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Modo: Corpus Pro

AMPARO DIRECTO. DEBE SOBRESEERSE RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA RECLAMADA ATRIBUIDA AL DILIGENCIARIO DE LA SALA, SI SÓLO SE ORDENÓ SU NOTIFICACIÓN Y ÉSTA NO FUE COMBATIDA POR VICIOS PROPIOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 300/2006. · Registro digital (IUS): 19731
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSÉ LUIS HERRADA BONILLA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, , Pág. 1154.

AMPARO DIRECTO 300/2006. JOSÉ LUIS HERRADA BONILLA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Previo al estudio del fondo del asunto, debe indicarse que esta potestad federal advierte la actualización de una causa de sobreseimiento, en relación con el acto de ejecución reclamado por el quejoso a la diligenciaria adscrita a la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.

En efecto, del escrito de demanda de garantías se desprende que el agraviado señaló a la empleada judicial antes referida como autoridad ejecutora.

Ahora bien, de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se obtiene que dentro de las obligaciones del diligenciario judicial se encuentran: a) Asistir diariamente a la oficina durante las horas que les fije la autoridad de la que dependan; b) Hacer las notificaciones que se les ordene; c) Devolver inmediatamente los expedientes, procesos o tocas; o en su caso, asentar en autos las causas de la demora o del incumplimiento; d) Practicar las diligencias que se les encomienden; y, e) Ministrar a la secretaría los informes y noticias que se le soliciten.

Como se observa, la mayor parte de las actuaciones del diligenciario están supeditadas a la orden que dicte la autoridad de la que depende.

En el particular, la única orden que se advierte que le fue dada a la diligenciaria de la Sala responsable, fue la de notificar personalmente a las partes la sentencia de segunda instancia, entregándoles copia autorizada de ésta; actuación que de ninguna manera consiste en ejecutar lo determinado en los puntos resolutivos de dicho fallo, y menos aún lo resuelto en la sentencia de primera instancia, misma que correspondería ejecutar, en todo caso, y previa orden del Juez natural, al diligenciario de su adscripción.

Por otra parte, el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 74. Procede el sobreseimiento: ... IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad o autoridades responsables están obligadas a manifestarlo así, y si no cumplen esa obligación, se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario, según las circunstancias del caso."

De lo anterior, debe concluirse que se actualiza una causal notoria de sobreseimiento, en virtud de que el acto de "ejecutar" la sentencia de alzada reclamada a la diligenciaria adscrita a la Sala, no existe, en tanto que no fue ordenado por esta última; por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, y ello autoriza a sobreseer en el juicio constitucional, en torno al acto de ejecución señalado por el agraviado.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado al resolver los juicios de amparo directo D. 216/2006, D. 258/2006, D. 191/2006 y D. 253/2006, que se encuentra pendiente de publicación, de rubro y contenido siguientes: " Cuando en la demanda de amparo directo se señala como autoridad responsable ejecutora al diligenciario adscrito al tribunal de apelación, pero del estudio de la sentencia también reclamada, no se advierte que se haya ordenado al fedatario en cita ejecución alguna, sino únicamente su notificación y, por otro lado, en la petición de amparo no se esgrimen conceptos de violación encaminados a combatir la notificación referida por vicios propios, entonces debe concluirse que no existe acto de ejecución alguno por parte del mencionado diligenciario y, por ende, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías respecto de dicho acto de autoridad, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo."

SEXTO. Los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso son inatendibles en una parte, infundados en otra e inoperantes en una última, como se demostrará.

Antes de proceder a estudiar los conceptos de violación planteados por el agraviado, debe decirse en cuanto a su petición de que este Tribunal Colegiado supla la deficiencia de sus conceptos de violación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que no procede emplear la referida figura jurídica procesal; en principio, porque la fracción del artículo 76 Bis de la ley de la materia que invocó, es aplicable únicamente en la materia penal, no así en la civil; por otra parte, las fracciones III y IV de la disposición legal en comento, igualmente se refieren a materias diversas de la civil pero, además, en el caso particular, la sentencia reclamada no se fundó en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que autorizara a suplir la deficiencia de los conceptos de violación con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo; tampoco dicha sentencia afecta derechos de menores de edad o incapaces, que condujera a aplicar la referida suplencia, con apoyo en la diversa fracción V del citado numeral; y, finalmente, este Tribunal Colegiado no advierte que se hubiera cometido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa y que deba repararse de oficio, en términos de lo dispuesto por la fracción VI del tantas veces referido artículo 76 Bis.

Así las cosas, en el caso concreto no procede suplir la queja deficiente, como lo solicitó el peticionario de la protección constitucional.

Por otro lado, en sus conceptos de violación, el quejoso expuso que el Juez de origen valoró de manera superficial la acción ejercida en su contra, como se advertía de la sola lectura del tercer punto resolutivo de su fallo, del que se desprendía que no tomó en cuenta sus excepciones ni sus pruebas.

Que el Juez natural no estudió las excepciones que opuso ni las pruebas rendidas con la finalidad de demostrarlas, tal como lo ordena el artículo 1327 del Código de Comercio, según el cual la sentencia debe ocuparse de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas.

Que al contestar la demanda hizo valer la excepción de incumplimiento de contrato debido al trato mercantil que existía con el actor, pues como demostró con los títulos mercantiles y demás constancias de autos, haciendo un ajuste de cuentas, el actor le adeudaba la cantidad de diecinueve mil cuatrocientos noventa y cinco pesos, con sesenta centavos, moneda nacional, lo que no fue valorado por el Juez natural ni por la Sala responsable.

Que la sentencia de primer grado condenó al pago de intereses que nunca fueron pactados por las partes, desestimando las pruebas que ofreció en el procedimiento, que al caso tenían aplicación las tesis de rubros: "PRUEBA, CARGA DE LA. EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES." y "EXCEPCIONES, TRATÁNDOSE DE JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES EL DEMANDADO AL DAR CONTESTACIÓN AL ESCRITO DE DEMANDA DEBE HACER VALER TODAS SUS."

Que por lo anterior, solicitaba "la modificación de la referida sentencia", a fin de que resultara absuelto de las prestaciones que le fueron reclamadas, ya que dicho fallo carecía de fundamentación y motivación, y al efecto invocó la jurisprudencia titulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."

Deben calificarse como inatendibles las manifestaciones de inconformidad con las que el impetrante del amparo pretende combatir la supuesta omisión del Juez de primera instancia, de estudiar las excepciones que opuso, las pruebas que aportó con la finalidad de acreditarlas, así como el fallo de primer grado; lo anterior obedece a que este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para ocuparse de tales alegaciones, habida cuenta que al haber sido motivo dicha resolución del recurso de apelación que en contra de ésta hizo valer el quejoso, quedó sustituida procesalmente por la que dictó la Sala, de manera que cualquier agravio que le pudiera haber causado aquélla dejó de surtir efectos.

Así las cosas, el peticionario de la protección constitucional, lejos de cuestionar las supuestas omisiones en que incurrió el Juez de primer grado, así como el propio fallo que dictó, debió controvertir las consideraciones y fundamentos legales esgrimidos por la Sala responsable, al resolver el recurso de apelación que interpuso, en el cual se ocupó de los agravios que hizo valer en contra de la sentencia dictada por el Juez a quo relativos, precisamente, a la supuesta omisión de análisis de sus excepciones y de valoración de sus pruebas.

Es aplicable en el particular, la jurisprudencia VI.2o. J/23, integrada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el cual ya especializado en materia civil, ahora resuelve, publicada en la página 607, Tomo IV, Segunda Parte-2, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO ATACAN LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Si la quejosa se concreta a exponer los términos en que se apoyó su primer agravio formulado en la apelación, al señalar las causas por las que lo enderezó en contra de toda la sentencia de primera instancia, este Tribunal Colegiado no puede hacer pronunciamiento alguno, pues la Sala ya se ocupó de los argumentos que hizo valer en vía de agravio, pero aun considerando que todo lo aducido por el inconforme fuera tendiente a atacar la sentencia de primera instancia, de cualquier manera este Tribunal Colegiado no podría ocuparse de tales argumentos, pues dicha resolución, al haber sido motivo del recurso de apelación que en contra de éste hizo valer la parte hoy quejosa, quedó sustituida procesalmente por la que dictó la Sala, por lo que cualquier agravio que le pudiera haber causado dejó de surtir efectos."

En otra parte de su demanda de garantías, el agraviado adujo que la sentencia reclamada era violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, por incongruente, habida cuenta que confirmó la de primera instancia, la cual lo condenó indebidamente; además de que carecía de fundamentación y motivación.

Que tampoco estudió, al igual que el Juez natural, las excepciones que opuso y las pruebas que aportó al sumario, tendentes a acreditarlas.

Los anteriores conceptos de violación resultan infundados en una parte e inoperantes en otra.

En efecto, primero debe decirse que contrario a lo que alega el quejoso, la Sala responsable sí fundó y motivó la sentencia que constituye el acto reclamado, lo anterior es así, porque por fundar debe entenderse citar el precepto legal aplicable al caso, y por motivar, mencionar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.

Es aplicable en el caso, la jurisprudencia 43, integrada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, previo a su especialización en materia civil, visible en la página 769, Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que sostiene: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."

Por otro lado, del análisis de las constancias de autos, las cuales tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2o., específicamente, de la sentencia de apelación, se advierte que cuando el tribunal responsable se ocupó de los agravios hechos valer por el ahora quejoso, consideró básicamente que era infundada la manifestación del apelante acerca de que el Juez a quo no aplicó el artículo 454 del código adjetivo civil para el Estado, en vigor hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, porque en su escrito de contestación de demanda opuso excepciones, que no valoró ni estimó el juzgador al dictar la sentencia definitiva; así como tampoco valoró las pruebas que ofreció con la finalidad de demostrar los hechos constitutivos de tales excepciones, a los que se les negó valor probatorio, de lo que resultaba que la acción se había estudiado de manera superficial.

Que como se demostraba por medio de la pieza original de las actuaciones practicadas en el juicio de origen, enviada a la segunda instancia como testimonio de apelación, con valor probatorio pleno, por disposición del artículo 426 del código procesal civil mencionado, por escrito presentado al juzgado de origen el trece de noviembre de dos mil dos, el recurrente había dado contestación a la demanda instaurada en su contra; que de dicho escrito se apreciaba que José Luis Herrada Bonilla, se excepcionó en el sentido de que quien incumplió con el contrato fue su contraparte porque, además, pactaron un diverso contrato de renta de placas, que no pagó Isidoro Ramos Zambrano.

Que además, éste chocó el camión objeto de la compraventa, y que fue el demandado principal quien pagó los gastos derivados del incidente de tránsito; que así las cosas, sería el actor principal quien debe al demandado diecinueve mil cuatrocientos noventa y cinco pesos, con sesenta centavos, moneda nacional.

En auto de once de abril de dos mil tres, se tuvo al demandado reconviniendo al actor.

Que en diverso proveído de veintitrés de junio de dos mil tres, se había formado cuaderno de pruebas de la parte demandada, admitiéndose como tales: La documental pública, consistente en las actuaciones del juicio; la documental privada, consistente en el contrato de compraventa fundatorio de la acción; la documental privada, consistente en los documentos presentados con la contestación de la demanda principal y demanda reconvencional; la documental privada, consistente en el dictamen contable financiero; la confesional; la testimonial y las presunciones.

Que en tales condiciones, podía afirmarse lo infundado del agravio esgrimido, ya que los párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno del considerando tercero rector de la sentencia recurrida, abordaron los argumentos defensivos empleados por el demandado y analizaron el valor formal y alcance de cada medio probatorio para acreditar los puntos litigiosos.

Que una vez establecidos en el fallo los hechos en que el demandado fundó sus excepciones, se determinó que la confesional a cargo de Isidoro Ramos Zambrano, la testimonial, desahogada por Delmiro Janeiro Cores y Jesús Israel Herrada Vergara, al igual que la copia fotostática simple de documentos presentada con la contestación de la demanda, no contaban con valor probatorio.

Que por otra parte, la Sala se encontraba jurídicamente impedida para abordar si era acertado el contenido de lo fallado por el Juez inferior, dado que en los agravios no se había aportado la base requerida para que en la apelación se emprendiera su estudio; y como no era procedente suplir la omisión o la deficiencia de los agravios expresados, debía quedar intocado lo resuelto en el particular por el Juez Décimo Segundo de lo Civil de este distrito judicial.

Que así surgía la inoperancia del agravio que proponía un incorrecto estudio de la acción o de las excepciones, en virtud de que el examen de los agravios que hiciera la Sala, sujetaba al principio de estricto derecho operante en la materia civil.

Que al no haber manifestado el recurrente las excepciones que hizo valer y la razón por la cual consideró incorrecto el estudio hecho por el Juez, tanto de la acción, como de las excepciones, debía omitirse su análisis por la inoperancia del agravio.

En apoyo a sus consideraciones, citó como aplicable la jurisprudencia titulada: "AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN."; así como el criterio aislado de rubro: "APELACIÓN. PROCEDE CONFIRMAR EL FALLO APELADO SI NO SE COMBATEN LOS ARGUMENTOS DEL JUEZ DE PRIMER GRADO."

Que lo mismo ocurría respecto a la valoración de pruebas por parte del Juez a quo, pues no podía emprenderse el estudio de la legalidad de la sentencia reclamada respecto de la forma en la que fueron valoradas las probanzas ofrecidas por el recurrente, dado que para que el tribunal revisor se encontrara en aptitud de proceder al estudio de la valoración de los elementos de convicción que efectuó el juzgador del conocimiento, resultaba indispensable que en los agravios se precisaran individualmente las probanzas propuestas por el inconforme, el valor legal que debió asignárseles en la sentencia reclamada y la trascendencia que tendría en el resultado del fallo.

Pero en el caso, el apelante había sido omiso al respecto, lo que limitaba la actuación de la Sala exclusivamente a los agravios formulados, que al respecto, debía invocarse la jurisprudencia localizable bajo la voz: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. CUANDO SE ALEGA VALORACIÓN ILEGAL DE PRUEBAS, DEBE PRECISARSE EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS MISMAS."

Igualmente, la Sala calificó como inoperantes por insuficientes los agravios del recurrente, acerca de que los hechos aducidos por su contraparte, fueron considerados de manera favorable por el juzgador, causándole graves perjuicios, en virtud de que el inconforme no expuso claramente la causa por la que sería indebido considerar probada la acción y no las excepciones opuestas, pues a través de los agravios no puso en evidencia la ilegalidad de la sentencia recurrida, a más de que no era procedente suplir tales agravios.

Por último, la Sala expuso que era infundado lo expresado por el recurrente acerca de que fue condenado arbitrariamente al pago de intereses, que jamás fueron pactados entre las partes; porque si bien los contratantes de la compraventa no pactaron la aplicación de intereses moratorios, era necesario establecer que la condena hecha por el resolutor no era incongruente, habida cuenta que las sentencias debían atender a condenar al otorgamiento de las prestaciones que se encontraran respaldadas en el acto o hecho jurigénico; que si en uso del principio de la autonomía de la voluntad las partes convenían la prestación de bienes, actos u omisiones que formaran el objeto del acto jurídico, la condena respectiva debía sujetarse a lo pactado; sin embargo, las sentencias también debían establecer las consecuencias legales que produjeran las conductas de los litigantes y, en esas condiciones, cuando por disposición de la ley se generaban determinadas consecuencias de derecho, era congruente que se impusieran en las sentencias, aunque no hubieran sido materia de contratación.

Que ese era el caso de la condena al pago de intereses moratorios a una tasa legal, prevista en el artículo 2015 del Código Civil para el Estado, a razón del dieciocho por ciento anual.

Que la ley determinaba en los diversos artículos 2005, 2007, fracción II, 2009, 2010 y 2014 de la propia codificación, que el contratante que no cumpliera con las obligaciones creadas por el acto, sería responsable de los daños y perjuicios que causara a la otra parte, operando una indemnización moratoria por el retardo en el cumplimiento, que incurrió desde el vencimiento del plazo previsto en el contrato fundatorio de la acción.

Que al ser la condena a pagar intereses moratorios una consecuencia prevista en la ley, por el retardo en el cumplimiento, que regulaba el resarcimiento de los daños y perjuicios, cuando los contratantes no lo hicieron, entonces era aplicable la misma, en ausencia de la voluntad expresa de las partes en este sentido.

Que en las condiciones anotadas, y con apoyo en el artículo 478 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado aplicable, era procedente confirmar la sentencia definitiva apelada, misma que surtía sus efectos legales conducentes; y que al haberse alzado injustificadamente José Luis Herrada Bonilla, ya que no obtuvo resolución favorable, con fundamento en los diversos numerales 528 y 532 del código adjetivo civil en cita, debía condenársele a resarcir a su contrario las costas procesales que originó la tramitación del recurso.

De todo lo anterior, se observa que la Sala responsable sí citó las disposiciones legales y criterios jurisprudenciales en que apoyó su fallo, estableciendo a través de las consideraciones antes sintetizadas, las razones, motivos o circunstancias especiales que la llevaron a concluir que debía confirmarse la sentencia apelada; fundamentos y consideraciones que al no ser combatidos y menos aún destruidos a través de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, deben continuar rigiendo el sentido de la sentencia reclamada, por lo que desde este punto de vista, sus manifestaciones de inconformidad deben calificarse como inoperantes.

Es aplicable en la especie, la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 27, Volumen CXXVI, Cuarta Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.-Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos de fallo impugnando, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable."

En otro motivo de queja, el agraviado manifestó que la Sala responsable no analizó sus agravios, en especial, el relativo al pago de costas.

No le asiste la razón al quejoso cuando afirma que la Sala responsable no analizó sus agravios, pues de la lectura íntegra del escrito por el que interpuso el recurso de apelación, y del examen de la sentencia reclamada, se advierte que la alzada respondió a todos los motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente, declarando que unos eran infundados y otros resultaban inoperantes, por lo que llegó a la conclusión que debía confirmarse la sentencia apelada, determinación que apoyó en las consideraciones y fundamentos de derecho que con anterioridad se precisaron y que de ninguna manera fueron combatidos y menos aún desvirtuados a través de los conceptos de violación expuestos por el quejoso en su petición de amparo.

Así, la sola manifestación del quejoso de que la Sala no se ocupó de examinar los agravios que expuso ante la alzada, resulta también inoperante porque omite combatir directa e inmediatamente las consideraciones y fundamentos legales vertidos por la Sala que les dieron respuesta a dichos agravios, por lo que tales motivos y fundamentos jurídicos deben continuar rigiendo el sentido del fallo reclamado.

Es aplicable en el particular, la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.", cuyos texto y datos de publicación ya quedaron precisados en la presente ejecutoria.

Por cuanto a que la Sala responsable no analizó el motivo de inconformidad que hizo consistir en la ilegalidad de la condena al pago de costas, debe señalarse que de la lectura del escrito por el que expresó agravios ante la Sala responsable, se observa que el entonces recurrente no hizo valer dicho agravio, por tanto, no puede ahora el quejoso alegar que el tribunal de segundo grado omitió estudiar un aspecto que no introdujo a la litis de la segunda instancia, a través de la expresión de agravios, si como dijo la propia autoridad responsable, se estaba ante un caso en el que no procedía suplir la falta o deficiencia de los motivos de inconformidad, aseveración esta que al no haber sido combatida tampoco a través de los conceptos de violación que el quejoso hizo valer ante este tribunal de amparo, debe continuar rigiendo el sentido de la sentencia que constituye el acto reclamado.

En las condiciones anotadas, al resultar inatendibles en una parte, infundados en otra e inoperantes en una última, los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, y al no encontrarse que se haya cometido en su contra alguna violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa y que este tribunal deba reparar de oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia reclamada no es violatoria de garantías y ello autoriza a negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado; y con apoyo, además, en los artículos 107, fracciones III y IX, de la Constitución General de la República, 46 y 158 de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se sobresee en el juicio de garantías promovido por José Luis Herrada Bonilla, en contra del acto de ejecución atribuido a la diligenciaria adscrita a la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca de apelación 1195/2005, del índice de dicho órgano jurisdiccional, de conformidad con el considerando quinto de esta ejecutoria.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Luis Herrada Bonilla, en contra del acto que reclama de la Segunda Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la sentencia dictada el quince de mayo de dos mil seis, dentro del toca de apelación número 1195/2005, que confirmó la pronunciada el dieciocho de mayo de dos mil cinco, por el Juez Décimo Segundo de lo Civil de esta ciudad, en el expediente 1132/1998, relativo al juicio ordinario civil de cumplimiento de contrato de compraventa y pago de pesos, promovido por Isidoro Ramos Zambrano, en contra del quejoso y acción reconvencional de rescisión del aludido contrato, ejercida por éste en contra de aquél.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Gustavo Calvillo Rangel, Raúl Armando Pallares Valdez y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue Ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19731-9b8b8e26/amparo-directo-debe-sobreseerse-respecto-de-la-ejecucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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