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Modo: Corpus Pro

HACIENDA MUNICIPAL. LA MOTIVACIÓN DE LA LEGISLATURA ESTATAL PARA APARTARSE O MODIFICAR LA PROPUESTA INICIAL DE LEY DE INGRESOS DE UN MUNICIPIO PUEDE SUSTENTARSE DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE REFORMA O ADICIÓN DE UNA LEY DIVERSA, VINCULADA CON AQUÉLLA.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2006. · Registro digital (IUS): 19710
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ESTADO DE QUERÉTARO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, , Pág. 1105.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 13/2006. MUNICIPIO DE QUERÉTARO, ESTADO DE QUERÉTARO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ.

SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintisiete de junio de dos mil seis.

VISTOS; Y

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio recibido el tres de febrero de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Emilio Castillo Ortiz, quien se ostentó como síndico del Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, promovió controversia constitucional en representación de ese Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

Autoridades demandadas:

1. El Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

2. El Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

3. El secretario de Gobierno del Estado de Querétaro.

Actos reclamados:

Del Poder Legislativo del Estado de Querétaro:

1. El Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal dos mil seis del Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de ese Estado, el veintisiete de diciembre de dos mil cinco.

2. La aprobación del penúltimo párrafo del artículo 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de ese Estado, el veintiocho de diciembre de dos mil cinco.

Del Gobernador del Estado de Querétaro:

1. La expedición, promulgación y orden de publicación de los Decretos relativos a la aprobación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal dos mil seis del Municipio de Querétaro y de la Ley de Ingresos de ese mismo Municipio.

Del secretario de Gobierno del Estado de Querétaro:

1. El refrendo a los anteriores ordenamientos.

SEGUNDO. Los antecedentes del caso narrados en la demanda, son en síntesis, los siguientes:

1. El ocho de noviembre de dos mil cinco, fue aprobado en sesión ordinaria de Cabildo, el acuerdo por el cual el Ayuntamiento, remitió al Congreso del Estado la propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal de dos mil seis.

2. En sesión extraordinaria de Cabildo de veinticinco de noviembre de dos mil cinco, el Ayuntamiento aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal de dos mil seis.

3. Mediante oficios SAY/DAC/7609/2005 y SAY/DAC/8041/2005 de nueve y veintiocho de noviembre de dos mil cinco, el secretario del Ayuntamiento, remitió al presidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Estado de Querétaro, copia certificada de los acuerdos precisados en los puntos 1 y 2, los cuales fueron recibidos en la oficialía de partes del Poder Legislativo de Querétaro, los días nueve y treinta de noviembre del mismo año.

4. En sesión de diecisiete de noviembre de dos mil cinco, de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LIV Legislatura del Estado de Querétaro, diversos directores del Municipio de Querétaro explicaron el sustento técnico establecido para formular las propuestas de Tablas de Valores de Suelo y Construcciones; por su parte, los diputados integrantes de esa comisión realizaron diversos comentarios; el diputado presidente de la mesa directiva levantó la sesión y citó a la comisión nuevamente para tratar lo referente a las tablas de valores que quedaron pendientes.

5. En sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, se levantó una constancia de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la Legislatura Estatal, en la cual se dio cuenta de cuatro justificantes por parte de los diputados que integran dicha comisión, por lo cual se declaró que no había el quórum requerido por el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro.

6. Mediante escrito de catorce de diciembre de dos mil cinco, el presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LIV Legislatura del Estado de Querétaro, comunicó al Ayuntamiento de Querétaro que en sesión de esa comisión celebrada el trece de diciembre del mismo año, se había aprobado el dictamen relativo a las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Querétaro, en el que se proponían adecuaciones a la iniciativa de origen.

7. En sesión ordinaria de quince de diciembre de dos mil cinco del Pleno de la LIV Legislatura del Estado de Querétaro, se aprobaron los dictámenes relativos a las propuestas de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, así como las Leyes de Ingresos de los dieciocho Municipios del Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal de dos mil seis.

8. El veintisiete y veintiocho de diciembre de dos mil cinco, fueron publicados respectivamente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, el Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal de dos mil seis del Municipio de Querétaro y la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal de dos mil seis.

TERCERO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:

1. Que la Legislatura Estatal infringió el artículo 115, fracción IV, inciso a), párrafo antepenúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona ese precepto constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, toda vez que modificó la propuesta de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal, así como la iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal de dos mil seis, sin haber expresado los argumentos objetivos y razonables que justificaran tal determinación.

Que la hacienda municipal se integra por los ingresos, activos y pasivos de los Municipios; por su parte la libre administración hacendaria debe entenderse como el régimen que estableció el Poder Reformador de la Constitución a efecto de fortalecer la autonomía y autosuficiencia económica de los Municipios, con el fin de que éstos puedan tener libre disposición y aplicación de sus recursos y satisfacer sus necesidades.

Que la facultad constitucional de proponer las tablas de valores unitarios de los inmuebles, se encuentra reservada para los Ayuntamientos, en virtud de que tienen un contacto más cercano con la población, conociendo las características sociales, económicas, biogeográficas, poblacionales, urbanísticas, entre otras, que influyen necesariamente en el valor de los inmuebles que se encuentran sujetos a su circunscripción territorial, teniendo en consecuencia mayores elementos para determinar un valor unitario de los predios y de las construcciones más equiparable a los valores de mercado.

Que si bien es cierto los Congresos Locales no tienen la obligación de aceptar simplemente las propuestas realizadas por los Municipios, también lo es que deben señalar los motivos por los cuales decidieron modificar dicha propuesta.

2. Que el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, ordena una coordinación entre las Legislaturas Estatales y los Municipios, con el propósito de adoptar las medidas necesarias a fin de que los valores unitarios de suelo sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad, procediendo en su caso a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.

Que en el caso, la Legislatura del Estado no dio oportunidad para que el Municipio actor realizara las consideraciones que estimara convenientes con respecto al dictamen por el que se aprueban las tablas de valores unitarios y la Ley de Ingresos, en virtud de que el dictamen referido fue notificado al Municipio de Querétaro unas horas antes de que fuera aprobado por el Pleno de la Legislatura, coartando con ello el derecho del Municipio para formular consideraciones al respecto.

3. Que la legislatura del Estado de Querétaro al haber modificado la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal de dos mil seis, en particular el penúltimo párrafo del artículo 11, sin emitir las razones de una manera fundada y motivada que justificaran tal modificación, infringió el artículo 115, fracción IV, inciso a), párrafos antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que este Tribunal Pleno, al resolver la controversia constitucional 14/2004 sustentó que los principios de reserva de fuentes de ingreso a los Municipios y el principio de integridad de los recursos económicos municipales reflejados en la fracción IV del artículo 115 constitucional, quedarían burlados y vacíos de contenido si las Legislaturas Estatales pudieran determinar con absoluta libertad las Leyes de Ingresos municipales, así como las cuotas, tarifas y tablas de valores unitarios del suelo que se utilizarán para cobrar el impuesto predial, sin necesidad de considerar la propuesta municipal más allá de la simple obligación de recibirla y tenerla como punto de partida formal del procedimiento legislativo.

CUARTO. El precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la parte actora considera violado es el artículo 115, fracción IV, inciso a), párrafos antepenúltimo y penúltimo, así como el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona ese precepto constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.

QUINTO. Por acuerdo de siete de febrero de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 13/2006 y por razón de turno designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

Mediante proveído de ocho de febrero de dos mil seis, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional; ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su respectiva contestación y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. El Poder Legislativo del Estado de Querétaro, al contestar la demanda, señaló en síntesis:

1. Que el promovente de la presente controversia constitucional carece de legitimación activa, toda vez que quien comparece a nombre del Municipio de Querétaro, no tiene la representación del mismo, pues en autos no obra la constancia del acuerdo del Ayuntamiento para instruir al regidor síndico como promovente de la controversia constitucional y, por tanto, no se tiene certeza, si es interés de todos los integrantes del Ayuntamiento ser actor en este proceso constitucional.

2. Que la aprobación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal de dos mil seis, se encuentran debidamente fundadas y motivadas.

Que el artículo 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las tablas de valores unitarios de suelo y de construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Que el procedimiento legislativo al cual se sometió la propuesta de tablas de valores de suelo y construcciones, tiene fundamento en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado y los demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; además, el acto legislativo referente a la aprobación de las tablas de valores de suelo y construcciones, atiende a situaciones que requieren ser reguladas, como son las bases que sirven para determinar las contribuciones que pagan los ciudadanos, y su relación con el Estado y Municipios hace que el decreto citado, cuente con la debida motivación.

3. Que la forma en que se presentó la propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones del Municipio demandante careció de un adecuado sustento técnico, pues los argumentos planteados en la misma no fueron convincentes y suficientes; sin embargo, el Poder Legislativo dictaminó favorablemente la propuesta del Municipio con algunas modificaciones, pues dicha propuesta carecía de justificación que motivara los incrementos en los valores unitarios de suelo y construcciones, base de los impuestos que afecta a los particulares en sus obligaciones contributivas.

Que además, el Poder Legislativo está facultado por el artículo 41, fracción II, de la Constitución Política Local, para modificar en plenitud de competencia y decisión las propuestas e iniciativas de leyes o decretos.

4. Que el artículo quinto transitorio de la reforma al artículo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, no resulta aplicable en lo relativo a la actualización de los valores de suelo para el ejercicio fiscal de dos mil seis, pues este artículo se instituyó para fomentar el desarrollo de la recaudación de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria en los Municipios del país; y, por ello, las Legislaturas de los Estados en coordinación con los Municipios tenían la obligación, antes del inicio del ejercicio fiscal de dos mil dos, de adoptar las medidas necesarias a fin de que los valores unitarios de suelo se equipararan a los valores de mercado.

Que lo anterior ha quedado garantizado, pues desde el inicio de la vigencia de la reforma hasta el año dos mil dos ha habido un incremento en los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y, por consecuencia, ha habido un incremento en la recaudación del Municipio de Querétaro.

Que la Legislatura del Estado, con base en las condiciones generales económicas del Estado de Querétaro y del país y con el consenso de todos los grupos parlamentarios coincidió en no incrementar los valores unitarios de suelo, pues consideró que el Municipio de Querétaro ya había logrado su desarrollo recaudatorio y había alcanzado un impulso económico importante.

Que para no perjudicar a los particulares titulares de derechos de propiedad y con base en los principios de equidad y proporcionalidad de las contribuciones, se consideró aprobar las modificaciones a las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal de dos mil seis, en los mismos términos de las tablas aplicables en el ejercicio fiscal de dos mil cinco.

Que la Legislatura del Estado ha establecido topes al incremento de las contribuciones municipales sobre la propiedad inmobiliaria, en especial, por lo que hace al impuesto predial, a través de diversos ordenamientos; los cuales no han sido impugnados por el Municipio actor.

5. Que la modificación realizada a la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal de dos mil seis, en el artículo 11, penúltimo párrafo, se encuentra debidamente fundada y motivada, toda vez que el tope de quince por ciento para el incremento del pago del impuesto predial, previsto en el propio artículo 11 impugnado, tenía como fundamento el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto Predial, publicada el nueve de diciembre de dos mil cuatro, en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro; sin embargo, mediante el decreto que reformó y adicionó diversos artículos de la Ley del Impuesto Predial de los Municipios del Estado de Querétaro, publicado el veintinueve de diciembre de dos mil cinco, en particular, el artículo 21 que establece que en los casos en que la aplicación de los valores catastrales y la tarifa correspondiente resulte un incremento mayor al cinco por ciento del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, únicamente se incrementará hasta un cinco por ciento para el ejercicio fiscal de que se trate.

Que por lo anterior, el quince por ciento establecido por el legislativo disminuyó a un cinco por ciento, como respuesta a los desmedidos incrementos propuestos por parte de los Municipios.

SÉPTIMO. El Gobernador Constitucional y el secretario de gobierno del Estado de Querétaro, al contestar la demanda, sustancialmente, manifestaron:

1. Que son ciertos la promulgación y el refrendo del Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal de dos mil seis del Municipio de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de veintisiete de diciembre de dos mil cinco, así como del Decreto por el que se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el ejercicio fiscal dos mil seis, publicada en el Periódico Oficial del Estado de veintiocho de diciembre de dos mil cinco.

2. Que no existe violación al artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la Legislatura Estatal tiene la facultad de aprobar en definitiva las leyes impugnadas.

3. Que la determinación de las contribuciones corresponde en definitiva a la Legislatura del Estado, en los casos de contribuciones estatales y municipales, con fundamento en lo que disponen los artículos 41, fracciones II, XXV y XXXIV y 87 de la Constitución Política; 1o., 2o., 8o., fracción VI y 14 del Código Fiscal; 1o., 3o. y 17 de la Ley de Hacienda de los Municipios; 21 y 28 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos y 108 de la Ley para la Organización Pública y Administrativa del Municipio, todos del Estado de Querétaro.

OCTAVO. El procurador general de la República al formular su opinión, manifestó sustancialmente:

1. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia, en términos del artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal; el actor tiene legitimación para promoverla, pues el Municipio de Querétaro es representado por el síndico del Ayuntamiento, quien acreditó su personalidad y cuenta con la capacidad jurídica para promover controversias constitucionales; y además, fue presentada en forma oportuna.

2. Que la causal de improcedencia hecha valer por el Congreso del Estado de Querétaro, resulta improcedente, en virtud de que, contrariamente a lo manifestado por la autoridad demandada, en el caso particular no se requiere acuerdo del Ayuntamiento para que el síndico comparezca en representación del Municipio de Querétaro, toda vez que del artículo 33, fracción II, de la Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio de Querétaro, se advierte que se requiere de dicho requisito sólo cuando la representación sea delegada.

Que además, el promovente acreditó su personalidad en términos del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia.

3. Que el argumento relativo a la falta de oportunidad del Municipio actor para exponer consideraciones a las modificaciones a la propuesta de las tablas de valores, resulta infundado, toda vez que existen elementos suficientes para estimar que entre el Municipio de Querétaro y el Congreso Local sí existió una debida coordinación en el proceso de aprobación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal de dos mil seis, pues de los trabajos de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la Legislatura Estatal se advierte que se discutió el sustento técnico utilizado para la elaboración de las referidas tablas de valores.

4. Que deviene infundado el argumento del Municipio actor relativo a la falta de coordinación entre el Congreso y el Municipio, para la aprobación de las tablas de valores correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil seis, a que se refiere el artículo quinto transitorio del Decreto publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, mediante el cual se reformó y adicionó el artículo 115 constitucional, toda vez que el Congreso Local sí dio oportunidad al Municipio actor de justificar las razones de por qué consideró pertinente incrementar los valores unitarios de suelos y construcciones para el ejercicio fiscal de dos mil seis.

5. Que el hecho de que el presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LIV Legislatura haya remitido el catorce de diciembre de dos mil cinco, un escrito al Ayuntamiento del Municipio actor, en el que le informó sobre la aprobación del dictamen relativo a las tablas de valores unitarios de ese Municipio y en el que le exhorta a hacer consideraciones al respecto y, por otra parte, que en sesión pública del Congreso de quince de diciembre del mismo año se haya aprobado dicha propuesta, no implica, como aduce el Municipio actor, una falta de coordinación entre ambos niveles de gobierno, pues el Congreso Local no tiene obligación de esperar un determinado tiempo para que el Municipio emita observaciones, ni tampoco tiene obligación de someter las modificaciones a consideración del Municipio.

Que por tanto, es falso que no se le haya dado oportunidad para exponer consideraciones a las modificaciones realizadas a la propuesta presentada por el Municipio actor, toda vez que las razones técnicas que el Municipio actor tomó en cuenta para elaborar su propuesta de tablas de valores ya habían sido expuestas por el director de Catastro Municipal en sesión del Congreso de diecisiete de noviembre de dos mil cinco.

6. Que la Legislatura del Estado de Querétaro, al aprobar tanto las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal de dos mil seis, como el artículo 11, penúltimo párrafo, de la Ley de Ingresos Municipal, determinó modificarlas, toda vez que el Municipio actor no aportó los elementos suficientes para justificar el incremento solicitado, por lo que en aras de no perjudicar a los particulares, consideró viable aprobar las mencionadas tablas en los términos aplicables para el ejercicio fiscal de dos mil cinco.

Que además, no existe una diferencia excesiva entre la propuesta municipal y la medida legislativa impugnada, por lo que no constituye una lesión a las perspectivas financieras del Municipio de Querétaro para el ejercicio fiscal de dos mil seis, porque se mantienen las aplicadas en el ejercicio de dos mil cinco.

7. Que el hecho de que el Congreso Local no haya expuesto en el decreto una motivación exhaustiva del por qué no se tomaron en cuenta las propuestas del Municipio, no se traduce en que la legislatura de la entidad, tratándose de la aprobación de la tabla de valores unitarios, tenga que hacerlo, pues el requisito de motivación se agota cuando la petición del Ayuntamiento se somete a discusión de forma razonada, como aconteció; por otra parte, el hecho de que la Legislatura Estatal no haya expuesto las razones del porqué no resultó aplicable el artículo transitorio quinto, por el que se reformó el artículo 115 constitucional, no hace que su actuar sea inconstitucional, pues basta que exponga las razones objetivas y razonables de su decisión con respecto a modificar la propuesta a las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el cálculo del impuesto.

NOVENO. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos, y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad federativa.

SEGUNDO. Procede analizar si la demanda de controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

En la presente controversia se demanda la invalidez de lo siguiente:

1. La aprobación, promulgación y publicación del Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal de dos mil seis del Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad, el veintisiete de diciembre de dos mil cinco.

2. La aprobación, promulgación y publicación del penúltimo párrafo del artículo 11 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, para el ejercicio fiscal de dos mil seis, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de ese Estado, el veintiocho de diciembre de dos mil cinco.

Para efectos del cómputo del plazo, debe precisarse que en el caso, se impugnan normas generales, ya que tanto la Ley de Ingresos como el Decreto por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, ambos para el ejercicio fiscal de dos mil seis del Municipio de Querétaro, Estado de Querétaro, tienen las características de generalidad y abstracción.

Al respecto, debe decirse que el decreto impugnado se debe considerar como norma general, por las razones que se expresan a continuación:

a) Desde un punto de vista formal, se trata de un acto legislativo, toda vez que ha sido aprobado por el Congreso del Estado de Querétaro.

b) Su contenido material se refiere a las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal dos mil seis, del Municipio de Querétaro, las cuales inciden en el cálculo de la base gravable de las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, según lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal:

"Artículo 115. ...

"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

"...

"Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria."

Este Tribunal Pleno ha sostenido que el impuesto predial es concebido constitucionalmente como un impuesto de naturaleza real cuya base de cálculo debe ser el valor unitario de los predios y de las construcciones, de tal modo que al tratarse de uno de los factores que inciden en la determinación del impuesto relativo, los principios de proporcionalidad y equidad tributaria se proyectan básicamente en ellos, como se desprende de la siguiente jurisprudencia:

"PREDIAL MUNICIPAL. LA REGULACIÓN DE LA MECÁNICA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE TOMAR EN CUENTA EN LO FUNDAMENTAL, EL VALOR DE LOS INMUEBLES. Del párrafo tercero de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforma y adiciona ese precepto constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, se advierte que el impuesto predial es concebido constitucionalmente como un impuesto de naturaleza real cuya base de cálculo debe ser el valor unitario de los predios y de las construcciones. Ahora bien, el citado artículo transitorio dispone que el predial se configura como un tributo en el que los principios de proporcionalidad y equidad tributarias se proyectan fundamentalmente sobre el proceso de determinación de los valores unitarios del suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, los cuales deben ser equiparables a los valores de mercado y a las tasas aplicables para dicho cobro; de ahí que dicho proceso de determinación y adecuación de los valores unitarios y de las tasas aplicables deban realizarlo las Legislaturas de los Estados en coordinación con los Municipios, lo cual es congruente con la reserva constitucional a las haciendas municipales de los recursos derivados de las construcciones sobre la propiedad inmobiliaria, así como de aquellas que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, tesis P./J. 123/2004, página 1125).

Paralelamente a los principios de proporcionalidad y equidad que se proyectan en la determinación de tales valores unitarios, es exigible el principio de legalidad que permea a toda contribución, en términos del artículo 31, fracción IV, constitucional. Sobre el particular, es aplicable el contenido de la tesis aislada del Tribunal Pleno que se transcribe a continuación:

"PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DEL SUELO, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ESPECIALES, CONTE

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19710-fdb57652/hacienda-municipal-la-motivacion-de-la-legislatura-estatal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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