JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE UN REGLAMENTO ANTERIOR CUANDO EN LA FECHA EN QUE SE VERIFICÓ AQUÉLLA EXISTÍA OTRO EN VIGOR, NO DEBE ATENDERSE A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA, SINO A LA NATURALEZA CONTRACTUAL DE LA PRESTACIÓN (APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE JULIO DE 2000).
AMPARO DIRECTO 291/2006. JORGE RAMIRO BARAJAS ARCEAGA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia de conformidad con el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo son fundados.
El quejoso alega que fue jubilado el tres de agosto de dos mil; dos días después de que entró en vigor el nuevo Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y, en consecuencia, su nuevo artículo 82, fracción I.
También indica que el treinta y uno de julio del año dos mil; último día en que estuvo en vigor el anterior Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos reunía todos los requisitos que precisaba el artículo 82, fracción I, pues contaba con una antigüedad de veintinueve años, ciento treinta y nueve días, y sesenta y dos años de edad.
Ahora bien, el solicitante del amparo aclara que el nuevo reglamento para el personal de confianza, que entró en vigor el primero de agosto del año dos mil, contiene una modificación en el apartado de jubilación por vejez, relativa al salario, pues antes de que entrara en vigor, el nuevo artículo 82, fracción I, su anterior redacción señalaba que la jubilación se determinaría de acuerdo a un equivalente del ochenta por ciento del promedio de los salarios que hubiere percibido el trabajador en puestos permanentes en el último año de servicios.
Sin embargo, con la modificación se señaló que se calcularía tomando como base el ochenta por ciento del promedio de salarios ordinarios que hubiere percibido en puestos permanentes en el último año de servicios.
De manera que, según lo alega el quejoso, la modificación del término salarios por el de salarios ordinarios viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Federal, pues en su concepto, la empresa demandada calculó su jubilación sólo a partir de su salario ordinario, cuando debió hacerlo tomando en consideración su salario, con todas sus percepciones, incluyendo el bono del incentivo al desempeño.
Por tanto, el trabajador asume que la Junta debió ordenar que se aplicara el artículo 82 del reglamento en mención, con vigencia de mil novecientos noventa y tres al último de julio de dos mil, pues ya contaba con el derecho adquirido de que su jubilación se calculara con apoyo en el concepto de salarios y no salarios ordinarios.
A fin de atender los argumentos precedentes, es preciso dejar asentadas una serie de premisas, sobre las que se arribará a las consideraciones que diriman los problemas planteados.
En la ejecutoria emitida en el amparo directo 204/2005 del índice del entonces Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, se consideró que si la demandada había decidido motu proprio reformar, adicionar, abrogar, parcial o totalmente el contenido de disposiciones del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, tal determinación no hacía ineficaz la aplicación del artículo 82, fracción I del nuevo reglamento, porque no resultaba necesario agotar el procedimiento indicado en el artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo.
La falta de aplicación del artículo 426, se hizo derivar del hecho de que en este numeral se regula el procedimiento para la modificación de los contratos colectivos, contratos y contratos ley, en los que participan el sindicato, la empresa y la mayoría de los trabajadores. En tanto que las disposiciones del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios son emitidas de manera unilateral por la Dirección de Petróleos Mexicanos, conforme al artículo 13, fracción II de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos.
Por tanto, ante la bilateralidad que tiene lugar en el contrato colectivo, es explicable que deba atenderse a lo señalado en el referido artículo 426, lo que no sucede tratándose de un reglamento expedido por el director general de Petróleos Mexicanos, por lo que se arribó a la conclusión de que debía concederse la protección constitucional para el efecto:
"... de que la Junta deje insubsistente el laudo y, en su lugar, dicte otro, en el que se abstenga de declarar la ineficacia de la modificación que la empresa realizó a la fracción I del artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos, el primero de agosto de dos mil, y con plenitud de jurisdicción, vuelva a resolver lo que en derecho proceda."
En mérito de lo destacado, queda claro que constituye cosa juzgada y está fuera de análisis el hecho de que la empresa haya modificado la fracción I del artículo 82 del Reglamento del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos, el primero de agosto de dos mil dos.
También es un tema que se considera cosa juzgada el hecho de que los estados de cuenta que exhibió el trabajador demuestran que opera a su favor la presunción de que percibía el bono de incentivo al desempeño, conforme a los artículos 42 y 74 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios al tenor de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se invoca a continuación:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVII, marzo de 2003
"Tesis: 2a./J. 20/2003
"Página: 454
"TRABAJADORES DE CONFIANZA DE PETRÓLEOS MEXICANOS. VALOR PROBATORIO DE LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS, PARA DEMOSTRAR LA CANTIDAD QUE RECIBEN POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN MENSUAL. De lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se desprende la facultad de dichas empresas de liquidar el importe de los salarios de sus trabajadores de confianza a través de instituciones bancarias, esto es, mediante depósitos que realice el patrón en determinada cuenta bancaria del trabajador por el importe que corresponda a los salarios respectivos, por lo que los estados de cuenta en los que aparece el nombre de la institución bancaria emisora, así como los depósitos realizados en un determinado periodo, pueden ser considerados como comprobantes de pago de salarios, siempre y cuando los aludidos documentos contengan determinados datos que permitan la identificación de esos pagos, como sucede, por ejemplo, cuando se utilizan términos como los siguientes: ‘depósito por nómina’; ‘nómina 13’; ‘nómina’; ‘nómina para pago interbanca’, lo cual hace presumir que los abonos que se realizan provienen del patrón por concepto de salario del trabajador, pues las cantidades que aparecen en dicho estado de cuenta deben estar, a la vez, consignadas en las nóminas, listas de raya o recibos de salarios que el patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio. En ese tenor, cuando los estados de cuenta bancarios fueron exhibidos en original o en copias que hayan sido cotejadas, con el propósito de demostrar la existencia del pago de una compensación mensual realizado por el patrón en un monto distinto al afirmado por éste, pero por el mismo concepto, para establecer su valor probatorio debe atenderse a diversos elementos, a saber: 1) al contenido y precisión de los documentos; 2) si dichos documentos fueron objetados y el propósito de su objeción y 3) si el objetante demostró o no sus objeciones; por tanto, si el patrón no objeta los estados de cuenta exhibidos en original, éstos harán prueba plena en cuanto a su contenido; por el contrario, si son objetados, es necesario que la objeción se funde en causas que puedan motivar la invalidez del contenido del documento y que dichas causas se comprueben, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al patrón acreditar el monto del salario cuando éste sea controvertido y, en consecuencia, de igual manera le corresponde demostrar las cantidades y conceptos integradores de aquél."
Hay otras consideraciones que también se precisaron en la ejecutoria de amparo 204/2005 que no es necesario destacar.
De igual modo es necesario dejar señalado que la jubilación constituye una prestación laboral que no tiene fundamento en el artículo 123 de la Constitución, ni en la Ley Federal del Trabajo, sino en los contratos de trabajo que la consagran; por lo que, para su otorgamiento y cuantificación, debe estarse a lo que las cláusulas de dichos pactos estipulen, como se explica en las tesis que se transcriben.
"Séptima Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 187-192, Quinta Parte
"Página: 79
"JUBILACIÓN. ES UN DERECHO EXTRALEGAL. La jubilación es una prestación exclusivamente contractual que no está regida por el artículo 123 constitucional, por cuyo motivo, su otorgamiento y fijación en una determinada cantidad, es de origen contractual y por ello la fijación de su monto debe regirse por lo que estipulan los contratos de trabajo debiendo desentenderse las Juntas de Conciliación y Arbitraje que aplican estas disposiciones específicas, de cualquier norma extraña que integre el salario ordinario de un trabajador o que establezca modalidades al mismo."
"Séptima Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Informes
"Tomo: Informe 1981, Parte II
"Tesis: 99
"Página: 70
"JUBILACIÓN. INTEGRACIÓN DE LA PENSIÓN. La jubilación es una prestación que no encuentra su origen en la Ley Federal del Trabajo, sino en algunos de los contratos colectivos de trabajo; consecuentemente, las bases para fijar la pensión no deben buscarse en la ley, sino en las determinaciones o cláusulas relativas de esos contratos."
Así, una vez que se dejaron señalados los puntos que se consideran cosa juzgada y que se determinó que la jubilación es una prestación extralegal, para ubicar adecuadamente el problema a dilucidar es preciso reiterar que el quejoso alega que al haberse cuantificado su pensión jubilatoria al tenor del reglamento que entró en vigor el primero de agosto del año dos mil, se le violaron derechos adquiridos, porque su cálculo se hizo a partir del concepto salarios ordinarios y no por el de salarios que consignaba el artículo 82, fracción I del reglamento anterior, no obstante que reunía todos los requisitos que exigía este precepto para obtener su jubilación.
Este planteamiento no ha sido analizado, por lo que no se encuentra comprendido dentro de los que son cosa juzgada y que preponderantemente se concretaron a evaluar si las modificaciones o reformas al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que estuvo en vigor de mil novecientos noventa y tres al treinta y uno de julio del año dos mil, debía o no sujetarse al procedimiento fijado en el artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo, que tiene relación con el 900 del mismo ordenamiento.
El problema de los derechos adquiridos está relacionado con el tema del ámbito de validez temporal de la norma que tiene sustento en el artículo 14 de la Constitución Federal, que prohíbe aplicar retroactivamente una ley en perjuicio de persona alguna.
En otras palabras, el artículo 14 de la Constitución Federal prohíbe que se aplique una nueva ley a un caso determinado cuando con ello se afectan derechos adquiridos. Para mayor ilustración se invoca el precedente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aborda el punto.
"No. Registro: 176,836
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXII, octubre de 2005
"Tesis: 1a. CXXI/2005
"Página: 704
"RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS. El análisis de retroactividad de las leyes implica estudiar si una determinada norma tiene vigencia o aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley supone la verificación de que los actos materialmente administrativos o jurisdiccionales estén fundados en normas vigentes, y que en caso de un conflicto de normas en el tiempo se aplique la que genere un mayor beneficio al particular."
Con respecto a las teorías sobre la retroactividad, debe decirse que este problema se presenta, generalmente, como un conflicto de leyes emitidas sucesivamente y que tienden a regular un mismo hecho, un mismo acto o una misma situación.
Nuestro Máximo Tribunal del País ha tomado en consideración como parámetros para determinar si una ley es o no retroactiva, por una parte, la teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas de derechos y, por otra, los componentes de toda norma jurídica, como son el supuesto y su consecuencia.
Conforme a la primera teoría, para determinar si un precepto es o no violatorio de garantías, es necesario precisar, en primer lugar, si el quejoso tenía dentro de su haber jurídico los derechos y prestaciones a los que alude o se trataba sólo de una expectativa de derecho, en términos del criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis siguiente:
"Sexta Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: CXXXVI, Primera Parte
"Página: 80
"RETROACTIVIDAD, TEORÍAS DE LA. Sobre la materia de irretroactividad, existen diversidad de teorías, siendo las más frecuentes, la de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas o situaciones abstractas y situaciones concretas, siendo la primera, el mandamiento de la ley, sin aplicación concreta de la misma. El derecho adquirido es definible, cuando el acto realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio; en el segundo, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema Corte, como puede verse en las páginas 226 y 227 del Apéndice al Tomo L del Semanario Judicial de la Federación, al establecer: ‘Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y esta última circunstancia es esencial’. ‘La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos’. ‘Al celebrarse un contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye’."
De esta suerte, un derecho adquirido es aquel por virtud del cual se introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona; en cambio, la expectativa de derecho, es una pretensión de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho. Es decir, mientras que el derecho adquirido constituye un presente, a la expectativa de derecho corresponde un futuro, el cual todavía no se concretiza, por así desprenderse del contenido de la tesis siguiente:
"Séptima Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 145-150, Primera Parte
"Página: 53
"DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado."
Ahora bien, respecto de la segunda de las teorías relativa a los componentes de la norma, nuestro Máximo Tribunal del País en Pleno, al resolver el amparo en revisión 336/95, promovido por Marco Antonio Rentería Cantú y coagraviados, estableció que al conocer del amparo en revisión 2013/94, promovido por Rolando Bosquez Jasso, determinó que dado que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si el supuesto se realiza debe generarse la consecuencia jurídica, lógicamente, para determinar cuándo una norma jurídica cumple con la garantía de no retroactividad, se debe atender al momento de la realización de sus componentes.
En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró:
"Ahora bien, atendiendo al momento en que se realiza el supuesto y consecuencia jurídicos, cabe señalar que generalmente, y, en principio, pueden presentarse las hipótesis siguientes:
"1. Cuando durante la vigencia de una ley se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia jurídicos establecidos por ella; si con posterioridad a ello entra en vigor una nueva disposición legal, ésta no podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto y consecuencia, pues de lo contrario violaría la garantía individual de mérito, atento a que antes de la vigencia de la nueva norma ya se habían realizado los componentes de la ley sustituida.
"2. El caso en el que la norma legal establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas; si dentro de la vigencia de esa norma se actualiza el supuesto y no todas las consecuencias, sino sólo alguna de ellas, una nueva ley no podrá variar las ya ejecutadas, pues de lo contrario violaría la garantía de irretroactividad de la ley, como acontece en la hipótesis expuesta en primer término.
"3. Puede acontecer que la norma legal contemple un supuesto integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia; en este evento, si bajo el tiempo de vigencia de la citada norma se actualiza alguno de esos actos parciales o supuestos, la nueva legislación que se expida no podrá variar los ya producidos, so pena de transgredir la garantía de irretroactividad legal. De aquí se deriva, entonces, que si alguno o algunos de los actos parciales o supuestos previstos por la disposición anterior, que no se ejecutaron durante su vigencia, son modificados por la nueva disposición, esto tampoco va a entrañar violación a la garantía constitucional mencionada, ya que tal acto o supuesto va a generarse bajo el imperio de la nueva ley y, consecuentemente, son a las determinaciones de ésta a las que habrá de supeditarse su realización, así como la consecuencia jurídica que deba producirse."
Sin embargo, el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, tiene una naturaleza contractual, ya que en el mismo se establecen las condiciones de trabajo y las prestaciones extralegales, como el derecho a la pensión, que otorga el patrón a sus empleados.
En este sentido, más que una norma o ley expedida por las autoridades legislativas o un reglamento emanado de la facultad reglamentaria conferida a los titulares de los poderes ejecutivos federal o local, el reglamento aludido tiene una naturaleza propiamente contractual que a partir de una serie de enunciados delimita un listado de derechos y obligaciones, cuya obligatoriedad nace de la voluntad unilateral de quien lo expide, que no obstante, también puede constituir derechos adquiridos, y evaluarse a partir de enunciados normativos, a la luz del principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Federal.
Por tanto, debe tenerse que la declaración unilateral de la voluntad, desde una perspectiva de las obligaciones, indudablemente conforma un instrumento de imputación de deberes y derechos que pueden hacerse exigibles mediante declaración judicial que, según su aplicación en el tiempo, puede irrogar derechos adquiridos, a la luz del principio de irretroactividad, lo que implica que debe atenderse a dos aspectos:
1) El alcance de la obligatoriedad de la declaración unilateral de la voluntad.
2) El análisis de los enunciados contenidos en el reglamento aludido, entendidos como normas, aplicadas en un tiempo determinado, que según la teoría de los derechos adquiridos puede afectarlos o no.
Lo anterior, lleva a entender que el reglamento en cuestión se asiste de una naturaleza jurídica peculiar, pues por un lado, debe considerarse como una manifestación unilateral de la voluntad generadora de obligaciones y consecuencias jurídicas y, por otro, desde la posición de las normas, según sus operativos deónticos: obligaciones, permisiones, prohibiciones o no prohibiciones, que conformen o no derechos adquiridos susceptibles de afectación ante un conflicto de normas en el tiempo.
En la Ley Federal del Trabajo, existen una serie de preceptos encaminados a regular las disposiciones de orden contractual, como los artículos 31, 33 y 34 que son del tenor literal siguiente:
"Artículo 31. Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y la equidad."
"Artículo 33. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.
"Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores."
"Artículo 34. En los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores, se observarán las normas siguientes:
"I. Regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las prestaciones ya devengadas;
"II. No podrán referirse a trabajadores individualmente determinados; y
"III. Cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437."
La fracción I del artículo 34 citada, cobra especial importancia, pues señala que en los convenios que se celebren entre los sindicatos y los patrones que puedan afectar derechos de los trabajadores, regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las prestaciones ya devengadas.
Esta disposición, aun cuando se refiera a los convenios celebrados entre sindicatos y patrones, también debe considerarse aplicable para los reglamentos como el que es materia del presente asunto, pues aun cuando no se haga mención de este tipo de fuente de las obligaciones, el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, permite la aplicación de disposiciones que regulen casos semejantes, a falta de disposición expresa en la Constitución, en la ley o sus reglamentos, o en los tratados internacionales. Este numeral dispone lo siguiente:
"Artículo 17. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad."
Por consiguiente, en el referido Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, se contienen prestaciones extralegales, como son, entre otras, los bonos e incentivos y la propia jubilación, los cuales, desde el punto de vista contractual evidentemente constituyen una manifestación unilateral de la empresa Petróleos Mexicanos, que debe ser analizada de conformidad con instituciones semejantes, conforme al artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, como se verá.
Cabe destacar, según se señaló, que el artículo 17 establece que a falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., debe acudirse a sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.
En este entendido, es preciso remitirse, en primer término, a las disposiciones contenidas en el propio código laboral, de manera que si una vez agotado este ordenamiento no aparece alguna disposición derivada de sus reglamentos, la Constitución o de los tratados, por medio de la cual se pueda delimitar o evaluar el alcance normativo de una manifestación unilateral de la voluntad, como la contenida en el reglamento que se analiza, debe atenderse a los principios generales del derecho, que por su amplitud, pueden incorporarse a cualquier materia.
Sobre esta base, de inicio, el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo, contiene una norma relacionada con los contratos que ordena a las partes a obligarse a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conforme a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad, que conforman principios generales aplicables no sólo a la materia laboral, sino a otras materias.
De suerte que los principios, por su naturaleza jurídica, no forman parte de una familia específica de normas, sino son comunes a todas por orientar el significado que debe asignarse a las proposiciones normativas según los valores vigentes en un momento y lugar determinados.
Por tanto, los principios emanados de la Constitución o incluso de distintas normas legales, pueden ser aplicados de modo inequívoco, pues nadie pondría en duda que se debe privilegiar la buena fe, salvaguardar la moral, el derecho, las buenas costumbres, el respeto a la libertad, a la dignidad, igualdad, equidad, o al conocimiento de la verdad entre otras muchas prescripciones.
Ahora bien, es indudable que no hay un catálogo de principios generales del derecho a partir de los que se pueda hacer una selección como si fueran normas de derecho enunciadas en un ordenamiento especial.
Empero, es indudable que dichos principios se encuentran inmersos en el orden constitucional y legal, pues en los artículos 14, 40, 116, fracción II, 128, 130 y 133 de la Constitución Federal, se reconoce su aplicación. Incluso, en la interpretación constitucional ha sido necesario valerse de los principios que prevalecen en su texto, según los valores e instituciones que se pretendieron salvaguardar por el Constituyente, como lo ilustra la tesis siguiente:
"Registro No. 196537
"Localización:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VII, abril de 1998
"Página: 117
"Tesis: P. XXVIII/98
"Tesis Aislada
"Materia(s): Constitucional
"INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR. El propio artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos autoriza, frente a la insuficiencia u oscuridad de la letra de la ley, utilizar mecanismos de interpretación jurídica. Al desentrañar el sentido y alcance de un mandato constitucional deben privilegiarse aquellos que permitan conocer los valores o instituciones que se quisieron salvaguardar por el Constituyente o el Poder Revisor. Así, el método genético-teleológico permite, al analizar la exposición de motivos de determinada iniciativa de reforma constitucional, los dictámenes de las Comisiones del Congreso de la Unión y el propio debate, descubrir las causas que generaron determinada enmienda al Código Político, así como la finalidad de su inclusión, lo que constituye un método que puede utilizarse al analizar un artículo de la Constitución, ya que en ella se cristalizan los más altos principios y valores de la vida democrática y republicana reconocidos en nuestro sistema jurídico."
Por ello, los principios jurídicos, aparecen no sólo en la Ley Federal del Trabajo, sino también en otros ordenamientos como el Código Civil.
Ahora bien, según se indicó, el artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo, es un auxiliar específico para los contratos laborales, particularmente en lo que toca a que los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad.
Por su parte, el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, señala que en el caso de duda sobre normas de trabajo, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador.
Empero, tales preceptos no son suficientes para analizar una prestación de carácter extralegal, como lo es la jubilación, pues no está contenida en la Ley Federal del Trabajo ni en la Constitución y en este sentido, es preciso asistirse no sólo de los principios generales del derecho, sino de otras normas, que integren las lagunas legales, lo que conduce a sostener que este caso, en el que se abordan derechos sustantivos, que no se encuentran en la Ley Federal del Trabajo, ni en la Constitución, debe resolverse conforme a instituciones semejantes, aun de otras materias, que suplan las deficiencias de los artículos 18 y 31 de la Ley Federal del Trabajo.
Lo anterior tiene fundamento en los artículos 14 constitucional, 158 párrafo segundo de la Ley de Amparo, 17, 18 y 31 de la Ley Federal del Trabajo.
Incluso, hay otros casos, en los que se han ap
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22758-fe2505b2/jubilacion-de-los-trabajadores-de-confianza-de-petroleos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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