DELINCUENCIA ORGANIZADA, NATURALEZA DEL DELITO DE.
AMPARO DIRECTO 259/2005.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Son parcialmente fundados los conceptos de violación expresados por el quejoso ... aunque suplidos en su deficiencia, en términos de la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, ya que se advierte por este tribunal que la sentencia reclamada es violatoria de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 16 constitucional, al carecer de una adecuada motivación.
La precitada garantía formal, a que se contrae el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que todo acto de autoridad debe satisfacer los principios de fundamentación y motivación, por los cuales debe entenderse el señalamiento preciso del o los preceptos legales aplicables y de las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas por las que se estimen actualizadas las hipótesis normativas, que precisamente sustentan el acto de molestia, como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la jurisprudencia doscientos cuatro, consultable en la página ciento setenta y seis, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y contenido dicen:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
Ciertamente, la resolución reclamada resulta violatoria de la garantía que al respecto establece el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al aspecto formal (motivación) se refiere, porque se omite por la responsable exponer con la claridad y precisión exigidas, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que le llevaron a considerar acreditada la materialidad de los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, previsto y sancionado por los artículos 2o., fracción I, 4o., fracción I, inciso b), y 5o., fracción I, de la mencionada ley penal especial; y contra la salud, previsto y sancionado por el último párrafo del artículo 194 del Código Penal Federal, pues al abordar su estudio incurre en una serie de imprecisiones y omisiones, que se traducen en violación a la garantía constitucional en comento.
Los preceptos en que se prevén y sancionan tales delitos, textualmente establecen:
De la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada:
"Artículo 2o. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese sólo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: I. Terrorismo, previsto en el artículo 139, párrafo primero; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal; ..."
"Artículo 4o. Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes: I. En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fracción I del artículo 2o. de esta ley: a) A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta años de prisión y de quinientos a veinticinco mil días multa, o b) A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte años de prisión y de doscientos cincuenta a doce mil quinientos días multa. ..."
"Artículo 5o. Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad, cuando: I. Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos ..."
Del Código Penal Federal:
"Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días multa al que: ... Las mismas penas previstas en este artículo y, además, privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, se impondrán al servidor público que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere cualesquiera de las conductas señaladas en este artículo."
De conformidad con el transcrito artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, puede concluirse que la hipótesis delictiva captada por la descripción típica se actualiza cuando: tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que en diversas fracciones se precisan de manera limitativa en el propio numeral.
Analizado dicho delito, desde el punto de vista de la dogmática jurídica penal, puede clasificarse como de naturaleza plurisubjetiva, puesto que se requiere de un número mínimo de activos, que es de tres; de comisión alternativa, pues puede actualizarse mediante la hipótesis conductual de "organizarse o bien, por el hecho de acordar hacerlo"; ello con la finalidad de realizar conductas que por sí mismas o bien unidas a otras, que regula a su vez el fin o resultado de cometer alguno o algunos de los delitos que limitativamente se precisan, por tanto, requiere de un elemento subjetivo específico (distinto del dolo), que se traduce en esa particular finalidad; además, puede clasificarse como de aquellos que la doctrina denomina "de resultado anticipado o cortado" puesto que para su configuración es irrelevante, el que se logre o no la consumación, materialización, o simplemente exteriorización de las conductas que pudieran integrar a los diversos delitos que conformaren en abstracto la finalidad perseguida por la organización. Aunque también, es sin duda un delito doloso, en donde el dolo debe abarcar el conocimiento de los aspectos objetivos y la voluntad del autor a aceptar tal integración, esto es, el saber y querer de esa pertenencia al grupo que deliberadamente se organiza o acuerda organizarse.
Además, es un delito formal o de mera conducta, carente de resultado material, que se integra con la organización o el acuerdo para organizarse de tres o más personas con la intención final de cometer determinados delitos, de donde resalta que la sola intención de los miembros de perpetrar esos ilícitos, en forma indeterminada, acarrea un perjuicio para el conglomerado social, con independencia de la efectiva comisión de los mismos, que constituiría, en su caso, una conducta particular e independiente.
Apoya lo anterior la tesis II.2o.P.102 P, de este tribunal, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, septiembre de 2003, página 1365, que dice:
" Conforme al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la hipótesis delictiva se actualiza cuando: tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que en diversas fracciones se precisan de manera limitativa en el propio numeral. De lo anterior se obtiene que, desde el punto de vista de la dogmática jurídica penal, el aludido delito puede clasificarse como de naturaleza plurisubjetiva, puesto que se requiere de un número mínimo de activos, que es de tres personas; de comisión alternativa, pues puede actualizarse mediante la hipótesis conductual de ‘organizarse, o bien, por el hecho de acordar hacerlo’; ello con la finalidad de realizar conductas que por sí mismas o unidas a otras, que regula a su vez el fin o resultado de cometer alguno o algunos de los delitos que limitativamente se precisan; por tanto, requiere de un elemento subjetivo específico (distinto del dolo), que se traduce en esa particular finalidad; además, puede clasificarse como de aquellos que la doctrina denomina ‘de resultado anticipado o cortado’ puesto que para su configuración es irrelevante el que se logre o no la consumación, materialización, o simplemente exteriorización de las conductas que pudieran integrar a los diversos delitos que conformaren en abstracto la finalidad perseguida por la organización. Además, es sin duda un delito doloso, en donde el dolo debe abarcar el conocimiento de los aspectos objetivos y la voluntad del autor o aceptar tal integración, esto es, el saber y querer de esa pertenencia al grupo que deliberadamente se organiza o acuerda organizarse."
En esa temática, el diverso delito contra la salud, previsto en el último párrafo del artículo 194 del Código Penal Federal, es un delito que exige de un sujeto activo, propio o exclusivo (servidor público), también resulta ser de los doctrinariamente clasificados como alternativamente formados o de comisión alternativa, cuya naturaleza radica en que para su materialización, no existe una exclusiva conducta, sino diversas variantes, derivadas de las propias combinaciones que el texto legal autoriza y que se obtienen del empleo de la disyuntiva "o", que obliga a decidir entre una u otra opción, verbigracia, se actualizaría dicho tipo penal, tanto en el caso de que un servidor público en ejercicio de sus funciones, permitiera, autorizara o bien tolerara, cualesquiera de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal, como en el diverso supuesto en que el servidor público aprovechando su cargo, permitiera, autorizara o bien tolerara (las que por cierto también constituyen alternativas conductuales), cualesquiera de las conductas previstas en dicho numeral.
Plasmada tal diferencia, resulta conveniente precisar que en el caso particular el Tribunal Unitario responsable resultaba obligado a distinguir entre la figura delictiva de delincuencia organizada y la hipótesis del delito contra la salud consistente en que un servidor público, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere cualesquiera de las conductas señaladas en el artículo 194 del Código Penal Federal, pues ambos se componen de elementos perfectamente diferenciales entre sí, que obligan a señalar con toda precisión los hechos diferentes que a su juicio constituyen una y otra hipótesis delictivas, la forma de intervención específica del quejoso en cada una de ellas y las pruebas con las que se acreditan tales extremos.
La autoridad responsable al justificar la comprobación de los citados ilícitos y la responsabilidad penal del quejoso ... en su comisión, en la parte que interesa (relacionada con la deficiencia de motivación advertida) indicó:
Referente al delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
"... adquieren el carácter de testimonial, para demostrar que ... alias ... en compañía de otros sujetos, dirigían, administraban y supervisaban la agrupación criminal que operaba en el Municipio de Nezahualcóyotl, México, dedicada, entre otros delitos, al tráfico de clorhidrato de cocaína; objetivo criminal en efecto concretado, al deducirse de la valoración de aquellos testimonios conforme a lo dispuesto en los artículos 286 y 289 del ordenamiento procesal mencionado, al ser patente que de manera reiterada y permanentemente repartían ese alcaloide en las ‘tiendas’ que les asignaban a los demás componentes del grupo delictual para expenderla a quien acudía a comprarla; además, se acredita la integración de diversos servidores públicos (como son ... en su carácter de elementos de la Policía Judicial Federal de la Procuraduría General de la República, ya que como agentes en activo de la referida corporación, su actividad en la agrupación consistía en permitir a los demás miembros la libre comercialización de narcóticos en colonias del Municipio donde estaban asignados ..."
"... alias ... como dirigente, era miembro activo de la organización que se encuentra bajo la existencia de reglas estrictas de control y disciplina entre sus integrantes, asignando para su correcto funcionamiento, actividades específicas y determinadas a sus miembros, en el caso la actividad preponderante que desarrollan son delitos contra la salud, en este sentido se puede corroborar que existe una estructura funcional, de esta manera un grupo de sujetos se ocupa de producir la droga, otro grupo se encarga de custodiarla y almacenarla, otros sujetos se encargan de transportarla; a su vez, cada punto donde se comercializa la droga es operado por un grupo o célula, que se encarga de establecer su propia red de almacenamiento, distribución y su propia ruta de salida para llevarla a su destino. Posteriormente, con el dinero de la venta de drogas los sujetos que dirigen o supervisan la organización, logran establecer comercios lícitos que son operados por terceras personas, que conociendo el origen de los recursos realizan operaciones paralelas a las legales y se encargan de proveer del activo fijo y equipo de transporte necesario para que la empresa criminal pueda desarrollar sus actividades delictivas, además contaban con funcionarios o servidores públicos, entre ellos los acusados ... quienes los protegían y colaboraban para el fomento de esa actividad, pues a cambio de ‘rentas’ (dinero), no obstante su deber policíaco permitían el funcionamiento de las ilícitas negociaciones ..."
"... un grupo más lo integran los sujetos que valiéndose de sus cargos públicos (en este caso ...), otorgan protección tanto a las actividades que desarrolla la organización criminal, como a los sujetos que la integran, complementándose de manera tal que se permitía la culminación de los ilícitos que previamente habían planeado ..."
"... los datos que obran en el sumario, los cuales concatenados en forma lógica y natural, resultan suficientes e idóneos, para determinar que los ahora sentenciados ... en su calidad de agentes en activo de la Policía Judicial Federal, dependientes de la Procuraduría General de la República, eran miembros de la delincuencia organizada al pertenecer a la organización delictiva de ... alias ... y de ... bajo la dirección o supervisión de éstos, pues eran quienes dirigían la organización, la cual tenía características de permanencia, pues existen datos de sus actividades desde mediados de mil novecientos noventa y nueve hasta noviembre de dos mil uno; además no se advierte que los referidos agentes policíacos enjuiciados, tuvieran funciones de administración, dirección o supervisión, respecto de la organización de que se trata, para la realización de los ilícitos contra la salud, en razón de que su actividad en la agrupación consistía en permitir a los demás miembros la libre comercialización de narcóticos en colonias del Municipio donde estaban asignados; colmándose de esta manera los elementos constitutivos del cuerpo de los delitos en estudio ..."
En lo atinente al delito contra la salud.
"... partiendo de un hecho probado mediante un enlace lógico, jurídico y natural, para despejar una incógnita, resultan suficientes para acreditar que los sujetos activos del delito ... al menos en los meses en que se desempeñaron como elementos activos de la Policía Judicial Federal dependiente de la Procuraduría General de la República, adscritos en Nezahualcóyotl, México, fundamentalmente en los meses de agosto (segunda quincena), y septiembre de dos mil uno, en aquel Municipio, en el ejercicio de sus funciones como agentes investigadores y aprovechándose de su cargo, permitieron y toleraron que distintos sujetos, tales como ... alias ... alias ... el propio ... entre otros, se dedicaran a la comercialización del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, concretamente a su modalidad de venta; sustancia considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud, es decir, que los ahora sentenciados ... en su calidad de agentes en activo de la Policía Judicial Federal dependientes de la Procuraduría General de la República, protegían y colaboraban para el fomento de esa actividad, pues a cambio de ‘rentas’ (dinero), no obstante su deber policíaco, permitían el funcionamiento de las negociaciones, en razón de que su actividad consistía en permitir a los integrantes de una organización delictiva la libre comercialización de narcóticos en colonias del Municipio donde estaban asignados, con lo cual pusieron así en peligro la salud pública, precisamente por dicha comercialización; todo lo cual acredita que sus conductas son típicas y por ende se evidencian los elementos del cuerpo del delito contra la salud, previsto y sancionado en el último párrafo del artículo 194 del Código Penal Federal ..."
Finalmente en torno a la responsabilidad penal del quejoso ...
"... permite establecer que ... alias ... en forma dolosa y en términos de las fracciones II y III del artículo 13 del Código Penal Federal, llevaron a cabo las conductas relativas al delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (fracción III) y contra la salud en la modalidad de tráfico del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína, y del diverso contra la salud (fracción II), en el entendido que la primera fracción indicada comprende a esta última, porque quien actúa conjuntamente, en realidad lo hace por sí, toda vez que se les atribuye la ejecución de los hechos en forma directa, ya que los procesados de que se trata, como miembros de la delincuencia organizada, el primero de ellos participó como dirigente, asimismo, en tanto que los segundos colaboraron en la misma permitiendo la realización de conductas relativas al narcotráfico; además ... realizó la comercialización del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína, en tanto que ... en ejercicio de sus funciones como servidores públicos y elementos activos de la Policía Judicial Federal, permitieron y toleraron la realización de delitos contra la salud, de manera reiterada y permanente, pues de acuerdo al cúmulo de constancias que existen en autos, se acredita que mediante pagos semanales los encausados de mérito, permitieron y toleraron se cometieran delitos contra la salud en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, es decir, del material probatorio se desprenden indicios suficientes que por su concatenación lógica-jurídica ponen de manifiesto la existencia de una organización criminal liderada por ... alias ... dedicada a la realización de delitos contra la salud, a la que pertenece con labores de dirección y supervisión el acusado ... alias ... que la principal área geográfica en donde se desarrollan las actividades lo es en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, dentro de la organización criminal de referencia ... alias ... se encontraba encargado de la parte operativa de la organización, así como de cobrar a las personas la venta del narcótico que entregaba, en tanto que los acusados ... en su calidad de servidores públicos como elementos de la Policía Judicial Federal, protegían y colaboraban para el fomento de esa actividad, pues a cambio de ‘rentas’ (dinero), no obstante su deber policíaco permitían el funcionamiento de las negociaciones, en razón de que su actividad consistía en permitir a los integrantes de la organización delictiva la libre comercialización de narcóticos en colonias del Municipio donde estaban asignados ..."
El subrayado en todas las transcripciones anteriores, solamente es para destacar lo conducente.
Recapitulando, las conductas concretas que se atribuyen al nombrado quejoso y otro, derivadas de esos fragmentos transcritos, son:
En su carácter de elemento de la Policía Judicial Federal.
1. No obstante su deber policíaco, permitía a los miembros de una delincuencia organizada la libre comercialización de narcóticos en colonias del Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, a donde estaba asignado.
2. Colaboraba para el fomento de las actividades de narcotráfico a cambio de "rentas" (dinero).
3. Otorgaba protección tanto a las actividades que desarrolla la asociación criminal como a sus integrantes.
4. Permitía y toleraba que diversos sujetos, de manera reiterada y permanente, se dedicaran a la comercialización del narcótico denominado clorhidrato de cocaína, concretamente en la modalidad de venta, a cambio de pagos semanales.
Ahora bien, sin prejuzgar sobre la demostración de esas conductas, o de algunas de ellas, la responsable viola la garantía constitucional establecida en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, a virtud de que incurre en distintas imprecisiones que se traducen en una inadecuada motivación del acto reclamado.
En principio, se advierte que la autoridad responsable omite expresar las razones particulares o causas inmediatas por las que a su juicio, existen demostradas de forma autónoma e independiente ambas hipótesis delictivas, es decir, no precisa los hechos diferenciadores que materializan tanto el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como el diverso contra la salud, no obstante que como se estableció, se trata de tipos penales con claros elementos distintivos, por el contrario, de las conductas que destaca, al demostrar cada uno de ellos y la responsabilidad penal del quejoso, pareciera que en ambos se trata de los mismos hechos, lo cual implicaría tipificar y sancionar dos veces una misma conducta, con trasgresión a las garantías de seguridad jurídica del ahora quejoso.
Luego, la autoridad responsable omite exponer las razones particulares y causas inmediatas por las que estima que el delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que atribuye al ahora quejoso, se demuestra de manera independiente al diverso de contra la salud, pues se reitera, confunde la naturaleza y estructura de ambos delitos, lo cual no puede resultar justificado.
Además, en torno al delito previsto en la ley penal especial (delincuencia organizada), la autoridad responsable omitió exponer las razones del por qué, en su concepto se demuestra, en relación con el ahora quejoso, todos sus elementos, concretamente el dolo particular que caracteriza a ese tipo penal, el cual debe abarcar el conocimiento de los aspectos objetivos y la voluntad del autor para aceptar integrarse a la organización, esto es, el saber y querer de esa pertenencia al grupo que deliberadamente se organiza o acuerda organizarse, para cometer alguno o algunos de los delitos que describe la propia norma penal.
Esto es, la autoridad estaba obligada, a fin de cumplir con la garantía constitucional en comento, a establecer las razones particulares por las que estima que la voluntad del promovente del juicio era integrarse a una agrupación delictiva integrada por tres o más personas cuyo fin es el de cometer los delitos a que se refiere la ley federal en cita (entendidos en abstracto), consciente de su existencia y finalidad.
Sin que baste para ello, la posible demostración de actos concretos realizados en pro o a favor de esa organización delictiva, porque ello no necesariamente implica su intención de formar parte de ésta, más aún cuando esos actos concretos pudieron derivar de un acuerdo previo, surgido a virtud de circunstancias y condiciones especiales (como puede ser el desempeñar un cargo determinado y estar adscritos a un específico lugar), y pueden por sí mismos constituir un ilícito independiente.
Tampoco deja de advertirse, que la autoridad responsable señala que el quejoso se adhirió a la organización delictiva; sin embargo, se limita a acreditar esa afirmación a partir de conductas concretas como "permitir o tolerar", "colaborar al fomento" o "brindar protección", empero, al margen de que en torno a esas conductas, existe una inadecuada motivación, se insiste, omite ocuparse del elemento dolo que caracteriza al tipo penal de delincuencia organizada, pues la adherencia a una organización criminal no sólo implica la aceptación de sus reglas estructurales, sino también comulgar con la intención de cometer los delitos (en abstracto), para cuyo fin existe la organización.
Asimismo, la autoridad responsable sostiene que el quejoso brindaba protección tanto a la organización como a sus miembros; sin embargo, no precisa con la claridad a que está obligada, en qué consisten los actos concretos de protección a que se refiere, menos aún señalan las pruebas específicas, con las que en todo caso se demuestran, incluso de forma incongruente, señala que a cambio de esa protección se pagaban diez mil pesos; sin embargo, en otro apartado también refiere que esos diez mil pesos que se pagaban eran con motivo de que se "permitiera o tolerara" que la organización delictiva desarrollara sus actividades de comercio del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína en el Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.
Continúa señalando la responsable que el quejoso y otro colaboraron al fomento para la comisión de delitos contra la salud, para cuyo fin existía la organización delictiva, lo que evidentemente resulta violatorio de la garantía constitucional en comento, toda vez que esa conducta, se refiere a una hipótesis delictiva diferente a aquella por la que se formuló acusación y se dictó la sentencia de condena, específicamente la que se describe en la fracción III del artículo 194 del Código Penal Federal, y constituye un tipo penal autónomo que se actualiza cuando el sujeto activo despliega de cualquier manera actos de colaboración tendentes a crear un panorama propicio para la realización de otros delitos que aun cuando se prevé que sean contra la salud, son indeterminados en su número, condiciones y circunstancias particulares de ejecución con independencia además de que puedan llegar o no a consumarse.
En relación concreta con el ilícito de contra la salud por el que se dictó sentencia al quejoso, también existe una incorrecta motivación por la autoridad responsable, pues además de que -como ya se dijo- atribuye al quejoso los mismos hechos que estimó constitutivos del diverso delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sin establecer los hechos diferenciadores entre uno y otro caso, lo que implicaría tipificar dos veces la misma conducta; no distingue con la precisión que requiere el tipo penal, dada su característica de alternativamente formado, la hipótesis particular que atribuye al quejoso, pues sin realizar explicación alguna, refiere que actuó en el ejercicio de sus funciones y aprovechándose de su cargo, no obstante que son dos aspectos diferentes que la descripción normativa establece como alternativas conductuales.
En relación con las alternativas que describe el tipo penal, sobre el verbo núcleo, sucede algo similar, pues de manera indistinta señala que el quejoso "permitió" y "toleró", como si se tratara de sinónimos, cuando no lo son, ya que de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia, permitir significa "Dicho de quien tiene autoridad competente: dar su consentimiento para que otros hagan o dejen de hacer algo."; en tanto que tolerar es "Permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente."
De donde se puede establecer una clara distinción, ya que mientras permitir implica una actividad corporal, al otorgar consentimiento para algo, tolerar es no impedir, lo que envuelve una abstención de actuar.
Tal distinción sobre los conceptos aludidos, pone de manifiesto que la autoridad incurrió en una inexacta motivación del acto reclamado, al estar obligaba a decidir entre uno y otro o, en su caso, establecer las razones particulares o causas inmediatas por las que considera satisfechas ambas conductas, todo ello por supuesto con base en los medios de prueba que integran el sumario.
Igualmente, en torno al ilícito de que se trata, señala la autoridad, que el quejoso colaboró para el fomento de la organización delictiva, lo cual, como ya se dijo, constituye una diversa hipótesis delictiva, por la que no se formuló acusación ministerial, por lo que esa referencia se traduce en una indebida motivación.
De tal manera, era obligación de la autoridad responsable, mediante la exposición de las razones lógico-jurídicas necesarias para comprobar los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, previsto y sancionado por los artículos 2o., fracción I, 4o., fracción I, inciso b), y 5o., fracción I, de la mencionada ley penal especial; y contra la salud, previsto y sancionado por el último párrafo del artículo 194 del Código Penal Federal, así como la responsabilidad penal del ahora quejoso ... en su comisión, todo ello por supuesto a la luz de los medios de prueba que integran el sumario.
Consecuentemente, al carecer la resolución que constituye el acto reclamado de la debida motivación a que obliga el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Federal, impide efectuar un análisis del fondo del asunto, pues de lo contrario se sustituiría a la autoridad responsable en sus facultades legales.
En tales condiciones, lo procedente en el caso, es conceder al quejoso la protección constitucional solicitada, por ... para el efecto de que el Tribunal Unitario responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar, siguiendo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19681-df4450cd/delincuencia-organizada-naturaleza-del-delito-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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