirecto. Las observaciones anteriores conducen a estimar que la resolución sobre personalidad, cuando recae dentro de un incidente previo a la definitiva, debe ser reclamada en amparo indirecto (con la excepción que más adelante se indicará), porque además de dirimir un presupuesto procesal, deja a una de las partes sin defensa, o afecta ésta en alto grado; ello es así, porque si la resolución desecha o desestima el incidente de falta de personalidad propuesto en contra del que comparece por la parte demandada, vincula al actor a seguir todo el procedimiento viciado que plantea quien carece de la representación que ostenta, con todos los inconvenientes y perjuicios que la sentencia y su ejecución acarrea, exponiéndose, además, a que nunca se le oiga al respecto en el supuesto de que le sea favorable la sentencia de fondo y que en contra de ésta, su contraparte obtenga el amparo; lo mismo ocurrirá, pero en perjuicio de la demandada, si la resolución desestima la excepción de fal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21801-38613d9d/personalidad-de-la-autoridad-que-comparecio-a-contestar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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