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Modo: Corpus Pro

MULTAS ADMINISTRATIVAS. LA INDEBIDA MOTIVACIÓN EN CUANTO AL MONTO IMPUESTO SÓLO GENERA LA NULIDAD PARA EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SI SE RECONOCIÓ LA VALIDEZ DE LA DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA SANCIONADA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 327/2006. · Registro digital (IUS): 19690
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOAQUÍN AUGUSTO CARRILLO PATRACA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, , Pág. 1221.

AMPARO DIRECTO 327/2006. JOAQUÍN AUGUSTO CARRILLO PATRACA.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los conceptos de violación hechos valer son ineficaces.

El quejoso aduce en el primer concepto de violación, que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como del diverso 237 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al resolver los juicios de nulidad que conozca, deberá estudiar todos y cada uno de los puntos controvertidos en los conceptos de anulación, lo que, en su concepto, no ocurrió porque de la sentencia referida se advierte que la Sala responsable se limitó únicamente a declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas por algunos conceptos de anulación, sin entrar al estudio de los restantes, máxime que no se estudiaron aquellos encaminados a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Como apoyo de sus argumentos, invoca las tesis de rubros: "SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDER EL EXAMEN DE TODOS LOS AGRAVIOS.", "SENTENCIA FISCAL. DEBE ANALIZAR TODOS LOS AGRAVIOS Y PRUEBAS QUE SE HICIERON VALER EN EL JUICIO." y "SENTENCIAS DICTADAS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD. PARA QUE SEAN CONGRUENTES DEBEN ANALIZAR TODAS LAS CUESTIONES PROPUESTAS."

El promovente continúa argumentando que la Sala responsable, en primer lugar y de conformidad con el primer párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, debió estudiar todos y cada uno de los conceptos de violación formulados tanto en la demanda de nulidad, como en la ampliación a la misma, lo cual no sucedió, principalmente los relacionados con la ilegalidad de la resolución impugnada, "lo anterior en el entendido que no se estudiaron debidamente los agravios del escrito de demanda, concretamente los referentes a la ilegalidad del crédito fiscal 167874, relativos a que no se fundamenta y motiva debidamente la competencia de la autoridad para determinar el citado crédito fiscal.". Como apoyo de sus argumentos invoca la tesis de rubro: "SENTENCIA FISCAL. DEBE COMPRENDER TODOS LOS CONCEPTOS DE NULIDAD. LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE ALGUNO DE ELLOS AMERITA QUE EN EL AMPARO SE OBLIGUE A LA SALA RESPONSABLE A PRONUNCIAR NUEVO FALLO."

Los argumentos encaminados a controvertir que la Sala Fiscal no analizó los conceptos de anulación esgrimidos en la ampliación a la demanda, son inoperantes, pues de las constancias del juicio de nulidad de que se trata se advierte que el hoy quejoso no realizó ampliación de demanda alguna.

De igual modo, los argumentos tendentes a evidenciar que la Sala responsable no analizó los conceptos de nulidad planteados en la demanda relativa, específicamente los relacionados con la falta de competencia legal de la autoridad demandada, son infundados, pues de la sentencia reclamada se advierte que la Sala Fiscal se pronunció al respecto, sólo que estimó que la autoridad demandada sí tenía competencia para emitir la resolución impugnada. Asimismo, atendió los restantes tres conceptos de nulidad esgrimidos por el actor (dos, tres y cuatro), declarando infundados estos dos últimos y fundado el primero de ellos, por falta de motivación en la multa impuesta, específicamente por cuanto hace al monto actualizado.

El quejoso aduce en el segundo concepto de violación, que la Sala Fiscal sostuvo lo siguiente:

"SEGUNDO. ... Este órgano colegiado considera que los conceptos de impugnación en estudio resultan infundados, atendiendo a que del análisis realizado a la resolución impugnada contenida en el oficio con número de control 15089412891467 de fecha 9 de diciembre de 2004, emitida por la Administración Local de Recaudación de Xalapa, se desprende que acreditó debidamente su competencia en la emisión de tal acto, ya que señaló como fundamento de su competencia entre otros, los artículos 22, fracción II, en relación con el diverso 20, fracciones I, XXII, XXXI y XXXVII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria: ... De los preceptos legales transcritos, se aprecia que en el presente caso la Administración Local de Recaudación de Xalapa tiene facultades para imponer multas por omisión en la presentación de declaraciones lo cual se traduce en una infracción a las disposiciones fiscales, razón por la cual, al considerar como infracción la no presentación de la declaración correspondiente al pago provisional mensual del impuesto sobre la renta, personas físicas actividades empresariales y profesionales agosto de 2004, tenemos que en el caso en estudio la Administración Local de Recaudación de Xalapa, resulta ser competente para imponer la multa que por esta vía se combate ..."

El quejoso estima que dicha determinación es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución, porque la Sala Fiscal indebidamente señaló en la sentencia recurrida que dejaba a salvo las facultades de la autoridad para que si está en posibilidad legal de hacerlo, emita un nuevo acto administrativo, lo cual, en su concepto, resulta ilegal, atento a que:

"... Se declarará que una resolución administrativa es ilegal si se demuestra que en la misma se dejaron de aplicar las disposiciones debidas, en términos de lo que dispone la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, causal de nulidad que en la especie se actualiza, ya que en la resolución impugnada, se dejaron de aplicar las disposiciones debidas como lo es el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, como se demuestra. La Administración Local de Recaudación de Xalapa, al emitir la resolución impugnada, deja de aplicar lo dispuesto en el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, el cual establece los requisitos indispensables que debe reunir todo acto administrativo que se dé a conocer a los particulares, entre los que se encuentra el referente a que debe estar debidamente fundado y motivado, requisitos sin los cuales resulta ilegal. La ley, la doctrina y la jurisprudencia coinciden plenamente en que, por motivación debe entenderse la cita clara y precisa de las disposiciones legales que autorizan la emisión del acto de molestia y el consecuente actuar de la autoridad correspondiente, y por motivación se entiende también, la expresión clara y precisa de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de la resolución impugnada, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Ahora bien, en la resolución impugnada la Administración Local de Recaudación demandada, dejó de aplicar las disposiciones debidas, como lo es el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, ya que en la resolución que se está impugnando no están debidamente fundadas y motivadas. Así, del simple análisis de la misma, se aprecia únicamente una relación de artículos, que de ninguna forma son suficientes para tener por satisfecho el requisito de la debida fundamentación. Lo anterior así es, ya que la autoridad únicamente se limita a establecer como fundamentación de la resolución administrativa impugnada, el artículo 20, fracción XXXVII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. En efecto, de la lectura que se realice a la supuesta fundamentación de la multa impuesta al suscrito, se aprecia claramente, que la Administración Local de Recaudación demandada no especifica en qué artículo fundamenta su competencia como Administración Local de Recaudación de Xalapa, para emitir la resolución administrativa a través de la que se le impone a mi mandante el ilegal crédito fiscal con número 167874, ya que pretende fundar su competencia en el artículo 20, fracción XXXVII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, pero del estudio que se realice del mismo, vemos que no le otorga facultades a la autoridad para imponer el tipo de multa por la infracción que por esta vía se impugna, pues expresamente señala: ‘Artículo 20. Compete a la Administración General de Recaudación: ... XXXVII. Imponer las multas por infracción a las disposiciones fiscales, en la materia de su competencia.’. De lo transcrito, se desprende la violación aducida, toda vez que éste señala que las Administraciones Locales de Recaudación estarán facultadas para imponer multas en la materia de su competencia, lo que a contrario sensu significa que existen otras unidades administrativas que tienen competencia para imponer multas por infracciones a las disposiciones fiscales, y en el caso que nos ocupa, la autoridad administrativa emisora del acto de molestia, no invoca precepto legal alguno que establezca que son las competentes para imponer las multas que por esta vía se impugnan, por lo que definitivamente se debió haber precisado por ésta el dispositivo exacto que señale que las multas impuestas son competencia de dicha administración. En este tenor, se deja al suscrito en estado de indefensión, al no estar en posibilidad de saber si las multas impuestas son competencia de la Administración Local de Recaudación de Xalapa, pues el numeral en el que se fundamenta establece textualmente que existen otras unidades administrativas que tienen esa competencia de imponer multas, y de esta forma, alegar lo que en mi derecho corresponda. Dicha actuación resulta del todo ilegal, pues la exigencia de que todo acto de autoridad esté suficientemente fundado, es con el propósito primario de que las autoridades representantes del Estado demuestren que existen disposiciones legales que apoyan su actuar, haciendo ver a los particulares que su actuar no es arbitrario, pues en un régimen donde impera el derecho, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por nuestro más Alto Tribunal que indica: ‘AUTORIDADES. Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite.’. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo VI. Materia Común. Tesis 100. Pág. 65. También cobra aplicación la tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, que a la letra indica: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. LA AUTORIDAD AL EMITIR EL ACTO DEBE PRECISAR EL NUMERAL EN QUE FUNDAMENTE SUS FACULTADES Y LAS FRACCIONES E INCISOS DE TAL NUMERAL.’. Semanario Judicial. 7a. Época. Volúmenes 121-126. Sexta Parte. Tribunales Colegiados. Pág. 87. Asimismo, conviene señalar que para el supuesto no concedido de que exista precepto legal alguno que establezca que la supuesta infracción cometida es materia de la competencia de la demandada, éste debió señalarse en el propio texto de la resolución administrativa que se impugna, sin que al contestarse la presente demanda se pueda señalar por mi contraria, ya que tal actuar contraviene lo dispuesto por el artículo 215 del Código Fiscal de la Federación, que establece la prohibición de mejorar los fundamentos y motivos de la resolución controvertida, además de que los preceptos legales aplicables al caso deben de asentarse en el propio acto de molestia, de otra suerte se deja al particular en estado de indefensión como ha sucedido en la especie. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia número 76 modificada por acuerdo G/97/90 de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, que a la letra señala: ‘COMPETENCIA. ES NECESARIO FUNDARLA EN EL TEXTO MISMO DEL ACTO DE MOLESTIA.’. Resulta también aplicable al caso en concreto, el criterio sostenido por esta H. Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el día 3 de julio de 1998, el juicio de nulidad 196/98 promovido por Servicios Fábricas, S.A. de C.V., que en su parte conducente señala: ‘... en efecto, el artículo 9 y sus fracciones VII y XIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, únicamente le faculta a la autoridad demandada para vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, asimismo se señala en forma genérica que la autoridad tiene las demás facultades que sean necesarias para llevar a cabo y ejercer las facultades previstas en la ley en comento, así como en su reglamento; asimismo, el artículo 41 y su apartado B, fracción XVI, dispone que es competencia de la Administración Local de Auditoría Fiscal imponer las sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales en las materias de su competencia, lo cual necesariamente demuestra que la autoridad que se tilda de incompetente no invocó precepto legal alguno que le faculte para imponer sanciones con motivo de que no se expidieron comprobantes fiscales que no reúnan los requisitos de ley, puesto que este numeral únicamente señala que la autoridad tiene facultades para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales en la materia de su competencia sin que para ello se haya establecido o bien se haya invocado precepto legal alguno que determine en forma específica cuáles son las disposiciones fiscales que le facultan para imponer infracciones en materia de su competencia, pues el numeral es genérico al no estar determinado en él cuál es la materia de su competencia, por lo que de acorde (sic) a los argumentos que vierte la parte actora, los preceptos que invoca la autoridad no son suficientes para acreditar que el acto combatido está emitido por autoridad competente, conforme lo disponen los artículos 38, fracción IV, del Código Fiscal y 16 constitucional, pues en los preceptos que invoca la autoridad no se señala que la supuesta infracción cometida por la hoy actora sea competencia de la autoridad demandada. Por su parte, la H. Segunda Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, también comparte el criterio antes señalado, lo que se demuestra con la sentencia que dictó al resolver en fecha 22 de octubre de 1999 el juicio de nulidad número 15/99-07-02-2 promovido por Helados y Hamburguesas, S.A. de C.V., manifestó lo siguiente: A criterio de esta Sala juzgadora, el concepto de impugnación que se analiza, se considera fundado y suficiente para declarar la nulidad, en base a los siguientes razonamientos: La incompetencia que se plantea en el caso concreto se somete a consideración de este órgano colegiado en términos del artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, precepto que dispone que se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre la incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado; por lo que la incompetencia podrá hacerse valer de oficio por el tribunal juzgador por ser de orden público, o bien con motivo del agravio manifiesto de la enjuiciante, luego entonces ello obliga a esta Sala juzgadora a avocarse al estudio de este concepto de impugnación. Por lo anterior, tenemos que en efecto la enjuiciante señala que el acto impugnado viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 38, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, advirtiendo para ello que los numerales en que se apoya la autoridad para emitirlo, esto es que el artículo citado en el texto del acto impugnado no le da competencia a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla, para imponer sanciones por expedir comprobantes fiscales que no reúnan los requisitos que establecen las disposiciones fiscales. En efecto, el artículo 7o. y sus fracciones VII y XIII, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria únicamente le facultan a la demandada para vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, asimismo se señala en forma genérica que la autoridad tiene las demás facultades que sean necesarias para llevar a cabo y ejercer las facultades previstas en la ley en comento así como su reglamento; asimismo, el aludido artículo 41 y su apartado B, fracción XVI, dispone que es competencia de la Administración Local de Auditoría Fiscal imponer las sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales en las materias de su competencia, lo cual necesariamente demuestra que la autoridad que se tilda de incompetente no invocó precepto legal alguno que le faculte para imponer sanciones con motivo de que no se expidieron comprobantes fiscales que reúnan los requisitos de ley, puesto que este numeral únicamente señala que la autoridad tiene facultades para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales en las materias de su competencia, sin que para ello se haya establecido o bien se haya invocado precepto legal alguno que determine en forma específica cuáles son las disposiciones fiscales que facultan para imponer infracciones en materia de su competencia, pues el numeral es genérico al no estar determinado en él cuál es la materia de su competencia, por lo que acorde a los argumentos que vierte la actora, los preceptos que invoca la autoridad no son suficientes para acreditar que el acto combatido está emitido por autoridad competente conforme a lo que dispone el artículo 38, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, pues en los preceptos que invoca la autoridad no se señala que la supuesta infracción cometida por la hoy actora sea competencia de la autoridad demandada.’-De las consideraciones vertidas es factible concluir que el agravio en estudio es fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada al actualizarse la causal de anulación prevista en el artículo 238, fracción I, del Código Fiscal de la Federación. Así las cosas, si en el caso la Administración Local de Recaudación de Xalapa no precisó las disposiciones legales que le otorgan facultades para emitir la resolución administrativa materia del presente juicio de nulidad, dicha actuación es carente de fundamentación en contravención al artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, sin embargo debido a lo anterior, y ante la falta de precisión de las disposiciones que le otorgan competencia a la Administración Local de Recaudación de Xalapa para imponer la sanción que nos ocupa, implica que no exista la disposición que le otorgue competencia para emitir la resolución impugnada, y por tanto la referida demandada, Administración Local de Recaudación de Xalapa, sea incompetente para imponerme las multas, actualizándose con ello lo previsto en el artículo 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, tal como se señaló en el agravio tercero de la demanda de nulidad la Administración Local de Recaudación de Xalapa deja de aplicar las disposiciones debidas a que alude el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, ya que la resolución que se está impugnando no está debidamente fundada y motivada, siendo oportuno señalar que es de explorado derecho que por fundamentación debe entenderse la expresión clara y precisa de las disposiciones legales aplicables al acto de molestia y por motivación, la expresión clara y precisa de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto de autoridad, debiendo necesariamente existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Ahora bien, del simple análisis de la resolución impugnada se aprecia que la demandada únicamente señala una relación de artículos, entre los cuales se encuentra el artículo 41, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, el cual no le otorga facultades para actuar en la forma en que lo hizo, ya que el mismo únicamente le otorga competencia a las autoridades fiscales para exigir la presentación de declaraciones, avisos, y demás documentos de carácter fiscal, sin especificar cuáles son las autoridades fiscales, y por otra parte, dicho artículo también autoriza a las autoridades fiscales para imponer la multa que corresponda, sin especificar este artículo, ni ningún otro de los que cita la Administración Local de Recaudación de Xalapa, cuál es la multa que corresponde. En ese sentido, el artículo 41, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, no le otorga competencia a la Administración Local de Recaudación de Córdoba, para imponerle a mi mandante la sanción que se impugna, actuación que es del todo ilegal, pues la exigencia de que todo acto de autoridad esté suficientemente fundado, es con el propósito primario de que las autoridades representantes del Estado demuestren, que existen disposiciones legales que apoyan su actuar, haciendo ver a los particulares que su actuar es arbitrario, pues en un régimen donde impera el derecho, las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite. Al caso, también cobran aplicación las tesis de jurisprudencia, que han sido transcritas en el agravio anterior y que indican al rubro: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. LA AUTORIDAD AL EMITIR EL ACTO DEBE PRECISAR EL NUMERAL EN QUE FUNDAMENTE SUS FACULTADES Y LAS FRACCIONES E INCISOS DE TAL NUMERAL.’. Semanario Judicial. 7a. Época. Volúmenes 121-126. Sexta Parte, Tribunales Colegiados. Pág. 87. ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo VI. Materia Común. Tesis 165. Pág. 111. También tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito que expone: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 Constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo, en materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a) los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b) los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.’. Apéndice. Semanario Judicial. Octava Época. Tomo XI, abril 1993. Tribunales Colegiados. Pág. 127. En este sentido, si la Administración Local de Recaudación de Xalapa, nunca estableció en la resolución impugnada, el dispositivo legal que le otorga competencia para actuar como tal, entonces es a todas luces ilegal la emisión de la resolución impugnada, pues en ella se dejaron de observar las disposiciones debidas como lo es el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, siendo procedente que esa H. Sala declarara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al actualizarse con ello la causal de anulación contenida en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación ..."

Los argumentos anteriores son inoperantes, pues el quejoso se limita a realizar una reproducción textual del primer concepto de nulidad hecho valer ante la autoridad responsable, como se advierte fácilmente de su lectura, visible a fojas dos a seis del expediente relativo al juicio de nulidad, sin que al respecto combata las consideraciones de la Sala Fiscal para desestimar aquel concepto de anulación, consistentes en las siguientes:

"SEGUNDO. Esta juzgadora, por ser cuestión de orden público procede al estudio de los conceptos de impugnación hechos valer por el actor como primero y tercero, por estar relacionados entre sí, y en los que esencialmente aduce que, en la resolución impugnada, la Administración Local de Recaudación de Xalapa, dejó de aplicar las disposiciones debidas, como lo es el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, ya que la resolución que se está impugnando no está debidamente fundada y motivada. Así, del simple análisis de las mismas, se aprecia únicamente una relación de artículos, que de ninguna forma son suficientes para tener por satisfecho el requisito de la debida fundamentación. Lo anterior es así, ya que la autoridad únicamente se limita a establecer como fundamentación de la resolución administrativa impugnada, el artículo 20, fracción XXXVII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, del que se desprende la violación aducida, toda vez que éste señala que las Administraciones Locales de Recaudación estarán facultadas para imponer multas en la materia de su competencia, lo que a contrario sensu significa que existen otras unidades administrativas que tienen competencia para imponer multas por infracciones a las disposiciones fiscales, y en el caso que nos ocupa, la autoridad administrativa emisora del acto de molestia, no invoca precepto legal alguno que establezca que son las competentes para imponer la multa que por esta vía se impugna, por lo que definitivamente se debió haber precisado por ésta el dispositivo exacto que señale que la multa impuesta, es competencia de dicha administración. Asimismo, conviene señalar que para que el supuesto no concedido de que exista precepto legal alguno que establezca que las supuestas infracciones cometidas son materia de la competencia de la demandada, éste debió señalarse en el propio texto de la resolución administrativa que se impugna, sin que al contestarse la presente demanda se pueda señalar por mi contraria, ya que tal actuar contraviene lo dispuesto por el artículo 215 del Código Fiscal de la Federación, que establece la prohibición de mejorar los fundamentos y motivos de la resolución controvertida, además de que los preceptos legales aplicables al caso deben asentarse en el propio acto de molestia, de otra suerte se deja al particular en estado de indefensión como ha sucedido en la especie. En este sentido, si la Administración Local de Recaudación de Xalapa, nunca estableció en la resolución impugnada, el dispositivo legal que le otorga competencia para actuar como tal, entonces es a todas luces ilegal la emisión de la resolución impugnada, pues en ella se dejaron de observar las disposiciones debidas como lo es el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, siendo procedente que esa H. Sala declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, actualizándose con ello la causal de anulación contenida en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación. Que del simple análisis de la resolución impugnada se aprecia que la demandada únicamente señala una relación de artículos, entre los cuales se encuentra el artículo 41, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, el cual no le otorga facultades para actuar en la forma en que lo hizo, ya que el mismo únicamente le otorga competencia a las autoridades fiscales para exigir la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos de carácter fiscal, sin especificar cuáles son las autoridades fiscales, y por otra parte, dicho artículo también autoriza a las autoridades fiscales para imponer la multa que corresponda, sin especificar este artículo, ni ningún otro de los que cita la Administración Local de Recaudación de Xalapa, cuál es la multa que corresponde. La autoridad demandada al respecto, manifestó que el argumento del actor es infundado pues a través del mismo se exige el cumplimiento de requisitos que no son factibles de cumplir, pues la autoridad demandada es competente para imponer dicha multa, misma que se encuentra debidamente acreditada, ya que la autoridad invocó los artículos 22, fracción II, en relación con el 20, fracciones I, XXII, XXXI y XXXVII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de marzo de 2001, los cuales son suficientes para acreditar la competencia de su representada. Este órgano colegiado considera que los conceptos de impugnación en estudio resultan infundados, atendiendo a que del análisis realizado a la resolución impugnada contenida en el oficio con número de control 15089412891467 (foja 15 de autos), de fecha 9 de diciembre de 2004, emitida por la Administración Local de Recaudación de Xalapa, se desprende que acreditó debidamente su competencia en la emisión de tal acto, ya que señaló como fundamento de su competencia, entre otros, los artículos 22, fracción II, en relación con el diverso 20, fracciones I, XXII, XXXI y XXXVII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo de 2001, que disponen lo siguiente: ‘Artículo 20. Compete a la Administración General de Recaudación: I. Establecer la política y los programas que deben seguir las unidades administrativas que le sean adscritas, así como las Administraciones Locales de Recaudación y las autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas, en las materias siguientes: recaudación de contribuciones, aprovechamientos, sus accesorios y productos; contabilidad de ingresos, movimiento de fondos y análisis del comportamiento de la recaudación; pago diferido o en parcialidades de las contribuciones y aprovechamientos omitidos y de sus accesorios; vigilan

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19690-23b1b59c/multas-administrativas-la-indebida-motivacion-en-cuanto-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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