ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARTÍCULOS 41 Y 42 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE COSÍO, AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2006, AL ESTABLECER QUE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE SE PRESTE CAUSARÁ DERECHOS SOBRE EL PORCENTAJE DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE REALICEN LOS USUARIOS DOMÉSTICOS, COMERCIALES E INDUSTRIALES, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, NUMERAL 5o., INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ACTO IMPUGNADO POR HABER SIDO FUNDADO UNO DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, RESULTA INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES RELATIVOS AL MISMO ACTO. ALUMBRADO PÚBLICO. LAS LEYES LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA EL COBRO DE DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO, LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES, PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 19/2006. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
MINISTRA PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIA: ROSAURA RIVERA SALCEDO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de junio de dos mil seis.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil seis, ante la Oficina de Certificación y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, en su carácter de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
"I. Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada. a) Autoridad emisora: Congreso de la entidad, Palacio Legislativo, Plaza de la Patria No. 109 Oriente, código postal 20000, Aguascalientes, Aguascalientes. b) Autoridad promulgadora: gobernador del Estado, Palacio de Gobierno, Plaza Principal s/n, Centro Histórico, código postal 20000, Aguascalientes, Aguascalientes. II. Norma general cuya invalidez se reclama: El artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, publicada el 29 de diciembre de 2005 en el Periódico Oficial de la entidad, cuyo ejemplar se anexa al presente oficio ..."
SEGUNDO. El único concepto de invalidez que se hace valer, es el siguiente:
"Primero. El artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, conculca los numerales 16, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos de la Constitución Federal que resultan vulnerados con la emisión de la norma general impugnada, en la parte que interesa, señalan: Artículo 16 (se transcribe). Artículo 73 (se transcribe). Artículo 124 (se transcribe). Artículo 133 (se transcribe). El numeral 16 de la Constitución Federal establece la garantía de legalidad de los actos de toda autoridad, los que deberán constar por escrito, emanar de autoridad competente y estar debidamente fundados y motivados. La competencia de la autoridad está determinada fundamentalmente en la Constitución y pormenorizada en la ley que la rige, ya que fija los alcances de sus facultades. Es así como la autoridad no puede actuar más allá del ámbito establecido y cualquier acto que exceda sus atribuciones vulnera este principio constitucional. Por otra parte, y de conformidad con el artículo 40 en concordancia con el diverso 42, ambos de la Constitución Federal, el Estado mexicano se constituye en una República Federal compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según los principios de la misma Ley Fundamental. Lo anterior obliga, en términos del primer párrafo in fine del numeral 41 de la Constitución General de la República, a las entidades federativas a crear su propio sistema jurídico -Constituciones y leyes reglamentarias- sin contravenir las disposiciones del Pacto Federal determinadas en la misma Carta Magna. En este orden de ideas, el numeral 124 del propio Ordenamiento Supremo establece el principio de división de competencias entre la Federación y los Estados, otorgando a éstos, todas aquellas facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales -facultades residuales-. Ahora bien, de la interpretación literal del precepto 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), de la Constitución Federal, se desprende que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica. Así, en el caso de las contribuciones, es necesario que las mismas contengan ciertos elementos -artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación-, tales como: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, los cuales no son aplicables en el caso del derecho de alumbrado público. Precisado lo anterior, se pasa al análisis tanto del precepto que se estima inconstitucional, como de aquellos que guardan relación con los elementos del derecho de alumbrado público, con el objeto de demostrar que el supuesto derecho de alumbrado público, establecido en el numeral 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, cuyo contenido en la parte que interesa para el presente análisis, señala: Capítulo X. Por servicios de alumbrado público. Artículo 41. (se transcribe). Artículo 42. (se transcribe). De la lectura del artículo impugnado se advierte que los elementos del derecho de alumbrado público que fijó el Congreso Estatal, son: a) Sujeto: Los propietarios o poseedores que se beneficien del servicio de alumbrado público que proporcione el Municipio. b) Objeto: la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del Municipio. c) Tarifa: 1, 2, 3, OM, HM, HS, HSL, HT, HTL, 1-15, 1-30, RH-, HS-RM, HT-R, HT-RF, H-RM, HM-RF, H, H-R. d) Tasa: 10% en razón del consumo que se genere de energía eléctrica. e) Base: El importe de consumo que los propietarios y poseedores de predios cubran a la empresa que suministre la energía eléctrica. f) Época de pago: La empresa suministradora del servicio hará la retención correspondiente, consignando el cargo en los recibos que expida para el consumo ordinario. Para una mejor compresión del problema planteado, cabe precisar que nuestro sistema jurídico los tributos se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, estos últimos se consideran como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado -en el caso en estudio el Municipio- en sus funciones de derecho público, de conformidad con el artículo 2o. del código tributario, que señala: Código Fiscal de la Federación. Artículo 2o. (se transcribe). En este contexto, es de observarse que el numeral 115, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, en lo que a este estudio interesa, señala: (se transcribe). Por tanto, si bien es cierto que el numeral 115, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal prevé que el Municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, también lo es que dicha facultad no se extiende para que este nivel de gobierno pueda, a través de su Ley de Ingresos, cobrar contribuciones al consumo de energía eléctrica, trastoca los preceptos constitucionales antes citados, pues no se está pagando por la prestación del servicio que el Municipio otorga en sus funciones de derecho público, sino en relación con lo que el contribuyente consume de luz, resultando que a mayor consumo de energía eléctrica, la base gravable aumenta y, por ende, crece el pago del tributo, es decir, a menos consumo de luz, menor la base gravable y por consecuencia, disminuye la causación del gravamen. Lo anterior tiene mayor relevancia si se toma en consideración que una vez determinada la base, se le debe aplicar la tarifa dependiendo del rango en que se ubique el contribuyente, además del pago del 10% por concepto de la tasa por el consumo generado de energía eléctrica, por lo que al tener el dispositivo que se combate parte de los elementos de un tributo, en relación con los demás artículos de la Ley de Ingresos municipal antes citada, es que se arriba a la conclusión que a través de éstos no está cobrando un derecho, sino una contribución. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 21/2005, en el que señala: (se transcribe). De tal modo que si la Legislatura de Aguascalientes con la emisión del numeral 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006, establece una contribución al consumo del fluido eléctrico, resulta incontrovertible que desborda el marco de sus atribuciones y, por ende, invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión establecida en el precepto 73, fracción XXIX, numeral 5o., inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, debe declararse inconstitucional el artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal de 2006. Sirven de apoyo a lo anterior los criterios sustentados por el Pleno y la Segunda Sala de ese Máximo Tribunal en las tesis P./J. 6/88 y 2a./J. 25/2004, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava y Novena Épocas, Tomos I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988 y XIX, marzo de 2004, páginas 134 y 317, que a continuación se transcriben: ‘ALUMBRADO PÚBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CÓDIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). ‘ALUMBRADO PÚBLICO. LAS DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2003, QUE PREVÉN LA TASA APLICABLE A ESA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe). Por otra parte, la garantía de legalidad estatuida en el numeral 16 de la Constitución Federal obliga a toda autoridad -incluyendo a los Congresos Locales- que emite un acto, a cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación; el primero se cumple con la cita de los preceptos legales en que se apoye la determinación adoptada, esto es, que tal disposición prevea la situación concreta para la cual sea procedente la realización del acto, el segundo consiste en la expresión de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que demuestren la adecuación entre las hipótesis contenidas en las disposiciones que sirvieron de fundamento para emitir el acto con el caso concreto. Cabe precisar que ese Alto Tribunal ha considerado que, tratándose de actos legislativos, la garantía de legalidad en cuanto a la fundamentación y motivación de dichos actos se cumple cuando el órgano legislativo que expide el ordenamiento constitucionalmente está facultado para ello, ya que tal requisito se satisface cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere; y respecto a la motivación, ésta se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de ese Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 157-162 Primera Parte, página 150, que a continuación se transcribe: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe). De la anterior transcripción se desprende que en tratándose de leyes, la fundamentación se satisface cuando el Poder Legislativo actúa dentro de los límites que la Constitución le confiere, esto es, que el ámbito espacial, material y personal de validez de las normas que se emiten corresponda a la esfera de atribuciones del referido órgano colegiado de acuerdo con la Ley Fundamental. En este contexto, es evidente que el Congreso del Estado de Aguascalientes, al no estar facultado para fijar contribuciones en materia de energía eléctrica, actuó fuera de los límites de las atribuciones que le confiere la Constitución Federal, transgredido con ello los artículos 16 y 124 de la Carta Magna. Finalmente, el numeral 133 de la Constitución General de la República impone la existencia de un orden jurídico creado y organizado por la misma Norma Suprema, al que deben sujetarse todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, y la contravención de tal imperativo conlleva necesariamente a la vulneración del principio de supremacía constitucional."
TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: artículos 16, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), 124 y 133.
CUARTO. Mediante proveído de treinta de enero de dos mil seis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad bajo el número 19/2006 y, por razón de turno, designó como instructora a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
En diverso auto de treinta y uno del mes y año citados, la Ministra instructora admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO. Al rendir su informe, el Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes adujo en relación con los hechos de la demanda, lo siguiente:
"Con sustento en los artículos 14, 32, 36 y 46, fracción I, de la Constitución Política de Estado de Aguascalientes, expreso que el C. Procurador general de la República, en su carácter de promovente de la presente acción de inconstitucionalidad, señala al gobernador del Estado de Aguascalientes, como la autoridad promulgadora, en cuanto a la norma general cuya invalidez se reclama adminiculada con su apartado V relativo al concepto de invalidez del artículo 41, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosió, Ags., (sic) para el ejercicio fiscal 2006. En apego al principio de la división de poderes y que el ejercicio del Poder Ejecutivo, se deposita en un solo individuo que se denomina gobernador del Estado, consideraciones legales que se encuentran contenidas en los artículos 14 y 36, respectivamente, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, es que mi participación se encuentra fundada y motivada en derecho, dado que el artículo 46 de nuestra Carta Magna Local, establece: ‘Artículo 46.’ (se transcribe). La fracción I antes mencionada, indica que la facultad del Ejecutivo es la de promulgar y ejecutar las leyes y promulgar significa: (del lat. promulgare.), tr. Publicar formalmente una ley u otra disposición de la autoridad, a fin de que sea cumplida y hecha cumplir como obligatoria. (según se lee en el Diccionario de la Real Academia Española, edición 2006). En virtud, de lo anterior, se concluye, que quien emitió el Decreto Número 100 que contiene la norma general, abstracta, impersonal, cuya validez se combate, fue la LIX Legislatura del Poder Legislativo del Estado libre y soberano de Aguascalientes dado su función y facultad constitucional, lo que se acredita con la copia certificada del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de fecha 29 de diciembre del año 2005, que adjunto, como ‘anexo cuatro’ de donde se infiere que el acto o función reclamada al C. Gobernador del Estado de Aguascalientes, es cierta. Independientemente de que sea cierto el acto reclamado al suscrito por el procurador general de la República, promovente de esta acción de inconstitucionalidad, es un hecho notorio a observar por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la Constitución del Estado solamente faculta al gobernador para que, una vez aprobada una ley por parte del Poder Legislativo Estatal, sea el propio del Estado, puesto que la facultad para promulgar y publicar las leyes expedidas por el Congreso del Estado, es en realidad una obligación a cargo del Ejecutivo Local, a través del secretario general de gobierno, atentos a lo dispuesto por los artículos 32, 35, 46, fracción I, de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes; y 4o. y 8o., fracción I, de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, por ello, considero que la sola publicación de un documento emitido por el Poder Legislativo Estatal, no es causal de inconstitucionalidad. Es aplicable la tesis jurisprudencial 221, consultable en las páginas doscientos diez y siguiente, Tomo I del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’ (se transcribe). De igual manera, cabe señalar, que el C. Gobernador Constitucional del Estado no tiene concedida facultad alguna en la aplicación de la norma, cuya validez se impugna, ya que de conformidad con la ley municipal para el Estado de Aguascalientes, es la autoridad municipal a quien le corresponde hacer cumplir las leyes municipales, dentro del ámbito de su competencia, con apoyo en el contenido de los artículos que a continuación se transcriben: ‘Artículo 38.’ (se transcribe). ‘Artículo 50.’ (se transcribe). De los conceptos de invalidez, que manifiesta el promovente de la acción de inconstitucionalidad, no se desprende alguno que en forma original le sea imputable al titular del Poder Ejecutivo Estatal y que pudiera afirmarse que afecte al procurador general de la República, toda vez que de su análisis se determina que los mismos se refieren al contenido del artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2006, el citado ordenamiento jurídico fue emitido y aprobado por la LIX Legislatura del Congreso del Estado."
SEXTO. Por su parte, el presidente y el secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Aguascalientes, al rendir su informe respecto del concepto de invalidez, manifestaron lo siguiente:
"I. En relación con el concepto de invalidez señalado como primero, mediante el cual se argumenta que el artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año dos mil seis, conculca los numerales 16, 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consideramos que no le asiste la razón a la parte actora, debido a que la expedición del citado precepto legal por esta LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Aguascalientes, norma general cuya invalidez se reclama, se llevó a cabo con sujeción estricta a lo establecido en el capítulo IX denominado ‘De la iniciativa y formación de las leyes’, que comprende los artículos 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, así como en lo dispuesto en el título cuarto, denominado ‘Del proceso legislativo’, capítulos I, II, II, IV, V y VI, artículos del 124 al 188 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. En efecto, el proceso legislativo que concluyó con la emisión de la norma que se objeta por el promovente, inició con la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año dos mil seis, la cual fue presentada por los CC. Presidente municipal, secretario, regidor de hacienda y por el regidor de seguridad pública del H. Ayuntamiento de Cosío, Aguascalientes, dando cumplimiento a lo ordenado por el citado artículo 30, fracción IV, de la Constitución Local y por el artículo 124 de la mencionada Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes. El H. Ayuntamiento de referencia incluyó en su propuesta de Ley de Ingresos los conceptos relativos a impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que le permitirán obtener recursos financieros para poder atender los servicios públicos de su competencia. En el concepto de derechos se incluyó el denominado ‘por servicios prestados de alumbrado público’, por un monto de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), con lo que el Ayuntamiento habrá de cubrir el pago derivado del consumo de energía eléctrica utilizada para el alumbrado público. Por mandato del artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los Municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos, siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b) Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d) Mercados y centrales de abasto; e) Panteones; f) Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e i) Los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socio económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Para que el Municipio se encuentre en posibilidades de dar atención eficiente a las funciones y servicios descritos, requiere contar con los recursos económicos indispensables y en tal virtud, esta legislatura, en acatamiento a lo establecido por el párrafo IV, inciso c), del citado artículo 115 constitucional aprobó el establecimiento de ingresos derivados por el servicio de alumbrado público que presta el Municipio, ya que de lo contrario dejaríamos insolvente al Municipio de referencia en cuanto a la prestación de este servicio tan importante y trascendente para sus habitantes. El contenido del precitado inciso c), previsto también en la fracción III del artículo 70 de la Constitución del Estado, permite a las Legislaturas Locales aprobarles a los Municipios ingresos que les permitan dar respuesta a la satisfacción de los servicios públicos que el Constituyente tanto federal como estatal estimó deben ser prestados por este nivel de gobierno, por tanto, la aprobación del precepto normativo que se impugna es acorde a la Constitución Federal y a la particular del Estado de Aguascalientes y, en consecuencia, es válido. La prestación del servicio de alumbrado público es esencial para todo Municipio y en particular para el Municipio que nos ocupa; este servicio proporciona seguridad y bienestar a las personas que normalmente lo habitan y para todas aquellas personas que lo visitan. El alumbrado público es fundamental para prevenir hechos delictivos, provocando que los delincuentes se desistan de sus acciones criminales al darse cuenta que pueden ser observados plenamente y, consecuentemente, identificados para que sean castigados por la autoridad. Si el Municipio quedara desamparado en este rubro tan importante, al dejar de percibir los recursos necesarios para continuar proporcionando este fundamental servicio público, los actos delictivos indudablemente se multiplicarían, en perjuicio inmediato de su población, obligando injustificadamente a las personas a que por sus propios medios iluminen el frente de sus domicilios, lo que les acarrearía graves daños en su patrimonio. La iluminación de calles y avenidas no es tan sólo cuestión de estética urbana, sino de seguridad, que debe ser procurada ininterrumpidamente, como una función primordial del Estado mexicano, de tal forma que estamos comprometidos con el Municipio para coadyuvar en la obtención de los medios que hagan factible que la prestación de los servicios públicos a su cargo se atiendan con oportunidad y calidad. II. Si bien es cierto el Municipio se ha venido fortaleciendo, dotándolo de atribuciones que le permitan dar solución a la problemática básica de la sociedad, también lo es que en la actualidad no se han encontrado todavía los esquemas adecuados de financiamiento que posibiliten el cumplimiento pleno de los servicios que se le han encomendado. Sabemos que el primer contacto del gobernado con la autoridad es a través del Municipio y es a esta célula básica a quien la ciudadanía le exige la satisfacción pronta y efectiva de sus necesidades, pero ¿qué hacer si el Municipio carece de los recursos suficientes para lograrlo? Indudablemente que la respuesta es acudir en su auxilio, otorgándole los medios que lo apoyen en su trascendental función. En este contexto, esta LIX Legislatura del Estado de Aguascalientes ha aportado lo que le corresponde, aprobando la propuesta de este Municipio para que en el ordenamiento legal correspondiente se prevea el precepto que justifique el cobro por el servicio de alumbrado público, apegándonos a lo ordenado tanto por la Constitución Federal, como por la Local. Si algún particular considera lesivo dicho cobro, se encuentra en posibilidades de recurrir a las instancias procedentes para plantear el asunto. Afortunadamente en el Municipio que nos ocupa la mayoría de sus habitantes son conscientes de la importancia que reviste el contar con alumbrado público y del alto costo que esto representa, pagando sin objeción alguna este servicio; los inconformes indudablemente no lo valoran y por lo tanto no están de acuerdo en su cobro, pero, insistimos, son pocos quienes aun sin aportar nada se benefician del servicio, gracias a la responsabilidad y solidaridad de los demás."
SÉPTIMO. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, se declaró cerrada la instrucción y se procedió a la elaboración del proyecto de la resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre el artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Estado de Aguascalientes y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. En primer término se analizará la oportunidad de la presentación de la demanda.
El artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Aguascalientes impugnado, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el veintinueve de diciembre de dos mil cinco, como se advierte del ejemplar que obra a fojas diecisiete a veintiuno de este expediente; por lo que es a partir del día siguiente a la fecha indicada que debe hacerse el cómputo respectivo.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. ..."
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó en el medio de difusión oficial la norma impugnada.
El artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Estado de Aguascalientes impugnado, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad, el veintinueve de diciembre de dos mil cinco, como se advierte del ejemplar de la edición correspondiente, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo transcrito, el plazo para promover la presente acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del treinta de diciembre de dos mil cinco al veintiocho de enero de dos mil seis. En el caso, la acción de inconstitucionalidad se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintisiete de enero de dos mil seis, por tanto, se presentó oportunamente.
TERCERO. A continuación se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.
Suscribe la demanda Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, en su carácter de procurador general de la República, lo que acredita con la copia certificada de su nombramiento (foja 16 del expediente).
El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"c) El procurador general de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano; ...."
De acuerdo con lo previsto por dicho numeral, si en el caso se plantea la inconstitucionalidad del artículo 41 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cosío, Estado de Aguascalientes, ordenamiento que tiene el carácter de estatal, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.
Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia P./J. 98/2001, de este Tribunal Pleno, publicada en la página ochocientos veintitrés del Tomo XIV, septiembre de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al procurador general de la República para impugnar, mediante el ejercicio de las acciones de inconstitucionalidad, leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como tratados internacionales, sin que sea indispensable al efecto la existencia de agravio alguno, en virtud de que dicho medio de control constitucional se promueve con el interés general de preservar, de modo directo y único, la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19722-aece3b8e/accion-de-inconstitucionalidad-los-articulos-41-y-42 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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