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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN ADHESIVA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA AL DESAPARECER LA CONDICIÓN A LA QUE SE SUJETA EL INTERÉS DEL ADHERENTE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 327/2005. · Registro digital (IUS): 19760
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ELIZABETH DE LA LUZ BARRÓN CANO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, , Pág. 267.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 327/2005. ELIZABETH DE LA LUZ BARRÓN CANO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en relación con el punto octavo del diverso Acuerdo General 1/1998 del propio Tribunal Pleno, adicionado por el Acuerdo Plenario 7/2003, de treinta y uno de marzo de dos mil tres, al interponerse el medio de impugnación en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un amparo directo en el que se hizo valer la inconstitucionalidad de los artículos 90, 91 y 93 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, tema que por su especialidad corresponde a esta Sala.

SEGUNDO.-La sentencia de veintisiete de enero de dos mil cinco, fue notificada a la parte quejosa, quien ahora la recurre, el día cuatro de febrero siguiente y el recurso de revisión fue interpuesto el veintiuno del mismo mes y año, de lo que se advierte que fue presentado dentro del término legal establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, esto es, dentro de los diez días siguientes a aquel en que surte efectos la notificación de la resolución recurrida.

TERCERO.-En sus agravios, en síntesis, aduce la parte recurrente:

1. Que el Tribunal Colegiado del conocimiento para determinar que resulta infundado el planteamiento de inconstitucionalidad de los artículos 90, 91 y 93 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, se concreta a citar antecedentes históricos de los Debates del Constituyente de 1857, lo que se traduce en una interpretación de un precepto de la Constitución, atribución que sólo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 83, fracción V, de la Ley de Amparo, 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

2. Que el artículo 17 constitucional estatuye que el servicio de administración de justicia es gratuito y en ningún otro precepto del mismo rango constitucional se permite el cobro de costas judiciales por la propia autoridad o por terceras personas.

Que la última parte del artículo 17 constitucional consagra de manera gratuita desempeñar la función jurisdiccional, por lo que ninguna autoridad judicial debe cobrar a las partes remuneración alguna por los servicios que presta, lo cual se traduce en la prohibición constitucional de las costas judiciales.

3. Que cuando se elevó a rango constitucional la garantía de seguridad jurídica de servicio jurisdiccional gratuito, las legislaciones ordinarias, en el afán de seguir cobrando remuneración por la impartición de justicia, estatuyeron en la ley secundaria el derecho de cobrar costas judiciales al perdedor del juicio para que una vez cobradas éstas la parte favorecida las entregara a la autoridad judicial, alentando así la corrupción en la impartición de justicia por algunos malos Jueces; por lo que resulta sano decretar la inconstitucionalidad de los numerales impugnados.

4. Que el Tribunal Colegiado del conocimiento no entra al estudio de todos y cada uno de los conceptos de violación, no obstante que éstos no combatan las razones por las cuales fueron rechazados, ya que al tratarse de derechos de menores, dicho órgano colegiado debió suplir la deficiencia de la queja.

Que es incorrecta la calificación de inoperancia que el a quo hace de los conceptos de violación a través de los cuales se planteó que la Sala responsable realizó un estudio incorrecto de diversas pruebas, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya abandonó el criterio contenido en la tesis de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR."

CUARTO.-Es infundado lo aducido en el agravio que quedó sintetizado en el punto 1 del apartado anterior.

En la sentencia recurrida el Tribunal Colegiado del conocimiento, a efecto de evidenciar la teleología de la garantía de gratuidad de la administración de justicia, citó como antecedentes históricos un extracto de los Debates del Constituyente de mil ochocientos cincuenta y siete, con lo cual realizó la interpretación histórica del artículo 17 constitucional.

Sin embargo, contrariamente a lo señalado por la recurrente, la interpretación de un precepto constitucional no es una atribución que sólo le corresponda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 83, fracción V, de la Ley de Amparo, 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Dichos preceptos textualmente establecen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las base siguientes:

"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución."

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito:

"a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional."

Como se advierte, los numerales reproducidos establecen la procedencia del recurso de revisión en contra de resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, limitando tal procedencia a aquellas resoluciones, entre otras, en las que se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

Lo anterior evidencia lo infundado del agravio que se analiza, pues de los preceptos referidos se desprende que sí es atribución de los Tribunales Colegiado de Circuito y no sólo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizar la interpretación de preceptos constitucionales.

Los agravios sintetizados en los puntos 2 y 3 del considerando anterior resultan inoperantes, toda vez que con lo planteado en ellos no se combate en modo alguno lo considerado por el a quo para determinar que los artículos 90, 91 y 93 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León no son violatorios del principio de gratuidad jurisdiccional contenido en el artículo 17 constitucional.

En efecto, el a quo en su sentencia consideró que lo que prohíbe el artículo 17 constitucional es que el gobernado pague a quienes intervienen en la administración de justicia por parte del Estado una contraprestación por la actividad que realizan, ya que dicho servicio debe ser gratuito, pero el dispositivo constitucional no prohíbe de ninguna manera el que se puedan imponer a las partes cargas procesales que se traduzcan en cargas de naturaleza pecuniaria, tal es el caso de la retribución que la perdidosa debe hacer a su contraparte por los gastos y erogaciones en que haya incurrido con motivo del litigio. Que, por tanto, los artículos 90, 91 y 93 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León no son violatorios de la garantía de gratuidad de justicia, toda vez que la condena en costas no implica una retribución a cargo del particular y a favor de la administración de justicia.

La recurrente en los agravios que se analizan no combate lo anterior, es decir, no da las razones por las que a su juicio las costas que establecen los preceptos que impugna, también se encuentren prohibidas por el artículo 17 constitucional, no obstante no constituir una contraprestación a favor del Estado por la administración de justicia.

En tales condiciones, como ya se dijo, tales agravios son inoperantes pues no combaten las consideraciones de la sentencia recurrida.

Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989

"Tesis: 3a./J. 30 13/89

"Página: 277

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.-Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."

Finalmente, el agravio sintetizado en el número 4 también resulta inoperante, toda vez que en el mismo se plantean cuestiones de mera legalidad las cuales no forman parte de la litis constitucional en el amparo directo en revisión.

Así es, en el agravio referido la recurrente formula argumentaciones tendentes a demostrar que el Tribunal Colegiado a quo omitió pronunciarse e hizo una incorrecta calificación de conceptos de violación en los que se plantearon cuestiones de mera legalidad, en las que no se impugnó la constitucionalidad de precepto legal alguno.

Por tanto, es evidente que tales argumentos resultan inoperantes pues la litis en el amparo directo en revisión se limita a aspectos de constitucionalidad y no de legalidad, como los que plantea la recurrente quejosa a través de los referidos argumentos.

Cabe citar al respecto la tesis emitida por la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta Primera Sala comparte, y que literalmente dice:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VIII, agosto de 1998

"Tesis: 2a./J. 53/98

"Página: 326

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES.-Conforme a los artículos 107, fracción IX, constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan el recurso de revisión en amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia deberá examinar las cuestiones propiamente constitucionales; por consiguiente, si en el recurso se plantean, al lado de agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de un precepto de la Constitución, argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes."

QUINTO.-En relación con la revisión adhesiva del tercero perjudicado debe decirse lo siguiente:

Tomando en cuenta que se declararon infundados e inoperantes los agravios planteados por la quejosa recurrente y por ello subsiste la negativa del amparo decretada por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento en relación con los artículos 90, 91 y 93 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León debe declararse sin materia el recurso de revisión que hizo valer el tercero perjudicado, en el que aduce diversos argumentos para robustecer el fallo recurrido, ya que desapareció jurídicamente la condición a la que estaba sujeto su interés jurídico para interponerla, consistente en reforzar el fallo de primer grado que le favorecía.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-En la materia de revisión, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Elizabeth de la Luz Barrón Cano, contra los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

TERCERO.-Queda sin materia el recurso de revisión que hizo valer la parte tercero perjudicada, en términos de lo dispuesto en el último considerando de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente como concluido.

Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Sergio A. Valls Hernández, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente). Ausente José de Jesús Gudiño Pelayo.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19760-42a4c0f7/revision-adhesiva-debe-declararse-sin-materia-al-desaparecer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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