Corpus
Modo: Corpus Pro

SUSTITUTIVOS DE PRISIÓN. PARA SU OTORGAMIENTO NO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA MALA CONDUCTA ANTERIOR DEL SENTENCIADO, SI ÉSTA DERIVA DE UN ANTECEDENTE PENAL PRESCRITO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 917/2005. · Registro digital (IUS): 19578
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, , Pág. 1097.

AMPARO DIRECTO 917/2005.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Los motivos de inconformidad vertidos por el inconforme son infundados en parte y en otra fundados.

Aduce el disidente que la autoridad responsable violó las formalidades del procedimiento, porque no examinó a conciencia el cúmulo de probanzas allegadas al sumario y que por ello, además, dejó de observar los principios de fundamentación y motivación consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En principio, debe dejarse precisado que las formalidades esenciales del procedimiento a que hace referencia el artículo 14 constitucional, consisten en la oportunidad que se le haga saber al inculpado del inicio del proceso que se seguirá en su contra; que se le oiga; que, si es su deseo, ofrezca las pruebas que considere oportunas a sus intereses; que dichas pruebas se desahoguen; que alegue lo que considere le convenga; y, finalmente, que la controversia sometida a juicio de la autoridad sea resuelta.

Ahora bien, el escrutinio que este órgano colegiado realiza a las constancias que integran el proceso penal de donde emana la sentencia reclamada permite afirmar, con claridad meridiana, que en la fase de averiguación previa, cuando rindió su declaración ministerial (fojas 14 y 16 del proceso) y en su declaración preparatoria (fojas 23 a 25 de dicho proceso) se le hizo saber, entre otras cosas, el motivo de su detención, pues en su contra existía el señalamiento de ... por la comisión del delito de robo; que durante la fase de instrucción el aquí impetrante del amparo tuvo la oportunidad de ofrecer pruebas (que indiscutiblemente se hubieran admitido y desahogado); que oportunamente le fue otorgado el derecho de alegar, pues así se constata de la lectura de la diligencia de vista (foja 101 del sumario), en donde adujo que estaba de acuerdo con lo manifestado por su defensor; y, finalmente, el conflicto sometido a la consideración de la autoridad judicial, se resolvió mediante sentencia; por ende, resulta claro que no hubo las alegadas violaciones al procedimiento. De ahí que, como se dijo, el motivo de inconformidad sea infundado.

Cobra aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia VII.P. J/19, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en el Número 63, correspondiente a marzo de mil novecientos noventa y tres, página 57, materia penal, de la Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto, a la letra, dicen:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. EN QUÉ CONSISTEN. (ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL). Las formalidades esenciales del procedimiento a las que se contrae el artículo 14 constitucional consisten en la oportunidad que se otorga al quejoso de ser oído en la causa penal instruida en su contra y de probar lo que conviniere a sus intereses."

Ahora bien, la valoración de las pruebas que el impetrante del amparo refiere, fue correctamente realizada por el tribunal responsable, en tanto se ajustó a lo previsto por los artículos 270 a 277 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora.

Ello, porque, en la especie, con dichas probanzas se encuentran acreditados tanto los elementos que integran la descripción típica en cuestión, como la responsabilidad penal del impetrante del amparo en su comisión.

El precepto del Código Penal para el Estado de Sonora que prevé y sanciona el antisocial que se atribuye al ahora disconforme, en lo que aquí interesa, establece:

"Artículo 302. Comete el delito de robo, el que se apodera de una causa ajena mueble, sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley."

De la lectura y análisis del precepto transcrito se colige que los elementos que integran el delito atribuido al ahora quejoso son:

a) Que alguien se apodere de una cosa ajena mueble, en este caso, un cachorro (perrito); y,

b) Sin el consentimiento de la persona que pueda disponer de la cosa, conforme a la ley.

Tales elementos quedaron acreditados con las pruebas que se allegaron al sumario, pues basta la lectura de dicha sentencia y el escrutinio de todas las constancias que integran el proceso penal de donde emana aquélla, para constatar, por una parte, que la autoridad responsable sí analizó las pruebas y, por otra, les otorgó el valor jurídico correspondiente.

Así, debe destacarse que entre el cúmulo de elementos de convicción que obran en el sumario destaca, por su importancia, la declaración ministerial del ahora quejoso, en la que, en esencia, dijo que aproximadamente a las cinco de la mañana del once de marzo de dos mil cinco, circulaba a bordo de una bicicleta por la calle ... de la colonia ... en ... que al pasar frente a un domicilio vio unos envases de soda o refrescos y los quiso agarrar para llevárselos; que también vio un perrito pequeño color café, y como se le hizo fácil lo agarró, lo subió por las rejas, y una vez que lo tuvo en sus manos se lo llevó a bordo de su bicicleta; que al circular por las calles París y Guerrero, elementos de la Policía Municipal le marcaron el alto, y luego lo detuvieron junto con el perrito; que al tener frente a una persona del sexo femenino dijo ser la dueña del perrito, pues lo reconoció como de su propiedad y que era, precisamente, el perrito que él llevaba a bordo de su bicicleta.

Hechos delictivos que ratificó en vía de declaración preparatoria ante el Juez del proceso y que, por ende, le fue otorgado el valor jurídico establecido en el artículo 271 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sonora.

Así, debe indicarse que fue correcto el proceder de la autoridad responsable en considerar la declaración del aquí quejoso como confesión, en la medida en que, menester es precisarlo, conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del sujeto activo del delito respecto de los hechos que se le atribuyen tiene valor de indicio, y alcanza la calidad de prueba plena cuando, además, no está desvirtuada ni es inverosímil, y se encuentra corroborada por otros elementos de convicción, como acontece en la especie.

Se invoca en apoyo a lo anterior, y por su exacta aplicación al caso, la tesis sustentada por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Volumen LXI, Segunda Parte, página 14, materia penal, de la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario, a la letra, dice:

"CONFESIÓN, VALOR PROBATORIO DE LA. Si bien es cierto que la confesión del inculpado tiene un valor indiciario, la misma integra prueba plena, cuando no está contradicha y la confirman otros elementos de convicción."

También es de invocarse, por el principio de identidad jurídica sustancial, la tesis de jurisprudencia VI.1o. J/100, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este órgano colegiado comparte, visible en el Número 82, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y cuatro, página 47, materia penal, de la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es:

"CONFESIÓN, SU VALOR PROBATORIO. (LEGISLACIÓN PENAL FEDERAL). Conforme a la técnica que rige la apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del imputado como reconocimiento de su propia culpabilidad deriva de hechos propios, tiene el valor de un indicio, y alcanza el rango de prueba plena cuando no está desvirtuada ni es inverosímil y sí corroborada por otros elementos de convicción."

Lo anterior es así, pues la confesión de que se trata se robusteció al adminicularla con la denuncia de hechos presentada por ... propietaria del cachorro robado; con la diligencia de inspección ocular y fe ministerial de casa habitación en la que fue robado dicho animal; y con el parte informativo rendido por elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes detuvieron a ... aquí quejoso, en posesión del multicitado cachorro.

Todos esos elementos de convicción fueron valorados en lo individual por la autoridad responsable y que, al efectuar su enlace concatenado, integran la prueba circunstancial prevista en el artículo 276 del código procesal penal de esta entidad federativa, y mediante la cual quedó demostrado que el once de marzo de dos mil cinco, aproximadamente a las seis de la mañana ... aquí quejoso, se apoderó de un perrito que se encontraba en el domicilio ubicado en calle ... colonia ... en ... propiedad de ... sin el consentimiento de ésta; por lo que perpetró el delito de robo previsto y sancionado por los artículos 302 y 305 del Código Penal para el Estado de Sonora.

De ahí que una vez probado cada indicio, fue atinente que el tribunal responsable concatenara las pruebas para la configuración de la prueba circunstancial, pues se ajusta a las reglas tutelares que rigen la prueba en materia penal.

Cobra aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 23/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo V, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y siete, página 223, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto, a la letra dicen:

"PRUEBA INDICIARIA, CÓMO OPERA LA, EN MATERIA PENAL. En materia penal, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, porque es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido; es decir, existen sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba regulares como la confesión, testimonio o inspección, sino sólo a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, que parte de datos aislados, que se enlazan entre sí, en la mente, para llegar a una conclusión."

Y la diversa I.3o.P. J/3, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, visible en el Tomo III, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y seis, página 681, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice:

"PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACIÓN DE LA. Para la integración de la prueba circunstancial, es necesario que se encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las presunciones, así como la armonía lógica, natural y concatenamiento legal que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciando en su conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, los cuales no deben considerarse aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de establecerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad buscada, siendo en consecuencia dicho enlace objetivo y no puramente subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para que sea digno de aceptarse por quien lo examina con recto criterio."

Por lo anterior, contrariamente a lo sostenido en los conceptos de violación, la sentencia que por esta vía se impugna, en los rubros anotados (en la integración de los elementos del delito atribuido al quejoso y la responsabilidad penal de éste en su comisión), no carece de fundamentación y motivación, pues en el fallo reclamado, en forma atinente, el tribunal responsable dio valor jurídico que le corresponde a los elementos de convicción allegados a la causa penal; fundó y motivó su determinación, al expresar los preceptos aplicables y exponer con precisión las circunstancias especiales, causas inmediatas y motivos particulares que la llevaron a resolver como lo hizo.

Ello es así, en virtud de que por fundamentación se entiende la invocación de los preceptos legales aplicables al caso, en tanto que por motivación, la expresión de los argumentos lógico jurídicos mediante los cuales el juzgador considera que el supuesto fáctico queda comprendido precisamente dentro de la descripción típica de la norma legal invocada.

En apoyo a esta consideración, cabe citar la jurisprudencia VI.2o. J/43, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este órgano colegiado comparte, consultable en el Tomo III, correspondiente a marzo de mil novecientos noventa y seis, página 769, materia común, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."

En cambio, es fundado el concepto de violación vertido por el quejoso, en el sentido de que el tribunal de apelación, al confirmar la resolución del Juez primigenio, en el apartado de la graduación de la peligrosidad del sujeto activo del delito y la individualización de la sanción, así como en el capítulo respectivo a beneficios, indebidamente tomó en consideración el antecedente penal del quejoso, derivado de la condena fincada en su contra por su responsabilidad penal en la comisión del delito de robo agravado, en la causa penal 430/95, sustanciada ante el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Cajeme, Sonora, supuesto que dicho antecedente penal, conforme a lo establecido por el artículo 16 del Código Penal del Estado de Sonora, se encontraba prescrito a la fecha en que se cometió el ilícito, materia de la causa penal sujeta a estudio en este juicio de amparo.

Lo es, porque el artículo 16 del Código Penal para el Estado de Sonora, textualmente, establece:

"Artículo 16. Hay reincidencia siempre que el condenado a una pena privativa de libertad, por sentencia firme dictada por cualquier tribunal de la República o del extranjero, cometa un nuevo delito después de ser legalmente amonestado.

"Los antecedentes penales prescribirán, con todos sus efectos, si el condenado no incurre en un nuevo ilícito, en un término igual al de la pena impuesta, que no será menor de tres ni mayor de quince años y que se contará a partir del cumplimiento de la sanción o del otorgamiento de cualquier beneficio de libertad.

"Cuando el sentenciado se evada, el término a que se refiere el párrafo anterior comenzará a contar desde la prescripción de la pena."

De la interpretación del artículo citado, se obtiene que los antecedentes penales prescribirán con todos sus efectos, cuando el condenado no incurra en un nuevo delito, en un término igual al de la pena impuesta en el juicio del cual emanen los antecedentes penales, que nunca será menor de tres años, ni mayor de quince años; y, el cómputo para la prescripción empezará a transcurrir a partir del cumplimiento de la sanción o del otorgamiento de cualquier beneficio de libertad.

Ahora bien, en los autos de la causa penal de donde emana la sentencia reclamada, específicamente de las fojas sesenta y ocho a noventa y dos, obran copias certificadas tanto de la sentencia dictada en la causa penal 430/95, del índice del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Cajeme, Sonora, como de la recaída al recurso de apelación interpuesto contra dicha sentencia, recurso que fue tramitado con el número de toca penal 1614/95 ante la Segunda Sala Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con sede en Ciudad Obregón, de las que se infiere que la resolución de apelación, confirmó la determinación del Juez citado respecto al grado de peligrosidad, de las penas impuestas y de la negativa de beneficio alguno, resolución que precisamente quedó firme a través de la ejecutoria dictada por el tribunal de apelación el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis; asimismo, del análisis de la causa penal que se encuentra sujeta a análisis en este juicio de garantías, se advierte que los hechos criminosos por los que fue condenado el quejoso, tuvieron verificativo el tres de julio de mil novecientos noventa y cinco; que fue detenido el diecinueve de julio citado (foja 79 del proceso); que se le condenó a la pena de prisión de tres años; y, que se determinó que para la compurgación de esa pena serían descontados los días que estuvo privado de su libertad.

En ese orden de ideas, no obstante que en la sentencia recaída al toca de apelación número 793/97, se confirmó la imposición de la pena privativa de libertad, para la prescripción de dicho antecedente penal, se debe estar al término de tres años, que establece el artículo 16 del Código Penal para el Estado de Sonora; por ende, si entre la fecha en que se dictó la resolución recaída al recurso de apelación (treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis), que sirvió de antecedente penal, para el dictado de la sentencia combatida a través del presente juicio de amparo, a la fecha (once de marzo de dos mil cinco) transcurrieron aproximadamente nueve años, un mes, once días, entonces, inconcuso resulta, atento a lo imperativamente dispuesto por el artículo 16 del Código Penal para el Estado de Sonora, que dicho antecedente penal ya había prescrito con todo y sus efectos jurídicos al momento de suceder los hechos delictivos, así como al momento de dictar tanto la resolución de primera instancia, como la de apelación que se encuentra sujeta a análisis en la presente sentencia constitucional.

Por ende, al emitir la resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, la autoridad responsable no debió tomar en consideración el antecedente penal de que se trata, para graduar el grado de peligrosidad del ahora quejoso, ni para individualizar la pena impuesta en su contra, ni para negarle el beneficio de la suspensión condicional de la pena privativa de libertad, en tanto que dicho antecedente penal ya había prescrito.

Lo anterior deriva, indiscutiblemente, en una indebida aplicación de la ley penal en perjuicio del quejoso, así como una trasgresión a la garantía de seguridad jurídica inmersa en el artículo 14 del Pacto Supremo de la Unión, circunstancia que constriñe a este órgano colegiado a conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al impetrante de garantías, para el efecto de que el tribunal de apelación responsable, deje insubsistente la resolución reclamada, y emita otra en la que, reitere las consideraciones adoptadas, respecto del acreditamiento de los elementos del tipo penal de robo, así como las referentes a la responsabilidad de ... en su comisión; empero, deberá graduar la peligrosidad de dicho acusado, individualizando correctamente las penas que le correspondan, sin tomar en consideración el antecedente penal descrito y, de no encontrar otro motivo que lo lleve a negar el beneficio de la suspensión condicional de la pena, provea lo conducente respecto del mismo, y los que resulten aplicables en favor del quejoso.

Lo anterior, en la medida en que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Código Penal para el Estado de Sonora, los antecedentes penales prescriben, con todos sus efectos, si el condenado no incurre en un nuevo ilícito en un término igual al de la pena impuesta, que no será menor de tres ni mayor de quince años y que se contará a partir del cumplimiento de la sanción o del otorgamiento de cualquier beneficio de libertad; por ende, si con la prescripción desaparecen los efectos agravantes de una sanción previamente impuesta al reo, no debe tomarse en cuenta para los efectos del otorgamiento de los sustitutivos de prisión a que se refiere el artículo 80, con relación a los artículos 82 y 87, de la codificación procesal de referencia.

Cobra exacta aplicación al caso que aquí nos ocupa, la tesis V.4o.12 P, sustentada por este Tribunal Colegiado, en su anterior denominación (Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito), visible en la página 934 del Tomo XXII, correspondiente a noviembre de dos mil cinco, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra dice:

"-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Código Penal para el Estado de Sonora, los antecedentes penales prescriben, con todos sus efectos, si el condenado no incurre en un nuevo ilícito en un término igual al de la pena impuesta, que no será menor de tres ni mayor de quince años y que se contará a partir del cumplimiento de la sanción o del otorgamiento de cualquier beneficio de libertad. Por ende, si a raíz de la prescripción desaparecen, por el mero transcurso del tiempo, los efectos agravantes de una sanción previamente impuesta al reo, por haberse roto la relación jurídico penal existente entre el anterior y el nuevo delito, la mala conducta del acusado, cuando derive precisamente de un antecedente prescrito, no debe tomarse en cuenta para los efectos del otorgamiento de los sustitutivos de prisión a que se refiere el dispositivo 80, con relación a los artículos 82 y 87, todos del citado ordenamiento punitivo, en tanto que dicha conducta se extingue cuando prescribe el antecedente que le dio vida, pues el citado artículo 16, al prescribir que los antecedentes penales del sentenciado prescriben ‘con todos sus efectos’, no hace salvedad de ninguna naturaleza, y donde la ley no distingue no tiene por qué hacerlo el juzgador."

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 80 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a ... contra el acto que reclama consistente en la sentencia definitiva dictada el diez de octubre de dos mil cinco, en el toca penal 485/2005, por el Primer Tribunal Regional del Segundo Circuito del Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón.

Notifíquese; publíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos respectivos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Evaristo Coria Martínez, Federico Rodríguez Celis y presidente Óscar Javier Sánchez Martínez, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19578-d2bf3e24/sustitutivos-de-prision-para-su-otorgamiento-no-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.