BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO. EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL PREVER QUE LA ENAJENACIÓN DE AQUÉLLOS SE REALIZARÁ EN SUBASTA PÚBLICA, NO INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCES DE LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA DEMANDA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI LA DETERMINACIÓN DE INVALIDEZ DE UN PRECEPTO LEGAL AFECTA A OTRO DEL MISMO SISTEMA JURÍDICO ESTATAL, PERO QUE NO FUE IMPUGNADO EXPRESAMENTE POR EL ACTOR, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDE DECLARAR, EN VÍA DE CONSECUENCIA, SU RESPECTIVA INCONSTITUCIONALIDAD. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. EL ARTÍCULO 100 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL DISPONER QUE LA ENAJENACIÓN DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE LOS MUNICIPIOS SE REALIZARÁ PREVIA DESINCORPORACIÓN EMITIDA POR LA LEGISLATURA, VIOLA ESE RÉGIMEN. LIBRE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA. EL ARTÍCULO 112, FRACCIONES V Y VI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL DISPONER QUE EL AYUNTAMIENTO, DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DESTINE PREFERENTEMENTE NO MÁS DEL 33% A SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES, Y NO MENOS DEL 30% A LA INVERSIÓN EN LA OBRA PÚBLICA, VIOLA EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL. EL ARTÍCULO 45, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, QUE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE AQUÉLLOS, ES ACORDE CON EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. SERVICIO CIVIL DE CARRERA. LOS ARTÍCULOS 64 A 67 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, AL DISPONER QUE LOS AYUNTAMIENTOS INSTITUCIONALIZARÁN DICHO SERVICIO EN PRO DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL, MEDIANTE EL REGLAMENTO CORRESPONDIENTE, NO VIOLAN LOS ARTÍCULOS 115 Y 123, APARTADO B, FRACCIONES VII Y VIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 25/2001. AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE QUERÉTARO, CORREGIDORA Y EL MARQUÉS, TODOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIAS: MARIANA MUREDDU GILABERT Y CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de julio de dos mil cinco.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de julio de dos mil uno, Joaquín Gerardo González de León, Ricardo Egila Aristi y Rogelio Jiménez Ruiz, quienes se ostentaron como síndicos de los Ayuntamientos de los Municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués, todos del Estado de Querétaro, promovieron controversia constitucional, demandando de las autoridades mencionadas en el párrafo siguiente la invalidez de la norma que a continuación se señala:
"1. La LIII Legislatura del Estado de Querétaro, ... 2. El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, ... 3. El secretario de Gobierno del Estado Libre y Soberano de Querétaro, ... 4. El director del Periódico Oficial del Gobierno La Sombra de Arteaga del Estado Libre y Soberano de Querétaro, ... Normas de observancia general cuya invalidez se demanda: La aprobación, sanción, promulgación, expedición, publicación y vigencia del decreto de la LIII Legislatura del Estado de Querétaro Arteaga, que contiene la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro, La Sombra de Arteaga, en fecha 25 de mayo de 2001 y en lo particular los artículos señalados en el concepto de invalidez y que continuación (sic) se indican: 1o., 27, 30 fracciones IV, V, XII, XXIII y XXXII, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 80, 81, 82, 100, 101, 111, 112 fracciones V y VI, 150, 152, 159, 178, párrafo segundo; y artículos segundo y cuarto transitorios ..."
SEGUNDO. La parte actora indica que la norma cuya invalidez demanda es violatoria del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. En la demanda se señalan como antecedentes los siguientes:
"El día 24 de abril de 2001, se aprobó por la LIII Legislatura del Estado de Querétaro, el decreto que contiene la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, enviándose al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación, hecho del cual tuvimos conocimiento hasta la publicación de la misma en el Periódico Oficial del Estado de Querétaro en los términos y fechas que se señalan en el punto siguiente. 2. En fecha 25 de mayo de 2001, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga, el decreto de la LIII Legislatura del Estado de Querétaro, que contiene la Ley Orgánica Municipal de Querétaro, sancionada, expedida, promulgada y publicada por el gobernador y secretario de Gobierno de esta entidad federativa. 3. Es el caso que los artículos impugnados de dicha ley violan en su espíritu y contenido al artículo 115 vigente, (sic) violando la autonomía municipal de nuestras representadas ..."
CUARTO. Los Municipios actores expresaron como concepto de invalidez el siguiente:
"Único. El decreto de la LIII Legislatura del Estado de Querétaro, que contiene la Ley Orgánica Municipal de Querétaro y particularmente los artículos que adelante se señalan, violan en su conjunto, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, con énfasis en la reforma del citado dispositivo constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, por las siguientes razones. La reforma constitucional al artículo 115 de 1999, creó la figura de ‘leyes estatales en materia municipal’, con el propósito de delimitar el alcance y contenido de las mismas para precisamente ampliar la facultad reglamentaria de los Municipios. Por tanto, no se trata de una facultad legislativa enunciativa como se encontraba dicho dispositivo constitucional antes de 1999, sino que fue intención del Constituyente Permanente acotar los contenidos de la ley municipal expedida por los Congresos Locales para favorecer la vida reglamentaria municipal y, con ello, su autonomía. Dicha ley estatal en materia municipal, como es conocido, se encuentra prevista y delimitada en la propia Constitución en el nuevo artículo 115 constitucional, cuya fracción II dice lo siguiente: ‘Artículo 115. ... I. ... II. ... Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los Ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; d) El procedimiento y condiciones para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la Legislatura Estatal considere que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y e) Las disposiciones aplicables en aquellos Municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. Las Legislaturas Estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores.’ (énfasis agregado). De la disposición descrita en relación con el tema que nos ocupa, podemos deducir que se generan los siguientes principios del artículo 115 constitucional: 1. La ley estatal en materia municipal que prevé la fracción II del artículo 115 constitucional, se trata de una ley de objeto limitado, es decir, su contenido no debe rebasar los incisos a) al e), establecidos en dicha fracción, para así propiciar el robustecimiento de la actividad reglamentaria municipal. 2. El exceso del legislador local, en relación con el principio anterior, genera su inconstitucionalidad, particularmente si invade materias de reglamentación municipal conforme al decreto del nuevo segundo párrafo de la fracción II del 115 y el espíritu del mismo, ya transcrito en párrafos anteriores. 3. Por tanto, es competencia municipal expedir reglamentos: Que organicen la administración pública municipal. Que regulen el funcionamiento interno del Ayuntamiento (Cabildo). Que regulen las materias (fracción III del 115 C.), procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. Aseguren la participación ciudadana y vecinal. En esta inteligencia, es inconstitucional la ley que invade tales materias, en perjuicio de la autonomía del Ayuntamiento para autoregularlas. 4. La ley debe prever las bases de la administración pública y del procedimiento administrativo, no así la organización específica de los Ayuntamientos. 5. Quedó reservado por el ámbito reglamentario todo lo relativo a la organización y funcionamiento del Ayuntamiento, así como la participación ciudadana, etcétera. 6. En materia de mayoría calificada del Ayuntamiento, ésta sólo es posible de establecerse en la ley, tratándose de disposición de bienes inmuebles, o actos jurídicos que obliguen al Ayuntamiento más allá de su periodo de gobierno. Por tanto, es indebido imponer a los Ayuntamientos la toma de decisiones a partir de mayoría calificada fuera de estos temas. (Inmobiliario y actos jurídicos que comprometan a los Ayuntamientos más allá de su periodo constitucional). Asimismo, en esta materia, no es válido que las legislaturas actúen como resolutores en lugar de los Ayuntamientos. Los anteriores principios, no se surten sólo de la lectura del decreto en cita, sino que se sostienen en los propios considerandos y motivos del dictamen de la reforma al 115 constitucional, aprobados en la Cámara de Diputados el 17 de junio de 1999 y en la de Senadores el 25 de junio del mismo año, que a continuación volvemos a citar para ilustrar el anterior aserto: ‘4.2 La intención de esta comisión dictaminadora, consiste en fortalecer al ámbito de competencia municipal y las facultades de su órgano de gobierno. Por ello se propone tal y como lo plantean los autores de las iniciativas antes descritas, delimitar el objeto y los alcances de las leyes estatales que versan sobre cuestiones municipales. Lo que se traduce en que la competencia reglamentaria del Municipio, implique de forma exclusiva, los aspectos fundamentales para su desarrollo. De ahí que se defina y modifique en la fracción II, el concepto de bases normativas, por el de leyes estatales en materia municipal, conforme a las cuales los Ayuntamientos expiden sus reglamentos, y otras disposiciones administrativas de orden general. Dichas leyes se deben orientar a las cuestiones generales sustantivas y adjetivas, que le den un marco normativo homogéneo a los Municipios de un Estado, sin intervenir en las cuestiones específicas de cada Municipio. En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario como facultad de los Ayuntamientos, todo lo relativo a su organización y funcionamiento interno y de la administración pública municipal; así como para la regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general; mientras que las leyes estatales en materia municipal, contemplarán lo referente al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos, y demás aspectos que contienen lo siguiente: 4.2.1 En el inciso a) se establecen los medios de impugnación y los órganos correspondientes, para dirimir controversias entre los particulares y la administración pública municipal, los cuales deberán conducir a la observancia de los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad. Se deja a salvo para cada Ayuntamiento decidir, a través de disposiciones reglamentarias, formas y procedimientos de participación ciudadana y vecinal. La ley, sólo contemplará los principios generales en este rubro. 4.2.2 En el inciso b), se establece que la ley deberá prever el requisito de mayoría calificada de los miembros de un Ayuntamiento en las decisiones relativas a la afectación de su patrimonio inmobiliario y la firma de convenios que por su trascendencia lo requieran; sin embargo, en dichas decisiones la Legislatura Estatal ya no intervendrá en la toma de la decisión de los Ayuntamientos. 4.2.3 En el inciso c), se señala que las leyes estatales incluirán normas de aplicación general para la celebración de convenios de asociación entre dos o más Municipios, entre uno o varios Municipios y el Estado, incluyendo la hipótesis a que se refiere la fracción VII del artículo 116 constitucional, para fines de derecho público. 4.2.4 En el inciso d), se prevé que la ley estatal contemple, con base en el ámbito de competencia exclusiva municipal, el procedimiento y las condiciones para que el Ayuntamiento transfiera la prestación de un servicio público o el ejercicio de una función a su cargo, a favor del Estado. Ello mediante la solicitud del Ayuntamiento a la legislatura, cuando no haya convenio con el Gobierno Estatal de que se trate. 4.2.5 En el inciso e), se establece que las Legislaturas Estatales expedirán las normas aplicables a los Municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes. Es decir, la norma que emita el Legislativo para suplir en estos casos, la falta de reglamentos básicos y esenciales de los Municipios, será de aplicación temporal en tanto el Municipio de que se trate, emita sus propios reglamentos. Por último, la comisión considera necesario prever en un nuevo párrafo cuarto de la fracción II en análisis, que las Legislaturas Estatales establezcan las normas de procedimiento para resolver los conflictos que pudieran surgir entre los Gobiernos Estatales y los Municipios con motivo de la realización de los actos a que se refieren los incisos b) y d) de la fracción segunda en comento. Para dirimir tales diferencias, el órgano competente será la Legislatura Estatal correspondiente. Esta previsión desde luego, se entiende sin perjuicio del derecho de los Gobiernos Estatales y de los Municipios de acudir en controversia constitucional en los términos del artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria.’ (énfasis agregado). Visto lo anterior, resulta que la ley aprobada parte de un error de origen, al señalar como su objeto un concepto que no le es el permitido por la Constitución, ya que el artículo 1o. de la ley impugnada, indica que su objeto es ‘establecer las bases generales para la organización del ámbito municipal de gobierno’ en contravención con el artículo 115 constitucional, que señala que el objeto de la ley será establecer las ‘bases generales de la administración pública y de procedimiento administrativo’, dejando claro que precisamente el tema de la organización y funcionamiento interno de los Ayuntamientos es materia de la facultad reglamentaria municipal. Lo anterior, no es un simple juego de palabras, ya que la ley aprobada a partir de tan erróneo objeto, deriva en que muchos de sus artículos, como los que se impugnan, violentan la autonomía municipal para auto-organizarse, y para determinar su régimen y funcionamiento interno, pues la citada ley regula prácticamente toda la vida municipal, desde sus dependencias, participación ciudadana, procedimientos particulares, pasando por generar un organigrama que mete en camisa de fuerza al Ayuntamiento. Bajo esta perspectiva, lo único admisible de la ley son los artículos que realmente se refieren a generalidades de la administración pública y a los incisos del a) al e) de la fracción II del artículo 115 vigente. Como se observa, en virtud de los principios que arroja la reforma al artículo 115 constitucional de 1999, consistentes en la delimitación de los alcances de la ley sobre materia municipal, así como el haber garantizado que el tema organizacional y de funcionamiento interno quedó para el ámbito reglamentario municipal, y si bien el ámbito de la Legislatura Estatal no desaparece, sí se acota favoreciendo el ensanchamiento y robustecimiento de la capacidad autonormativa (autonomía) de los Ayuntamientos, dada su naturaleza colegiada. A mayor abundamiento, debe decirse que la reforma genera un concepto novedoso de facultad reglamentaria autónoma. Autonomía es un término que proviene del latín auto (propio) y nomos (norma) y que consiste en la atribución de un organismo o persona jurídica para darse a sí misma normatividad con valor jurídico en un ámbito específico de competencia. Así, la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, atribuye a los Municipios mexicanos no sólo un ámbito propio de acción exclusivo, sino la facultad de normarlo por sí mismos a través de sus órganos de gobierno (Ayuntamientos), las materias de su competencia que van desde la organización de la administración pública municipal y el funcionamiento interno del Ayuntamiento, hasta la regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su exclusiva competencia, pasando desde luego por la regulación de las relaciones del Gobierno Municipal con sus gobernados en materia de participación ciudadana y vecinal. Nace así la reglamentación municipal autónoma que se distingue de los reglamentos tradicionales en los que solamente se provee a la exacta observancia de la ley en la esfera administrativa. En efecto, los reglamentos autónomos tienen la característica de ser producidos por los Ayuntamientos en ejercicio pleno de una función materialmente legislativa en donde pueden crear derechos, obligaciones procedimientos, sanciones, etcétera. Asimismo, su relación con la ley general es relativa exclusivamente a los datos comunes que deben tener en ciertos aspectos los Municipios de un mismo Estado. Sin embargo, tal y como lo establece la fracción II del artículo 115 en cita, dichas leyes ‘marco’ al estar limitadas en su objeto a ciertas generalidades, nos da como resultado el que los Municipios puedan cuasilegislar a través de reglamentos u ordenanzas municipales, los aspectos necesarios para un desarrollo autónomo y subsidiario de la vida municipal en las materias de su exclusiva competencia. De lo anterior se deduce que existirán dos dimensiones o estratos reglamentarios municipales: El autónomo que ya hemos explicado y el derivativo que es la facultad reglamentaria tradicional en donde los Municipios se limitan a proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de una ley. En este último caso estamos ante materias que no son del ámbito exclusivo municipal sea porque la Constitución Federal o la Local no lo hayan atribuido con tal carácter y entonces, la facultad normativa se ve limitada a tan sólo proveer la concreción de la ley pero sin poder crear derechos y obligaciones espontáneamente, sujetándose en todo el tiempo a la naturaleza jurídica y alcances de la ley especial de la materia que se trate. Por tanto, en la medida que la ley en sus artículos impugnados invaden pues, en doble esquema los principios ya explicados, ya que por una parte va más allá de lo que limitativamente le permite la Constitución a los Congresos Estatales en esta materia y a la vez, materialmente invade temas como el de la organización y funcionamiento interno del Ayuntamiento al máximo detalle, no obstante ser materias que el Constituyente Permanente reservó para la función reglamentaria municipal; en tal grado de inconstitucionalidad se encuentran los artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, cuya invalidez se solicita, mismos que adelante se señalan. Como se observará, la cantidad de artículos indebidamente estipulados hacen inviable e inconsistente la ley, misma que no acude al espíritu y sentido correcto del artículo 115 de nuestra Carta Magna, máxime tomando en cuenta la reforma de 1999. Para demostrar lo anterior, a continuación señalamos uno a uno los artículos de dicha ley materia de la presente controversia, y el principio o principios del artículo 115 constitucional, (con énfasis en la reforma de 1999) que se ven violentados, en obvio de repeticiones y conforme a los párrafos precedentes del presente concepto de invalidez. Para mejor comprensión, los artículos o parte de ellos no expresados a la letra o que queden en puntos suspensivos (...) son válidos y por ello no los transcribimos siquiera, mientras que los artículos transcritos textualmente son los que se estiman inconstitucionales, y se identificarán con el o los principios del artículo 115 constitucional que a nuestro juicio, se conculcan. Artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y principios del artículo 115 constitucional que se violan, por lo que se pide se declare su invalidez conforme al presente concepto invalidez. Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro: Capítulo primero. ‘De las disposiciones generales.’. ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones). Artículos 2o. al 26 .... Capítulo segundo. ‘Funcionamiento y competencia de los Ayuntamientos y la organización administrativa municipal.’. ‘Artículo 27.’ (se transcribe). (El presente artículo en su párrafo sexto exclusivamente, viola el principio del artículo 115 constitucional marcado en el presente concepto de invalidez con el número 6 al cual nos remitimos en obvio de repeticiones, en la medida que se infiere que ‘las leyes’ podrán imponer mayorías calificadas, no obstante que el sentido limitativo que impone el artículo 115 constitucional a la ley municipal, se reduce a los casos de decisiones sobre el patrimonio inmobiliario y actos que obliguen al Ayuntamiento más allá de su periodo constitucional). Artículos 28 al 29 ... ‘Artículo 30.’ (se transcribe). (El presente artículo en sus fracciones IV, V, XII, XXIII y XXXII, violan los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones). ‘Artículo 31.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, en virtud de que regula las funciones del presidente municipal, mismas que deben ser determinadas en el reglamento interno respectivo que emita el Ayuntamiento). ‘Artículo 32.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, en la medida que establece disposiciones propias del reglamento interior del Ayuntamiento). Artículos 33 al 35 ... Capítulo tercero. ‘De las comisiones permanentes de dictamen.’. ‘Artículo 36.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados con el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de los Cabildos). ‘Artículo 37.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de los Cabildos). ‘Artículo 38.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de los Cabildos). ‘Artículo 39.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de los Cabildos). ‘Artículo 40.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de los Cabildos). Capítulo cuarto. ‘De la inhabilitación, revocación y suspensión de los miembros del Ayuntamiento.’. Artículos 41 al 43 ... Título IV ‘De la estructura administrativa municipal.’. Capítulo primero. ‘De la organización administrativa de los Municipios. ‘Artículo 44.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de la administración pública municipal propia de los Ayuntamientos). ‘Artículo 45.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones por invadir el ámbito autónomo de organización interna de la administración pública municipal propia de los Ayuntamientos). ‘Artículo 46.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de la administración pública municipal propia de los Ayuntamientos). Capítulo segundo. ‘De la secretaría del Ayuntamiento.’. ‘Artículo 47.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de la administración pública municipal propia de los Ayuntamientos). Capítulo tercero. ‘De la dependencia encargada de las finanzas públicas.’. ‘Artículo 48.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de la administración pública municipal propia de los Ayuntamientos). Capítulo cuarto. ‘De la dependencia encargada de la administración de servicios internos, recursos humanos, materiales y técnicos del Municipio.’. ‘Artículo 49.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de la administración pública municipal propia de los Ayuntamientos). ‘Artículo 50.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de la administración pública municipal propia de los Ayuntamientos). Capítulo quinto. ‘De la dependencia encargada de la seguridad pública, Policía Preventiva y el tránsito municipal.’. ‘Artículo 51.’ (se transcribe). Cuando la realidad socioeconómica de un Municipio lo haga necesario se podrán prestar los servicios de seguridad pública, Policía Preventiva y tránsito mediante estructuras administrativas independientes. (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de la administración pública municipal propia de los Ayuntamientos). Capítulo sexto. ‘De las autoridades municipales auxiliares.’. ‘Artículo 52.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de la administración pública municipal propia de los Ayuntamientos). ‘Artículo 53.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de la administración pública municipal propia de los Ayuntamientos). ‘Artículo 54.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de la administración pública municipal propia de los Ayuntamientos). ‘Artículo 55.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de la administración pública municipal propia de los Ayuntamientos). ‘Artículo 56.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de la administración pública municipal propia de los Ayuntamientos). ‘Artículo 57.’ (se transcribe). (El presente artículo, viola los principios del artículo 115 constitucional marcados en el presente concepto de invalidez con los números 1, 2, 3, 4 y 5 a los que nos remitimos en obvio de repeticiones, por invadir el ámbito autónomo de organización interna de la administración pública municipal propia de los Ayuntamientos). Capítulo séptimo. ‘De la administración pública paramunicipal.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19159-3befd4e7/bienes-muebles-e-inmuebles-del-municipio-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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