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Modo: Corpus Pro

VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL TRAMITADO EN LA VÍA SUMARIA. LA CONSTITUYE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE LA CAUSA DE PRONUNCIAR EL ACUERDO QUE ANUNCIA QUE ESTÁ POR CONCLUIR LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 459/2005. · Registro digital (IUS): 21214
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, , Pág. 1274.

AMPARO DIRECTO 459/2005.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Luego de examinar los conceptos de violación que anteceden, este Tribunal Colegiado estima conveniente precisar que el peticionario de garantías, a través de ellos, propone violaciones a las reglas que rigen el procedimiento penal, así como diversas que, desde su perspectiva, inciden en el estudio de fondo formulado por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero al emitir la sentencia reclamada, lo que ocasiona que se transgredan en su perjuicio las prerrogativas que a su favor se contienen en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A fin de determinar el orden de estudio al que debe apegarse este tribunal resolutor, en relación con los motivos de disentimiento propuestos por el amparista, debe destacarse que de acuerdo con el artículo 158 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías uniinstancial pueden plantearse fundamentalmente dos tipos de violaciones: las de índole procesal, siendo éstas las que se cometen durante la sustanciación del procedimiento o, en su caso, en la resolución reclamada, al llevarse a cabo el examen de uno o varios presupuestos procesales; y, por otra parte, las perpetradas en el propio acto combatido, por estar indebidamente fundado o motivado, o inclusive, por ser incongruente y carente de exhaustividad.

Atendiendo a la técnica que rige al juicio de garantías, inicialmente se analizará la última parte del segundo concepto de violación planteado por el quejoso, en el que se encuentra inmerso el motivo de inconformidad relacionado con la transgresión a las normas que rigen el procedimiento en la causa penal de origen, y una vez agotado su estudio, de ser procedente, se estudiarán los restantes en los que se hace referencia a las violaciones cometidas al pronunciarse la sentencia de alzada que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo en que se actúa.

Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia XXI.3o. J/5, sustentada por este cuerpo colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, septiembre de 2003, página 1309, del siguiente rubro y texto:

"VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ORDEN QUE PUEDE EMPLEARSE PARA SU ESTUDIO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías uniinstancial pueden plantearse fundamentalmente dos tipos de violaciones, a saber: las de índole procesal, cometidas durante la sustanciación del juicio o referidas a transgresiones cometidas en la resolución reclamada, vinculadas con el examen de uno o varios presupuestos procesales, y las perpetradas en el acto reclamado por defectos en el contenido de éste, por falta de fundamentación o motivación, o porque sea incompleto o incongruente. Por ello, lo primero que conviene destacar de la demanda a fin de determinar el orden de estudio a seguir respecto de los conceptos de violación hechos valer por el promovente de la acción constitucional, es si las cuestiones planteadas son violaciones procesales que se cometieron durante la sustanciación del juicio y que trascendieron al resultado del fallo, o si giran en torno a violaciones cometidas en el propio acto reclamado como cuestión de fondo. En ese tenor, hay casos en que sin mayor problema es dable establecer que si el concepto de violación de carácter procesal es el único planteado en la demanda de garantías, debe analizarse negando o concediendo al quejoso el amparo solicitado para que se subsane la infracción procesal, por ser la única cuestión controvertida en el juicio constitucional. En cambio, si se plantean varios aspectos conceptuales de naturaleza procesal, es conveniente que se examinen de la infracción más antigua a la más reciente en fecha y en ese orden sean desestimadas, o bien, si alguna resulta fundada se ordene subsanarla y se determine si es el caso o no de examinar las restantes, incluso, se pondere si es viable que si otra violación diversa es fundada se ordene a la autoridad responsable subsanarlas a la vez, pues de esta manera se acatan los principios de economía procesal y de exhaustividad, así como la garantía constitucional que consagra el derecho a una justicia pronta y expedita. A su vez, si se expresan conceptos de violación de naturaleza adjetiva y otros de fondo, es conveniente que sea el mismo orden cronológico el que impere en el estudio de unos y otros, de acuerdo a las reglas anteriormente determinadas, para que en el caso de que sean desestimados en su totalidad los primeros, se analicen posteriormente los segundos y se resuelva lo que en derecho corresponda, dado el orden y la sucesión de los actos que se realizan para la composición del litigio y que se van agotando de uno en uno; en la inteligencia de que estos lineamientos sólo deben considerarse como orientadores para una correcta y eficaz forma de abordar el estudio de las violaciones indicadas, que de ningún modo deben considerarse invariables o inalterables, porque de acuerdo a la naturaleza y causas específicas del problema planteado, habrá casos de excepción como, por ejemplo, el relativo al de la prescripción opuesta en un juicio natural que se considera fundada, en que conforme al sentido común, este motivo de inconformidad de carácter sustancial debe examinarse antes que las violaciones de naturaleza adjetiva, ya que lo contrario propiciaría el retardo en la resolución del asunto y la promoción innecesaria de ulteriores juicios de amparo."

En tales términos, este Tribunal Colegiado considera que, suplido en su deficiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, es fundado y suficiente para conceder al quejoso el amparo contra la sentencia impugnada, el motivo de disentimiento propuesto con el objeto de evidenciar la violación procesal cometida en su perjuicio durante la sustanciación de la causa penal de origen, pues como correctamente lo refiere, al momento en que su defensor solicitó el cierre de instrucción, el Juez de la causa debió haberle otorgado la intervención legal correspondiente al aquí impetrante, a fin de que éste manifestara si estaba o no conforme con la determinación de su representante, lo cual al no haber ocurrido en autos del proceso penal natural, dejó a ********** en un estado de indefensión, como se demostrará más adelante, omisión que evidentemente transgrede lo dispuesto en el artículo 160, fracción VIII, de la Ley de Amparo, numeral que, en la parte conducente, es del tenor literal siguiente:

"Artículo 160. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso:

"...

"VIII. Cuando no se le suministren los datos que necesite para su defensa."

Ahora bien, antes de hacer un pronunciamiento en relación con el motivo de disentimiento en estudio, y considerando que la parte quejosa alega una violación a la prerrogativa que a favor de todo gobernado se consagra en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a continuación conviene hacer una breve exposición de la garantía inmersa en dicho precepto legal.

En efecto, el artículo 14 de la Constitución General de la República, a la letra establece:

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."

De la transcripción precedente se advierte que el referido dispositivo legal establece la garantía de audiencia como un derecho subjetivo público mediante el cual se permite al gobernado ser oído y vencido en juicio, constituyendo el derecho a ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque su defensa, así como alegar lo que a su derecho convenga, parte integral de las formalidades esenciales del procedimiento.

Lo anterior se desprende de la tesis de jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, cuyo tenor es el siguiente:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Este órgano colegiado considera, como ya se dijo con antelación, que asiste la razón al quejoso cuando alega que en el caso concreto se actualiza en su perjuicio una violación a las leyes que rigen el procedimiento penal, pues de las constancias que integran el sumario de origen, se desprende que antes de dictar el cierre de instrucción en el proceso que se siguió a ********** por el delito de robo calificado -determinación jurisdiccional contenida en el proveído de fecha veintitrés de marzo de dos mil uno-, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de José Azueta, debió haberle dado oportunidad al inculpado de mérito para que manifestara si era su deseo o no que se concluyera con la etapa procesal en comento, lo cual no ocurrió en la especie.

Para efectos ilustrativos, se estima oportuno transcribir a continuación el libelo suscrito por ********** en su carácter de defensor particular de ********** el veintidós de marzo de dos mil uno, mismo que es del tenor siguiente:

"Causa penal número ********** Acusado: ********** Delito: Robo calificado. Agraviado: ********** Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal. Presente. Lic. ********** defensor particular del procesado ********** ante usted, con el debido respeto comparezco para exponer: En virtud de que no existen pruebas pendientes por desahogar, solicito se declare cerrada la instrucción, ordene poner los autos a la vista de las partes para que formulen sus respectivas conclusiones dentro del término de ley, primero al representante social adscrito y después al defensor particular y procesado. Por lo expuesto y fundado a usted Juez, atentamente pido se sirva: Único. Acordar de conformidad lo solicitado. Protesto lo necesario. Zihuatanejo, Guerrero, a veintidós de marzo del año dos mil uno. Lic. ********** (una rúbrica ilegible)."

A la petición de referencia, recayó el acuerdo emitido el día veintitrés de marzo de dos mil uno en autos de la causa penal número ********** mediante el cual el titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de José Azueta, proveyó lo siguiente:

"Auto. Zihuatanejo, Guerrero, a veintiséis de marzo de dos mil uno. Por recibido y a sus autos el escrito de cuenta; visto su contenido, con fundamento en el artículo 93 del código procesal de la materia, con esta fecha se declara cerrada la instrucción de la presente causa penal, en razón de que no existen pruebas pendientes por desahogar, por lo que se ordena poner los autos del expediente a la vista de las partes por un término de once días hábiles a cada una, primeramente al representante social y fenecido que sea le iniciará a la defensa y al procesado para que preparen sus respectivas conclusiones, las que deberán de presentar en la audiencia de fondo; certifique la secretaría el cómputo de dicho término. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma la ciudadana licenciada ********** Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Azueta, ante el ciudadano licenciado ********** segundo secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. doy fe."

De las transcripciones precedentes se advierte que desde la petición de su defensor, el ahora quejoso no tuvo la oportunidad de evidenciar su conformidad con el cierre de la etapa de instrucción en el proceso natural, y no obstante ello, el Juez de la causa, a través del auto antes citado, acordó favorablemente lo solicitado por el defensor particular, desacierto que, invariablemente, afectó la defensa del quejoso, pues a éste se le coartó su derecho de ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho estimara conveniente, al no haberle suministrado los datos a los que legalmente tenía derecho.

Ello es así, ya que si se toma en cuenta que desde el auto de formal prisión dictado en contra de ********** en autos de la causa penal ********** el titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de José Azueta, indicó que el proceso respectivo se sustanciaría en la vía sumaria, es obvio que la irregularidad del juzgador común advertida por este tribunal constitucional transgrede en perjuicio del aquí impetrante la garantía de audiencia que a su favor se consagra en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el numeral 100 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, precepto legal que, en la parte que interesa, es del tenor literal siguiente:

"Artículo 100. Procederá la vía sumaria, que se abrirá en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, cuando: ...

"Se aplicarán al procedimiento sumario las reglas del ordinario, en todo lo no previsto específicamente por este capítulo.

"En el proceso sumario se atenderá a lo dispuesto en el artículo 91, y la instrucción deberá concluir dentro de los tres meses contados a partir del auto de formal prisión o de sujeción a proceso, plazo que se podrá prorrogar hasta por dos meses más cuando se trate de delito cuya pena máxima exceda de dos años de prisión y esta ampliación resulte estrictamente indispensable en concepto del juzgador, quien lo resolverá de oficio o a petición de cualquiera de las partes y con audiencia de éstas. Fuera de estos casos, sólo podrá ampliarse el plazo de la instrucción a petición del procesado o su defensor, y por el tiempo estrictamente necesario para el desahogo de las pruebas que ofrezcan.

"Cuando falte un mes para la conclusión del plazo para el cierre de la instrucción, el Juez procederá conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 92."

Atendiendo al contenido del dispositivo legal precedente, es conveniente invocar también el artículo 92 del ordenamiento procedimental penal invocado con antelación, mismo que en su párrafo segundo establece lo siguiente:

"Artículo 92. ...

"Dentro del mes anterior a la conclusión de los plazos ordinario o extraordinario a que se refiere el párrafo anterior, el Juez dictará auto que señale esta circunstancia, así como la relación de pruebas, diligencias y recursos pendientes de desahogo. En este último supuesto, hará saber su determinación al Tribunal de Alzada, para que resuelva los recursos pendientes antes de que concluya la instrucción. Las partes, notificadas del auto, manifestarán y promoverán lo que a su derecho convenga. El Juez resolverá de plano."

Las transcripciones anteriores robustecen la determinación de este Tribunal Colegiado, pues ambas disposiciones jurídicas señalan que si así lo desean, las partes -incluyendo tanto al inculpado como a su defensor-, podrán solicitar la ampliación del plazo de instrucción previsto en el propio Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero.

Sin embargo, luego de examinar las constancias que integran el proceso penal natural, resulta inconcuso que al peticionario de amparo no se le respetó la garantía procesal relatada con antelación, pues del sumario correspondiente no se advierte la existencia del acuerdo al que hace referencia la última parte del artículo 100, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 92, ambos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero.

Esto es, del expediente relativo a la causa penal número ********** este tribunal constitucional no aprecia algún acuerdo en el que el Juez del conocimiento hubiese comunicado a las partes que estaba por concluir el plazo relativo a la etapa de instrucción -independientemente de que éste fuese ordinario o extraordinario-, en el que además relatara las pruebas, diligencias y recursos pendientes de desahogo -en caso de que existiesen-, y menos la notificación del mismo a las partes en el proceso.

Por lo hasta aquí expuesto, este órgano de control constitucional sostiene la violación a las reglas que rigen el procedimiento penal en perjuicio del peticionario de garantías, específicamente la prevista en la fracción VIII del artículo 160 de la Ley de Amparo, pues es evidente que la omisión atribuible al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de José Azueta dejó al quejoso sin defensa, ya que al no comunicársele que estaba por concluir el plazo previsto para la etapa de instrucción, no se le suministraron los datos necesarios que le permitieran promover lo que a su derecho conviniera para su defensa.

Es aplicable al caso, por las consideraciones en que se sostiene, la tesis III.2o.P.85 P, integrada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, septiembre de 2003, página 1449, cuyos rubro y texto establecen:

"VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL. LA CONSTITUYE EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE LA CAUSA OFICIOSAMENTE ORDENA NOTIFICAR PERSONALMENTE AL PROCESADO, POR CONDUCTO DE SU DEFENSOR, LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DICTADOS EN EL PROCESO, SIN HABERLO AUTORIZADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA). De la interpretación de lo dispuesto por el artículo 74 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima se desprende que para efectuar una notificación personal de los acuerdos o resoluciones que se dicten en el proceso, al defensor del acusado que deba recibirla a nombre de éste, debe existir previa autorización en ese sentido. De lo que se sigue que si el Juez de la causa oficiosamente ordenó se notificara personalmente al procesado por conducto de su defensor, el relativo al de la vista del asunto a las partes y prevención del cierre de instrucción, es indudable que con ello el juzgador se apartó de las reglas que rigen el procedimiento en materia de notificaciones, si el inculpado en ningún momento autorizó a su defensor a recibirlas, proceder del Juez que constituye una violación procesal que trasciende al resultado del fallo, además deja sin defensa al acusado, pues al no tener conocimiento personal del proveído en donde se comunicaba a las partes del último término para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, implica que no se le suministraron los datos necesarios que le permitieran promover lo que a su derecho conviniera para su defensa, irregularidad que amerita la reposición del procedimiento de conformidad con lo previsto por el numeral 160, fracción VIII, de la Ley de Amparo."

En consecuencia, es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, deje insubsistente la sentencia reclamada emitida el dos de octubre de dos mil uno y ordene la reposición del procedimiento en la causa penal ********** a fin de que el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de José Azueta, antes de cerrar la etapa de instrucción, atienda a cabalidad lo dispuesto en el artículo 100, última parte, en relación con el diverso 92, segundo párrafo, ambos arábigos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, otorgándole así al procesado la oportunidad que le asiste para que, en lo que respecta al proveído de mérito, manifieste lo que a su interés convenga para su defensa, y satisfecho lo anterior, dicte en su oportunidad la sentencia que legalmente corresponda con plenitud de jurisdicción.

La concesión de amparo se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al director general de Prevención y Readaptación Social en el Estado, así como al director del Centro Regional de Readaptación Social, con sede en La Unión, Guerrero, tomando en consideración que tienden a ejecutar una sentencia declarada inconstitucional.

Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 102, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 66, que a la letra establece:

"AUTORIDADES EJECUTORAS. ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.-Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta."

Finalmente, tomando en cuenta el efecto para el que se concede la protección constitucional, resulta innecesario ocuparse del estudio de los argumentos restantes que, en vía de conceptos de violación, esgrimió el amparista, atendiendo al criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 107, sustentada por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, Tomo VI, Materia Común, página 85, que es del tenor literal siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."

Asimismo, es aplicable el criterio que este tribunal de amparo comparte, contenido en la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/316, integrada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 80, agosto de 1994, página 83, que a la letra establece:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos."

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 76 Bis, fracción II; 77, 78, 80, 160, fracción VIII; 188 y 192 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero, para los efectos indicados en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno de este tribunal; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados licenciados Guillermo Esparza Alfaro, Jorge Carreón Hurtado y Xóchitl Guido Guzmán, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.

Conforme a lo previsto en los artículos 3, fracciones II y VI, 8, 13, fracción IV y 14, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21214-109eecbb/violacion-a-las-leyes-del-procedimiento-penal-tramitado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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