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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN DE INVALIDEZ. NO LE ES APLICABLE EL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2001. INTERPRETACIÓN DE NORMAS DE TRABAJO. AL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE DICIEMBRE DE 2001, QUE DEFINE CLARAMENTE EN QUÉ CASOS SE APLICARÁN LOS FACTORES AHÍ ESTABLECIDOS PARA EL CÁLCULO DEL INCREMENTO DE LAS PENSIONES PRECISADAS EN ÉL, NO LE ES APLICABLE LA INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 345/2006. · Registro digital (IUS): 19693
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUAN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, , Pág. 1251.

AMPARO DIRECTO 345/2006. JUAN HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son infundados los conceptos de violación.

Juan Hernández Gutiérrez presentó demanda laboral en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, reclamando el pago de la cantidad de $141.12 (ciento cuarenta y un pesos con doce centavos M.N.), por concepto de diferencias por mes en el pago de su pensión por incapacidad parcial permanente y las diferencias mensuales que se sigan devengando hasta el momento en que el instituto le pague voluntariamente dichas diferencias que le corresponden con base en la reforma a la Ley del Seguro Social de veinte de diciembre de dos mil uno, dentro del artículo décimo cuarto transitorio, inciso b), de dicha reforma, más los incrementos que en lo sucesivo se generen por el aumento a la mensualidad de su pensión anual al aplicarle por multiplicación del factor de 1.1 sobre el importe de su pensión a partir del quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

Como hechos precisó ser pensionado por incapacidad parcial permanente, con número de afiliación 0360-43-2065-9, y estar adscrito a la Clínica Número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Instituto Mexicano del Seguro Social al producir contestación a la demanda instaurada en su contra, de manera total se excepcionó aduciendo que es improcedente y que el actor carece de acción y de derecho para reclamar de su representado el pago de $141.12 (ciento cuarenta y un pesos con doce centavos M.N.), por concepto de diferencias por mes en el pago de su pensión por incapacidad parcial permanente, así como el pago de supuestas diferencias mensuales que, según dice, se sigan devengando hasta el momento en que el instituto le pague voluntariamente las diferencias; que de igual manera resultan improcedentes los incrementos al aumento de la mensualidad de su pensión, la cantidad resultante de aplicar el factor de 1.1 sobre el importe a partir de la fecha que refiere, dado que el actor no se encuentra dentro de lo que establece el artículo décimo cuarto transitorio respecto de la reforma de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de veinte de diciembre de dos mil uno, pues se refiere a las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez, y no a la pensión de incapacidad parcial permanente.

Seguido el juicio por sus cauces legales, el doce de agosto de dos mil cinco, la Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado dictó laudo en el cual absolvió al Instituto Mexicano del Seguro Social de todos y cada uno de los conceptos reclamados por el actor.

Como primer concepto de violación aduce el quejoso que, contrario a lo sostenido por la responsable, sí se encuentra en los supuestos que contiene el artículo décimo cuarto transitorio, inciso b), de la Ley del Seguro Social reformada el veinte de diciembre de dos mil uno, puesto que su pensión le fue otorgada con fundamento en el título segundo, capítulo V, de la abrogada Ley del Seguro Social, el cual afirma se refiere a los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, y que en el artículo 121, de la sección primera, se establecen los riesgos protegidos en ese capítulo, y que entre ellos figura el de invalidez, por lo que considera que ello es suficiente para estimar que los pensionados por invalidez tienen derecho a los beneficios otorgados en el citado artículo décimo cuarto transitorio, inciso b), de la Ley del Seguro Social reformada.

Es infundado dicho argumento porque, contrario a lo aducido por el quejoso, la determinación de la Junta responsable resulta apegada a derecho, en virtud de que el promovente del amparo no se encuentra en los supuestos a que se refiere el artículo décimo cuarto transitorio, inciso b), del decreto de veinte de diciembre de dos mil uno, mediante el cual se reformó la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación de esa misma fecha y que entrara en vigor a partir del veintiuno de diciembre de dicho año, con las salvedades especificadas en el artículo transitorio citado, que a la letra señala:

"Décimo cuarto. Las pensiones otorgadas con fundamento en el título segundo, capítulo V, secciones tercera y cuarta de la Ley del Seguro Social publicada en Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973 y en el título segundo, capítulo VI, secciones segunda y tercera de la Ley del Seguro Social vigente, otorgadas hasta el inicio de vigencia del presente decreto, se determinarán de acuerdo con los factores y modalidades siguientes:

"a) Los pensionados cuyo monto de pensión sea menor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, ésta se incrementará hasta igualar dicho salario mínimo;

"b) Los pensionados de 60 años o más, con pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el monto de su pensión será el resultado de multiplicar la pensión que reciban al 31 de marzo del 2002, por el factor 1.1.

"Para todas las viudas cuya pensión sea igual o menor a 1.5 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, el monto de su pensión será el que resulte de multiplicar la pensión que reciban al 31 de marzo del 2002, por un factor de 1.1111. Este supuesto se aplicará a aquellas viudas con pensiones otorgadas hasta el inicio de vigencia del presente decreto.

"Los incrementos previstos en este artículo se aplicarán a partir del 1o. de abril de 2002."

En dicho numeral se estableció la forma en que deben determinarse las pensiones a partir del uno de abril del dos mil dos, siempre que hubieren sido otorgadas con fundamento en el título segundo, capítulo V, secciones tercera y cuarta, de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, que establece:

"Título segundo. Del régimen obligatorio del Seguro Social

"...

"Capítulo V. De los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte

"Sección tercera. Del seguro de vejez ...

"Sección cuarta. Del seguro de cesantía en edad avanzada".

Conforme al título segundo, capítulo sexto, secciones segunda y tercera, de la Ley del Seguro Social vigente en dos mil uno, establece lo siguiente:

"Título segundo. Del régimen obligatorio

"...

"Capítulo sexto. Del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

"Sección segunda. Del ramo de cesantía en edad avanzada

"Sección tercera. Del ramo de vejez".

Ahora bien, asiste razón al quejoso al señalar que el capítulo V del título segundo de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres se refería a los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, pero no tiene razón por cuanto a que ello le autorice su reclamo, puesto que en el numeral antes transcrito se precisa que dicha disposición es aplicable para aquellos a quienes les hubiere sido otorgada la pensión conforme al título segundo, capítulo V, secciones tercera y cuarta, de la ley abrogada; secciones entre las cuales no se encuentra el seguro de invalidez, puesto que éste quedaba comprendido en la sección segunda del propio capítulo.

Por cuanto a la Ley del Seguro Social vigente al momento en que entró en vigor la reforma de veinte de diciembre de dos mil uno, se tiene que el capítulo VI del título segundo se refiere al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y sus secciones segunda y tercera se refieren al ramo de cesantía en edad avanzada y de vejez, respectivamente; por lo que resulta acertada la decisión de la responsable al señalar que el quejoso no encuadra en los supuestos del artículo décimo cuarto transitorio, inciso b), del decreto que reformó la Ley del Seguro Social, puesto que tal y como el propio quejoso lo sostuvo, tanto en su demanda laboral como en su demanda de amparo, su pensión le fue otorgada por incapacidad parcial permanente, rubro que no se encuentra consignado en las secciones especificadas por el citado artículo transitorio, de modo que, tal y como lo señaló la Junta, su reclamo es improcedente.

A mayor abundamiento, cabe establecer que el artículo décimo cuarto transitorio del citado decreto, señala que a partir del primero de abril de dos mil dos las pensiones otorgadas con fundamento en el título segundo, capítulo V, secciones tercera y cuarta, de la Ley del Seguro Social publicada el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, y las conferidas conforme al título segundo, capítulo VI, secciones segunda y tercera, de la ley vigente al momento de la publicación del mencionado decreto reformatorio, se determinarán de acuerdo con los factores ahí señalados, y en su inciso b) refiere que a los pensionados de sesenta años o más que tengan una pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, deberá aplicárseles el factor de 1.1 al momento de la pensión que reciban al treinta y uno de marzo de dos mil dos; de manera que si la pensión de incapacidad no se encuentra prevista en los fundamentos expresados, es decir, ni en las secciones tercera y cuarta del capítulo V del título segundo de la ley vigente en mil novecientos setenta y tres, ni tampoco en las secciones segunda y tercera del capítulo VI, título segundo, de la ley en vigor, al publicarse la reforma; entonces, resulta improcedente el reclamo del quejoso, puesto que su pensión le fue otorgada por concepto de incapacidad parcial permanente y, en ese caso, no puede gozar del beneficio establecido en el decreto reformatorio al no ubicarse en los supuestos exigidos para ello; por lo que la determinación del tribunal del trabajo, así emitida, no implica la introducción de distinción alguna a la norma en perjuicio del quejoso, sino únicamente la aplicación estricta del dispositivo en conflicto.

Es aplicable, al respecto, por identidad en las razones que la informan, la tesis IV.3o.T.144 L, sustentada por este propio Tercer Tribunal Colegiado, visible en la página 1000 del Tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"PENSIÓN DE INVALIDEZ. NO LE ES APLICABLE EL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2001. El artículo décimo cuarto transitorio de dicho decreto señala que a partir del primero de abril de dos mil dos las pensiones otorgadas con fundamento en el título segundo, capítulo V, secciones tercera y cuarta, de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, y las conferidas conforme al título segundo, capítulo VI, secciones segunda y tercera, de la ley vigente al momento de la publicación del mencionado decreto, se determinarán de acuerdo con los factores ahí señalados, y en su inciso b) establece que a los pensionados de sesenta años o más que tengan una pensión igual o mayor a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, deberá aplicársele el factor de 1.1 al monto de la pensión que reciban al treinta y uno de marzo de dos mil dos; de donde se desprende que dicho incremento se aplicará a las pensiones que se otorgaron conforme a las secciones tercera y cuarta del capítulo V, título segundo, de la ley anterior, así como a las secciones segunda y tercera del capítulo VI del título segundo de la actual legislación, que se refieren a los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, respectivamente; consecuentemente si la pensión de invalidez no se encuentra prevista en alguna de las secciones mencionadas de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres ni de la ley en vigor al publicarse la reforma, resulta improcedente el aumento de dicha pensión en términos del referido artículo transitorio, por no estar contemplada en ninguna de ellas."

Es infundado el segundo concepto de violación en el que alega el quejoso que la responsable debió haber aplicado lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo, porque a su consideración se suscitó duda en relación a que si le correspondía o no la aplicación del artículo décimo cuarto transitorio, inciso b) citado; por lo que estima que si él fue pensionado por incapacidad parcial permanente conforme a la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, debió haber considerado la responsable que también le era aplicable dicho dispositivo.

Es infundado el anterior concepto de violación, toda vez que no existe la duda que refiere el demandante de amparo, puesto que tal y como se precisó en consideraciones que anteceden, el artículo décimo cuarto transitorio señala categóricamente que deberán seguirse las reglas fijadas en él para determinar el monto de la pensión de las personas que hubiesen sido pensionadas conforme al título segundo, capítulo V, secciones tercera y cuarta, de la Ley del Seguro Social vigente en mil novecientos setenta y tres, y en el título segundo, capítulo VI, secciones segunda y tercera de la ley en vigor en el año dos mil uno; secciones en las cuales no se encuentra comprendida la pensión por incapacidad parcial permanente, de modo que si ésta no encuadra en los supuestos específicos, no hubo ambigüedad ni duda por la que debiera ocurrirse a esos numerales, y deviene correcta la decisión de la Junta responsable al señalar que no procede el reclamo del ahora quejoso.

En efecto, el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo establece dos condiciones que deben observarse en la interpretación de las normas laborales:

1. Que se tomarán en consideración sus finalidades precisadas en los diversos artículos segundo y tercero; y,

2. Que en caso de duda debe prevalecer la interpretación más favorable al trabajador.

Cabe señalar que para la aplicación de esta última es menester que exista duda en el sentido de la norma, es decir, que su texto pueda admitir por lo menos dos significados o sentidos; sin embargo, el artículo décimo cuarto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno, mediante el cual se reformó la Ley del Seguro Social, claramente define en qué casos se aplicarán los factores ahí establecidos para el cálculo de las pensiones precisadas en él; de manera que debe estarse a lo expresamente señalado en dicha norma, pues no da lugar a dudas al especificar que esos factores serán aplicables únicamente a las pensiones otorgadas conforme al título segundo, capítulo V, secciones tercera y cuarta, de la Ley del Seguro Social, publicada en mil novecientos setenta y tres, y conforme al título segundo, capítulo VI, secciones segunda y tercera, de la ley en vigor al producirse la reforma, entre las cuales no figura la pensión de incapacidad parcial permanente otorgada al quejoso, por lo que si el referido artículo décimo cuarto transitorio no presenta ambigüedad y no existe duda en relación con su interpretación, no procede aplicar el principio establecido en el citado artículo 18 de la legislación laboral.

Al respecto, este tribunal federal emitió la tesis IV.3o.T.145 L, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, página 979, que a la letra dice:

"INTERPRETACIÓN DE NORMAS DE TRABAJO. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES APLICABLE ÚNICAMENTE CUANDO EXISTE AMBIGÜEDAD EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 20 DE DICIEMBRE DE 2001). El artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo establece dos condiciones que deben observarse en la interpretación de las normas laborales, a saber: 1) que deben tomarse en consideración sus finalidades precisadas en los diversos artículos 2o. y 3o.; y, 2) que en caso de duda debe prevalecer la interpretación más favorable al trabajador; cabe señalar que para la aplicación de esta última es menester que exista duda en el sentido de la norma, es decir, que su texto pueda admitir por lo menos dos significados o sentidos; ahora bien, el artículo décimo cuarto transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil uno, claramente define en qué casos se aplicarán los factores ahí establecidos para el cálculo del incremento de las pensiones precisadas en él, esto es, que esos factores serán aplicables únicamente a las pensiones otorgadas conforme al título segundo, capítulo V, secciones tercera y cuarta, de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, y conforme al título segundo, capítulo VI, secciones segunda y tercera, de la ley en vigor al publicarse la reforma, entre las cuales no figura la pensión otorgada a los quejosos, por lo que si el referido artículo décimo cuarto transitorio no presenta ambigüedad y no existe duda en relación con su interpretación, no procede aplicar el principio establecido en el citado artículo 18."

Es infundado el tercer concepto de violación que hace valer el quejoso en el que manifiesta que la responsable infringió en su perjuicio los propios artículos 17 y 18 de la Ley Federal del Trabajo, al inobservar el principio general de derecho que establece que "donde la ley no distingue no le es dable al juzgador distinguir"; argumento que debió aplicársele, puesto que el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social, reformada el veinte de diciembre de dos mil uno, no discrimina a los pensionados por invalidez para privarlos de un incremento en sus pensiones, quienes se encuentran en mayores desventajas que los pensionados por cesantía y vejez, debido a las limitaciones que presentan en su cuerpo por su edad.

Es infundado dicho argumento, atento a que, contrario a lo que alega, el legislador sí excluyó a los pensionados por invalidez de los beneficios apuntados en el citado artículo décimo cuarto transitorio. Esto lo hizo al señalar que dicho numeral solamente sería aplicable a aquellas personas que hubieren obtenido su pensión hasta la entrada en vigor de la reforma a la Ley del Seguro Social de veinte de diciembre de dos mil uno, conforme al título segundo, capítulo V, secciones tercera y cuarta, de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres, o con lo dispuesto en el título segundo, capítulo VI, secciones segunda y tercera, de la Ley del Seguro Social vigente al momento de la reforma, y si como se precisó anteriormente, el rubro de invalidez no se encontraba previsto en la sección segunda de la ley de mil novecientos setenta y tres, así como en la sección segunda del capítulo V del título segundo de la propia ley vigente en el año dos mil uno, en que se produjo la reforma cuya aplicación reclama el quejoso; de modo que si fue el propio legislador quien determinó claramente en qué casos se aplicaría dicha reforma y a quien no, carece de razón el promovente de garantías, pues no es la autoridad responsable quien está distinguiendo o discriminando a los pensionados por invalidez para privarlos del beneficio estatuido en el numeral en conflicto, sino que, con absoluto apego a derecho, decidió que no le es aplicable al actor y, por ende, absolvió correctamente al instituto demandado.

Siendo infundado lo que se arguye en el concepto en estudio en cuanto a que los pensionados por invalidez se encuentran en mayores desventajas que los pensionados por cesantía o vejez, y que por ello deba concedérsele el beneficio previsto en el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley del Seguro Social reformada el veinte de diciembre de dos mil uno, pues si esa hubiese sido la percepción del legislador así lo habría plasmado, pero como se vio, únicamente se comprenden a los pensionados por cesantía y vejez, por lo que debe aplicarse el precepto en tales términos.

Finalmente, en el cuarto concepto de violación aduce el quejoso que el aumento otorgado en el artículo décimo cuarto transitorio, considerando un factor de 1.1 sobre el valor mensual de la pensión, equivale a lo que corresponde proporcionalmente al bono anual que se otorgaba a todos los pensionados con anterioridad a enero de dos mil, por lo que refiere que tal aumento se traduce en un bono mensual que debe concederse a todos los pensionados, incluidos los de invalidez.

Lo anterior resulta inatendible, pues como se estableció al inicio del presente considerando, el hoy quejoso reclamó el concepto de diferencias en el pago de su pensión por la cantidad de $141.12 (ciento cuarenta y un pesos 12/100 M.N.) en forma mensual, con base en la reforma a la Ley del Seguro Social de veinte de diciembre de dos mil uno, artículo décimo cuarto transitorio, inciso b); sin embargo, ni en su demanda, ni en la etapa de demanda y excepciones hizo valer los argumentos que ahora formula, en el sentido de que el aumento solicitado debía traducirse en un bono mensual que corresponde proporcionalmente al bono anual que se otorgaba a todos los pensionados con anterioridad a enero de dos mil, ni adujo nada en el sentido de que el supuesto bono anual equivalía al aumento mensual que se estableció en el artículo décimo cuarto transitorio, inciso b), de la Ley del Seguro Social, reformada el veinte de diciembre de dos mil uno.

Por tanto, es evidente que al no haber formado parte de la litis las inconformidades que hace valer el impetrante, la Junta no estuvo en aptitud de pronunciarse al respecto, al no haberse sometido a su potestad la alegación que en esta vía formula el quejoso, lo que impide a este órgano colegiado efectuar análisis alguno, precisamente por tratarse de un elemento ajeno a la litis que se fincó en el juicio.

Al respecto, se comparte la tesis 751, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen II, página 627, que dispone literalmente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ALEGACIONES AJENAS A LA LITIS EN LOS.-Resultan inatendibles las alegaciones expuestas por el impetrante, en las que pretende variar lo fijado en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ya que con posterioridad a esta última pretende introducir elementos nuevos, que no pueden ser analizados al ser ajenos a la litis."

Por lo anterior y al resultar infundados por una parte, e inatendibles por otra, los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 158 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Juan Hernández Gutiérrez, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mismos que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, integrado por los Magistrados Daniel Cabello González, Enrique Cerdán Lira y José Luis Torres Lagunas, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19693-2a968fe6/pension-de-invalidez-no-le-es-aplicable-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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