VALOR AGREGADO. EL DIVERSO TRATO QUE LA LEY RELATIVA OTORGA A LOS CONTRIBUYENTES QUE REALICEN ACTOS O ACTIVIDADES EXENTAS, RESPECTO DE LOS QUE EFECTÚEN OPERACIONES GRAVADAS CON TASA CERO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1277/2004. ESPACIO URBANO Y HABITACIONAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto segundo, fracciones IV a VI y transitorio primero del Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado el veintidós de junio del citado año en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, en la que se decidió sobre la constitucionalidad del artículo 4o., fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en dos mil, dos mil uno y dos mil dos, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en virtud de que al respecto existen precedentes aplicables al caso.
SEGUNDO. La recurrente, en síntesis, planteó los siguientes agravios:
1. El Tribunal Colegiado de Circuito indebidamente estimó que los contribuyentes dedicados a la construcción de casas habitación (que están exentos del entero del impuesto al valor agregado) son distintos a los contribuyentes con tasa 0%.
2. Los contribuyentes exentos tienen que absorber el impuesto como parte del costo, originándose un costo más elevado en la construcción de casas habitación de interés social.
3. Los contribuyentes, como la quejosa, pagan el impuesto al valor agregado por todos los bienes y servicios que se requieren en la construcción de casa habitación de interés social; sin embargo, a diferencia de los contribuyentes que realizan actos o actividades por los que existe obligación de pagar el impuesto o a los que corresponde la tasa del 0%, están en la misma situación fiscal que los causantes que realizan actos o actividades exentas y respecto de ambos se conoce el impuesto acreditable correspondiente a esos actos o actividades, y no obstante ello a los primeros sí se les permite acreditar la totalidad del impuesto y a los segundos se les impide, siendo que ambos realizan los mismos actos, los cuales tienen los mismos efectos (tasa 0% y exentos).
4. El objeto de la ley es el establecimiento de un impuesto indirecto que grava el consumo, ya sea de bienes o servicios a través de los actos o actividades, resultando ajenos diversos factores, como son las circunstancias económicas, la fuente de riqueza y la situación de los contribuyentes a los que se dirige.
5. La norma impugnada es desproporcional, en virtud de que no toma en cuenta la capacidad contributiva de los sujetos exentos, ya que no se definen las razones por las que no se les permite el acreditamiento, situación que hace que tenga que absorberlo injustificadamente, lo cual no es acorde a su capacidad contributiva.
TERCERO. De las constancias de autos aparece que, en el caso, el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, se encuentra presentado en tiempo, toda vez que la sentencia recurrida se notificó por lista del día seis de agosto de dos mil cuatro; y el escrito de agravios fue presentado el veintitrés de agosto del presente año (según se advierte de los sellos que aparecen en la foja dos del toca en que se actúa); esto es, dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que el plazo transcurrió del diez al veintitrés de agosto de dos mil cuatro, descontándose los días siete, ocho, veintiuno y veintidós por ser sábados y domingos.
CUARTO. Antes de pasar al estudio de los agravios, resulta necesario determinar si en la especie se satisfacen los requisitos de procedencia de esta instancia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos primero, tercero y séptimo, y 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, de la Ley de Amparo, cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, en vigor a partir del día doce siguiente, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en términos de lo previsto en el Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, y el Acuerdo Plenario 6/2003, publicado el nueve de abril de dos mil tres en el Diario Oficial de la Federación, los que disponen:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.
"...
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas.
"...
"El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquellos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados."
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."
Ley de Amparo.
"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:
"...
"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución."
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
"...
"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."
Acuerdo General Plenario 5/1999, aprobado el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.
"Acuerdo:
"Primero. Procedencia
"I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes:
"a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.
"b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva.
"Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad.
"II. Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:
"a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado;
"b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir;
"c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente."
Acuerdo General Plenario 6/2003.
"Primero. El Pleno enviará a las Salas y, en su caso, éstas conservarán para su resolución, los asuntos anteriores al año dos mil tres, con excepción de los siguientes:
"a) Acciones de inconstitucionalidad;
"b) Controversias constitucionales;
"c) Juicios sobre cumplimiento de convenios de coordinación fiscal;
"d) Contradicciones de tesis suscitadas entre las Salas;
"e) Contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados que se encuentren en la Secretaría General de Acuerdos con proyecto;
"f) Incidentes de inejecución e inconformidades (cuando se estimen fundados);
"g) Amparos en revisión directos e indirectos en los que se reclamen los artículos 115, 116, 119 y transitorio tercero, párrafos octavo y noveno, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (impuesto sustitutivo del crédito al salario) y los artículos del 79 al 85 de la misma ley (régimen simplificado de empresas integradoras), hasta integrar jurisprudencia;
"h) Radicados en el Pleno por acuerdo de las Salas;
"i) Juicios ordinarios civiles federales."
Con base en las disposiciones antes transcritas, esta Segunda Sala estima que la procedencia del recurso de revisión está condicionada a que se reúnan, entre otros, los siguientes requisitos:
I. Que el recurso de revisión se haya presentado en tiempo.
II. Que en la demanda de amparo se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución y en la sentencia se haya omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos.
III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva o del Tribunal Pleno, lo que se establecerá tomando en cuenta los criterios especificados en el Acuerdo 5/1999.
Precisado lo anterior, debe examinarse si en el recurso de revisión materia de esta ejecutoria, se reúnen los requisitos de procedencia antes especificados, aclarando que el relativo a la oportunidad del recurso fue analizado en el considerando tercero de esta resolución, por lo que únicamente se abordarán los demás requisitos.
a) Planteamiento de cuestiones de constitucionalidad y pronunciamiento en la sentencia. En la demanda de amparo se hizo valer la inconstitucionalidad del artículo 4o., fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en dos mil, dos mil uno y dos mil dos, por contravenir lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que a juicio de la quejosa, los preceptos reclamados vulneran las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias.
En la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo a la quejosa al estimar que los conceptos de violación resultaban infundados.
Inconforme la quejosa con la resolución que antecede, interpuso en su contra el presente recurso de revisión, pues en el caso subsiste el problema de constitucionalidad planteado, y en esta instancia debe determinarse si los preceptos impugnados violan lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Este requisito también se cumple, toda vez que sobre el tema de inconstitucionalidad específico que se planteó en los conceptos de violación no existe jurisprudencia que dilucide la problemática, como se requiere por regla general, entre otros casos, para que un asunto carezca de los requisitos de importancia y trascendencia, en términos del punto primero, fracción II, inciso a), del Acuerdo General Plenario 5/1999, por lo anterior, resulta inconcuso que el tema propiamente constitucional que subsiste en esta instancia, debe ser considerado importante y trascendente a juicio de esta Segunda Sala.
QUINTO. La recurrente, esencialmente, señala que la fracción I del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en el dos mil, dos mil uno y dos mil dos, transgrede las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias, ya que al permitir que los contribuyentes que realizan actos o actividades gravados con tasa cero, acrediten el impuesto que les fue trasladado, se genera un trato desigual respecto de los que realizan actividades exentas, cuya actividad es la de enajenar casas habitación, ya que realizan el mismo hecho imponible consistente en el consumo (final), de ahí que el impuesto debe repercutir en el consumidor final y no en el productor de bienes o prestador de servicios. Esto es, para efectos de acreditamiento del impuesto al valor agregado debe tratarse como iguales a todos los contribuyentes, toda vez que no existe razón jurídica alguna que justifique que a algunos se les permita acreditar el impuesto que les fue trasladado y a otros no, pues no debe soslayarse que para el desempeño de sus funciones, tanto los contribuyentes que realizan actividades gravadas como los que realizan operaciones exentas tienen la necesidad de efectuar gastos en los cuales se les traslada el impuesto al valor agregado.
Para demostrar la inconstitucionalidad alegada, la recurrente parte, fundamentalmente, de las siguientes premisas:
1. Los contribuyentes que realizan actos o actividades a las que les es aplicable la tasa cero y los que realizan actividades exentas, se encuentran en igualdad de circunstancias, ya que realizan el mismo hecho imponible, consistente en el consumo (final), de ahí que el impuesto debe repercutir en el consumidor final y no en el productor de bienes o prestador de servicios.
2. Para los efectos del acreditamiento del impuesto al valor agregado, debe tratarse igual a todos los contribuyentes, ya que para el desempeño de sus funciones, tanto los contribuyentes que realizan actividades gravadas como los que realizan operaciones exentas tienen la necesidad de efectuar gastos en los cuales se les traslada el impuesto al valor agregado.
3. No existe razón jurídica alguna que justifique el que el precepto legal impugnado, otorgue a los contribuyentes que realizan actos o actividades gravadas con la tasa cero, el derecho a acreditar el impuesto que les fue trasladado, mientras que a los que realizan actos o actividades gravadas no se les concede dicho beneficio.
Con base en lo anterior, el problema jurídico consiste en determinar si la fracción I del artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en dos mil, dos mil uno y dos mil dos, en cuanto impide a los sujetos exentos acreditar o solicitar la devolución del saldo a favor del impuesto, otorga un trato inequitativo y desproporcional con respecto a los sujetos pasivos que por los actos y actividades están afectos a la tasa del 0%.
Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que los agravios planteados por la recurrente son infundados, en virtud de las siguientes consideraciones:
A fin de determinar si existe trato inequitativo, resulta necesario identificar primeramente a los sujetos tributarios del impuesto al valor agregado.
El artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que son contribuyentes del impuesto las personas físicas o morales que en territorio nacional enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes o importen bienes o servicios.
En el caso que nos ocupa, la quejosa ahora recurrente es una sociedad mercantil, cuyo objeto social consiste en la construcción de desarrollos inmobiliarios y casas habitación.
Dicha persona moral, por su actividad preponderante, adquiere de sus proveedores diversos bienes y servicios, productos semiterminados o terminados que utiliza para prestar servicios, fabricar bienes y enajenarlos, así como insumos que incorpora en el proceso de construcción de inmuebles.
En razón de lo anterior, en términos del artículo 3o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, está obligada a aceptar el traslado de dicho impuesto.
El traslado del impuesto al valor agregado consiste en el cobro o cargo que el contribuyente hace en forma expresa y por separado (en los comprobantes fiscales) a las personas que adquieren bienes, los usen o gocen temporalmente dichos bienes, de un monto equivalente al impuesto establecido en la ley.
En este contexto, si la antes quejosa ahora recurrente tiene por objeto social la construcción de desarrollos inmobiliarios y casas habitación, en el momento en que concluye las obras de construcción realiza actos de enajenación a terceros, quienes generalmente tienen el carácter de consumidores finales.
En términos de los artículos 14 del Código Fiscal de la Federación y 8o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se entiende por enajenación de bienes toda transmisión de propiedad, aun cuando el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado; las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor; la aportación de bienes a una sociedad o asociación; las realizadas mediante el arrendamiento financiero; la efectuada a través de fideicomiso; la cesión de derechos que se tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso; la transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo que se efectúe a través de enajenación de títulos de crédito o de la cesión de derechos que los representen; la transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos a través de un contrato de factoraje financiero en el momento de la celebración de dicho contrato; la que se realice mediante fusión o escisión de sociedades; y el faltante de bienes en los inventarios de las empresas, entre otras.
Con base en lo anterior, se estima que la quejosa, por los actos que realiza, se ubica en el supuesto de la fracción I del artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, razón por la que debe considerarse como sujeto pasivo del impuesto.
Ahora bien, los actos de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes e importación de bienes o servicios, están gravados con tasas del 0%, 10% o 15%.
En efecto, el artículo 1o. de la ley de la materia dispone que el impuesto se calculará aplicando a los valores que señala la ley, la tasa del 15%, aclarando que el impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.
Por su parte, el artículo 2o. de la ley establece que cuando los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en la citada región fronteriza, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 10%.
Finalmente, el artículo 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado dispone que respecto de ciertos actos o actividades relativos a la enajenación, prestación de servicios independientes, uso o goce temporal de bienes y exportación de bienes o servicios, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 0%.
Asimismo, dicho numeral precisa que los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0%, producen los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto.
El enunciado "los mismos efectos legales" debe interpretarse en el sentido de que los actos o actividades afectos a la tasa del 0%, producen las mismas consecuencias jurídicas que los actos gravados con las tasas del 10% o 15%.
De esta manera, cuando el contribuyente realiza los actos o actividades a que se refiere el artículo 1o. de la ley, siempre que estén gravados a una tasa del 10% o 15%, por la mecánica del impuesto, el contribuyente tiene derecho al acreditamiento y, en caso de saldo a favor, a su devolución.
Por tanto, cuando el contribuyente realice actos o actividades gravados con la tasa del 0%, tendrá derecho al acreditamiento y, en su caso, a la devolución del saldo a favor.
El acreditamiento, según dispone el artículo 4o. de la ley de la materia, consiste en restar el impuesto acreditable de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en la ley, la tasa que corresponda según sea el caso.
Con base en lo anterior, es de señalarse que si bien el hecho imponible del impuesto al valor agregado, lo constituye el consumo que realizan los gobernados al adquirir un bien, recibir el uso o goce temporal de éste, recibir la prestación de un servicio o importar mercancías, no menos cierto es que el referido tributo no sólo incide en el consumo final, sino también en el intermedio, ello en virtud de que en el régimen de exención del impuesto al valor agregado, el sujeto que absorbe la carga tributaria es el productor de bienes o el prestador de servicios, de ahí que al no ser causante del tributo, se ve impedido jurídicamente para trasladarlo y acreditarlo.
En ese orden de ideas, deviene igualmente incorrecto lo afirmado por la quejosa en el sentido de que para efectos del acreditamiento del impuesto al valor agregado, debe tratarse como iguales a todos los contribuyentes, pues si bien es verdad como lo sostiene que para el desempeño de sus funciones tanto los contribuyentes que realizan actividades gravadas con tasa cero como los que realizan operaciones exentas tienen la necesidad de efectuar gastos en los cuales se les traslada el impuesto al valor agregado, también lo es que la exención implica para el sujeto pasivo directo del tributo (productor de bienes o prestador de servicios) la imposibilidad jurídica de acreditar el impuesto que se le haya trasladado al adquirir los insumos necesarios para la realización de sus actividades, por lo que en estos casos, el contribuyente absorbe el impuesto como gasto.
Ahora bien, aun cuando es verdad que conforme al procedimiento que prevé el artículo 4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en dos mil, dos mil uno y dos mil dos, sólo es acreditable el impuesto al valor agregado trasladado y efectivamente pagado relativo a los actos o actividades por los que se debe pagar el impuesto o deba aplicarse la tasa cero, lo cierto es que ello no implica que el aludido precepto legal otorgue a los contribuyentes que realizan operaciones gravadas con la tasa cero, el derecho a acreditar el impuesto que les fue trasladado al adquirir los insumos para el desarrollo de su actividad, ya que en realidad ese derecho deriva de lo previsto en el último párrafo del artículo 2o. A del citado ordenamiento legal, en tanto precisa que "los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0%, producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta ley".
A efecto de acreditar lo anterior, es menester atender al texto original de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, específicamente a lo previsto en los artículos 4o., 9o., 13, 29 y 30 que, en la parte que interesa, señalaban lo siguiente:
"Artículo 4o. El acreditamiento consiste en restar de la cantidad que resulte de aplicar a los valores señalados en esta ley, la tasa a que se refiere el artículo 1o. (10%), o en su caso, la del artículo 2o. (6%), el impuesto al valor agregado que le hubiera sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios.
"Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:
"I. Que corresponda a bienes o servicios estrictamente indispensables para la realización de actos por los que se deba pagar el impuesto establecido en esta ley o que estén comprendidos en los artículos 13 y 30 de la misma. Para que se consideren estrictamente indispensables la importación, adquisición o uso o goce temporal de automóviles, aeronaves, embarcaciones, casas habitación o de bienes o servicios relacionados con ellos, así como el hospedaje, la alimentación, los donativos, obsequios y atenciones de toda clase, será necesario que las erogaciones respectivas sean deducibles para fines del impuesto sobre la renta. ..."
"Artículo 9o. No se pagará el impuesto en la enajenación de los siguientes bienes:
"...
"XII. Maquinaria y equipo que únicamente sean susceptibles de ser utilizados en la agricultura o ganadería, así como los fertilizantes. No quedan comprendidos en esta fracción la maquinaria y equipo para industrializar los productos agrícolas y ganaderos. ..."
"Artículo 13. En la primera enajenación de los bienes a que se refiere la fracción XII del artículo 9o. de esta ley, se acreditarán o devolverán las cantidades que por impuesto al valor agregado se hubieran trasladado al enajenante o éste hubiese pagado con motivo de importación de bienes o servicios, que correspondan a los bienes por los que se efectúe la primera enajenación. El monto del acreditamiento o devolución será de 10% sobre el valor de cada enajenación hasta agotar las citadas cantidades."
"Artículo 29. Las empresas residentes en el país no pagarán el impuesto por enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten.
"Para los efectos de esta ley, se considera exportación de bienes o servicios: ..."
"Artículo 30. El exportador de bienes o servicios, en los casos mencionados en el artículo anterior, podrá elegir entre el acreditamiento o la devolución de las cantidades a que se refiere el artículo 4o., que correspondan a los bienes o servicios exportados, incluso cuando se trate de los supuestos previstos en los artículos 9o. y 15 de esta ley. También procederá el acreditamiento o la devolución cuando las empresas residentes en el país exporten bienes tangibles para enajenarlos o para conceder su uso o goce en el extranjero. ..."
De los numerales antes transcritos se advierte que desde su origen, el acreditamiento del impuesto al valor agregado se condicionó a la satisfacción de ciertos requisitos, como es, entre otros, que el impuesto trasladado corresponda a bienes y servicios estrictamente indispensables para la realización de actos por los que se deba pagar el impuesto en comento, excluyéndose así la posibilidad jurídica de acreditar el impuesto trasladado relativo a operaciones exentas, cuestión tal que encuentra su razón de ser y se justifica en el hecho de que los contribuyentes que llevan a cabo operaciones exentas, no son causantes del impuesto.
Sin embargo, "por su trascendencia en el desarrollo económico del país", como excepción a esta regla general, se autorizó el acreditamiento del impuesto que se hubiere trasladado en la primera enajenación de la "maquinaria y equipo que únicamente sean susceptibles de ser utilizados en la agricultura o ganadería, así como los fertilizantes", y el que corresponda a los bienes y servicios exportados, según deriva del dictamen formulado por la Cámara de Origen (Diputados) al proyecto de decreto por el que se creó la Ley del Impuesto al Valor Agregado que, en su parte conducente, precisa lo siguiente:
"Dictamen
"México D.F., a 8 de diciembre de 1978
"...
"Para poder acreditar los impuestos pagados deben llenarse varios requisitos.
"Desde luego, tener la documentación comprobatoria y ser causante de las operaciones gravables, ya que los causantes exentos no pueden acreditar, aun cuando hayan adquirido insumos que hayan causado el impuesto. Por ejemplo, el gobierno en la prestación de servicios no puede acreditar los impuestos que paga por la compra de materiales y equipo necesarios para prestarlos.
"Por su trascendencia en el desarrollo económico del país se hace resaltar el trato especial que el impuesto permite dar a la exportación de bienes y servicios y a la venta de primera mano de maquinaria y equipo que se utilice en la agricultura y la ganadería y a los fertilizantes. Las exportaciones y las ventas mencionadas no causan el impuesto, pero además se permite acreditar los impuestos pagados por la compra de insumos para la fabricación de estos bienes."
Asimismo, conviene tener presentes las razones que en torno a los supuestos de exención del impuesto al valor agregado se esgrimieron al discutir la iniciativa de ley respectiva, y que en la parte que interesa, a la letra se leen:
"Discusión
"México D.F., a 14 de diciembre de 1978
"...
"No sólo esa es la idea general del impuesto (gravar el consumo intermedio o final), sino que además, este impuesto al valor agregado que ahora tenemos en debate y por cuya aprobación estamos hablando en pro del dictamen, tiene muchas extensiones (sic) y tiene otras característi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19581-81aa3fb4/valor-agregado-el-diverso-trato-que-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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