NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 235/2004. MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ ROSADO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Respecto al sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito a quo en relación con el acto reclamado consistente en la ilegal notificación, efectuada el doce de noviembre de dos mil tres, del requerimiento de entrega del vehículo embargado en autos, los agravios hechos valer por la recurrente son inoperantes en una parte e infundados en otra.
En primer lugar, deviene inoperante la aseveración de la inconforme acerca de que el Juez de Distrito a quo violó en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 1068, fracción I y 1077 del Código de Comercio, ello es así, toda vez que cuando dicha autoridad jurisdiccional actúa en su carácter de juzgadora de amparo, esa actuación se rige por las disposiciones de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, que se aplica supletoriamente a la materia, por mandato expreso del artículo 2o. de la Ley de Amparo, por lo que, en todo caso, si dicho Juez incurriera en transgresiones a disposiciones legales, sólo podría tratarse de las contenidas en los ordenamientos a que se aludió en último término.
Es aplicable, en el particular, la jurisprudencia VI.2o.C. J/237, integrada por este órgano jurisdiccional que ahora resuelve, publicada en la página 791, Tomo XVIII, julio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE ARGUMENTAN VIOLACIÓN A PRECEPTOS LEGALES DE ORDEN COMÚN POR EL JUEZ DE AMPARO.-Los motivos de inconformidad en los que el recurrente aduce que el Juez de Distrito violó disposiciones de orden común deben calificarse de inoperantes, en virtud de que dicha autoridad en materia de amparo indirecto, ajusta su actuación a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales y al Código Federal de Procedimientos Civiles, en caso de supletoriedad; por ende, de atribuírsele violación a disposiciones jurídicas, la misma sólo pudo consistir en la transgresión a preceptos legales que conformen los invocados cuerpos normativos, no así a leyes ordinarias locales, en cuyas prescripciones se basan los tribunales del fuero común para actuar en la entidad federativa en donde ejercen jurisdicción."
En otra parte de sus motivos de inconformidad, la recurrente expone, en esencia, que el Juez Federal a quo al obligarla a acudir a un medio ordinario de defensa contenido en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, antes de ejercer la acción constitucional, no se percató de que el juicio de origen es un procedimiento ejecutivo mercantil, el cual se rige por el Código de Comercio y, por tanto, no debe aplicarse supletoriamente el código adjetivo referido.
Carece de razón la recurrente, ello es así, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1054 del Código de Comercio, previo a las reformas contenidas en el decreto publicado el trece de junio de dos mil tres en el Diario Oficial de la Federación, a los juicios de carácter mercantil sí le son aplicables supletoriamente las normas adjetivas de la entidad federativa que corresponda.
En efecto, de un análisis de las constancias que integran el juicio de amparo cuya sentencia se revisa, mismas que tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así ordenarlo su numeral 2o., se desprende que con fecha veintiuno de febrero de dos mil tres, ante la Oficialía de Partes Común del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, José Alfredo García Huerta, en su carácter de endosatario en procuración de Pedro Rodríguez Rodríguez, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Ma. Alejandra Martínez Rosado y/o María Alejandra Martínez Rosado y de Raúl González Arellano, fundando la acción en el documento mercantil en su modalidad de pagaré suscrito el seis de junio de dos mil uno, según se afirma en el escrito inicial de demanda y, si bien dentro de dichas constancias no obra copia del referido título de crédito ni alguna otra de la cual pudiera afirmarse categóricamente que, efectivamente, en esa fecha fue suscrito el pagaré en cita, lo cierto es que el auto de exequendo fue dictado por el Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, a quien por turno correspondió el conocimiento del asunto, el veinticinco de febrero de dos mil tres, de ahí que sea posible concluir que aun cuando el título de crédito fuera de esta última fecha, en la misma aún se encontraba en vigor el artículo 1054 del Código de Comercio, que establecía que, en materia del procedimiento en los juicios mercantiles, debía acudirse supletoriamente a las disposiciones adjetivas locales correspondientes lo cual, se insiste, es previo a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de ese mismo año, en el que el código mercantil de referencia remite para la supletoriedad, en materia de procedimiento mercantil, al Código Federal de Procedimientos Civiles.
Definida la cuestión relativa a cuál es el código procesal aplicable supletoriamente al Código de Comercio que regula el procedimiento de origen, debe ahora hacerse referencia a que la notificación reclamada por la agraviada en el juicio de amparo, cuyo fallo se sujeta a revisión, fue verificada el doce de noviembre de dos mil tres, por el diligenciario par adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Puebla, Puebla, en virtud de exhorto que por razón de turno le correspondió diligenciar al referido juzgado de lo civil, bajo el número 28/03, diligencia que, necesariamente, debió observar las reglas del Código de Comercio vigente en esa fecha y las del de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, aplicable supletoriamente a la materia mercantil, conforme al artículo 1054 del ordenamiento legal primeramente señalado.
Ahora bien, tomando en consideración que el capítulo IV del Código de Comercio, denominado "De las notificaciones", es omiso en cuanto a las formalidades que debe observar el diligenciario tratándose de las notificaciones personales, para que éstas sean legales y respeten la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, que establece que todo juicio debe cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, así como también omite regular lo relativo al trámite del incidente de nulidad de notificaciones que sí es contemplado expresamente en el artículo 61 del código procesal civil local, resulta necesario acudir a dicha legislación adjetiva en forma supletoria.
Sirve de sustento a lo anterior, en lo conducente, la tesis jurisprudencial número 246, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 168, Tomo IV, Materia Civil, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EMPLAZAMIENTO EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DEL DERECHO LOCAL COMÚN.-En la contradicción planteada ante los Tribunales Colegiados del Quinto y Octavo Circuitos, en virtud de que el primero de dichos tribunales sostiene que tratándose de la diligencia de emplazamiento y embargo en un juicio ejecutivo mercantil, su práctica y formalidades no admiten supletoriedad de la ley común, toda vez que esa diligencia está regulada en los artículos 1393 y 1396 del Código de Comercio, en tanto que el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito sustenta la tesis contraria relativa a que en la práctica de un emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil, debe realizarse con apego a lo que sobre el particular disponga el Código de Procedimientos Civiles local aplicado supletoriamente, de conformidad con el artículo 1051 del Código de Comercio, porque este ordenamiento en sus artículos 1393 y 1396 omite establecer las formalidades que la legislación común determina para la práctica justa del emplazamiento, debe prevalecer el siguiente criterio: la comparación de las normas de derecho común con las del Código de Comercio demuestra que, en tratándose de notificación de la demanda en los juicios ejecutivos mercantiles, deben aplicarse las del derecho local común, por ser omiso el Código de Comercio en las formalidades que deben observarse en materia de notificación de la demanda. En efecto, estas formalidades es necesario observarlas en los juicios ejecutivos mercantiles, a fin de que el demandado tenga pleno conocimiento de quién lo demanda, qué se le demanda y qué tribunal ordenó el emplazamiento, para que no se le viole la garantía de audiencia que señala el artículo 14 constitucional en su segundo párrafo, que dice: ‘Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.’."
Por lo anterior, debe concluirse que, contrario a lo aseverado por la recurrente, sí resulta aplicable el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla en forma supletoria al de Comercio, conforme a su artículo 1054, previo a las reformas de dos mil tres antes precisadas y, en tales condiciones, para poder reclamar en el juicio de amparo la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, es menester que, previamente, se agote el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 61 del código adjetivo citado, con la finalidad de que ese acto sea definitivo, o dicho en otras palabras, debe observarse el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque de no hacerlo así, resulta indiscutible que se actualiza, en la especie, la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo.
Tiene sustento lo anterior, en el criterio emitido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en Materia Civil, ahora resuelve, publicado en la página 373, Tomo I, mayo de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CONTRA LA FALTA O ILEGALIDAD DE UNA NOTIFICACIÓN, CUANDO NO SE AGOTA EL INCIDENTE DE NULIDAD EN MATERIA MERCANTIL.-Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye la falta o ilegalidad de una notificación hecha en un juicio ejecutivo mercantil antes de dictarse sentencia, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto puede ser revocado por la autoridad que conozca del juicio natural, mediante el incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado que prevé el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, aplicado en forma supletoria al Código de Comercio en términos de su artículo 1054, el cual debe agotarse previamente a intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo."
En otra parte de sus argumentos, la inconforme aduce básicamente que al haber reclamado la diligencia de doce de noviembre de dos mil tres, en la que se le requirió para que hiciera entrega del vehículo embargado en los autos del juicio de origen, haciendo valer el arresto inminente que se decrete en su contra, el juicio de amparo indirecto es procedente, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por ser un acto de imposible reparación que atenta contra su libertad personal y pone en peligro sus bienes, por tanto, no tenía por qué acudir a medio de defensa ordinario alguno para combatirlo.
Son infundados los anteriores motivos de inconformidad, lo anterior es así, porque si bien es verdad que cuando se reclama en el juicio de garantías la falta o ilegal notificación de alguna resolución cuando no se haya dictado sentencia de primer grado, conjuntamente con el arresto impuesto como medida de apremio, no debe exigírsele a la parte quejosa que observe el principio de definitividad, aun cuando el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, de aplicación supletoria al Código de Comercio, establezca el incidente de nulidad de notificaciones para impugnar esa notificación, toda vez que ese medio de defensa no suspende el procedimiento, lo que da lugar a la ejecución del arresto.
Es aplicable sobre el particular, la tesis jurisprudencial número 543, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, previo a su especialización en Materia Civil, que esta potestad federal comparte, publicada en la página 389, Tomo IV, Materia Civil, Octava Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del siguiente contenido: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE ÉSTE CONJUNTAMENTE CON EL ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO, PROCEDE EL AMPARO, RESPECTO DEL PRIMER ACTO AUNQUE NO SE AGOTEN LOS RECURSOS ORDINARIOS (MATERIA MERCANTIL).-Aunque la ley procesal de aplicación supletoria al Código de Comercio, establezca algún recurso o medio de defensa legal para impugnar la ilegalidad del emplazamiento, cuando no se haya dictado sentencia de primer grado, si este emplazamiento se reclama en amparo conjuntamente con el arresto impuesto a la quejosa como medida de apremio, no procede sobreseer en el juicio de garantías, respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento, por la circunstancia de que la quejosa no hubiera agotado previamente al juicio de garantías, el incidente de nulidad previsto por el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla de aplicación supletoria al Código de Comercio, contra el ilegal emplazamiento, pues atendiendo al principio que dice que donde existe la misma razón debe existir la misma disposición de derecho, resulta obvio que si el incidente de nulidad señalado no suspende el procedimiento y la quejosa al plantear la demanda afirmó estar detenida en virtud del arresto decretado, y que desconocía que existiera un juicio en su contra, porque no se le emplazó al mismo, no puede exigírsele en este caso que agote recurso alguno contra la falta de emplazamiento."
Sin embargo, tal como se demostró en el considerando que antecede, la medida de apremio consistente en un arresto es un acto futuro de realización incierta, toda vez que no ha sido decretado, ni es el único medio con el que cuenta la autoridad judicial para hacer cumplir sus determinaciones, además de que la quejosa ni siquiera ha sido apercibida con la imposición de medida de apremio alguna y, aun cuando así hubiera sido, el hecho de que se haga efectiva se encuentra condicionado al propio cumplimiento de la determinación judicial por parte del particular, por tanto, al ser inexistente materialmente, se determinó el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a ese acto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la ley de la materia, en consecuencia, al no existir tal acto reclamado, la agraviada no se encontraba en la hipótesis de excepción antes aludida y, por tanto, previamente a ejercer la acción constitucional debió agotar el principio de definitividad, interponiendo el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 61 del código procesal civil para esta entidad federativa, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, al tenor de su artículo 1054, previo a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de dos mil tres, y al no haberlo hecho así, resulta claro que el juicio de garantías es improcedente, de conformidad con el diverso numeral 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo y, por tanto, debía sobreseerse en el mismo, conforme al artículo 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal, como correctamente lo señaló el Juez Federal a quo.
En las condiciones anotadas, al resultar inoperantes en una parte e infundados en otra, los agravios aducidos y no advertirse que se haya cometido en contra de la recurrente alguna violación manifiesta de la ley que la haya dejado sin defensa y que este tribunal debiera reparar de oficio en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede confirmar la sentencia impugnada.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por María Alejandra Martínez Rosado, en contra de los actos que reclama del Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil del Distrito Federal, Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad y diligenciario par de su adscripción, precisados en el resultando primero y considerando cuarto de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Raúl Armando Pallares Valdez, Gustavo Calvillo Rangel y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18321-b73436f1/nulidad-de-notificaciones-en-materia-mercantil-debe-agotarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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