PRUEBAS RELACIONADAS CON LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL JUZGADOR TIENE LA OBLIGACIÓN DE RECABARLAS DE OFICIO, PERO NO PUEDE LLEGAR AL EXTREMO DE SUPLIR LA FALTA DE INTERÉS DE LA PARTE A QUIEN BENEFICIE LA DETERMINACIÓN RELATIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 302/2005. MARÍA ELENA JACOBO ORTA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Establecido lo anterior, conviene señalar que en la demanda de amparo la quejosa reclamó el proceso legislativo que culminó con el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Financiero del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticuatro de diciembre de dos mil cuatro, específicamente su artículo 149, fracción II, párrafo segundo; así como la aplicación y ejecución del decreto en mención.
Ahora bien, en la sentencia recurrida el Juez de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión respecto del artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, sobre la base de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 17/2003, determinó que el citado numeral viola las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias, al incluir el factor 10.0 para calcular la base gravable del impuesto predial respecto de inmuebles que se otorgan en arrendamiento, al distorsionar la base gravable de la contribución, sin existir razón que justifique que se eleve el valor diez veces más, desconociendo la real capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto.
Realizadas las anteriores precisiones, el análisis del recurso de revisión, pone de manifiesto que en el concepto de agravio primero, la autoridad recurrente aduce, esencialmente, que el Juez de Distrito violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 77, fracciones I y II, 78, párrafo tercero, 79 y 149 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los artículos 79, 80 y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en el juicio de amparo, dado que omitió recabar oficiosamente, los documentos que resultaban necesarios para actualizar alguna causa de improcedencia, pues debió cerciorarse de la existencia de pagos que se hubieran realizado anteriormente en términos de lo que se prevé en la fracción II del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, y, en su caso, determinar si en la especie se surte alguna causa de improcedencia del juicio de amparo.
A efecto de dar respuesta a esos planteamientos, en principio, se debe tener presente lo que dispone el artículo 78 de la Ley de Amparo.
"Artículo 78. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada.
"En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
"El Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto."
Como se aprecia, el artículo transcrito establece en su párrafo tercero el deber del juzgador de amparo (no sólo la facultad) de allegarse de los medios de prueba que habiendo sido rendidos ante la autoridad responsable, no se hubieran aportado u ofrecido por las partes, dado que tiene la obligación de apreciar el acto reclamado en la forma en que se demostró ante la autoridad responsable, es decir, el juzgador de amparo tiene la facultad y el deber de recabar de oficio las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto; pues esta atribución y obligación, permite que el juzgador federal se encuentre en aptitud de resolver conforme a la realidad la controversia planteada por la parte quejosa.
De lo expresado se desprende que el Juez de Distrito no debe asumir la calidad de espectador, es decir, no debe permanecer inerte, ajeno o distante a los hechos que configuran la litis constitucional; sino al contrario, debe asumir una actitud diligente, interesado en el resultado útil de lo que personalmente realice; vigilar, orientar, explorar y gestionar pruebas que estime útiles para resolver.
Así, la búsqueda de la verdad jurídica objetiva no comulga con un Juez desidioso, que deja de hacer aquello que en el área de la prueba debe hacer, ejerciendo en plenitud los poderes que la ley adjetiva le provee; sin embargo, ese actuar no es ilimitado, pues debe procurarse no lesionar la garantía de la defensa (bilateralidad, igualdad) ni los valores superiores que pueden ser menoscabados.
En efecto, si las partes desempeñan mal y a su interés y perjuicio el papel que les corresponde, y el juzgador de amparo, en cambio, debe atender y satisfacer el suyo -que es el de la jurisdicción y concierne a un servidor público- de manera efectiva y eficaz, no debe soslayarse que los sujetos del proceso, quienes están en mejor aptitud de realizar o suministrar lo que corresponde, deben prestarle cooperación, por lo que no debe favorecerse a quien no obstante que las circunstancias le exigían algo más que una simple afirmación o renuencia, guarda silencio y deja a su contraparte la carga de probar, esto es, no debe beneficiarse a quien adopta una actitud pasiva y no aporta los elementos o documentación que obre en su poder y resulten decisivos para la solución del asunto. En ese caso, es decir, ante la falta de prueba del obligado a aportarla por contar con ella, el Juez no debe actuar oficiosamente, subsanando las deficiencias del interesado.
En esa tesitura, si bien del párrafo tercero del precepto legal de que se trata, se desprende la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente todas las pruebas necesarias para la solución del asunto, éste deber nace precisamente de la valoración que realice de la problemática planteada en la demanda de garantías, y de las constancias que obran en el juicio de amparo, sin que pueda derivar de simples ocurrencias, sino de algún dato que revele la probable necesidad de actuar en ese sentido, esto es, el ejercicio de esa facultad no debe efectuarse de manera arbitraria, contrariando el principio de igualdad de las partes, que implica que cada una de ellas asuman la carga de la prueba de sus afirmaciones.
Sobre la interpretación del artículo 78, último párrafo (tercero), de la Ley de Amparo, es ilustrativa la jurisprudencia identificada con el número 17/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/96, entre las sustentadas por el Primer y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página ciento ocho, del Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes:
"PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra ‘podrá’ por ‘deberá’, se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."
De esa manera, es indudable que, contrario a lo que la autoridad recurrente sostiene, el Juez de Distrito no tenía la ineludible obligación de recabar constancias para advertir la existencia de pagos del impuesto predial, realizados en términos de la fracción II del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, anteriores al señalado por la quejosa y, por tanto, determinar si se actualiza alguna causa de improcedencia, en términos de los artículos 79 y 89 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, dado que no existía ningún indicio al respecto, pues ni la autoridad recurrente ni las restantes señaladas como responsables, manifestaron algo sobre el particular; luego, a las autoridades responsables, dentro de las cuales se encuentra la recurrente, correspondía acreditar con pruebas idóneas que ocurrió el evento de que se trata y, por tanto, que se surte alguna causa de improcedencia, no al juzgador de amparo, conforme al artículo 81 de la mismo código.
Es aplicable la tesis número I.15o.A.1 K, sustentada por este Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, visible en la página 1426, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes:
" De lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, se desprende la obligación del juzgador de recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. Esta obligación pone de manifiesto la necesidad de que el Juez de garantías resuelva con base en la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, que comprende también los aspectos relacionados con la procedencia o improcedencia del juicio; sin embargo, el cumplimiento de ese deber precisa de la existencia mínima de indicios que permitan justificar el requerimiento de probanzas y de que las partes en el procedimiento presten la cooperación necesaria al respecto. En esos términos, no puede considerarse incumplida esa obligación cuando la parte interesada con la determinación de procedencia o improcedencia del juicio, según sea el caso, adopta una actitud pasiva, al no advertir el juzgador la existencia de indicios o pruebas sobre el particular, a efecto de que las requiera de quien corresponda, o contando con esas probanzas, no las aporta al juicio. Ilustra la observancia de este criterio, el supuesto en el que se reclama la inconstitucionalidad de una norma general con motivo de un acto concreto de aplicación, en el que la demostración de un acto previo de aplicación en perjuicio del quejoso, distinto al que motivó la promoción del juicio constitucional, pudiera actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo; supuesto en el que corresponde, en todo caso, a las autoridades responsables, aportar las pruebas con que cuenten en relación con esa diversa aplicación o solicitar al juzgador, de ser procedente, que las requiera; hipótesis en la que de no haber prestado la cooperación relativa, las responsables no pueden argumentar que el Juez incumplió con la obligación de recabar pruebas de oficio."
Lo anterior se robustece aún más con el hecho de que la quejosa reclamó la fracción II del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, en su texto en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos, sobre la base de que se ha declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque contiene el factor 10.0 (diez punto cero), por lo que la autoridad recurrente estuvo en la posibilidad de demostrar que el acto señalado por la quejosa no constituía el primer acto de aplicación del numeral reclamado, evento que no aconteció, por lo que no se justifica una reposición del procedimiento a efecto de recabar medios de prueba tendientes a demostrar la actualización de cierta causa de improcedencia de la acción de amparo.
En ese sentido, no había razón para que el Juez de Distrito no obstante que pidió a las autoridades responsables su informe justificado en términos de lo prescrito en el artículo 149 de la Ley de Amparo, ordenara posteriormente y oficiosamente la exhibición de documentales aptas para demostrar alguna causa de improcedencia; máxime que la autoridad recurrente estuvo en la posibilidad de exhibir las que considerara idóneas para ese fin.
No es obstáculo para estimar lo anterior, que la recurrente exprese que el Juez de Distrito se encontraba obligado a recabar pruebas oficiosamente, por ser la procedencia del juicio de amparo una cuestión de orden público, pues si bien esto último es indiscutible, al tenor de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 73 de la Ley de Amparo, la obligación de analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, que permite recabar oficiosamente las pruebas idóneas para corroborarlas o desvirtuarlas, no llega al extremo de requerir o indagar sobre ellas sin tener ningún indicio derivado de las pruebas aportadas en el procedimiento, de las manifestaciones de las partes o de cualquiera otra constancia o información agregada en el juicio de garantías, esto es, no opera por la iniciativa propia del órgano de amparo, es decir, ante su sola ocurrencia de que probablemente sí se puede surtir alguna causa de improcedencia por el tributo que se tilda de inconstitucional en la demanda de garantías o la forma de plantearse los conceptos de violación.
En ese contexto, si el Juez de Distrito estimó que no se actualiza alguna causa de improcedencia en el juicio de garantías, no tenía obligación de recabar pruebas para tal efecto, porque ese deber no puede interpretarse en el sentido que pretende la autoridad recurrente, pues de ser así se quebrantaría el principio de igualdad entre las partes, además de que los juicios constitucionales serían prolongados en su resolución injustificadamente, sin fundamento alguno, en clara contravención a la pronta impartición de justicia, consagrada en el artículo 17 constitucional.
Incluso, cabe destacar que el Juez de Distrito no tiene la obligación de estudiar todas y cada una de las fracciones o motivos de improcedencia del juicio de garantías, previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, pues para dar cabal cumplimiento basta que estudie y se pronuncie sobre las causas específicamente invocadas por las partes, y las que oficiosamente considere se actualicen, no así respecto de los supuestos de improcedencia en su totalidad, en virtud de que el último párrafo de ese precepto no lo obliga a realizar tal pronunciamiento, como se desprende de la jurisprudencia número P./J. 22/91, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página sesenta del Tomo VII, junio de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del siguiente tenor:
"IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento."
Ahora bien, es cierto que para resolver objetivamente un juicio de amparo, el Juez de Distrito debe recabar las constancias que la autoridad responsable tuvo en cuenta para dictar el acto reclamado. Sin embargo, como en el caso lo que se alegó en la demanda de amparo fue esencialmente que la fracción II del artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal, se declaró inconstitucional por no apegarse a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República y, por tanto, es evidente que el juzgador de amparo, para resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del citado normativo, no requería de alguna prueba adicional a aquella que demostrara su aplicación en perjuicio de la peticionaria de garantías.
En esas condiciones, es pertinente significar que los argumentos de que se trata además de ser infundados, resultan insuficientes porque si bien, las causas de improcedencia pueden ser analizadas en cualquier etapa del juicio de amparo, ello implica que deben recibirse las pruebas que se exhiban para demostrar la actualización de alguna de las causas de inejercitabilidad de la acción de amparo, sin que la autoridad recurrente exhiba las constancias de las que se desprenda la existencia de un acto de aplicación anterior al señalado por la quejosa, a pesar de haberse encontrado en condiciones de exhibirlo.
En esos términos resultan infundados los argumentos planteados por la autoridad recurrente en el agravio primero.
SÉPTIMO. Por otra parte, en el segundo agravio, la recurrente señala que el Juez de Distrito violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 77, 78, 79, 149 y 192 de la Ley de Amparo, en virtud de que no analizó los argumentos y jurisprudencias que hizo valer en su informe justificado, orientados a demostrar que resulta constitucional el artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal.
En ese contexto, cabe señalar que resulta ineficaz el argumento de la recurrente, pues tal omisión no resulta ilegal, dado que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, al tenor de lo previsto en los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no es obligatorio para el juzgador de garantías que en la sentencia haga referencia pormenorizada de las argumentaciones contenidas en los informes justificados, de ahí que dichos planteamientos no forman parte de la litis y por tal motivo no existe obligación del Juez de amparo tomarlos en consideración al emitir el fallo constitucional.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 123/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, página ciento noventa, que textualmente dice:
"INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER LOS ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. A diferencia de lo que sucede con las causas de improcedencia, cuyo estudio es de orden público, en las sentencias de amparo no existe obligación de referirse necesariamente y de manera expresa a las argumentaciones que con el fin de sostener la constitucionalidad del acto reclamado exponen las autoridades responsables en su informe justificado, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que la litis constitucional se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo."
De igual forma resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 56/2000, emitida por la honorable Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página sesenta y ocho, del Tomo XII, julio de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:
"INFORME JUSTIFICADO. NO ES OBLIGATORIO QUE EN LA SENTENCIA SE HAGA REFERENCIA PORMENORIZADA A LAS ARGUMENTACIONES CONTENIDAS EN AQUÉL.-No existe obligación para el Juez de Distrito de referirse en su sentencia, necesariamente y de manera expresa, a todas y cada una de las argumentaciones que se contengan en el informe justificado que rindan las responsables, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo."
En efecto, de esa jurisprudencia se infiere como válido, el criterio de que la litis del juicio de amparo se establece entre la demanda y los actos reclamados, mas no así con los informes justificados; por lo que la pretensión de la autoridad recurrente rebasa las disposiciones que rigen el trámite y resolución de los juicios de amparo, pues no existe obligación legal impuesta al Juez de Distrito de referirse en su fallo de manera pormenorizada al contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
Para corroborar la afirmación anterior, se estima pertinente reproducir el contenido de los artículos 77 y 149 de la Ley de Amparo, el cual es el siguiente:
"Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:
"I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados;
"II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado;
"III. Los puntos resolutivos con que deben terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo."
"Artículo 149. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días, pero el Juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia.
"Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.
"Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.
"Si la autoridad responsable no rinde informe con justificación, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, el Juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de salario. No se considerará como omisión sancionable, aquélla que ocurra debido al retardo en la toma de conocimiento del emplazamiento, circunstancia que deberá demostrar la autoridad responsable.
"Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta por el Juez de Distrito siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."
Por tanto, para que el Juez de Distrito satisfaga el principio de congruencia y que la sentencia que dicte se encuentre apegada a las normas que rigen el juicio de garantías, basta que cumpla con el análisis del acto reclamado en términos de los artículos 73, 77 y 78 de la Ley de Amparo, de acuerdo a los conceptos de violación, a lo expuesto por la autoridad en su informe respecto a la certeza del acto reclamado y que observe las formalidades que se establecen en el capítulo correspondiente al trámite del juicio de amparo, sin que pueda exigirse que los Jueces de Distrito realicen una relación pormenorizada de los argumentos de las responsables y den respuesta expresa a cada uno de ellos, porque esa obligación no se desprende de lo dispuesto en los artículos citados ni en el numeral 149 de la propia Ley de Amparo; máxime que el estudio correspondiente puede resultar innecesario de acuerdo al sentido de la resolución, quedando las autoridades, en todo caso, en posibilidad de expresar los agravios que se causen con la falta de análisis de aquellos razonamientos que se consideran trascendentes para la defensa de la constitucionalidad de su acto.
Además, no es en el informe con justificación en el que las autoridades responsables deben expresar los motivos y fundamentos que sustenten los actos reclamados, sino que éstos deben constar en el propio texto del acto reclamado.
En consecuencia, la omisión atribuida al Juez de Distrito de origen, aunque cierta, no es motivo para revocar o modificar el fallo que en esta ejecutoria se revisa, ante la ineficacia de los planteamientos analizados.
A pesar de lo anterior, es conveniente significar que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 73 de la Ley de Amparo, sí es obligación del Juez de Distrito ocuparse de las causas de improcedencia que aduzcan las partes; sin embargo, en el presente caso, la recurrente no refiere que el Juez del conocimiento hubiera omitido pronunciarse respecto de ese tópico, sino de los argumentos relativos a la constitucionalidad del precepto reclamado, de ahí la ineficacia señalada.
Por otra parte, en el propio agravio segundo, la autoridad inconforme también plantea los argumentos siguientes:
1. Que la aplicación del artículo 149, fracción II, párrafo segundo, del Código Financiero del Distrito Federal, de ninguna manera modifica, altera o incide sobre la base del impuesto predial, dado que el mismo sólo constituye una mera actualización del citado gravamen, por lo que la inclusión del factor 10.0 sólo constituye una actualización del impuesto predial que representa un incremento del 5.39% en comparación con el año anterior.
2. Que el factor 10.0 a que hace referencia el precepto legal impugnado, solamente se aplica al total de las contraprestaciones correspondientes a un bimestre y no así al valor comercial del inmueble, por lo que no existe violación alguna al principio de proporcionalidad, ya que si bien eleva la cantidad resultante del valor catastral, tal circunstancia no significa que se aumente el valor de los inmuebles, pues dicho factor únicamente constituye un mecanismo tendiente a actualizar el impuesto predial en razón del índice inflacionario determinado por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual constituye un indicador de los cambios económicos derivados del proceso inflacionario.
3. Que no debe confundirse el valor catastral con el resultado que arroja el valor catastral junto con el factor 10.0 que busca actualizar en el presente año el impuesto predial, pues se trata de dos cosas distintas, ya que mientras que el primero representa el valor del inmueble, el segundo, esto es, el citado factor pretende actualizar el impuesto conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor de conformidad con el artículo 31 del Código Financiero del Distrito Federal.
4. Que es inexacto que la Juez del conocimiento sostenga que la aplicación del factor 10.0 genera un valor irreal del inmueble, al potencializar diez veces el valor real determinando con ello una base irreal del tributo, dado que no debe perderse de vista que la aplicación de dicho factor opera sobre las contraprestaciones (rentas) que derivan del arrendamiento de los inmuebles, conforme a las cuales se determina el valor del bien inmueble, atendiéndose así a la capacidad contributiva de los contribuyentes.
En ese sentido, resulta de capital importancia señalar que los argumentos expuestos por la autoridad recurrente son ineficaces, en virtud de que el Tribunal Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estableció a través de la jurisprudencia 23/2004 que el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal, en vigor a partir de dos mil dos, al incluir el factor 10.0 en el cálculo de la base gravable del impuesto predial respecto de inmuebles que se otorgan en arrendamiento transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
La jurisprudencia número 23/2004, fue emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página ciento doce, y dice:
"PREDIAL. EL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, AL INCLUIR EL FACTOR 10.00 EN EL CÁLCULO DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO, RESPECTO DE INMUEBLES QUE SE OTORGAN EN USO O GOCE TEMPORAL, INCLUSIVE PARA LA INSTALACIÓN
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19042-24623877/pruebas-relacionadas-con-la-procedencia-o-improcedencia-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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