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Modo: Corpus Pro

DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SU EXAMEN NO SÓLO DEBE ATENDER A SU APARTADO DE CONCEPTOS DE ANULACIÓN, SINO A CUALQUIER PARTE DE ELLA DONDE SE ADVIERTA LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ESENCIALES DE LA CAUSA DE PEDIR.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 33/2006. · Registro digital (IUS): 21685
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUAN MANUEL ZAMUDIO DÍAZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, , Pág. 1343.

AMPARO DIRECTO 33/2006. JUAN MANUEL ZAMUDIO DÍAZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Los conceptos de violación expresados son fundados, con apoyo en los siguientes razonamientos.

El quejoso estima que se violó el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el 64, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que oficiosamente debió decretar que el procedimiento en cuestión, es decir, el origen del procedimiento administrativo, debió llevarse a cabo en el lugar en el que ocurrieron los hechos y que dieron motivo a la investigación administrativa, toda vez que al hacerlo así se viola lo pregonado por el artículo 14 constitucional, al no cumplirse las formalidades esenciales de un procedimiento; y, por ende, decretar su prescripción, es decir, por ministerio de ley, en debida concatenación con el artículo en cita.

El impetrante de garantías señala que se transgredieron los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la incompetencia que tiene el módulo regional del órgano interno de control con sede en Poza Rica, Veracruz, nunca se ha hecho valer a favor de los intereses del quejoso, lo cual nulifica el procedimiento previo, el ofrecimiento, notificación, aportación de pruebas, alegatos y en sí toda la audiencia de derecho citado en el numeral 42 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, toda vez que conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública establece a los titulares de las áreas de responsabilidades la obligación de iniciar e instruir el procedimiento de investigación y no los faculta para delegar estas atribuciones, por lo cual, el procedimiento está viciado de origen y las documentales ofrecidas, así como el desahogo de la diligencia en cuestión carecen de legitimidad, por lo que aun cuando no fuera observada durante el procedimiento administrativo debe analizarse la legalidad del procedimiento y oficiosamente cumplir con dichos requisitos, por lo que debe declararse nulo el procedimiento y ordenar su reposición.

Ahora bien, en la demanda del juicio contencioso administrativo en el apartado de antecedentes se advierte:

"... 3. Desde este momento opongo la excepción de incompetencia en contra del Órgano Interno de Control en PEMEX Exploración y Producción, toda vez que en su oficio número CI-AR-PEP-18-575/2083/2004, de fecha 26 de mayo de 2004, determina iniciar el procedimiento administrativo previsto por el artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, careciendo de competencia para tramitar el presente asunto, no invoca el artículo o disposición relativa a PEMEX Exploración y Producción que reconozca la competencia de la autoridad signante del oficio en cuestión para conocer y tramitar el procedimiento que nos ocupa.-Al carecer de fundamento legal que le otorgue atribuciones para conocer el presente procedimiento administrativo, contraviene lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-4. El Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, mediante el oficio número CI-AR-PEP-18-575/2083/2004, de fecha 25 de mayo de 2004, del expediente número CI-R-PEP-054/2004, establece que los hechos materia del procedimiento administrativo que nos ocupa, ‘... firmó la evaluación técnica de propuestas de fecha 12 de junio de 2001, de la licitación pública nacional número 18575084-039-01, celebrada para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo a ductos mediante protección catódica del activo de producción Burgos Reynosa ...’. Consecuentemente, se encuentra prescrita la acción administrativa que nos ocupa, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ..."

Por otra parte, el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación establece:

"Artículo 237. Las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.-Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia o resolución de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.-Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.-Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.-En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada."

De dicha transcripción se advierte que por disposición legal las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa están obligadas a resolver la pretensión efectivamente planteada en la demanda del juicio contencioso administrativo en relación con la resolución impugnada, pudiendo incluso, invocar hechos notorios; además, tienen el deber de examinar, entre otras cosas, los agravios, causales de ilegalidad y demás razonamientos de las partes.

En este orden de ideas, se colige que la demanda de nulidad constituye un todo, por lo que su interpretación debe ser integral y completa, es decir, su examen no debe circunscribirse al apartado de los conceptos de nulidad, de suerte que cuando de su lectura se advierte que se expusieron los motivos esenciales de la causa de pedir, no contenidos en el apartado de "agravios o conceptos de nulidad o violación", debe considerarse que forman parte de ella, a fin de resolver la litis conforme a la pretensión que en realidad se deduzca de los argumentos planteados por el actor, en relación con la resolución impugnada, en aras de emitir un fallo no sólo completo, sino también justo, tal como lo establece el artículo 237 del código en comento; estimar lo contrario se apartaría del derecho y sería violatorio del artículo 14 constitucional, al constituir una violación a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de nulidad, la cual trasciende al sentido del fallo y limita la capacidad de defensa del particular afectado.

Así las cosas, si se hizo valer la incompetencia del Órgano Interno de Control en PEMEX Exploración y Producción, y la prescripción de la acción administrativa, sin que se advierta un análisis sobre dichas excepciones, ya que dada la redacción del fallo en examen no se advierte que esté comprendido dentro del apartado declarado inoperante, es inconcuso que debe hacerse un pronunciamiento sobre dicho tópico.

En consecuencia, al resultar cierta parte de las violaciones aducidas trascendiendo al sentido de la sentencia reclamada, resulta por ello innecesario hacerse cargo de los demás argumentos expresados.

En apoyo del criterio precedente, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número tres sostenida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ocho del Informe de Labores de mil novecientos ochenta y dos, Parte II, Séptima Época, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.-Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."

En las relatadas consideraciones, lo que procede es conceder el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Juan Manuel Zamudio Díaz, por su propio derecho, en contra de la sentencia que reclama de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dictada el diecisiete de octubre de dos mil cinco, en el juicio de nulidad 7785/05-17-05-6.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y en su oportunidad, archívese el expediente; regístrese la resolución en términos del segundo párrafo del punto segundo del Acuerdo General 15/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el diverso 87/2003, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados, presidente F. Javier Mijangos Navarro, Alberto Pérez Dayán y Adela Domínguez Salazar, siendo relator el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21685-cc9f1fba/demanda-en-el-juicio-contencioso-administrativo-federal-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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