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Modo: Corpus Pro

NULIDAD PARA EFECTOS. EXISTE INTERES JURIDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO UNA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD PARA EFECTOS DE UNA RESOLUCION NEGATIVA FICTA, SI EL QUEJOSO PRETENDE QUE DEBIO SER LISA Y LLANA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/90. · Registro digital (IUS): 197
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Octava Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Mayo de 1994, , Pág. 88.

CONTRADICCION DE TESIS 34/90. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciocho de abril de mil novecientos noventa y cuatro.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Por escrito presentado el trece de septiembre de mil novecientos noventa en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remitido al día siguiente a la Segunda Sala, Carlos A. Perera Morales, quien se ostentó como representante legal de Omnibus de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Transportes Monterrey Cadereyta Reynosa, Sociedad de Capital Variable, y autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo por Omnibus Cristóbal Colón, Sociedad Anónima de Capital Variable, ocurrió a denunciar contradicción de tesis, entre las sustentadas por el Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, solicitando que se determine la jurisprudencia que debe prevalecer. Dicha solicitud es en los siguientes términos:

"Que con fundamento en el artículo 195 bis de la Ley de Amparo en vigor, vengo a formular denuncia de la contradicción de tesis sustentadas por los HH. Segundo, Cuarto, Quinto y Tercer Tribunales Colegiados en materia Administrativa del Primer Circuito en los juicios de amparo D.A. 1745/89 , D.A. 2053/89, D.A. 1435/89, D.A. 1434/89, D.A. 1423/89 y D.A. 1152/84, en los cuales se otorga el amparo y protección de la Justicia Federal; frente a las sustentadas por el HH. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, juicios D.A. 1432/89 y 2172/88, respectivamente, en donde en casos iguales no se concede el amparo y protección solicitado a la quejosa. En estos últimos tocas de amparo señalados, insisto, fueron planteados idénticos conceptos de violación en contra del Tribunal Fiscal de la Federación; juicio de amparo directo donde se han sustentado tesis contradictorias al resolverlos; a favor de la quejosa y tres en su contra, como ya fue relatado por lo que ante esa HH. SEGUNDA SALA de nuestro MAXIMO TRIBUNAL, se realiza la denuncia correspondiente y se decida qué tesis debe prevalecer. MOTIVOS DE CONTRADICCION. PRIMERO.-En el toca de amparo D.A. 1745/89 motivado por la impugnación del juicio de nulidad 7291/88, se estableció lo siguiente: SEGUNDO.-La parte quejosa expresó los siguientes conceptos de violación: PRIMERO.-La Sala responsable viola en perjuicio de la hoy quejosa los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los artículos 237, 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación. Si bien es cierto que del acto reclamado se desprende que se declaró una nulidad para efectos y que por ello pueda pensarse que se trata de una resolución favorable a los intereses de la hoy quejosa, no menos cierto lo es que esto último no es así ya que ante la hoy responsable se demanda la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y no una nulidad para efectos, situación que a todas luces es procedente ya que se trata de una nulidad de resolución negativa ficta, figura jurídica en la que sólo procede declarar la validez o nulidad de dicha resolución, pero nunca podrá ser una nulidad para efectos y mucho menos para la terminación que pretende la responsable, dada la peculiaridad que reviste la figura jurídica cuya nulidad lisa y llana se demanda ante dicha Sala, máxime que en ese sentido se han pronunciado en infinidad de ocasiones esos HH. Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa. En efecto, la Sala responsable, en el considerando segundo del acto que ahora se reclama, estimó fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada el argumento que se hizo valer en el sentido de que las multas carecen de firma del funcionario competente y por ello decide declarar la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, pero en lugar de que dicha nulidad sea lisa y llana ésta decide que sea para efectos, dejando abierta la posibilidad a la autoridad para que si lo estima pertinente emita nueva resolución en la que se subsanen las irregularidades cometidas; situación esta última, la que se considera es completamente ilegal, pues en ella se violan los preceptos constitucionales antes señalados, puesto que como ya se mencionó es de explorado derecho que en este tipo de asuntos, sólo procede declarar la nulidad o validez de la resolución negativa ficta impugnada y si en el caso, se optó por declarar su nulidad ésta no puede ser para el efecto antes precisado, con el que se pretenda dar la oportunidad a la demandada de que se emita nueva resolución en la que subsane sus irregularidades, creando con ello un estado de verdadera incertidumbre a la empresa que represento al pretender permitírsele a la demandada la oportunidad de que se emita nueva resolución donde la autoridad subsane las irregularidades cometidas, situación totalmente contraria a derecho a las garantías señaladas. Ahora bien, si la responsable claramente estableció que el argumento que hizo valer y en el cual se apoyó para declarar la nulidad de la resolución impugnada consiste en que la multa combatida carece de la firma del funcionario emisor y después de analizarlo, concluye que es fundado dicho agravio considero que tal análisis no fue realizado debidamente y con ello se viola el artículo 238 del Código Fiscal, del cual se desprende el orden en que deben ser analizados los agravios que se hacen valer, ya que si en su fracción primera se establece la incompetencia del funcionario que haya dictado la resolución; dicho agravio por ser de orden público debió analizarse en primer término y más aún debió analizarse en forma conjunta, con el que sirve de apoyo a la responsable para declarar la nulidad de la resolución impugnada, máxime que la autoridad administrativa en ningún momento acreditó que el inspector de vías de la Dirección General de Medicina tuviera facultades para emitir ese tipo de actos; lo anterior, porque como ya es explorado derecho, una resolución sólo puede ser atribuida al funcionario quien la firma y si en el caso, como lo determinó la responsable, el acto primigenio con que fue sancionada la empresa que represento no contiene la firma del director general de medicina y en el anverso de dicho acto primigenio aparecen los rasgos de la firma no autógrafa del inspector de vías de dicha dirección, entonces considero que debió acreditarse la competencia que éste tiene para emitir esos actos, máxime que en forma resumida se hicieron estos argumentos en el escrito de alegatos que con apoyo en el artículo 235 del Código Fiscal fueron presentados en tiempo y forma, mismos que la hoy responsable ni siquiera tomó en cuenta, pasando por alto lo que establece dicho precepto legal y además, es evidente que la Sala responsable no analiza los agravios expuestos conforme a su orden de importancia, siendo sin lugar a dudas el más importante, el relativo a la competencia del funcionario que emitió resolución impugnada, puesto que tal agravio es de orden público y es el primero que alude el artículo 238 del Código Fiscal por lo que al no efectuarse este análisis, la responsable viola en perjuicio de quien represento lo que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que considero y así lo solicitó que deberá otorgarse el amparo (sic) protección de la Justicia de la Unión a la hoy quejosa. SEGUNDO.-La Sala responsable viola en perjuicio de mi representada los artículos 16 y 23 constitucionales, en relación por (sic) los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación. Como ya se señaló en el primer concepto de anulación de la presente demanda de garantías, la Sala responsable, claramente estableció en el considerando segundo del acto que se reclama que uno de los agravios hechos valer, consistía en que las multas carecían de firma DEL FUNCIONARIO COMPETENTE, pero sin analizar debidamente la competencia de ese funcionario emisor, decide declarar la nulidad de la resolución impugnada, reconociendo que no se cumple debidamente el requisito esencial de carácter formal previsto por el artículo 16 constitucional, ya que la multa combatida carece de firma autógrafa; ahora bien, independientemente de que la Sala responsable no realizó en forma correcta y completa el análisis de dicho agravio, quiero decir; NO ANALIZO LA INCOMPETENCIA QUE TIENE ESE FUNCIONARIO PARA EMITIR ESE TIPO DE ACTOS, la hoy responsable decidió declarar la nulidad de la resolución impugnada, por virtud de que encontró fundado el agravio consiste (sic) en la falta de firma autógrafa y a pesar de que se reconoció la existencia y configuración de la resolución la negativa ficta, de la cual es (sic) explorado derecho que una vez configurada, al impugnarse la misma, sólo puede declararse su validez o nulidad y en caso de que se opte por esta última, su nulidad no puede ser para determinados efectos, ya que debe ser en forma lisa y llana y si bien es cierto que el efecto es para que se revoque la multa impuesta, no menos cierto lo es que la Sala responsable también determina en el acto que hoy se reclama, que si la autoridad lo estima pertinente emita nuevas resoluciones en las que se subsanen las irregularidades cometidas, situación esta última la que le da otro giro a esa nulidad para efectos que de por sí ya es ilegal, porque como se repite, en este tipo de asuntos no es posible declarar una nulidad, para efectos, al dejarse la oportunidad a la demandada de que si lo estima pertinente emita nueva resolución en las que subsanen las irregularidades cometidas, y con ello se violan las garantías de legalidad, seguridad jurídica y equidad procesal entre las partes, creando con ello un verdadero estado de incertidumbre a quien represento ya que con esa determinación, la autoridad demandada nuevamente podrá emitir esas ilegales multas, precisamente en cumplimiento a tan ilegal sentido de sentencia, situación que resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 23 constitucional, ya que nadie puede ser juzgado por el mismo delito y en el caso, eso es lo que se pretende con el acto que ahora se reclama ya que la Sala responsable le dejó abierta la oportunidad a la autoridad demandada para que emitiera nueva resolución en la que subsanen las irregularidades cometidas, lo cual es totalmente contrario al texto constitucional antes mencionado, máxime que como se repite si en este tipo de asuntos no es procedente declarar una nulidad para efectos, mucho menos es procedente que a la autoridad demandada se le permita subsanar sus irregularidades cometidas al emitir las multas impugnadas, mediante la emisión de nuevas resoluciones ya que con ello se deja en completo estado de indefensión a mi representada, conculcando en su perjuicio las garantías constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y equidad procesal entre las partes, creando además, un estado de incertidumbre, puesto que la autoridad en cualquier momento puede volver a emitir esa misma resolución, subsanando sus irregularidades, en un supuesto acatamiento de dicha sentencia; razones por las que considero que deberá otorgarse y así lo solicito, el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la empresa que represento. En relación a los argumentos relativos a que en ese tipo de asuntos donde se demanda la nulidad de una resolución negativa ficta, no es procedente que dicha nulidad sea declarada para determinados efectos, me permito señalar algunos precedentes que al respecto han sustentado esos HH. Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, mismo que solicito se tengan a la vista al momento de emitir el fallo correspondiente: DA-55/88 QUINTO TRIBUNAL SENTENCIA 12 DE FEBRERO DE 1988. DA-147/87 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO SENTENCIA 3 DE FEBRERO DE 1987. DA- 794/87 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO SENTENCIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 1987. DA-1152/84 SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO SENTENCIA 9 DE NOVIEMBRE DE 1984. DA-1011/88 PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO SENTENCIA 12 DE JULIO DE 1988. CUARTO.-Es fundado el concepto de violación formal que hace valer la empresa quejosa tanto en el apartado primero como en el segundo, de conformidad con las consideraciones siguientes: De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237 párrafos primero y segundo y 238 fracción I del Código Fiscal de la Federación se encuentran obligadas a examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos en el momento de dictar sentencia y cuando la parte actora hace valer diversos conceptos de nulidad por omisión de formalidades (o por violaciones de procedimiento), la Sala debe examinar y resolver cada uno, aun cuando considere fundado alguno de ellos, siendo de estudio preferente la incompetencia del funcionario que haya dictado o tramitado el procedimiento del cual deriva la resolución impugnada de nulidad, porque de resultar fundado ese agravio, traería como consecuencia la nulidad lisa y llana. En el caso materia de estudio la Sala responsable no se ajustó a los deberes impuestos por tales preceptos, pues si bien es cierto que declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que se emita una nueva revocando la multa administrativa, también es verdad que en el señalado efecto añadió que si la autoridad considera prudente, queda en libertad de emitir una nueva sanción. A tal conclusión llegó la Sala responsable, como resultado de examinar una omisión de formalidad consistente en carencia de firma autógrafa en la boleta de infracción. Ello deja en estado de indefensión a la empresa hoy quejosa, toda vez que en su escrito de ampliación de demanda (página 50 del cuaderno de nulidad), hizo valer como agravio la incompetencia del funcionario que impuso la sanción, invocando lo dispuesto por el artículo 23 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahora bien, del examen de la sentencia reclamada se advierte que la Sala responsable omitió estudiar ese argumento de incompetencia expresado en el escrito de ampliación de demanda, pues al respecto dijo que dejaba de analizar los restantes conceptos de anulación, porque en nada variaría el sentido de su sentencia. En consecuencia, con tal proceder la Sala responsable infringió en perjuicio de la empresa quejosa lo dispuesto por los artículos 237 y 238 del Código Fiscal de la Federación y, por ende, las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales y lo que procede es, sin necesidad del estudio de los demás argumentos que se hacen valer en la demanda de garantías, conceder el amparo, para el efecto de que la citada responsable, dejando insubsistente la sentencia reclamada, dicte otra en la que, además se ocupe del estudio del agravio relativo a incompetencia y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que proceda en derecho. SEGUNDO.-En el juicio de amparo D.A. 2053/89 motivado por la impugnación de la sentencia del juicio de nulidad 10706/88, se razonó lo siguiente: SEPTIMO.-En su primer concepto de violación aduce esencialmente el representante de la quejosa, que la Sala responsable viola en su perjuicio los artículos 237, 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación debido a que, la responsable declaró la nulidad de la resolución impugnada en el juicio fiscal para efectos, siendo que lo que correspondía era una nulidad lisa y llana. Lo anterior es así, continúa el representante de la quejosa, porque la resolución impugnada lo constituyó una negativa ficta cuya nulidad se decretó en virtud de que del estudio realizado a la multa que se le impuso se concluyó la incompetencia de la autoridad que la emitió y por tanto tal nulidad debe ser lisa y llana y no para efectos de que se emita de nueva cuenta la multa. A juicio de los suscritos Magistrados resulta fundado este concepto de violación y suficiente para conceder el amparo solicitado, con base en los siguientes razonamientos: En principio cabe advertir que según ha sido sostenido por este tribunal al resolver el DA. 313/89, OMNIBUS CRISTOBAL COLON, S.A. DE C.V., en sesión del día 28 de marzo de 1989, por unanimidad de votos, siendo ponente el Magistrado Fernando Lanz Cárdenas, tratándose de una resolución negativa ficta, la nulidad que al respecto se declare podrá ser lisa y llana o bien para efectos, según la causal de nulidad que se actualice en el caso concreto en relación con los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, en la especie la Sala responsable declaró la nulidad de la resolución impugnada para los efectos señalados en la parte final del considerando segundo de la sentencia combatida, manifestando en lo conducente: 'A juicio de los suscritos Magistrados resulta fundado el agravio en cuestión y suficiente para declarar la nulidad de la resolución impugnada, en virtud de que del estudio que se hizo de la multa impuesta al particular, la misma que corre en autos, se pudo observar que en el rubro de la misma se contiene la leyenda de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, director de Autotransporte Federal, mas eso no quiere decir que la misma haya sido impuesta por las referidas autoridades, ya que la multa en cuestión, contiene al calce únicamente la firma del inspector, sin que en ningún momento aparezca visible firma alguna de las competentes para dichos efectos, y como consecuencia de que en la ley de la materia no otorga facultades a los inspectores para imponer multas a los particulares, esta juzgadora declara la nulidad de la resolución impugnada con el fin de que deje sin efectos la multa impuesta al particular, dejando intacto el derecho de la autoridad competente para imponer la multa relativa a las violaciones cometidas por el particular'. De lo anterior se desprende, que la nulidad de la resolución impugnada en el juicio fiscal se decretó al resultar incompetente el funcionario que impuso la multa respectiva (violación de fondo), y en consecuencia tal nulidad debe ser lisa y llana y no para efectos, resultando por tanto contrario a derecho la sentencia combatida en esta vía. El criterio que antecede ha sido sustentado por este tribunal, en la tesis publicada en el Informe de Labores rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su Presidente en el año de 1982, Tercera Parte, Tribunales Colegiados, páginas 96 y 97, que a la letra dice: 'SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION, LA NULIDAD DECRETADA EN LAS, DE LA RESOLUCION PROCEDIMIENTO IMPUGNADO, POR HABER SIDO EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE NO ADMITE EFECTOS.-Las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación, en las que se declare la nulidad de la resolución o procedimiento impugnado, por haber sido emitido por autoridad incompetente, no deben dictarse para efectos de que dicha resolución declarada nula, la emita la autoridad competente, o bien aquella a quien la Sala del conocimiento estime competente, ya que tal situación podría considerarse en el sentido de que la resolución carente del requisito fundamental exigido tanto por la Constitución Federal como por la ley, de que todo acto de autoridad sea emitido por autoridad competente, puede ser sustituido por un acto posterior, ya que puede acontecer que ni siquiera aquella autoridad a quien en una sentencia se considere competente legalmente lo sea. La competencia de la autoridad sólo surge de la ley y no de un acto distinto, inclusive de una sentencia pronunciada en un juicio de nulidad en el que no figure como parte aquella autoridad a quien se le atribuyen facultades para actuar'. En este mismo sentido se localiza la tesis sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal publicada en el Informe de Labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1982, Segunda Parte, página 127 cuyo sumario es del tenor literal siguiente: 'SENTENCIA FISCAL, DEBE DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA EN PRESENCIA DE UNA VIOLACION DE FONDO.-La sentencia fiscal anulatoria debe declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada y no resolver en el sentido de declarar la nulidad de la aludida resolución para efectos, si se está en presencia de una violación de fondo y no de procedimiento. En consecuencia, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a la peticionaria, para el efecto de que la Sala responsable declare insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva, considerando para ello los razonamientos expuestos en la presente ejecutoria, siendo innecesario el estudio del restante concepto de violación. TERCERO.-Por el contrario, ante idéntico planteamiento en el toca de amparo 1432/89, motivado por la impugnación de la sentencia del juicio de nulidad 4345/88, se estableció lo siguiente: TERCERO.-No se transcribe el concepto de violación que hace valer la quejosa, porque en el caso resulta innecesario su estudio, por las razones que más adelante se advertirán. En efecto, sea que las partes lo aleguen o no, debe estudiarse preferentemente la procedencia del juicio de amparo por ser esta cuestión de orden público según lo ha sostenido el más Alto Tribunal del país, en la tesis jurisprudencial número 109 cuyo rubro a la letra dice: 'IMPROCEDENCIA', consultable en la página 196 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y en cumplimiento de esa obligación este tribunal pasa a examinar la que se surte en este asunto. De la lectura de la demanda de garantías motivadora de este juicio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la sentencia dictada el 6 de marzo de 1989 por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación en el juicio fiscal 4345/88. De los autos del propio juicio de nulidad enviado para la sustanciación de este asunto aparece que en dicho contencioso se impugnó la nulidad de la resolución negativa ficta recaída al recurso de inconformidad interpuesto ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 21 de junio de 1984, en contra de una multa que se le impuso a la ahora quejosa en cantidad $2,000.00. También aparece que en la sentencia con la que culminó el juicio de anulación se estimó que la multa mencionada es ilegal, ya que contiene firma facsimilar de la autoridad que la emite, razón que llevó a la Sala responsable a declarar la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, dejando a salvo los derechos de la autoridad para que, en su caso, emita nueva sanción firmada autógrafamente. La sentencia anterior, que constituye el acto reclamado en la vía constitucional, no puede causar perjuicio a la peticionaria del amparo, en virtud de que en ella no se constriñe a la autoridad administrativa a que se refiere el acto purgando los vicios formales en que incurrió, sino sólo se precisa que se dejan a salvo los derechos de la autoridad para que, en su caso, emita nueva sanción, esto es, con ello se deja en libertad a la autoridad administrativa para que, sólo si ella lo considera pertinente, proceda a notificar el crédito que contenga firma autógrafa. Cabe hacer hincapié en que en el caso de que se llegara a notificar la multa con firma autógrafa, ello no sería consecuencia directa e inmediata de la sentencia reclamada en este juicio de garantías, sino un nuevo acto de autoridad, autónomo en sí mismo, que no tendría vinculación alguna con el que se reclama en el presente asunto, y que podría combatirse, en su oportunidad, a través de los medios de defensa conducentes. En este orden de ideas, resulta que la parte quejosa carece de interés jurídico para intentar la acción de garantías, puesto que la sentencia reclamada no le agravia, razón por la que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73 de la Ley Amparo y, en consecuencia, procede sobreseer en este juicio con apoyo en lo que dispone la fracción III del artículo 74 de la ley en consulta. Al margen de lo anterior, cabe asentar que este tribunal no deja de advertir que, indebidamente, la Sala responsable hizo un pronunciamiento en relación con una autoridad que ni siquiera fue parte en el juicio anulatorio, como es la que impuso la sanción. CUARTO.-Asimismo ante idéntico planteamiento de los ya expresados, en el juicio de amparo D.A. 2172/88, que se originó por la impugnación de la sentencia del juicio de nulidad 11261/86, se sancionó lo siguiente: TERCERO.-No se transcriben los conceptos de violación que hace valer la quejosa, porque en el caso resulta innecesario su estudio, por las razones que más adelante se advertirán. En efecto, sea que las partes lo aleguen o no, debe estudiarse preferentemente la procedencia del juicio de amparo por ser esta cuestión de orden público, según lo sostenido por el más Alto Tribunal del país, en la tesis jurisprudencial número 109 cuyo rubro a la letra dice: 'IMPROCEDENCIA', consultable en la página 196 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, y en cumplimiento de esa obligación este tribunal pasa a examinar la que se surte en este asunto. De la lectura de la demanda de garantías motivadora de este juicio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la sentencia dictada el 26 de septiembre de 1988 por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación en el juicio fiscal número 12261/86. De los autos del propio juicio de nulidad enviado para la sustanciación de este asunto aparece que en dicho contencioso se impugnó la nulidad de la resolución negativa ficta recaída al recurso de inconformidad interpuesto ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 20 de diciembre de 1984, en contra de diez multas que se le impusieron a la ahora quejosa en cantidad total de $74,300.00. También aparece que en la sentencia con que culminó el juicio de anulación se estimó que las multas mencionadas eran ilegales, ya que los oficios sancionadores con números de crédito: 24938-34626-4, 22208-1490-4, 24937- 34598-4, 25132-33860-4, 25133-33862-4, 25130-33858-4, 25128- 33355-4, 25131-33859-4, 25010-32058-4 y 25156-34067-5, contienen firma facsimilar de la autoridad que los emite, razón que llevó a la Sala responsable a declarar la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada para el efecto de que se dejaran insubsistentes las multas de referencia, quedando a salvo los derechos de la autoridad para que si lo estimara pertinente, emitiera nuevas resoluciones en las que subsanara las irregularidades cometidas. La sentencia anterior, que constituye el acto reclamado en la vía constitucional, no puede causar perjuicio a la peticionaria del amparo, en virtud de que en ella no se constriñe a la autoridad administrativa a que reitere los autos purgando los vicios formales en que incurrió, sino sólo se precisa que se dejan a salvo los derechos de la autoridad para que, en su caso, emita nuevas resoluciones, esto es, con ello se deja a la autoridad administrativa para que, sólo si ella lo considera pertinente, proceda a notificar los créditos que contengan la firma autógrafa. Cabe hacer hincapié en que en el caso de que se llegaran a notificar las multas con firma autógrafa, ello no sería consecuencia directa e inmediata de la sentencia reclamada en este juicio de garantías, sino un nuevo acto de autoridad, autónomo en sí mismo, que no tendría vinculación alguna con el que se reclama en el presente asunto, y que podría combatirse, en su oportunidad, a través de los medios de defensa conducentes. En ese orden de ideas, resulta que la parte quejosa carece de interés jurídico para intentar la acción de garantías, puesto que la sentencia reclamada no le agravia, razón por la que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, procede sobreseer en este juicio con apoyo en lo que dispone la fracción III del artículo 74 de la ley en consulta. QUINTO.-Por último, ante igual planteamiento a los ya expuestos, en los tocas de amparo D.A. 1152/84, D.A. 1423/89, D.A. 1434/89 y D.A. 1435/89, como ya se reseñó en planteamientos similares, sí se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa. SEXTO.-Por lo anterior, dado que es importante definir el criterio que debe prevalecer, se realiza esta denuncia de contradicción. PRUEBAS: UNICO.-Las instrumentales públicas consistentes en los autos originales de los juicios de Amparo: D.A.1745/89 y D.A.1435/89, en poder del HH. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. D.A.2053/89 y D.A. 1423/89 en poder del HH. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. D.A.1432/89 y D.A.1152/84 en poder del HH. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. D.A. 2172/88 en poder del HH. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. D.A. 1434/89 en poder del HH. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Expedientes o instrumentales públicas en los cuales existe contradicción que se denuncia y que al ser actuaciones concluidas no existe impedimento legal para su envío por lo que solicito atentamente se requiera su presentación a los Tribunales Colegiados que se indican."

SEGUNDO.-Por acuerdo de dos de octubre de mil novecientos noventa, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la posible contradicción de tesis denunciada; y ordenó que se dijera al ocursante que acredite su personalidad como representante legal de las referidas empresas; y ordenó también solicitar de los tribunales citados copias certificadas de las resoluciones en que se sustentaron los criterios que se estiman contrarios.

Por acuerdo del seis de diciembre de mil novecientos noventa, se tuvo por cumplido debidamente el requerimiento hecho al representante legal de las empresas promoventes y se volvió a requerir a los Tribunales Tercero y Cuarto Colegiados en Materia Administrativa en el Prime

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/197-23e18588/nulidad-para-efectos-existe-interes-juridico-para-impugnar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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