GUANAJUATO. EL IMPUESTO CEDULAR SOBRE LOS INGRESOS DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 9o. AL 28 DE LA LEY DE HACIENDA PARA ESE ESTADO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 214/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIA: MARÍA DOLORES OMAÑA RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001 del Tribunal Pleno, relativo a la determinación de la competencia por materia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que la materia que involucra la referida denuncia es competencia de este órgano colegiado.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios fue hecha por parte legítima en términos de lo que establece el primer párrafo del artículo 197-A Ley de Amparo en atención a que fue formulada por uno de los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito.
TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento en relación con la materia de esta contradicción, al Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión números 239/2005 y 299/2005 de las cuales sólo se transcriben las correspondientes al asunto citado en primer término, por ser idénticas en ambos, son las siguientes:
"QUINTO. Son inoperantes en parte e infundados en otra los agravios.
"En ellos se aduce que el Juez de Distrito violó, entre otros, los artículos 13, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de que en opinión de la parte recurrente, el impuesto impugnado es inconstitucional.
"Son inoperantes tales argumentos.
"Ello, en atención de que cuando un Juez Federal actúa como órgano de control constitucional, técnicamente no puede analizarse, a través del recurso de revisión, si su actuación es o no violatoria de algún precepto constitucional, ya que si así se hiciera, se le trataría como una autoridad responsable, que no es, y se atentaría contra la naturaleza del juicio de amparo al pretenderse establecer, por medio del citado recurso, un control constitucional sobre otro control constitucional.
"En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 2/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número 35, en las páginas 28 y 29, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe su texto).
"En otro orden de ideas, son inoperantes los agravios en la medida que no se encuentran en relación con las consideraciones por las que el Juez de Distrito negó el amparo solicitado, en relación con las autoridades y actos que examinó en los considerandos tercero y séptimo de la sentencia recurrida.
"Ello es así, porque para arribar a tal determinación, analizó los argumentos que se contienen en los conceptos de violación que en la demanda de amparo se hicieron valer, para lo cual, con base en el contenido de los preceptos que regulan el impuesto que se tildó de inconstitucional, los razonamientos, fundamentos y tesis que estimó aplicables, concluyó que los motivos de disenso eran infundados, pues dicho tributo, manifestó el juzgador federal de primer grado:
"a) Atiende a los principios de legalidad y de equidad tributaria, en virtud de que el poder tributario de una entidad federal se encuentra delimitado. Que en el caso, la limitación derivaba del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y los artículos 41 y 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Que además gravaba a todas las personas físicas que realizaban el hecho imponible, por lo que en esa categoría no daba un trato desigual a los iguales.
"b) Que el impuesto cedular (que en la especie se impugnó en cuanto a la hipótesis de gravar las actividades empresariales de las personas físicas) es equitativo en cuanto a su tasa ya que ésta es objetiva, y toma en cuenta la capacidad contributiva de cada obligado, dado que quien gana más, más tributa; que no se requiere que se haya establecido una tasa progresiva porque se trata de una contribución real u objetiva que grava una manifestación aislada de su riqueza.
"Esto es, que puede ser una tasa única porque no es necesario que se atienda a aspectos subjetivos de cada contribuyente sino a la porción de riqueza elegida por el Estado para ser gravada.
"c) Que la doble tributación no es inconstitucional; de ahí que si se grava por la Federación y por los Estados una misma fuente de riqueza o un mismo hecho, no resulte violatorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"d) Que el impuesto cedular no implica un incumplimiento al Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
"e) Que el Estado de Guanajuato cuenta con facultades legales, derivadas de la Constitución Federal en sus artículos 124 y 73, fracción XXIX-A, para imponer tributos al ingreso de las personas físicas.
"f) Que el artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado no viola los principios de legalidad y de certidumbre jurídica, porque tanto la Federación como las entidades federativas pueden gravar los ingresos de las personas físicas; que se está ante una facultad concurrente (derivada de los artículos 73, fracción XXIX-A y 124 constitucionales). Que además el Estado se verá beneficiado con las participaciones que derivan del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
"En contra de esos razonamientos torales, la parte recurrente se limita a señalar que se violan preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo; ello, porque, en opinión del inconforme, el tributo impugnado es una ley privativa; que es desproporcional e inequitativo porque es genérico, sin hacer distinción al ingreso de las personas; que es cierto que en ningún momento se cuestionó (en la demanda de amparo) que la doble tributación estuviera prohibida por el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna; que lo que alegó fue en relación con la tasa fija, ‘y porque los impuestos cedulares no tiene cabida en el sistema de coordinación nacional mexicano, por más que el artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado lo permita’; y que no se examinaron los argumentos que expuso en sus conceptos de violación (en especial en el cuarto de ellos, respecto del cual cita parte de sus argumentos), los que solicita se tengan por reproducidos, como si se insertaren a la letra.
"De la confrontación de lo que fue estimado por el Juez de Distrito (en la sentencia que se revisa) y lo expresado como agravios se advierte que éstos no controvierten de manera legal los razonamientos de aquél, puesto que no guardan relación con la apreciación que el citado juzgador federal de primer grado realizó respecto de las normas impugnadas, pues se citan más argumentos que los que se expresaron en los conceptos de violación, al señalarse que el impuesto impugnado es violatorio del artículo 13 constitucional, por ser privativo; se sostiene, además, que la doble tributación no se cuestionó, sino se dijo que no estaba permitida porque el Estado suscribió el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; que la tasa fija no es equitativa ni proporcional; y que no se examinaron sus conceptos de violación, los que solicita se tengan por reproducidos.
"Si bien la parte recurrente, de manera reiterativa afirma que el impuesto cedular impugnado es inconstitucional, no indica, en relación con lo que sí fue materia de la litis constitucional y lo que estimó el a quo, por qué es que es inexacta la apreciación de este último; esto es, no controvierte los motivos y fundamentos que expresó el a quo.
"Luego, no existe, como ya se dijo, una relación entre los agravios y la sentencia, pues éstos soslayan impugnar, conforme a derecho, las consideraciones que sustentan esa resolución.
"De ahí la inoperancia de tales agravios, sin que de ellos se pueda advertir alguna causa de pedir que ponga de manifiesto la lesión jurídica que ocasiona la sentencia sujeta a revisión, por lo que se refiere a la totalidad de sus consideraciones que por sí, sustentan la decisión que en ella se contiene.
"Ello es así, porque respecto de la tasa única el Juez de Distrito señaló que era proporcional y equitativa, dado que gravaría más a quienes tuvieran más ingresos y que no es necesario que se atienda a aspectos subjetivos de cada contribuyente sino a la porción de riqueza elegida por el Estado para ser gravada; además respecto del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal citó porciones importantes, a efecto de poner de manifiesto el poder tributario del Estado y su delimitación, la que, señaló, no era inconstitucional; igualmente citó tesis respecto de la equidad y proporcionalidad, principios que estimó no se vulneraban dado que se trataba igual a los sujetos obligados en función de su capacidad contributiva.
"En contra de estos torales razonamientos del a quo, no se expresan argumentos que pongan de manifiesto una causa de pedir y la lesión jurídica que ocasiona la decisión recurrida, de allí la inoperancia.
"Orienta la anterior decisión, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, bajo el número 28, aparece publicada en la página 24, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.’ (se transcribe su texto).
"Así como la tesis 1a. XXXIII/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 40, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.’ (se transcribe su texto).
"De igual forma, la jurisprudencia compartida del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, impresa bajo el número 595, en la página 395, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. EN EL RECURSO DE REVISIÓN.’ (se transcribe su texto).
"Así pues, al no exponerse propiamente argumentos que puedan calificarse que controvierten de manera directa los razonamientos del a quo, es que se califican de inoperantes los argumentos en estudio, pues como ya se expuso, de ellos no deriva una causa de pedir que los controvierta.
"En este sentido, conviene señalar que el Tribunal Pleno ha establecido que esa causa de pedir debe derivar de los agravios, los que deben combatir las consideraciones que por sí sustentan la sentencia recurrida.
"Al efecto, se cita la jurisprudencia P./J. 69/2000, de ese Alto Órgano, que aparece en la página 5, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe, haciendo énfasis en la parte relativa: ‘AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.’
"Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribe su texto).
"Resta señalar en relación con este tema, que las manifestaciones que sin fundamento hace la parte recurrente, no bastan para desvirtuar la presunción de la constitucionalidad de una norma.
"En apoyo de lo anterior, se cita la tesis 1a. I/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página 309, Tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que expresa: ‘LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD.’ (se transcribe su texto).
"Luego, la parte recurrente estaba obligada a combatir la respuesta que se le dio a los conceptos de violación y no solicitar que se le tuviera por reiterados, pues con ello no se ocupó de impugnar la respuesta que se dio en la sentencia recurrida.
"La reiteración, transcripción o petición de que se tengan por reproducidos los conceptos de violación no puede estimarse como una causa de pedir contra la sentencia recurrida, así deriva de la jurisprudencia 1a./J. 6/2003 de la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, que aparece en la página 43, Tomo XVII, febrero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que prescribe: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.’ (se transcribe su texto).
"En otro orden de ideas, se señala que el impuesto cedular impugnado viola el artículo 13 constitucional, porque es una ley privativa.
"En principio, en suplencia del error, con apoyo en el artículo 79 de la Ley de Amparo se precisa que atendiendo a la cuestión verdaderamente planteada, la garantía que se dice fue violada no es la que invoca la parte quejosa, sino la prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Esta suplencia del error (que no de los conceptos de violación) se realiza con fundamento en el citado numeral de la Ley de Amparo, así como en las siguientes tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"La primera, es la P. XLVIII/98, aparece en la página 69, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; la segunda, aparece impresa bajo el número 31, en la página 26, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice editado en el año 2000, que por su orden, a continuación se transcriben:
"‘ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe su texto).
"‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. LA FALTA DE CITA DE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES O LEGALES VIOLADOS, NO ES SUFICIENTE PARA DESESTIMARLOS.’ (se transcribe su texto).
"El quejoso reitera, en sus agravios, que el impuesto cedular no cumple con el principio de equidad tributaria, porque sólo grava a las personas físicas.
"Son infundados sus argumentos.
"Ahora bien, no le asiste la razón al peticionario de la protección federal, en cuanto argumenta que el impuesto cedular de que se trata conculca el aludido principio de equidad tributaria.
"Para arribar a lo antes dicho, se requiere definir, de entrada, qué es el poder tributario.
"El poder tributario o soberanía tributaria se refiere a la facultad del Estado para crear tributos.
"Es una facultad del Estado, en virtud de la cual puede imponer, a los particulares, la obligación de aportar parte de su riqueza para el ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas.
"El Estado precisa de ingresos para cumplir con sus funciones.
"Una de las formas de allegarse de recursos es a través de las contribuciones.
"Por ello la Carta Magna, en su artículo 31, fracción IV, señala como obligación de los mexicanos, el contribuir para los gastos públicos.
"Ese precepto constitucional emplea el verbo contribuir, en atención a que pretende expresar dicha obligación, de manera colectiva, entre los gobernados que se ubiquen en los supuestos legales aplicables, a fin de que se consiga, mediante su asignación al gasto público, el bienestar común.
"Además, porque los mexicanos contribuimos no sólo a través de los impuestos, sino también por medio de otras formas que contempla el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.
"Es con base en la potestad tributaria en comentario, como el órgano titular de la misma (normalmente el Poder Legislativo) establece la contribución y todos sus elementos.
"Por otro lado, esa potestad existe en los siguientes niveles de gobierno: Federación y Estados.
"Y aunque los Municipios están facultados para recaudar impuestos a la propiedad raíz, ello no implica que puedan imponer tributos a la misma; ya que el artículo 115 constitucional les limita, mas no les confiere aquella potestad tributaria.
"Los Ayuntamientos están impedidos, legalmente, para establecer contribuciones, así como algún elemento esencial de las mismas.
"Podrán proponer, sí, a las Legislaturas Locales valores unitarios, tasas, tarifas o cuotas, en términos del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal; pero serán las propias legislaturas las que gravarán o legislarán.
"Asimismo, el poder tributario puede ser originario o delegado.
"Es originario cuando nace originalmente de la Constitución y, por ende, no se recibe de ninguna otra entidad. Como es caso de la Federación y de los Estados: quienes tienen un poder tributario originario.
"Es delegado cuando la entidad política lo posee, porque le ha sido transmitido por otra entidad que tiene poder originario.
"Esta clasificación la contempla Sergio Francisco de la Garza, en su obra ‘Derecho Financiero Mexicano’ (décima quinta edición, Editorial Porrúa, México, 1988, página 209).
"A mayor abundamiento, el poder tributario se distribuye, dentro de nuestro país, en la Federación y en los Estados.
"Para ello, se atiende, en primer término, a lo que establece la Constitución General de la República.
"Es así que, su artículo 73, en las fracciones VII, X, XXIX, establece ese poder tributario concedido a la Federación.
"Respecto del poder tributario de las entidades federativas, el mismo tiene limitaciones, por así derivar de los artículos 73, fracciones X, XXIX, 117, fracciones IV, V, VI, VII, IX, 118, fracción I y 131 de la Carta Magna.
"A continuación se transcriben esos numerales:
"‘Artículo 73.’ (se transcribe su texto).
"‘Artículo 117.’ (se transcribe su texto).
"‘Artículo 118.’ (se transcribe su texto).
"‘Artículo 131.’ (se transcribe su texto).
"Se destaca la importancia de la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, por cuanto que se refiere al poder tributario, en las materias reservadas a la Federación.
"Los artículos 117, en sus fracciones IV, V, VI, VII y IX, y 131 ambos de la Constitución Federal limitan el poder tributario de los Estados, ya que sobre los supuestos ahí contemplados no podrán imponer contribución alguna.
"Mientras que el artículo 118, fracción I, de la propia Carta Magna establece una prohibición relativa, debido a que puede existir la autorización del Congreso de la Unión, para que una entidad federativa grave los supuestos que en esa fracción se señalan, mismos que se refieren al comercio exterior.
"Igualmente, para establecer el poder tributario conferido por la Constitución Federal, a los Estados, debe analizarse el artículo 124 de la misma.
"‘Artículo 124.’ (se transcribe su texto).
"En ese orden de ideas, queda claro que los Estados están facultados para ejercer su poder tributario, cuando la materia sobre la que se gravará no esté contenida en la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, en las fracciones IV, V, VI, VII y IX del artículo 117 o en el 131 del mismo ordenamiento; asimismo, requerirán autorización, respecto de las materias a que alude el artículo 118, fracción I, de la propia Carta Magna; y en cuanto a las demás materias y supuestos podrán legislar, en cuyo caso, existirá facultad concurrente (en tanto que la Federación también puede hacerlo al no estarle prohibido por algún precepto).
"Norman el criterio, en lo conducente, y de manera particular, por cuanto ve a la facultad concurrente, las tesis aisladas números P. XV/2003 y P. XXXI/99 visible la primera, en la página 33 del Tomo XVIII, septiembre de 2003; y la segunda, en la página 14 del Tomo IX, mayo de 1999; ambos Tomos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno, Novena Época; y que, por su orden, dicen:
"‘JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. LA FACULTAD PARA IMPONER CONTRIBUCIONES EN ESTA MATERIA CORRESPONDE TANTO A LA FEDERACIÓN COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS POR SER DE NATURALEZA CONCURRENTE.’ (se transcribe su texto).
"‘HOSPEDAJE. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DE LOS PRESTADORES DE ESE SERVICIO EN EL DISTRITO FEDERAL, EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE PAGAR EL IMPUESTO LOCAL PREVISTO RESPECTO DE ESA PRESTACIÓN.’ (se transcribe su texto).
"Y son aplicables, también en lo conducente, las jurisprudencias números P./J. 15/98 y P./J. 14/98 publicadas, respectivamente, con los números 138 y 232, en las páginas 174 y 278 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Constitucional; las cuales, por su orden, rezan:
"‘COMERCIO. LA POTESTAD TRIBUTARIA EN TAL MATERIA ES CONCURRENTE CUANDO RECAE SOBRE COMERCIO EN GENERAL, Y CORRESPONDE EN FORMA EXCLUSIVA A LA FEDERACIÓN CUANDO TIENE POR OBJETO EL COMERCIO EXTERIOR, POR LO QUE LAS CONTRIBUCIONES LOCALES QUE RECAIGAN SOBRE AQUÉL NO IMPLICAN UNA INVASIÓN DE ESFERAS.’ (se transcribe su texto).
"‘HOSPEDAJE. LAS LEYES LOCALES QUE ESTABLECEN IMPUESTOS CUYO HECHO IMPONIBLE CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DE TAL ACTIVIDAD, NO IMPLICAN UNA INVASIÓN A LA POTESTAD TRIBUTARIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe su texto).
"En suma, este Tribunal Colegiado estima que la facultad para gravar el ingreso de las personas físicas corresponde, tanto a la Federación como a los Estados; es decir, se trata de una facultad concurrente, puesto que no constituye una potestad conferida, en exclusiva, a la Federación, de conformidad con los preceptos acabados de transcribir y comentar.
"Luego, deviene incuestionable que la Legislatura Local estuvo en posibilidad legal de establecer el tributo reclamado, esto es, el impuesto cedular por la prestación de servicios profesionales.
"Es oportuno resaltar que la facultad expresa del Congreso del Estado de Guanajuato para imponer contribuciones, deriva del artículo 63, fracción XIII, de la Constitución Política para dicha entidad federativa en cuanto previene que es facultad del Congreso Local examinar, discutir y aprobar, anualmente, el presupuesto de egresos del Estado presentado por el gobernador, previa aprobación de la Ley de Ingresos respectiva.
"Y es que al facultarse, expresamente, al mencionado Congreso, para aprobar, tanto el presupuesto de egresos como la Ley de Ingresos relativa, es inconcuso que también se le faculta para imponer contribuciones, sobretodo, cuando estas -contribuciones- son el contenido de esa ley.
"En complemento de lo predicho, cabe hacer hincapié que el régimen de facultades expresas que prevalece en el orden jurídico mexicano, no puede llevarse al extremo de exigir que en un solo precepto o con determinadas palabras se establezcan las atribuciones de la autoridad, pues ello haría prevalecer un sistema de interpretación literal que no es idóneo para la aplicación del derecho.
"Como apoyo de lo anterior se reproduce, a continuación, parte del considerando quinto de la ejecutoria que resolvió el amparo en revisión 1051/95, en sesión plenaria celebrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fecha nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor siguiente:
"(se transcribe su texto).
"Evidenciada la facultad originaria de la Legislatura Local para imponer contribuciones, como el impuesto cedular por la prestación de servicios profesionales; gravamen que se estableció, entre otros, en los numerales 9o., fracción I, 13 y 14 de la Ley de Hacienda, y 4o., inciso b), punto 1, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2005, ambos ordenamientos para el Estado de Guanajuato; este Tribunal Colegiado procede, en líneas subsecuentes, a verter los razonamientos por las cuales considera que el aludido impuesto no resulta violatorio del principio de equidad tributaria, a que se contrae el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
"De entrada, a fin de comprender el señalado principio, es conveniente transcribir las jurisprudencias números P./J. 41/97, P./J. 42/97 y P./J. 24/2000, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles, respectivamente, con los números 198, 197 y 251 en las páginas 240, 239 y 296 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Constitucional; y que, por su orden, a la letra indican:
"‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.’ (se transcribe su texto).
"‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.’ (se transcribe su texto).
"‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe su texto).
"De las jurisprudencias antes transcritas, se infiere que el principio de equidad tributaria exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a su vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en situación diversa.
"En otras palabras, el precitado principio no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho, porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley.
"De donde deriva -como un elemento objetivo que permite delimitar el repetido principio- que no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al invocado artículo 31, fracción IV, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable.
"Y es que, el valor superior perseguido por el comentado principio de equidad, consiste en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.
"En el caso concreto, es cierto como lo aduce el quejoso, que al establecer el impuesto cedular por la prestación de servicios profesionales, el legislador local sólo consideró como sujetos pasivos del gravamen, a las personas físicas con exclusión de las personas morales.
"Se corrobora lo anterior, con el texto de los preceptos 9o., fracción I, y 13 de la invocada Ley de Hacienda, que dice, en lo que interesa:
"‘Artículo 9o.’ (se transcribe su texto).
"‘Artículo 13.’ (se transcribe su texto).
"Empero, este Tribunal Colegiado estima que el impuesto en cuestión no deviene inequitativo, por gravar únicamente los ingresos -en efectivo, en bienes, en crédito, en servicios o en cualquier otro tipo- derivados de la prestación de servicios profesionales, percibidos por las personas físicas y no los percibidos por las personas morales -en el territorio del Estado de Guanajuato-; habida cuenta de que, como se explicará más adelante, el legislador local tenía una justificación objetiva y razonable para excluir -del supuesto de causación- a las personas morales, dado que éstas no se encuentran en igualdad de circunstancias, para efectos tributarios, que las personas físicas.
"Un primer aspecto que impedía ubicar a las personas físicas y a las personas morales, para efectos fiscales, en un plano de igualdad, deriva de la situación específica que guardan como contribuyentes.
"Considérese, en principio, que para el ejercicio del poder tributario es relevante la riqueza material y humana de determinada actividad.
"Bajo esa perspectiva, es obvio que una persona física y una persona moral (ente jurídico colectivo) no están en un plano de igualdad.
"La persona física obtiene ingresos de su solo esfuerzo; en tanto que, la persona moral los obtiene del apoyo de varias personas, que pueden ser físicas y morales.
"Es cierto que una persona física puede ser auxiliada, en la obtención de ingresos, por otra persona; pero ello dará lugar a que la riqueza no se acumule, es decir, que los ingresos de quienes auxilian no pasan a ser patrimonio del que las contrató.
"Cosa distinta acontece en tratándose de un ente colectivo, el cual se forma con el fin de obtener mayores ingresos (e incluso ganancias) que las de una sola persona física.
"Asimismo, y por cuanto ve a las respectivas obligaciones, la persona física responde
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19547-a980235d/guanajuato-el-impuesto-cedular-sobre-los-ingresos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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