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TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXCLUIR DE SU PAGO A LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIONES VIGENTES EN 2003 Y 2004).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 33/2005. · Registro digital (IUS): 18878
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JUDITH DÍAZ MORALES.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, , Pág. 210.

AMPARO EN REVISIÓN 33/2005. JUDITH DÍAZ MORALES.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Por lo que hace al estudio de los conceptos de violación cuyo estudio omitió el Juez de Distrito respecto de la inconstitucionalidad planteada de los artículos 8o., fracciones I, II y VII y 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en los que, en síntesis, la quejosa hizo valer lo siguiente:

a) La ley de la materia da un trato preferencial a los automóviles eléctricos, a los importados temporalmente, como a los automóviles que tengan para su venta los fabricantes, plantas ensambladoras, sus distribuidores y los comerciantes, haciendo una distinción y excepciones a la regla general, lo que hace desigual, desproporcionado, ya que como se ve, la fracción I del artículo 8o. establece que los eléctricos utilizados para el transporte público de personal, la fracción II del mismo numeral, que los importados temporalmente en los términos de la legislación aduanera, y la fracción VII los que tengan para su venta los fabricantes, las plantas ensambladoras, sus distribuidores y los comerciantes en el ramo de vehículos, siempre que carezcan de placas de circulación.

b) Todos éstos los excluye del pago de la tenencia, lo que implica que a los que se encuentren en el supuesto de dichas fracciones, se les da un trato preferencial, haciéndolas privativas para ciertos casos iguales que son los que no están inmersos en dichas fracciones, lo que hace desigual e inequitativa dicha ley, violando las garantías de igualdad y equidad tributaria, consagradas en los artículos 5o. y 31, fracción IV, de la Carta Magna, al exentar del pago del impuesto relativo a los vehículos inmersos en las fracciones referidas, pues las diferencias que puedan motivar un tratamiento desigual, deben radicar en las características del automotor, mas no en el oficio de las personas que detentan la propiedad, por tanto, los automóviles que tengan para su venta los fabricantes, plantas ensambladoras, sus distribuidores y los comerciantes, consecuentemente tal exención de impuesto, produce una distinción entre situaciones tributarias que puedan considerarse iguales, sin que exista una justificación objetiva y razonable, ya que las personas inmersas en las exenciones, no influye en la tenencia o uso de vehículos, lo cual constituye el objeto del gravamen, esto es, a iguales supuestos de hecho (tenencia de vehículos similares o de sus análogos), no corresponden idénticas consecuencias jurídicas, dado que, el amparista como gobernado por tener un automóvil, se le grava con una tasa de impuesto, que a los que se encuentran en las fracciones de exención que están en igual supuesto, no se les cobra lo que hace inconstitucional la ley respectiva con mayoría de razón el trato que se les da a los vehículos eléctricos y a los importados temporalmente, que no sean públicos.

c) Los automóviles eléctricos que contempla el artículo 14-B de la ley impugnada, se imponen, con la cantidad que resulte de multiplicar el valor total del automóvil, por el 0.15%, cantidad que resulte de multiplicar el valor total del automóvil, por el 0.16%, cantidad muy inferior, con la cual se grava a los automóviles usados que refiere el artículo 15-C de la citada ley inciso a), y también desigual a la que se marca para los vehículos comprendidos en el artículo 15-B, haciendo que la ley sea disímil y, por tanto, inconstitucional.

SEXTO. Son infundados los argumentos sintéticamente expuestos con antelación, en virtud de las siguientes consideraciones ya sostenidas por esta Segunda Sala en diversos precedentes, que se citarán posteriormente.

En primer lugar, conviene dejar precisado que la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos grava, precisamente, la tenencia o uso de algún vehículo. El artículo 1o. dispone:

"Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley, las personas físicas y las morales, tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere la misma ..."

Por su parte, el artículo 8o. de la referida ley, prevé:

"Artículo 8o. No se pagará el impuesto, en los términos de este capítulo, por la tenencia o uso de los siguientes vehículos:

"I. Los eléctricos utilizados para el transporte público de personas.

"II. Los importados temporalmente en los términos de la legislación aduanera.

"...

"VII. Los que tengan para su venta los fabricantes, las plantas ensambladoras, sus distribuidores y los comerciantes en el ramo de vehículos, siempre que carezcan de placas de circulación ..."

En el caso, como ya se precisó, el tributo de que se trata grava la tenencia o uso de vehículos, de ahí que las diferencias que pueden motivar un tratamiento desigual deben radicar en las características del vehículo que se tenga o en el uso que se le dé.

Ahora, si para efectos fiscales la equidad radica exclusivamente en la situación que guardan ante la ley tributaria respectiva, en este aspecto todas las personas que tengan un vehículo de características similares o le den un uso análogo guardan una situación de igualdad, deben recibir el mismo trato, a menos que existan situaciones de notorio beneficio o justificación social, como en el caso sucede.

En este sentido, debe precisarse que los términos en que se creó el artículo 8o., permiten advertir que el legislador, frente a la declaración formal de cuál es el hecho generador del tributo que está formulada en términos amplios y que se refiere a la tenencia o uso de vehículos, decidió incluir un listado de supuestos que no deben entenderse comprendidos dentro del hecho imponible, todos ellos referidos al destino de los vehículos sobre los cuales se ejerce la disposición o el uso, con lo cual, limitó a términos más reducidos la hipótesis de causación del tributo.

La decisión de la norma de emplear el mecanismo de no causación para definir los rasgos precisos de la fuente de la obligación tributaria, no resulta violatoria del principio constitucional de equidad aplicable a todos los tributos, según ha quedado éste definido en la jurisprudencia cuyo rubro dice: "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS." (Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 144).

La tesis anterior, recoge el principio de equidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, constitucional, por el cual se exige a las leyes de este género conceder un trato igual a las personas colocadas en la misma situación y uno diferente a quienes se encuentren en situaciones diversas.

El análisis del mismo principio ha dado lugar a la formulación de otras tesis que, si bien no se refieren específicamente a las reglas de no causación de un tributo, sino a las de exención, resultan, sin embargo, orientadoras de la manera como actúa el principio constitucional invocado.

Las tesis de referencia se identifican con los rubros: "IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECEN CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS." (Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 66, Primera Parte, página 81) e "IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS." (Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 12, Primera Parte, página 44).

Dichas tesis interpretan el artículo 28 constitucional, que prohíbe establecer exenciones o privilegios para favorecer los intereses de una o más personas determinadas y autoriza las que se fijen considerando situaciones objetivas que reflejen intereses sociales o económicos de ciertas categorías de contribuyentes.

La actuación conjunta de los preceptos constitucionales interpretados en dichas tesis lleva a considerar que de manera similar a como acontece con las exenciones de impuestos, las reglas de no causación deben no sólo observar los requisitos de generalidad y abstracción, sino también conservar el esquema de igualdad de las cargas tributarias que pesan sobre los particulares, para lo cual es necesario que el legislador, al crear el supuesto generador de la obligación tributaria, no se conduzca con fines discriminatorios, ni caprichosos o arbitrarios, sino conforme a criterios objetivos con relevancia y significación frente al objeto y fin de la ley tributaria.

La aplicación de estas reflexiones en la especie lleva a la conclusión de que el principio de equidad no se vulnera porque en la ley reclamada se excluya de la norma de causación del tributo a aquellos supuestos en que los vehículos sean eléctricos y utilizados para el transporte público de personas (fracción I); los importados temporalmente en términos de la legislación aduanera (fracción II); y los que tengan para su venta los fabricantes, las plantas ensambladoras, sus distribuidores y los comerciantes en el ramo de vehículos, siempre que carezcan de placas de circulación (fracción VII); porque en ninguno de estos casos se advierte que el legislador se haya conducido de manera arbitraria o caprichosa.

Se observa que el legislador quiso reducir el hecho imponible a la tenencia o uso de vehículos, básicamente sobre vehículos destinados sólo a ciertas actividades industriales, empresariales privadas y comerciales, y para uso particular, para lo cual, en ejercicio de la facultad que le asiste para configurar el objeto generador de la obligación tributaria, declaró excluidos de la causación a los supuestos en que se desarrollan actividades que estimó no conveniente considerar en el tributo por razones de orden social (vehículos eléctricos para el transporte público de personas); de orden económico (los importados temporalmente, los que tengan para su venta los fabricantes, las plantas ensambladoras y sus distribuidores, siempre que carezcan de placas de circulación).

Por tanto, la norma al emplear el mecanismo de no causación para definir los rasgos precisos de la fuente de la obligación tributaria no resulta violatoria del principio constitucional de equidad aplicable a todos los tributos, según ha quedado definido en la jurisprudencia, cuyo rubro dice: "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS." (Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 144).

En estas condiciones, deben estimarse infundados los argumentos de la quejosa respecto del artículo 8o., fracciones I, II y VII de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, porque en la ley reclamada no se establece un trato desigual motivado en una decisión caprichosa o arbitraria, tal como esta Segunda Sala ya lo sostuvo en diversos precedentes, como son, entre otros, los amparos en revisión 2166/2003 y 732/2004, de la ponencia del Ministro Juan Díaz Romero, 1205/2004, 1237/2004 y 1915/2004, de la ponencia del Ministro Genaro David Góngora Pimentel y 1519/2004, de la ponencia del Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Al respecto, son aplicables los siguientes criterios de este cuerpo colegiado, que dicen:

"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXCLUIR DE SU PAGO A LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). El artículo citado, al disponer que no se pagará el impuesto por la tenencia o uso de vehículos eléctricos utilizados para el transporte público de personas, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en dicho precepto legal no se estableció un trato desigual motivado en una decisión arbitraria o caprichosa del legislador, sino por el contrario, con la referida exclusión se quiso estimular el uso de vehículos no contaminantes, así como reducir el hecho imponible a la tenencia o uso de vehículos de combustión interna destinados a ciertas actividades industriales, empresariales privadas y comerciales, y para uso particular, para lo cual, en ejercicio de la facultad que le asiste para configurar el hecho generador de la obligación tributaria, el legislador declaró excluidos de la causación a los supuestos en que se desarrollan actividades que estimó no conveniente considerar en el tributo por razones de orden social, como en el caso lo es la tenencia de vehículos eléctricos para el transporte público de personas." (Tesis 2a. LXXXI/2004, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, página 514)."

"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXENTAR DE SU PAGO POR LOS VEHÍCULOS IMPORTADOS TEMPORALMENTE EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN ADUANERA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). Del citado artículo, en relación con los diversos 62 y 106 de la Ley Aduanera, se concluye que la exención en el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, se da cuando éstos sean importados temporalmente en términos de la última ley mencionada, y no respecto de vehículos importados definitivamente, lo cual no transgrede el principio de equidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al existir razones objetivas que justifican la desigualdad de trato. Lo anterior es así, porque a los tenedores o usuarios de vehículos importados temporalmente se les imponen ciertas restricciones, como la relativa a su estancia en el territorio nacional, pues únicamente se les otorga un permiso por seis meses, y una vez vencido éste, el vehículo debe ser retornado al extranjero en el mismo estado en el que ingresó, o bien, como el que los vehículos deban ser conducidos en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre y cuando sean residentes permanentes en el extranjero, o por un extranjero con las calidades migratorias indicadas en el inciso a) de la fracción IV del artículo 106 de la Ley Aduanera, y cuando el automóvil sea conducido por persona distinta de las autorizadas, debe viajar a bordo el importador, lo cual justifica el tratamiento fiscal distinto respecto de los tenedores o usuarios de vehículos importados definitivamente, pues a ellos no se les impone restricción alguna, lo que permite concluir que no se encuentran en el mismo supuesto impositivo." (Tesis 2a. XLVIII/2004, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, agosto de 2004, página 431)."

Por otro lado, la quejosa se duele de que los automóviles eléctricos que contempla el artículo 14-B de la ley impugnada, se gravan con la cantidad que resulte de multiplicar el valor total del automóvil, por el 0.16%, cantidad que resulta inferior con respecto a la tasa con que se gravan los automóviles usados que prevé el artículo 15-C, inciso a) y también desigual a los automóviles que señala el artículo 15-B de la ley de la materia.

Tales motivos, por lo que hace al artículo 14-B, son infundados como enseguida se advertirá.

El Tribunal Pleno ha considerado que la propia Constitución Federal reconoce implícitamente la existencia de desigualdades económicas y materiales, y que el principio de equidad tiene como finalidad que los poderes públicos tomen en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados de igual forma, sin privilegio ni favor, por lo que tal principio debe ser criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación.

El artículo 14-B de la referida ley es del tenor siguiente:

"Artículo 14-B. Tratándose de automóviles eléctricos nuevos el impuesto será la cantidad que resulte de multiplicar el valor total del automóvil por 0.16%.

"Para los efectos de este artículo, el impuesto para automóviles eléctricos únicamente será aplicable a aquellas unidades que para su circulación requieren de placas y tarjeta de circulación expedidas por las autoridades estatales o del Distrito Federal."

En la ley reclamada, como ya se precisó, se grava la tenencia o uso de vehículos, de ahí que las diferencias que pueden motivar un tratamiento desigual deben radicar en las características del vehículo que se tenga o en el uso que se le dé.

Si para efectos fiscales la equidad radica exclusivamente en la situación que guardan ante la ley tributaria respectiva, en este aspecto todas las personas que tengan un vehículo de características similares o le den un uso análogo guardan una situación de igualdad y deben recibir el mismo trato, a menos que existan situaciones de notorio beneficio o justificación social, lo que en el caso sucede.

Finalmente, el artículo 14-B antes transcrito, permite advertir que el legislador, frente a la declaración formal de cuál es el hecho generador del tributo, declaración que está formulada en términos claros y que se refiere a la tenencia o uso de vehículos, decidió incluir un supuesto de causación del impuesto a la tasa del 0.16%.

Tal decisión del autor de la norma no resulta violatoria del principio constitucional de equidad, tal como se establece en las tesis, cuyos rubros son: "IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECEN CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS." e "IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE ESTABLECE CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS PERSONAS EXENTAS."

Como ya se dijo, dichas tesis interpretan el artículo 28 constitucional, que prohíbe establecer exenciones o privilegios para favorecer los intereses de una o más personas determinadas, y autoriza las que se fijen considerando situaciones objetivas que reflejen intereses sociales o económicos de ciertas categorías de contribuyentes. De ahí, la actuación conjunta de los preceptos constitucionales interpretados en dichas tesis lleva a considerar que, de manera similar a como acontece con las exenciones de impuestos, las reglas de no causación y de privilegios deben no sólo observar los requisitos de generalidad y abstracción, sino también conservar el esquema de igualdad de las cargas tributarias que pesan sobre los particulares, para lo cual es necesario que el legislador, al crear el supuesto generador de la obligación tributaria, no se conduzca con fines discriminatorios ni caprichosos o arbitrarios, sino conforme a criterios objetivos con relevancia y significación frente al objeto y fin de la ley tributaria.

La aplicación de estas reflexiones en la especie lleva a la conclusión de que el principio de equidad no se vulnera porque en la ley reclamada se otorguen privilegios a los propietarios de automóviles eléctricos nuevos, consistentes en pagar el impuesto relativo a la tasa del 0.16%.

Propiamente se observa que el legislador quiso reducir el hecho imponible a la tenencia o uso de vehículos, básicamente y dicho en términos llanos, sobre vehículos destinados sólo a ciertas actividades industriales, empresariales privadas y comerciales, y para uso particular, para lo cual, en ejercicio de la facultad que le asiste para configurar el objeto generador de la obligación tributaria, estableció un tratamiento diferenciado para el cálculo del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, tratándose de automóviles eléctricos nuevos, por razones de naturaleza social y ambiental.

En estas condiciones, deben estimarse infundados los argumentos en examen, porque en la ley reclamada no se establece un trato legal desigual motivado en una decisión caprichosa o arbitraria de su autor, sin que obste para esta conclusión que la misma no contenga la explicación de motivos de orden social o económico que llevaron al legislador a definir el hecho imponible en los términos en que lo hizo, pues además de que tales motivos se infieren de manera clara de la misma norma, en la Constitución Federal no existe algún precepto que exija esa formalidad.

Sobre este tópico esta Segunda Sala ya se ha pronunciado, por ejemplo, en los amparos en revisión 69/2004, de la ponencia del Ministro Juan Díaz Romero y 1205/2004, 1237/2004 y 1915/2004, de la ponencia del Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se modifica la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en términos de los considerandos, segundo y cuarto de este fallo.

SEGUNDO.-En la materia de la revisión, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Judith Díaz Morales en contra de los artículos 5o., fracción I, 8o., fracciones I, II y VII, y 14-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en dos mil cuatro.

TERCERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Judith Díaz Morales, respecto de los artículos 5o., fracción IV y 15-B, en términos de la sentencia del Tribunal Colegiado.

CUARTO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Judith Díaz Morales por lo que se refiere al artículo 1o.-A, fracción II, en los términos y para los efectos precisados por el Tribunal Colegiado en su resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al Juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Juan Díaz Romero. Fue ponente el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18878-6c5c953a/tenencia-o-uso-de-vehiculos-el-articulo-8o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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