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Modo: Corpus Pro

LEGITIMACIÓN PASIVA AD CAUSAM. POR SER UNA CUESTIÓN QUE ATAÑE AL FONDO DEL LITIGIO DEBE RESOLVERSE AL DICTARSE EL LAUDO RESPECTIVO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 523/2003. · Registro digital (IUS): 18627
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LUZ ARLETH RADILLA RIVERA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 1520.

AMPARO EN REVISIÓN 523/2003. LUZ ARLETH RADILLA RIVERA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. No serán motivo de análisis los agravios externados por la recurrente, en razón de que previamente a su estudio, y de las consideraciones que rigen el fallo impugnado, este Tribunal Colegiado procede a analizar la existencia de una causal de improcedencia, en virtud de que su estudio es oficioso por ser una cuestión de orden público de conformidad con lo previsto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 940, sustentada por el Pleno de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1538, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice:

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."

En efecto, es importante destacar que si bien las consideraciones expuestas por la Juez de Distrito en la sentencia recurrida que no son impugnadas en vía de agravio por la recurrente a quien perjudica deben tenerse firmes para seguir rigiendo, en lo conducente, el fallo, esto no rige en cuanto a la procedencia del juicio cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia, pues en este caso el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Corrobora esta aseveración lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Amparo, particularmente su fracción III, que dice:

"Artículo 91. El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

"I. Examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son fundados, deberán considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador;

"II. Sólo tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el Juez de Distrito o la autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo; y si se trata de amparo directo contra sentencia pronunciada por Tribunal Colegiado de Circuito, la respectiva copia certificada de constancias;

"III. Si consideran infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio de amparo en los casos del artículo 37, para sobreseer en él en la audiencia constitucional después de que las partes hayan rendido pruebas y presentado sus alegatos, podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o bien revocar la resolución recurrida y entrar al fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo, y

"IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; y

"V. (Derogada. D.O.F. 20 de mayo de 1986).

"VI. Tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores de edad o incapaces, examinarán sus agravios y podrán suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionalidad conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78."

De este precepto se desprende que establece las reglas que deben seguirse al resolverse el recurso de revisión, entre las que se encuentran las de estudiar los agravios aducidos y, en su caso, los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador, considerando las pruebas que fueron rendidas por las partes, así como una diversa regla que rige en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, consistente en examinar la causal de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y de estimarla infundada confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza la existencia de la anunciada obligación de examinar la procedencia del amparo bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales examinadas por el juzgador de primer grado, sino también los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica, congruentemente con el principio de que la procedencia es de orden público, que a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada causa de improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto, que puede ser generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causales de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, circunstancias que pueden presentarse en forma independiente o conjunta, por lo que si la Juez estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues si sobre el particular no hay pronunciamiento, menos puede existir firmeza.

El criterio plasmado encuentra mayúscula justificación en otros diversos casos, como son aquellos en que el Juez de Distrito no estudió una causal de improcedencia que sobreviene o se actualizan diversos motivos que la descubren, casos en los que el órgano jurisdiccional revisor debe analizarlas por subsistir el orden público que justifica su estudio.

Sirve de apoyo a las consideraciones precedentes la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, tesis P./J. 122/99, Tomo X, noviembre de 1999, página 28, del rubro y texto siguientes:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente el fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimada determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."

Precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado considera que la causal de improcedencia que se actualiza en el presente asunto es la prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que al respecto dicen:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. ..."

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"...

"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación."

En efecto, de las copias que en apoyo de su informe con justificación remitió el tribunal obrero al Juzgado de Distrito, que obran en el sumario constitucional, en lo que aquí interesa, se desprende que Luz Arleth Radilla Rivera, en la vía ordinaria laboral, demandó de María Alicia Báez Sánchez, Rocío González Báez y quien resulte responsable de la fuente de trabajo, denominada Hotel Villa del Mar, ubicado en la calle de Progreso número 25, San Jerónimo Guerrero, Municipio de Benito Juárez, las prestaciones siguientes:

"A) El pago de la indemnización constitucional por el despido injustificado de que fui objeto, consistente en: tres meses de salario diario integrado; veinte días de salario por cada año de servicios prestados; prima de antigüedad a razón de 12 días por cada año de servicios prestados, conforme al 162 de la ley laboral; el pago de salarios caídos a partir de la fecha del despido y hasta aquella fecha en que se dé cumplimiento total al laudo correspondiente que ponga fin a este juicio, esta última prestación y las dos primeras es conforme a fracs. II y III del art. 50 de dicha ley. Y el salario integrado que debe servir de base es el que deduce las doce horas diarias de jornada que permanentemente laboraba a partir de que se me asignó la categoría de recepcionista. Es decir, a mis $80.00 M.N. (ochenta pesos 00/100 M.N.) de salario diario nominal que por ocho horas de trabajo se me retribuían, se le debe adicionar el importe que resulte de cuatro horas que laboré en exceso a la jornada de ocho horas, cuyas cuatro horas adicionales deben cuantificarse como si fuesen tiempo extraordinario laborado. B) El pago de vacaciones y prima vacacional. Así como el pago de aguinaldo relativo al año 2002 a razón del salario diario integrado deducido a mis doce horas diarias de jornada. Dichas vacaciones y prima vacacional son relativas a mi primer año de servicios prestados, el cual lo cumplí el 8 de marzo del 2003. En la inteligencia de que ese aguinaldo sólo me pagó $400.00 M.N. C) La exhibición y entrega de las constancias de aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que a favor del actor tienen la obligación solidaria de enterar los patrones que se beneficiaron con mi trabajo, a razón del 3% del salario que deduce la jornada de doce horas diarias que laboré durante el periodo que así fue. Y ese mismo % aplicado al diverso salario que deducen las otras horas de trabajo que laboré en el diverso periodo de tiempo. Aportaciones que son a partir del 9 de marzo del 2002, hasta aquella fecha en que el laudo que se dicte quede enteramente cumplido. Que en caso de que los demandados no acrediten haber cumplido con dicha obligación, reclamo la apertura y constitución de la cuenta respectiva en mi favor y la realización de las aportaciones por el señalado periodo, porcentaje y base salarial aludida. D) La exhibición y entrega de las constancias al Infonavit (Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), que en favor de la actora tienen la obligación solidaria de enterar los patrones que se beneficiaron con mi trabajo. Son constancias de aportaciones al Infonavit a partir del 9 de marzo del 2002 y hasta la fecha en que el laudo que se dicte quede enteramente cumplido. Que en caso de que los demandados no acrediten haber cumplido con dicha obligación, les reclamo la respectiva aportación que en mi favor deben hacer en la etapa de la ejecución del laudo, para lo cual el presidente-ejecutor debe girar a dicho instituto las instrucciones necesarias. E) La fehaciente acreditación que en este juicio deben hacer los demandados para el caso de que hayan cumplido con su obligación relativa al pago de cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con motivo de mi relación laboral para con la fuente de trabajo demandada. Por el periodo comprendido del nueve de marzo del 2002 y hasta, inclusive, el día en que den cumplimiento total al laudo que aquí se dicte. Que en caso de que no lo prueben, les reclamo el cumplimiento de esa obligación, para lo cual el presidente-ejecutor en vía de ejecución de laudo debe girar a dicho instituto las instrucciones necesarias a fin de que haga cumplir a quienes resulten condenados. F) El pago de las horas que en exceso a las ocho horas diarias trabajé para la fuente de trabajo demandada, durante el periodo comprendido del nueve de marzo del 2002 al once de marzo del dos mil tres. Lo que a su vez implica que le reclamo el pago de las horas que excedieron a las cuarenta horas semanales, porque sólo me vino cubriendo cuarenta horas semanales desde el día de mi contratación, que fue dicho 9 de marzo del dos mil dos. Asimismo le reclamo: el pago de siete días festivos inhábiles que laboré y me fueron pagados como días hábiles normales, los cuales respecto del año 2002 fueron: 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 25 de diciembre; y del 2003 fueron: 1o. de enero y 5 de febrero de 2003; el pago de primas dominicales relativo a 48 domingos que laboré para la fuente de trabajo demandada en el periodo comprendido del 9 de marzo del 2002 al once de marzo del 2003. También le reclamo todas y cada una de las demás prestaciones que por ley y costumbre me correspondan. Por lo que al efecto le reclamo media hora diaria de trabajo, porque mi jornada de doce horas siempre fue continua, relativa a mi puesto de recepcionista, inherente reclamación de media hora que le hago por el periodo comprendido del 14 de abril del 2002 al once de marzo del 2003, en términos del artículo 63 de la ley laboral; así como los demás adeudos que deducen los hechos a continuación narrados."

Por otro lado, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, de veintitrés de mayo de dos mil tres, misma que se reanudó el dieciséis de junio de dos mil tres, comparecieron personalmente las demandadas María Alicia Báez Sánchez y Rocío González Báez, solicitando la última de las nombradas se le reconociera como propietaria de la fuente de trabajo, y para tal efecto exhibió los siguientes documentos:

a) Licencia de funcionamiento 2005, expedida a nombre de Rocío González Báez por el Ayuntamiento Municipal de San Jerónimo de Juárez, Guerrero, correspondiente al año dos mil tres.

b) Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes a nombre de Rocío González Báez, expedida por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

c) Formulario de registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de alta del centro de trabajo por su titular responsable, Rocío González Báez.

d) Alta del centro operario hecho ante el Instituto Mexicano del Seguro Social por Rocío González Báez; y,

e) Copia autógrafa firmada y sellada por el representante del Ayuntamiento Municipal de San Jerónimo de Juárez, Guerrero, expedida por la tesorería, recibo oficial número 18373 de veinticinco de marzo de dos mil tres, expedido a nombre de Rocío González Báez.

Seguido el trámite respectivo, mediante escrito de tres de enero de dos mil tres, la parte actora del sumario laboral, por conducto de su apoderado, interpuso incidente de falta de personalidad en contra de la codemandada física Rocío González Báez, incidencia que el tribunal obrero declaró improcedente mediante resolución dictada el uno de septiembre de dos mil tres, y que en el juicio de garantías que se revisa constituyó el acto reclamado.

Ahora bien, es oportuno hacer la aclaración que en el asunto que nos ocupa el incidente planteado por la parte actora en contra del reconocimiento de la codemandada Rocío González Báez, como propietaria y responsable de la fuente de trabajo, en estricto sentido no es un incidente que ataque el tema de personería, sino de legitimación pasiva ad causam, dado que la calidad de "propietario" de la empresa demandada no constituye un litigio de personalidad.

En efecto, el tribunal obrero responsable, en la especie, no debió admitir a trámite el incidente referido tal como se planteó, virtud a que en el incidente de falta de personalidad la litis se endereza en el sentido de que si el que comparece al juicio en representación, ya sea del actor o del demandado, acredita tal carácter de acuerdo con las exigencias del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, dado que el mandatario no comparece en nombre propio, porque en él no recae la titularidad del derecho sustantivo tutelado por la ley, sino que comparece como apoderado legal de otra persona, que puede ser el actor o el demandado, y en este supuesto es cuando debe promoverse el incidente de falta de personalidad, porque se trata de un problema de personería, y lo que se resuelva en la incidencia es procedente el amparo indirecto.

Sin embargo, si en el sumario laboral Luz Arleth Radilla Rivera, al plantear el incidente de falta de personalidad impugnó el reconocimiento que el tribunal obrero hizo de una de las codemandadas, esto es, de Rocío González Báez, en su calidad de responsable y propietaria de la fuente de trabajo, en esta hipótesis no se está controvirtiendo un aspecto de personería, sino de legitimación ad causam, que viene a ser una condición para obtener una sentencia favorable, porque se ostenta la titularidad del derecho sustantivo para interponer las excepciones y defensas que se tengan respecto de las prestaciones demandadas; por tanto, si en el caso concreto la Junta responsable indebidamente admitió la controversia incidental de falta de legitimación ad causam que planteó la actora como incidente de falta de personalidad, no debió de resolverlo dentro de la instrucción del procedimiento laboral como una incidencia de previo y especial pronunciamiento, sino que como incidencia dilatoria debió de pronunciarse al respecto hasta el dictado del laudo que resolviera la litis de fondo, porque se refiere a un problema de legitimación de una de las codemandadas, y tal cuestión el actor únicamente la puede impugnar vía amparo directo al combatir el laudo definitivo que resuelva el fondo de la litis laboral y, por ende, no por la vía del amparo biinstancial.

Hechas las precisiones que anteceden en este asunto, es pertinente transcribir lo que al respecto establece el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones III, V, inciso b) y VI, que dicen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

"a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera.

"Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia;

"b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y

"c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio;

"...

"V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:

"...

"d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al servicio del Estado.

"...

"VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones."

Por su parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en los artículos 158 y 114, fracciones III, IV y V, distingue la procedencia del juicio de garantías en contra de actos judiciales en amparo directo y en amparo indirecto, en los siguientes términos:

"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.

"Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.

"Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio."

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"...

"III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.

"Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.

"Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;

"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;

"V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería."

De la transcripción efectuada resulta válido establecer las siguientes premisas:

En primer término, que por regla general será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y contra resoluciones que pongan fin al juicio que no admitan ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, tanto por violaciones cometidas en el fallo como por las efectuadas en la secuela del procedimiento, siempre que estas últimas afecten las defensas del promovente trascendiendo al resultado de fondo.

Que por excepción es admisible el juicio de amparo indirecto en contra de resoluciones judiciales que no tienen el carácter de sentencia definitiva o que pongan fin al juicio y que se dicten, ya sea en el juicio (cuya ejecución sea de imposible reparación), fuera de juicio, después de concluido, o que afecten a personas extrañas al mismo.

Ahora bien, es oportuno destacar si el laudo interlocutorio que dentro de la instrucción del sumario laboral resuelve la incidencia de legitimación en la causa importa una violación a las leyes del procedimiento cometida por un acto dentro del juicio laboral respectivo, por lo que es pertinente hacer referencia a las reglas complementarias de impugnación que se contienen en la Ley de Amparo, en su artículo 159, a fin de determinar si debe regirse por la regla general antes enunciada o si por el contrario, encuadra en el caso de excepción a que se refiere la fracción IV del artículo 114 de ese propio ordenamiento. Los dispositivos antes señalados establecen:

"Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso:

"I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;

"II. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trate;

"III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley;

"IV. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado;

"V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;

"VI. Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley;

"VII. Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las prueban ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos;

"VIII. Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera que no pueda alegar sobre ellos;

"IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales de procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo;

"X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente para proceder;

"XI. En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda."

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"...

"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación."

De la lectura de los preceptos transcritos, deriva que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional y 158 de la Ley de Amparo, pero existe una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, que son señaladas por el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), constitucional y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de su ley reglamentaria, entre ellas cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación.

Ahora bien, ha sido criterio de nuestro Máximo Tribunal que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, cuando de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales.

En efecto, debe hacerse notar que no todas las violaciones adjetivas dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida, produciéndose un resultado indeseable que quiso evitarse, precisamente con la restricción del amparo indirecto dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas o las resoluciones que ponen fin al juicio.

Las violaciones procesales o adjetivas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18627-048e60c9/legitimacion-pasiva-ad-causam-por-ser-una-cuestion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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