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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES OBLIGACIÓN DEL DILIGENCIARIO QUE LO PRACTICA SOLICITAR A LOS VECINOS CON QUIENES SE CERCIORÓ QUE LA PERSONA DE QUE SE TRATA VIVE EN EL LUGAR DESIGNADO, QUE SUSCRIBAN EL ACTA RESPECTIVA Y PARA EL CASO DE QUE NO OBRE SU FIRMA, SEÑALAR, AUN DE FORMA IMPLÍCITA, SU INDISPOSICIÓN O IMPEDIMENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 412/2003. · Registro digital (IUS): 19743
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSÉ FRANCISCO MOTA MORALES Y OTRA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, , Pág. 1209.

AMPARO EN REVISIÓN 412/2003. JOSÉ FRANCISCO MOTA MORALES Y OTRA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Son infundados los agravios apuntados por la tercero perjudicado revisionista, en la medida de las siguientes consideraciones.

Para un mejor análisis de los motivos de inconformidad que plantea la agraviada, la primera de ellas se estudiará en forma individual, mientras que las tres restantes de manera conjunta, dada su estrecha vinculación.

Sostiene, medularmente, la institución de crédito disconforme, por voz de su representante, en su primer agravio que el Juez de Distrito viola en su perjuicio los artículos 2o., 5o. y 155 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se relacionaron las pruebas ofrecidas, ni se razonaron los alegatos expuestos, así como tampoco se analizaron las causales de improcedencia hechas valer.

Lo anterior carece de veracidad. En efecto, el artículo 155 de la ley de la materia impone al Juez de Distrito la obligación de que, al celebrar la audiencia constitucional, observe el siguiente orden: reciba las pruebas, los alegatos y el pedimento del Ministerio Público Federal y, finalmente, dicte el fallo correspondiente; obsérvese pues que dicho precepto legal en ningún momento constriñe al juzgador de amparo a relacionar, formal y expresamente, en particular, cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, situación que, por sí misma, no les podría causar agravio alguno ni las dejaría en estado de indefensión, lo que solamente podría presentarse si las pruebas fueran valoradas indebidamente o no fueran tomadas en consideración al sentenciar.

Ahora bien, no debe soslayarse que los alegatos que vierten las partes en la audiencia constitucional, no forman parte de la litis propia del juicio de amparo biinstancial; de ahí que el a quo solamente esté obligado a estudiar el problema de la constitucionalidad planteada, con base en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación, pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77, 78 y 155 de la Ley de Amparo.

No obstante lo anterior, es verdad que cuando particularmente el tercero perjudicado hace valer en sus alegatos alguna hipótesis que haga improcedente el amparo, el Juez Federal deberá atender dicha cuestión y pronunciarse al respecto, lo que en el caso concreto no aconteció, pues la apoderada de la institución de crédito, tercero perjudicada, en los escritos de fechas de recepción dieciséis de julio de dos mil dos y cuatro de julio de dos mil tres (folios 321 y 568, respectivamente, del expediente formado ante el Juez de Distrito), no invocó ninguna causal de improcedencia, sino sólo se concretó a expresar diversos razonamientos en pro de la constitucionalidad del emplazamiento reclamado; de ahí que al no ser propuesto por parte de la agraviada, motivo de improcedencia alguno, no sea dable argumentar que el Juez Federal omitió el estudio relativo.

Así las cosas, es inconcuso que el motivo de disenso abordado, previamente, deviene infundado.

Sostiene a las consideraciones que han quedado relacionadas, la tesis de jurisprudencia número 42, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 27, Tomo VI, Materia Común, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyos rubro y texto literal son los siguientes:

"ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS. El Juez de Distrito está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo."

Igualmente, apoya lo razonado con antelación, el criterio aislado sostenido por la mencionada Sala del Alto Tribunal de la República, que se localiza en la página 254, Tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:

"PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU FALTA DE RELACIÓN EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA, POR SÍ SOLA, NO CAUSA AGRAVIO A LAS PARTES. El artículo 155 de la Ley de Amparo impone al Juez de Distrito la obligación de que, al celebrar la audiencia constitucional, observe el siguiente orden: reciba las pruebas, los alegatos y el pedimento del Ministerio Público Federal y, finalmente, dicte el fallo correspondiente, pero no lo constriñe a relacionar, formal y expresamente, en particular, cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, situación que, por sí misma, no les podría causar agravio alguno ni las dejaría en estado de indefensión, lo que solamente podría presentarse si las pruebas fueran valoradas indebidamente o no fueran tomadas en consideración al sentenciar, lo que sí sería violatorio del precepto citado."

En otro tema, en el segundo, tercer y cuarto motivos de inconformidad, la recurrente afirma, en lo fundamental, que la resolución recurrida le causa agravio al sostenerse en la misma que el actuario responsable no cumplió con lo estatuido en los artículos 68, 69 y 70 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, bajo el argumento de que dicho diligenciador fue omiso en asentar las razones de cercioramiento de su proceder, ya que no requirió a las personas que le informaron sobre la certeza del domicilio en el cual se constituyó, si deseaban firmar el acta, lo que es desacertado, pues de las aludidas diligencias se desprende que esas personas se negaron a proporcionar sus nombres, por lo que menos iban a proporcionar sus identificaciones, amén de que el numeral 69 invocado, no establece el requisito en cuestión para la validez del acta.

En el propio orden de ideas, indica la agraviada que la tesis de rubro: "DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN. LA FALTA DE CERCIORAMIENTO EN LA. RESULTA VIOLATORIO DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).", que el Juez Federal invocó en su resolución, no es aplicable al caso concreto, ya que la misma parte del supuesto de que el actuario omitió precisar cómo llegó al convencimiento de que el domicilio en el que se constituyó era en donde vivía el demandado, pues no especificó las características de las personas con quienes entendió la diligencia, lo que en el caso concreto si aconteció, pues el fedatario responsable anotó en su diligencia -de veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro-, la media filiación y la colindancia de los vecinos -respecto al domicilio de la demandada- con quienes se entrevistó, con lo que cumplió con lo dispuesto por la referida disposición legal, no obstante de que no los identificó, pues el actuario no tiene autoridad coercitiva para hacerlo, además de que aquélla no le impone tal obligación.

Finalmente, puntualiza la disconforme que le agravia la interpretación que el Juez de amparo le da a la "razón pormenorizada", ya que el citado artículo 69 no especifica cuáles son las razones pormenorizadas, lo que deja en libertad al actuario para asentar los motivos que lo condujeron a concluir que el domicilio en el que se constituyó, era el de los demandados, amén de que por circunstancias no imputables a dicho funcionario, no tuvo a su alcance los nombres de los vecinos ni mucho menos sus identificaciones, pues no están obligados a proporcionarlos, por lo que la aplicación de la tesis en cuestión, la deja en estado de indefensión, además de que el a quo pasó por alto lo dispuesto por el numeral 1393 del Código de Comercio, en cuanto a que el emplazamiento puede llevarse a cabo con el vecino más inmediato.

En principio, conviene destacar que, respecto de la forma en que debe realizarse el emplazamiento, el Código de Comercio, particularmente en su título tercero "De los juicios ejecutivos", no establece propiamente las formalidades que se han de observar para practicar la diligencia de emplazamiento, ya que concretamente los artículos 1393 y 1396, se enfocan de manera destacada a hacer alusión al embargo que se ha de practicar en los procedimientos relativos, sin que detallen los lineamientos a seguir en el acto de llamamiento a juicio; por lo que en atención al artículo 1054 del Código de Comercio debe acudirse supletoriamente al Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Sobre el particular encuentra aplicación, la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 61 de los Volúmenes 163-168 Cuarta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica:

"JUICIOS MERCANTILES, SUPLETORIEDAD DE LA LEGISLACIÓN LOCAL EN LOS. PROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1051 del Código de Comercio, la aplicación supletoria de la legislación local en los juicios mercantiles no debe entenderse de un modo absoluto, sino con las restricciones que el propio numeral señala; es decir, procede sólo en defecto de las normas del Código de Comercio y únicamente con respecto de aquellas instituciones establecidas por este ordenamiento, pero no reglamentadas o reglamentadas deficientemente, en forma tal que no permitía su aplicación adecuada. Todo ello a condición de que las normas procesales locales no pugnen con las de la legislación adjetiva mercantil."

Igualmente, es aplicable la tesis de jurisprudencia número 246, definida por la citada Sala del Máximo Intérprete de la Constitución, visible en la página 168, Tomo IV, Materia Civil, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que expresamente sostiene:

"EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DEL DERECHO LOCAL COMÚN. En la contradicción planteada ante los Tribunales Colegiados del Quinto y Octavo Circuitos, en virtud de que el primero de dichos tribunales sostiene que tratándose de la diligencia de emplazamiento y embargo en un juicio ejecutivo mercantil, su práctica y formalidades no admiten supletoriedad de la ley común, toda vez que esa diligencia está regulada en los artículos 1393 y 1396 del Código de Comercio, en tanto que el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito sustenta la tesis contraria relativa a que en la práctica de un emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil, debe realizarse con apego a lo que sobre el particular disponga el Código de Procedimientos Civiles local aplicado supletoriamente, de conformidad con el artículo 1051 del Código de Comercio, porque este ordenamiento en sus artículos 1393 y 1396 omite establecer las formalidades que la legislación común determina para la práctica justa del emplazamiento, debe prevalecer el siguiente criterio: la comparación de las normas de derecho común con las del Código de Comercio demuestra que, en tratándose de notificación de la demanda en los juicios ejecutivos mercantiles, deben aplicarse las del derecho local común, por ser omiso el Código de Comercio en las formalidades que deben observarse en materia de notificación de la demanda. En efecto, estas formalidades es necesario observarlas en los juicios ejecutivos mercantiles, a fin de que el demandado tenga pleno conocimiento de quién lo demanda, qué se le demanda y qué tribunal ordenó el emplazamiento, para que no se le viole la garantía de audiencia que señala el artículo 14 constitucional en su segundo párrafo, que dice: ‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho’."

Luego, al caso resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 69 y 70 del ordenamiento procesal invocado, cuya inobservancia alega la parte quejosa.

El primero de los numerales de referencia a la letra dispone:

"Artículo 69. La primera notificación a las partes, y salvo los casos determinados en la ley, deberá hacérseles personalmente en el domicilio designado al efecto, por el actuario, por el secretario o por el Juez cuando actuare con testigos de asistencia, pudiendo en este caso autorizar a cualesquiera de los empleados. Si no se encontrare presente la persona interesada a la primera búsqueda, se le dejará citatorio para que espere en hora fija dentro de las horas hábiles del día siguiente, después de que el notificador se cerciore, por el informe de dos vecinos, de que la persona de que se trata, vive ciertamente en el lugar designado, de todo lo que tomará razón pormenorizada en los autos, suscribiéndola los vecinos, si quisieren y supieren hacerlo. Si el interesado no estuviere presente en el lugar y hora fijados en el citatorio, la notificación se llevará a efecto por medio de un instructivo en el que se hará constar el nombre y apellido del promovente, el objeto y naturaleza de la promoción, el del Juez o tribunal que mande practicar la diligencia, copia íntegra de la determinación que se mande notificar, la fecha y hora en que se expida el instructivo y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega. De las sentencias, en vez de copia íntegra, se insertarán sólo sus puntos resolutivos.". Lo subrayado y resaltado es autoría de este tribunal.

Por su parte, el ordinal 70 de la codificación adjetiva en cuestión, expresamente, establece:

"Artículo 70. Tanto el citatorio como el instructivo a que se refiere el artículo anterior se entregarán a los parientes, domésticos o a cualquiera otra persona que se encuentre en la casa donde se practique la diligencia. Si no se encontrare persona alguna, si las presentes se negaren a recibirlos o si por cualquier otro motivo no se pudiere cumplir con lo dispuesto anteriormente, el instructivo o citatorio se entregará al Juez auxiliar de la sección respectiva, fijándose una copia del citatorio o instructivo en la puerta o lugar más visibles del domicilio del interesado."

Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la falta de emplazamiento constituye la infracción procesal de mayor magnitud, y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar, de ofrecer y desahogar pruebas.

Además, el artículo 14 constitucional establece la garantía de audiencia como un derecho subjetivo público, mediante el cual se permite al gobernado ser oído y vencido en juicio.

Para proteger estos aspectos, el legislador ha establecido una serie de requisitos o formalidades en el artículo 69 de la ley del enjuiciamiento civil del Estado de Nuevo León, cuya observancia es obligatoria por parte del actuario o funcionario judicial que practique la diligencia de emplazamiento; así acorde a tal dispositivo, para el verificativo del emplazamiento, se encuentra, entre otras formalidades -como parte de la razón pormenorizada que debe hacer constar en el acta respectiva, respecto a que el demandado ciertamente vive en el lugar designado-, el deber que le asiste al actuario de asentar que solicitó a los vecinos con quienes practicó el cercioramiento relativo, que suscribieran el acta relativa, o bien, asentar su no disposición o su impedimento para tal acción.

Así las cosas y vistas las argumentaciones que vierte la inconforme, se colige que no le asiste la razón en virtud de que contrariamente a lo que afirma, como bien lo sostiene el Juez Federal, el actuario responsable fue omiso en requerir a las personas que supuestamente le informaron sobre la certeza del domicilio en el cual se constituyó, si deseaban firmar el acta, faltando así a su obligación no de agotar el acto de cercioramiento, como lo apunta dicho juzgador, sino de asentar la razón pormenorizada que le exige el numeral 69 al emprender la diligencia de emplazamiento.

Para hacer notorio lo anterior, es oportuno apuntar los términos literales de la diligencia del veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (folio 53 ídem) que textualmente reza:

"En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 17:15 -diecisiete horas con quince minutos- del día 22 -veintidós- de noviembre de 1994 -mil novecientos noventa y cuatro-, me constituí el suscrito actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, en compañía del actor licenciado Abelardo Pérez Rodríguez, en el domicilio señalado en autos como el de los demandados José Francisco Mota Morales y Laura Uribe Martínez de Mota sito en la calle Cerrada Goleta 601, de la Colonia Cumbres, en esta ciudad y previamente de haberme cerciorado de la autenticidad de dicho domicilio por el dicho de dos vecinos del lugar que habitan en la (sic), fincas colindantes marcadas bajo los números 600 y 603 de esta calle Cerrada Goleta, ambos de sexo masculino, mayores de edad, el primero de ellos de aproximadamente 35 -treinta y cinco- años de edad, de piel blanca y el segundo de 45 -cuarenta y cinco- años de edad aproximadamente complexión robusta y pelo entre cano, quienes me informaron que efectivamente en la finca marcada bajo el número 601 de esta calle Goleta habitan las personas que busco, al efecto constituido en dicho lugar fui atendido por una persona de sexo femenino, mayor de edad, tez aperlada, estatura media, complexión regular, cabello oscuro, quien se negó a proporcionar su nombre, y dijo ser empleada de los demandados, informándome que los demandados no se encuentran en estos momentos, razón por la que procedo a dejar cita de espera para dichos demandados José Francisco Mota Morales y Laura Uribe Martínez de Mota, por conducto de la referida persona, a fin de que se sirva a esperar al suscrito actuario para la práctica de una diligencia de carácter judicial para las 17:15 -diecisiete horas quince minutos- del día 23 -veintitrés- de noviembre del presente año. Con lo anterior se concluye la presente diligencia levantándose la presente acta para constancia. Doy fe. El C. Actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado. (firma).". Lo subrayado y resaltado es autoría de este tribunal.

Así, de la diligencia transcrita se advierte que, si bien es cierto que el actuario responsable, en el acta que al efecto levantó, asentó que previamente a constituirse en el domicilio señalado como de los demandados José Francisco Mota Morales y Laura Uribe Martínez de Mota, sito en la calle Cerrada Goleta número seiscientos uno de la colonia Cumbres de esta ciudad, se cercioró de que efectivamente en dicho lugar vivían las personas a emplazar, para lo cual cuestionó a los habitantes de las fincas colindantes, respecto de quienes proporcionó la nomenclatura de sus viviendas, así como su media filiación; no menos cierto es también que, después de proceder a dejar la cita de espera respectiva por conducto de la persona que lo atendió, finalizó la diligencia puntualizando en el acta: "Con lo anterior se concluye la presente diligencia levantándose la presente acta para constancia."

Luego, es inconcuso que el actuario responsable no requirió ni siquiera de manera implícita a los vecinos con quienes se cercioró de que las personas a emplazar, ciertamente vivían en el lugar designado para tal efecto, de que estamparan su firma en el acta que al efecto levantó y, en ese tenor, definitivo es, como se dijo, que no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 69 del código adjetivo civil para esta entidad federativa, en cuanto a tomar la razón pormenorizada a la que alude, aplicada ésta a la indicación del requerimiento hecho a los vecinos respectivos, para que suscribieran la actuación relativa.

Lo anterior es así, ya que la razón pormenorizada que tiene obligación de asentar el diligenciador, abarca todas las circunstancias que de hecho y de derecho se gesten en el desarrollo de su actuación y, en este sentido, si el propio numeral en comento dispone expresamente: "suscribiéndola los vecinos, si supieren y quisieren hacerlo", es inconcuso que lo relativo a la suscripción del acta por parte de los vecinos de que se trate, debe hacerse constar en la misma.

En apoyo a las anteriores consideraciones se cita la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la página 124, Volúmenes 151-156, Quinta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala lo siguiente:

"EMPLAZAMIENTO, NO SE CONVALIDA TÁCITAMENTE EL.-El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia."

Ahora bien, la jurisprudencia que cita el Juez Federal, no debe ser entendida en el sentido de que solamente interpreta el referido artículo 69 en cuanto establece la obligación de identificar plenamente a los vecinos con quien el actuario entiende la diligencia, sino en el aspecto que otorga al cercioramiento y a la razón pormenorizada, una importancia vital en el verificativo de la primera notificación que se le haga al demandado, abarcando esta última, como ya se dijo, la indicación de que los vecinos fueron requeridos para que suscribieran el acta respectiva; de ahí que su aplicación por parte del Juez constitucional en la resolución que se le impugna, no haga ilegal ésta, sino por el contrario, sustenta, en la medida de lo aquí expuesto, el criterio que adoptó.

Es de subrayarse que la ilegalidad en que incurrió el actuario responsable, no radica, como se denota que lo interpreta la agraviada, en que no haya recabado los nombres o las firmas de los vecinos, sino en que éstos no fueron requeridos ni aun implícitamente para que suscribieran el acta, pues respecto de tal circunstancia nada se asentó, faltando así a su deber de anotar la razón que permitiera intelegir que fueron conminadas a suscribirla.

A mayor abundamiento, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que, el actuario responsable, al realizar propiamente el llamamiento a juicio de los demandados, dio cumplimiento parcial a lo que el numeral 70 de la legislación procesal civil de esta entidad federativa establece para el caso de que no se encontrara persona alguna en el domicilio en el que se debiera llevar a cabo el emplazamiento, ya que si por una parte cierto es que agotada que fue la diligencia de veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, dicho funcionario procedió a colocar en la puerta principal de acceso del domicilio de los demandados el instructivo que contenía la determinación judicial de exequendo, por otra, es igualmente cierto que al no encontrar a los demandados ni a ninguna otra persona en el referido lugar, no obstante de la cita de espera dejada con anterioridad a aquéllos, fue con el vecino de la finca contigua -la marcada con el número seiscientos-, quien resultó ser una persona del sexo femenino, la cual dijo llamarse Magdalena Dávila de la Peña, con la que practicó la notificación de dicho proveído, por cuyo medio les corrió traslado a los demandados con los documentos respectivos y los emplazó a fin de que dentro del término de cinco días ocurrieran al juzgado de su adscripción para que hicieran paga llana de lo adeudado, o se opusieran a la ejecución en el caso de tener excepciones legales que hacer valer, siendo esto ilegal, toda vez que el ordinal de referencia establece categóricamente de que en el supuesto de que no se encuentren parientes, empleados domésticos o cualesquier otra persona en el domicilio de los demandados -con ulterioridad a haber dejado el citatorio-, el instructivo se entregará al Juez auxiliar de la sección respectiva, además de fijar una copia del mismo en la puerta o lugar más visible del domicilio, entrega la cual no realizó el fedatario, circunstancia que es precisamente la que contraría la disposición en consulta.

En efecto, el hecho de que el actuario no haya entregado al Juez auxiliar el instructivo que contenía el auto que requería a los demandados para que ocurrieran a juicio con la finalidad de que ejercieran su derecho de audiencia, matiza aún más de ilegal su actuación, lo que en ningún momento queda convalidado con la circunstancia de que se haya colocado dicho medio de comunicación en la puerta principal de acceso del domicilio de los demandados, ni mucho menos con el acontecimiento de que el actuario haya hecho sabedora a la persona con quien entendió la diligencia de la que se habla, el contenido del mencionado auto, y le haya entregado a ella el instructivo, pues por lo que concierne al primer aspecto, la colocación del instructivo en la puerta de acceso del domicilio de los demandados, es insuficiente por sí misma para colmar las formalidades que marca el numeral 70 invocado, en virtud de que para ello debe agotarse, además del resto que establece su predecesor y propio dispositivo, tanto la fijación del instructivo como la entrega del mismo al Juez auxiliar, y no una u otra; mientras que por lo que concierne al segundo aspecto, éste en ningún momento forma parte de la serie de requisitos que de manera imperativa y categórica, se consagran en las normas señaladas para la actuación que nos ocupa, no obstante de que el artículo 1393 del Código de Comercio permita que el embargo se efectúe con el vecino más cercano al lugar de habitación del que será ejecutado en sus bienes, pues tal permisión es en relación exclusiva con dicho acto, es decir, con el embargo.

Consecuentemente, ante la ineficacia de los agravios enderezados contra la resolución reclamada, para refutarla ilegal, y no actualizarse la hipótesis a que alude el artículo 76 Bis, en su fracción VI, de la Ley de Amparo, para suplir la deficiencia en la queja, se impone declarar firme el fallo recurrido.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 83, 85, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías promovido por José Francisco Mota Morales y Laura Uribe Martínez, por su propio derecho, contra un acto del actuario adscrito al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado.

TERCERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a José Francisco Mota Morales y Laura Uribe Martínez, contra actos del Juez y tres actuarios adscritos al Juzgado Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Juez Primero de Distrito "B" en Materias Civil y de Trabajo en el Estado y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: Alfredo Sánchez Castelán, Arturo Ramírez Pérez (ponente) y Lucio Antonio Castillo González.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19743-ad504800/emplazamiento-en-el-juicio-ejecutivo-mercantil-es-obligacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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