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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN EL AMPARO LA CANCELACIÓN DE LA CONCESIÓN OTORGADA PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. SE ACREDITA CON LA REVALIDACIÓN CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 168/2001. · Registro digital (IUS): 16904
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FRANCISCO MORALES HUERTA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, , Pág. 686.

AMPARO EN REVISIÓN 168/2001. FRANCISCO MORALES HUERTA.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Los motivos de agravios que esgrime José Romero Reyes, apoderado legal del quejoso, ahora recurrente, Francisco Morales Huerta, el primero de ellos resulta inoperante, mientras que el segundo es infundado; en consecuencia, no son aptos para modificar o revocar el fallo constitucional que se revisa, esto por los motivos y fundamentos que a continuación se indican.

En efecto, en el primero de los motivos de inconformidad esgrimidos por el apoderado legal del peticionario de garantías, ahora recurrente, esencialmente se duele de que el Juez a quo indebidamente determinó sobreseer en el juicio de amparo cuya sentencia se revisa, en virtud de que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados y, según aduce, pasó por alto que con las testimoniales rendidas en la audiencia constitucional se desvirtúa esa negativa, ya que según su apreciación, con dichos medios de prueba se acredita que las responsables ordenaron y pretendieron detener y secuestrar el vehículo propiedad del quejoso; por tanto, considera que no debió sobreseerse en el juicio de garantías que nos ocupa.

El motivo de disenso a que se hizo mérito resulta jurídicamente inoperante; ello, en razón de que ha sido criterio sustentado por parte de este tribunal que los agravios para su eficacia y posibilidad de análisis deben establecer la lesión o transgresión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley o por haberse dejado de observar la que rige el caso y que, por consecuencia, traiga una violación a las garantías del gobernado que conlleva a establecer que al expresarse cada motivo de queja debe precisarse, por una parte, cuál es la parte de la sentencia que lo causa y, por la otra, citar los preceptos legales violados y explicar con claridad, si bien no a la manera de un silogismo jurídico, sí al menos puntualizando en términos claros la causa de pedir de su pretensión de que se le conceda la protección de la Justicia Federal, explicando así, de esa manera, el porqué considera que el fallo reclamado le irroga violación a sus derechos públicos subjetivos, no siendo apto para ser tomado en consideración el que adolezca de tales requisitos.

Luego entonces, el motivo de inconformidad planteado por el apoderado legal del quejoso, aquí revisionista, en el aspecto a estudio, no se debe tener en cuenta, dado que el recurrente no combate en forma adecuada los razonamientos y las consideraciones esgrimidos por el inferior jerárquico en la sentencia que se revisa, ya que no refiere en forma clara y precisa el porqué considera que con las deposiciones de los testigos ofrecidos durante la secuela del juicio constitucional resultaban suficientes para desvirtuar la negativa de los actos reclamados expresada por las responsables al rendir sus informes justificados, sino que, por el contrario, de manera dogmática refiere que con dichos medios de convicción sí se justifican los actos reclamados, máxime que tampoco refiere de manera directa argumentos jurídicamente sustentables para demostrar que esas testimoniales, que se refieren a actos aparentemente realizados por elementos de tránsito de Tampico, Tamaulipas, resultaban suficientes para acreditar los actos reclamados del resto de las autoridades responsables.

A mayor abundamiento, si bien es cierto que de los testimonios rendidos por Delia Reyes Castañón y Alma Sugey Cruz Puga se advierte que las deponentes aducen que presenciaron cuando el quejoso fue molestado por elementos de tránsito de Tampico, Tamaulipas, del contenido de su deposición no se advierte dato alguno que indique con certeza que efectivamente los elementos que los testigos identificaron como de tránsito de aquella ciudad, efectivamente lo fueran, ya que en ningún momento revelan alguna circunstancia apta y suficiente que permita identificarlos como elementos de esta corporación; por ende, es obvio que sus testimonios no son suficientes para desvirtuar la negativa de los actos reclamados expresada por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados.

En vista de lo anterior, al no contener los agravios expresados por el revisionista consideraciones lógico-jurídicas suficientes y convincentes tendientes a destruir las razones y los fundamentos que esgrimió el Juez a quo y en que se basó para emitir su sentencia en el sentido en que lo hizo, consideraciones estas con base en las cuales estimó que se acreditaba la causal de sobreseimiento establecida en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, dado que no establece razonamientos legales adecuados para combatir la sentencia impugnada; en consecuencia, es de concluir que los motivos de inconformidad externados, en este aspecto, devienen inoperantes, por lo que se impone confirmar por sus propios fundamentos la sentencia sujeta a revisión; máxime, porque rige en la especie el principio de estricto derecho, merced a que la parte recurrente no se encuentra colocada en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en que se permite suplir la deficiencia de la queja, ya que el caso que nos ocupa pertenece a la materia administrativa y no se aprecia cometida en el juicio natural una violación manifiesta de la ley que hubiese dejado en estado de indefensión al recurrente.

Ahora bien, en el segundo de sus oprobios, el apoderado legal del quejoso, ahora revisionista, argumenta que el Juez a quo erróneamente consideró que no se acreditó el interés jurídico del quejoso en virtud de no haber revalidado la concesión de transporte, según lo dispone el artículo 158 del Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado de Tamaulipas, argumento erróneo según apreciación del inconcordante, ya que según aduce, el artículo 44 de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado establece la garantía de audiencia del gobernado antes de proceder a la cancelación de las concesiones, amén de que, según argumenta, la falta de revalidación sólo ocasiona una multa pero no la cancelación de la concesión; por otro lado, sigue argumentando la apoderada legal del peticionario de garantías, el artículo 41 de la Ley de Tránsito y Transporte de Tamaulipas no establece como causa o motivo legal para cancelar las concesiones de transporte el hecho de que el concesionario no revalide anualmente su concesión; por lo anterior, concluye que la sola concesión exhibida en el juicio constitucional es suficiente para acreditar su interés jurídico.

Lo expuesto en el parágrafo predecesor se estima infundado, pues no le asiste la razón al inconforme cuando aduce que en oposición a lo que consideró el Juez a quo, en el caso no se actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, numeral el anterior que es de la voz siguiente:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso."

Ello es así, pues, en lo conducente, primeramente debe destacarse que el artículo 158 del Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado de Tamaulipas, reza:

"Artículo 158. Concesión es la autorización que por tiempo indeterminado otorga el Ejecutivo del Estado a un particular, para que preste el servicio público de transporte a cambio de una retribución en numerario de los usuarios y en los términos y forma señalados por la ley y este reglamento. Ésta será revalidada anualmente ante la secretaría."

Ahora bien, como acertadamente fue considerado por el Juez de Distrito en su sentencia, este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito estima que en el caso se actualizó el motivo de improcedencia previsto por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo; esto es así, cuenta habida que el análisis de las constancias en forma inobjetable conduce a concluir que aun y cuando es inconcuso que el impetrante patentizó en la contienda de garantías, mediante la exhibición de la concesión de diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y dos, que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas (hoy Dirección General de Seguridad Pública) le otorgó aquélla en relación con la prestación de un servicio de transporte público de pasajeros, empero, es el caso de que del sumario no se advierte dato de convicción alguno que demuestre que aquél revalidó tal concesión (en forma puntual y periódica una vez que fue expedida), no obstante que para que ésta tuviera efecto, acorde a lo expuesto en la última parte del artículo 158 del Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado de Tamaulipas, era menester que hubiera acudido cada año ante aquella dependencia y cumplir con el precitado requisito de revalidación y, en tal virtud, acreditar que es titular de un derecho legítimamente protegido vigente, así como por vía de consecuencia que los actos reclamados en realidad irrogaron un perjuicio en sus intereses jurídicamente tutelados.

Lo anterior es así, merced a que en el caso a estudio, efectivamente el quejoso, ahora revisionista, en modo alguno justificó su interés jurídico para ocurrir en demanda de garantías ejerciendo la acción constitucional de amparo frente a los actos que en la especie combatió, pues la circunstancia de la no revalidación de la concesión que adjuntó a su demanda de garantías, concesión esta expedida con fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y dos, que le fue otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, bajo la modalidad de sitio estacionario, trajo como consecuencia jurídica que no se trate, el derecho derivado de esa concesión, de una prerrogativa vigente a la presentación de demanda de amparo; ello es así, ya que a la fecha de presentación de la demanda de garantías (siete de marzo de 2001), ante el evento de la no revalidación de esa concesión, es claro que para entonces, tomando en cuenta la fecha antes señalada de expedición de la pluricitada concesión, el derecho emanado de ella no se hallaba bajo los supuestos del requisito de eficacia de la revalidación de esa concesión, que se requería cumplir para que al aquí amparista se le considerase autorizado legalmente para realizar, a la fecha de la presentación de su demanda de garantías, la actividad a que se refiere la mencionada concesión y, por ende, como titular de un interés jurídico vigente.

Luego entonces, aunque el quejoso sostiene que el hecho de no haber revalidado la concesión no origina que carezca de interés jurídico, este Segundo Tribunal Colegiado sostiene que para considerarse integrado el derecho subjetivo de donde deriva el interés jurídico del quejoso, en negocios como el que se analiza, es necesario que la concesión, como acto administrativo, se encuentre revalidada, como acto de eficacia para que produzca plenamente sus efectos la referida concesión.

Para dar respuesta a los agravios correlativos que formula el quejoso, será necesario determinar la naturaleza de la concesión dentro de los actos administrativos y la exigencia, en algunos casos, de requisitos de eficacia para que produzcan plenamente sus efectos los actos administrativos.

En lo relativo al concepto de concesión administrativa, se cita la opinión doctrinaria del autor don Jorge Olivera Toro, sustentada en su obra Manual de Derecho Administrativo, quinta edición, Editorial Porrúa, S.A., México 1988, capítulo XXV, páginas 235 y siguientes, donde se lee:

"La administración puede expresar los fines de su actividad por muy diversos medios, uno de los cuales es a través de la concesión administrativa.

"La doctrina jurídica mexicana está acorde en considerar a la actividad que desarrolla la concesión administrativa como una de las formas preferentes de colaboración de la actividad privada en la ejecución de la función administrativa, por lo que le otorga un lugar destacado en el estudio del derecho administrativo; además, ninguna materia como ésta ofrece un campo de investigación más amplio para la teoría general del derecho administrativo.

"Sin embargo, es necesario precisar los contornos de esta figura, puesto que las leyes frecuentemente emplean el término de concesión para denominar actos del poder público que no tienen con ella ninguna semejanza, o bien se aplica para otros aparentemente iguales, pero distintos en su esencia.

"Por ello debemos separar a la concesión, distinguiéndola primero de la autorización o permiso y después, del contrato; asimismo, que tales distinciones queden bien claras en las disposiciones legales, ya que sus efectos jurídicos son diversos, y al darse diferentes denominaciones se evitan confusiones en sus consecuencias jurídicas.

"En efecto, la concesión administrativa se le ha presentado con caracteres imprecisos, por lo que la práctica y la doctrina sufrió, en esta materia, una verdadera anarquía terminológica. A esta imprecisión ha contribuido la circunstancia de que nuestra legislación y aun en las resoluciones administrativas se hace referencia a la concesión, tanto para denominar actos del poder público que carecen totalmente de similitud con la figura jurídica de referencia, como le dan ese nombre a los contratos, autorizaciones, permisos, licencias y otros más que, a pesar de ciertas semejanzas, no deben incluirse en la categoría de la concesión administrativa.

"Se diferencia claramente la concesión de la autorización, porque mientras ésta se reduce a permitir el ejercicio de un derecho preexistente, aquélla crea, en beneficio del concesionario, un derecho del que antes carecía totalmente.

"En consecuencia, no hay concesión sino permiso o autorización, cuando existe para el particular libertad de obrar cumpliendo determinadas condiciones.

"Lo anterior quiere decir que, entre los actos administrativos, se acostumbra distinguir, por los efectos que producen, las autorizaciones de las concesiones. Las primeras no crean un nuevo derecho, mientras que las segundas sí lo hacen nacer. Mediante el acto administrativo de autorización, se actualiza un derecho existente en potencia. En la concesión, los particulares, en unos casos, usan o aprovechan bienes del dominio directo de la nación, como las minas, las aguas, y en otros se les faculta para la prestación de un servicio público. De esa manera adquieren un derecho sobre un bien u obtienen una facultad que no estaba dentro de su esfera jurídica. En cambio, las autorizaciones, se limitan a certificar un hecho o una condición especial de la que derivan a ciertas ventajas para los particulares, en el ejercicio de sus derechos preexistentes, removiendo los obstáculos para su ejercicio y transforma a éste de potencial a actual."

De acuerdo con lo anterior, la prestación del servicio público de transporte es propia del Estado, y no se trata de un derecho preexistente del gobernado, sino que el Estado le otorga transitoriamente la facultad de prestar dicho servicio público por considerar que así conviene al fin público. En tales términos, dicha concesión se otorga a través de un acto administrativo que, en la especie como el que nos ocupa, reviste caracteres particulares, atento lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Tamaulipas, que ya quedó transcrito párrafos precedentes.

De acuerdo con lo anterior, importa aclarar qué significa la obligación de revalidar la concesión. Para tal fin, siguiendo al autor mencionado y en su obra citada, a páginas 187 y siguientes, se advierte que analiza los elementos, entre otros, los de eficacia del acto administrativo, donde se lee lo siguiente:

"El acto administrativo, después de haber pasado por un ciclo de formación y reunir sus elementos esenciales, de expresar su modo de ser por medio de los caracteres que denotan la presencia del mismo, hace impacto en el mundo jurídico.

"Pero para que produzca las consecuencias de derecho a que está destinado, necesita en primer término perfeccionarse, esto es, quedar integrado en sus componentes.

"A la reunión de los elementos esenciales, tanto de forma como de fondo, es a lo que se denomina perfección. El acto ha reunido así los requisitos de la especie a que pertenece.

"En segundo lugar, es indispensable su eficacia jurídica; la eficacia del acto administrativo es la cualidad que tiene para producir efectos jurídicos. Del acto capaz de producirlos se dice que es eficaz.

"Al respecto, la perfección del acto equivale a la existencia del mismo, no así su eficacia, ya que puede existir el acto pero ser ineficaz, característica que puede adquirir con posterioridad. Así, la capacidad de producir consecuencias de derecho puede depender: de un término o de una condición, los cuales determinan, con el transcurso del tiempo o por la realización de un hecho, la eficacia del acto." (lo resaltado en negritas y subrayado es propio).

En esos términos, encontramos que la revalidación de la concesión constituye una condición a que el legislador sometió la eficacia de la concesión; es decir, no basta la obtención de la concesión, sino que es necesario que a cierta temporalidad (anual), el beneficiario de la misma revalide la eficacia temporal a través del cumplimiento de diversas obligaciones que el mismo quejoso reconoce, que en la especie originaron que se le impidiera la prestación del servicio. Dichas obligaciones se advierten de manera objetiva, entre otros, a través de la expedición de las placas y el engomado que acreditan el pago de los derechos vehiculares correspondientes. Lo que denota la vigencia que revisó el Estado sobre las condiciones en que se ejerce la concesión. Por ello, este órgano colegiado reitera su criterio con la actual integración de que el interés jurídico, tratándose del titular de una concesión, se acredita sólo si se han cumplido todos los requisitos de existencia, perfección, eficacia y validez, entre otros, para que produzca plenamente efectos dicha concesión. De otra manera, si se reconociera la producción de efectos de la concesión sin reunir todos los elementos que la ley exige para que se integre debidamente, este Segundo Tribunal Colegiado se arrogaría derechos propios de las autoridades administrativas.

Conviene recordar lo que respecto a la revalidación ha sustentado la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 114/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999, página 557, del rubro siguiente:

"SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CUANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO HA SIDO REVALIDADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."; en relación con la revalidación, en la ejecutoria respectiva, dijo en lo conducente:

"... Pues bien, tratándose de la falta de revalidación de la licencia para el funcionamiento de giros mercantiles reglamentados, como ya se apuntó, dicha omisión constituye por sí sola y por voluntad expresa del legislador, una causa que da lugar a la clausura del establecimiento, lo que provoca una interrupción temporal de las prerrogativas que la licencia confiere a su titular, de ahí que la pretensión de un gobernado para obtener la suspensión de la clausura decretada respecto de un establecimiento mercantil que cuenta con una licencia no revalidada resulta improcedente, en tanto que, por una parte, carece del presupuesto lógico consistente en la existencia previa del derecho que se busca preservar y, por otra, de concederse esa medida cautelar se atentaría contra disposiciones de orden público.

"En efecto, la prerrogativa a desarrollar una actividad a través de un establecimiento mercantil en el Distrito Federal se encuentra condicionada a la obtención de una licencia que debe revalidarse anualmente, pues de no encontrarse revalidada, la autoridad administrativa deberá, forzosamente, proceder a la clausura del local respectivo, por lo que si bien la falta de este requisito no invalida a la licencia, de ello no se sigue que el gobernado continúe gozando en su esfera jurídica del derecho a realizar la correspondiente actividad mercantil, pues aun cuando aquélla no ha sido cancelada y revocada, por disposición del legislador el derecho al funcionamiento del establecimiento mercantil se interrumpe temporalmente, en tanto no realice la revalidación conducente.

"En conclusión, al carecer el quejoso del derecho a realizar la actividad consistente en el funcionamiento de un establecimiento mercantil, es improcedente la suspensión de la clausura decretada sobre él, pues con tal medida se le constituiría un derecho que no tiene, lo cual no es propio de la suspensión; por tanto, para obtener ese beneficio resulta indispensable que se demuestre que se goza de los derechos que se dicen violados, lo que no se prueba con la licencia respectiva no revalidada, pues dicha omisión no implica sólo el impago de la contribución anual correspondiente, sino también la carencia de manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que no se han cambiado las condiciones en que se otorgó la licencia de funcionamiento originalmente, lo que provoca que la licencia no revalidada denote, a primera vista, que el establecimiento mercantil está operando al margen de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, siendo que la sociedad está interesada en que los giros reglamentados se apeguen puntualmente a las disposiciones legales que condicionan su funcionamiento.

"En abono a lo anterior, si en el nuevo ordenamiento que regula el funcionamiento de los establecimientos mercantiles en el Distrito Federal, el legislador ha compelido a la autoridad administrativa a clausurar aquellos que no revaliden su respectiva licencia, debe concluirse que constituye una cuestión de orden público velar por el correcto funcionamiento de los establecimientos mercantiles en tal entidad federativa, de donde se sigue que con la suspensión de la clausura decretada con base en la falta de revalidación de la licencia correspondiente sí se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.

"Por consiguiente, ante la falta de revalidación de la licencia correspondiente resulta improcedente conceder la suspensión del acto reclamado, al carecer el peticionario de garantías del derecho cuya preservación pretende obtener, ya que con el otorgamiento de la suspensión se permitiría el funcionamiento de un negocio aun a sabiendas de que el titular de la licencia no ha cumplido con un requisito legal cuya inobservancia da lugar a la clausura del establecimiento y sin la certeza de que continúe operando en las mismas condiciones en que se otorgó la licencia de funcionamiento original. ..."

Sin embargo, dicho criterio no es aplicable en la especie, en atención a que dicha tesis se refirió a establecimientos mercantiles (permisos) y no a concesiones; y, en segundo lugar, porque la concesión, en la legislación aplicable en la especie, no prevé como causal de revocación el incumplimiento de la revalidación, ya que previa a aquélla, es necesario que se oiga en audiencia al titular de la concesión. De ahí que por ello se llegue a la conclusión de que constituye entonces un requisito de efectividad, a cuyo cumplimiento sometió periódicamente el legislador la eficacia de la concesión para que ésta produzca plenamente sus efectos.

En el mismo sentido, mediante resolución de veintinueve de septiembre de dos mil, este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito resolvió el diverso amparo en revisión administrativo, expediente número 89/2000-VIII, promovido por Efrén Flores Barajas. Asimismo, idéntico criterio fue sostenido en la diversa resolución de fecha cuatro de diciembre de dos mil, pronunciada por este propio órgano colegiado al resolver el amparo en revisión administrativo, expediente número 31/2000-II, promovido por Nicolás Leura García.

No se opone a lo considerado con antelación, la circunstancia de que el quejoso en su demanda de amparo haya reclamado del jefe de la Oficina Fiscal del Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas, y del jefe de la Oficina Fiscal del Estado, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, la negativa por parte de estos últimos a revalidar la concesión expedida en su favor, pues de las constancias que integran el juicio constitucional cuya sentencia se revisa, no se advierte que en el ínterin existente entre la fecha de expedición de la concesión allegada por el quejoso (diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y dos) y la fecha en que aduce se presentó a solicitar la revalidación de la concesión, aquél haya revalidado la multicitada concesión; amén de que esos actos reclamados fueron negados de manera categórica por dichas autoridades responsables, sin que se haya desvirtuado tal negativa, según fue destacado con anterioridad.

Cobra aplicación en el tópico la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo criterio comparte este órgano de control constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en la página 117, Tomo VIII, diciembre de 1991, del rubro y texto siguiente:

"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO.-De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías."

Por último, sólo resta señalar que resultan inatendibles los argumentos expresados por el quejoso al destacar los requisitos necesarios para la cancelación de una concesión, pues en el caso a estudio, la falta de interés del quejoso que dio origen a la causal de improcedencia establecida en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, deriva del hecho de que no acreditó haber revalidado la vigencia de su concesión, en estricto apego a lo establecido en el artículo 158 del Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado de Tamaulipas, por lo cual es obvio que su concesión de transporte no se encontraba vigente al momento de promover su demanda de garantías, por ello, como correctamente se adujo por el Juez a quo, no contaba con un derecho jurídicamente protegido que se encontrara vigente; por tanto, si el argumento toral de esa determinación en ningún momento lo fue la cancelación de la concesión de transporte, los argumentos esgrimidos al respecto, para destacar la existencia de ésta, resultan inatendibles, pues no es esa forma de extinción de su derecho lo que originó la causal de improcedencia en estudio, sino que, se insiste, lo fue el hecho de que la licencia no se encontraba vigente al momento de promover su demanda de garantías.

En esa tesitura, es inobjetable que en el caso se actualizó el motivo de improcedencia previsto por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.

Habida cuenta de todo lo anterior, lo procedente es confirmar la sentencia que se revisa dictada por el Juez a quo en los autos del juicio de amparo indirecto, expediente número 117/2001, de fecha tres de abril de dos mil uno, en la que con fundamento en el artículo 74, fracciones III y IV del ordenamiento legal indicado líneas precedentes, sobreseyó en el juicio de garantías sujeto a revisión.

Por lo expuesto y fundado y además con fundamento en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, así como 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías indirecto, expediente número 117/2001, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, residente en Tampico, Tamaulipas, promovido por Francisco Morales Huerta, a través de su apoderado legal, José Romero Reyes, contra las autoridades y por el acto indicado en el resultando primero de la presente resolución.

Notifíquese como corresponda; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Olga Iliana Saldaña Durán, Fernando Octavio Villarreal Delgado y José Martín Hernández Simental, siendo presidente la primera de los nombrados y ponente el segundo de ellos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16904-6f0a579b/interes-juridico-para-reclamar-en-el-amparo-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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