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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DE AMPARO. AL NO EXISTIR REENVÍO EL TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOZCA EN REVISIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS DEBE CORREGIR DE OFICIO, EN LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA EJECUTORIA QUE PRONUNCIE, LAS IMPRECISIONES QUE ADVIERTA EN LOS ACTOS RECLAMADOS Y LOS DISTINTOS SENTIDOS EN QUE SE RESUELVAN, A FIN DE EVITAR LA INCONGRUENCIA EN ÉSTAS. RECURSOS ORDINARIOS. EL TERCERO EXTRAÑO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 381/2003. · Registro digital (IUS): 19631
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ROSA MARÍA GARZA ESTRADA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, , Pág. 2117.

AMPARO EN REVISIÓN 381/2003. ROSA MARÍA GARZA ESTRADA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Son inoperantes, en una parte, e infundados, en el resto, los agravios expresados.

Para mejor comprender la anterior calificativa, es imprescindible hacer alusión a los actos reclamados por la quejosa en su demanda de amparo.

Textualmente, la promovente de la acción constitucional precisó lo siguiente: "III. Nombre y domicilio de las autoridades responsables. A) Autoridades ordenadoras. El ciudadano Juez Décimo Primero de lo Civil de los de esta capital, con domicilio bien conocido en esta ciudad de Puebla. B) Autoridades ejecutoras. El ciudadano diligenciario par, adscrito al Juzgado Décimo Primero de lo Civil de los de esta capital, con domicilio bien conocido en esta ciudad de Puebla. El ciudadano registrador Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Estado de Puebla, con domicilio bien conocido en el Distrito Judicial de Cholula, Estado de Puebla. IV. Actos reclamados. A) Del ciudadano Juez Décimo Primero de lo Civil de los de esta capital, reclamo el auto de exequendo de fecha veintiuno de septiembre de dos mil uno, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil promovido por Manuel Gómez Álvarez, por conducto de su endosatario en procuración en contra del señor Armando Miguel Bravo Martínez, radicado bajo el número de expediente 952/2001, toda vez que se trabó embargo sobre la totalidad del bien inmueble identificado como lote número cinco, de la manzana número uno, de los en que se dividió un predio laboral, ubicado en San Andrés Cholula, Municipio de Cholula, Estado de Puebla, y que antes perteneció a una granja agropecuaria y frutera Santa Cruz, que comprende las fracciones de terreno de los lotes nueve, once y doce, de los que se dividió la Exhacienda La Concepción Buena Vista, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Estado de Puebla, bajo la partida número ciento noventa y ocho, del Tomo setenta y seis, del libro uno, a foja cincuenta y uno, vuelta, de fecha veinte de enero de mil novecientos noventa y dos, así como todo lo actuado en el juicio del cual emana el acto reclamado. B) Del ciudadano diligenciario par, adscrito al Juzgado Décimo Primero de lo Civil de los de esta capital, reclamo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de fecha cinco de octubre de dos mil uno, realizada en el juicio ejecutivo mercantil, radicado con el número de expediente 952/2001, en la citada diligencia se trabó formal embargo sobre la totalidad del bien inmueble identificado como lote número cinco, de la manzana número uno, de los en que se dividió un predio laboral, ubicado en San Andrés Cholula, Municipio de Cholula, Estado de Puebla, y que antes perteneció a una granja agropecuaria y frutera Santa Cruz, que comprende las fracciones de terreno de los lotes nueve, once y doce, de los en que se dividió la Exhacienda La Concepción Buena Vista, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Estado de Puebla, bajo la partida número ciento noventa y ocho, del tomo setenta y seis, del libro uno, a foja cincuenta y uno, vuelta, de fecha veinte de enero de mil novecientos noventa y dos. C) Del ciudadano registrador público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Estado de Puebla, reclamo la inscripción del embargo trabado sobre la totalidad del bien inmueble identificado como lote número cinco, de la manzana número uno, de los en que se dividió un predio laboral, ubicado en San Andrés Cholula, Municipio de Cholula, Estado de Puebla, y que antes perteneció a una granja agropecuaria y frutera Santa Cruz, que comprende las fracciones de terreno de los lotes nueve, once y doce, de los en que se dividió la Exhacienda La Concepción Buena Vista, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Estado de Puebla, bajo la partida número ciento noventa y ocho, del tomo setenta y seis, del libro uno, a foja cincuenta y uno, vuelta, de fecha veinte de enero de mil novecientos noventa y dos."

No obstante, en el punto marcado con el número cinco del libelo de garantías, relativo a los antecedentes de los actos reclamados, la promovente del amparo literalmente expuso: "5) De igual manera se observa que por auto de fecha veinticuatro de abril de dos mil tres, el actor en el juicio ejecutivo mercantil, exhibe certificado de libertad de gravámenes del inmueble embargado, y el Juez del fuero local acuerda que en virtud de que la quejosa es copropietaria del inmueble embargado en autos, se ordena hacerme saber el estado del ejecución que guarda el asunto, a fin de que intervenga en el avalúo y subasta del referido inmueble, sin embargo, hasta la fecha no he recibido notificación alguna del juicio del cual emana el acto reclamado, no obstante que existe una razón en autos, de fecha veintiocho de abril de dos mil, en la que supuestamente se me notifica el auto antes aludido, mediante instructivo que dice el ciudadano diligenciario responsable haber dejado en poder de Mónica Rodríguez López, sin cumplir con las formalidades para las notificaciones de carácter personal, esto es, no existe una constancia que efectivamente haya procedido a dejar un citatorio a la suscrita para que esperara al ejecutor en día y hora hábil, toda vez, que debió agregar copia del supuesto citatorio que dice haber dejado en poder de la persona con la que supuestamente entendió la diligencia, tampoco obra en autos copia del instructivo, persona a quien desconozco."

Esto es, además de los actos reclamados señalados en el apartado correspondiente de la demanda constitucional, la quejosa también impugnó la notificación del auto de veinticuatro de abril de dos mil tres, pronunciado en la controversia natural, la que dice, no se ajustó a derecho porque no se dejó instructivo del acuerdo que se notificaba.

Por otro lado, de la lectura del fallo en cuestión, se desprende que en el resultando primero del mismo, el Juez de garantías a quo transcribió la sección de la demanda de amparo correspondiente a los actos reclamados por la quejosa.

Ahora bien, en el considerando tercero de la indicada sentencia, se advierten las consideraciones relativas al sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados, consistentes en el auto de exequendo dictado en el debate original; el requerimiento de pago, y emplazamiento a dicho juicio; y, todo lo actuado dentro del mismo, en virtud de estimar el Juez de Distrito que, en la especie, tales actos no afectan la esfera jurídica de la impetrante del amparo.

En el considerando cuarto del fallo que se examina, el juzgador a quo abordó el estudio de la causal de improcedencia del juicio de amparo hecha valer por el ahora recurrente, relativa a la extemporaneidad de la demanda de garantías, en relación con la notificación del auto de veinticuatro de abril de la presente anualidad, pronunciado en la contienda natural, considerándola infundada, al estimar que dicha notificación fue ilegal ya que la diligenciaria responsable omitió anexar a los autos del sumario, copia del instructivo que dejó con la persona con quien entendió la diligencia correspondiente, por lo que ante esa irregularidad, no podía sostenerse que la solicitante de la protección constitucional tuvo conocimiento en esa época del embargo que reclama. Esto quiere decir que también en ese mismo considerando, el Juez de amparo se pronunció respecto del fondo con relación al supracitado acto reclamado, consistente en la notificación del auto de veinticuatro de abril del año en curso.

En este orden de ideas, en el considerando sexto de la sentencia sujeta a revisión, el juzgador federal analizó los conceptos de violación expresados en torno al acto reclamado relativo al embargo trabado sobre un bien inmueble copropiedad de la promovente de garantías, estimando fundados dichos argumentos, haciendo extensiva la inconstitucionalidad advertida, en relación con los actos de ejecución de dicho secuestro judicial.

Sin embargo, la parte resolutiva de la resolución de alzada, contiene dos puntos que, textualmente, dicen: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías número 1150/2003, promovido por Rosa María Garza Estrada, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, mismos que han quedado precisados en el resultando primero, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Rosa María Garza Estrada, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, mismos que han quedado precisados en el resultando primero, en términos del último considerando de esta propia sentencia."

En las acotadas condiciones, es evidente que el juzgador de control constitucional actuó desacertadamente al pretender fijar en la parte resolutiva del fallo revisado, los actos efectivamente reclamados en el juicio de amparo porque, por una parte, en ambos puntos resolutivos hizo alusión a los actos precisados en el resultando primero de dicha sentencia, en el que textualmente transcribió la parte conducente de la demanda constitucional, sin hacer distingo de los actos respecto de los cuales sobreseyó en la causa y aquéllos con relación a los que concedió la protección federal, lo que sin lugar a dudas implica una irregularidad notable y trascendente de la resolución en comento, toda vez que no puede concebirse jurídicamente que en relación con los mismos actos se sobresea el juicio de garantías y se conceda el amparo al mismo tiempo.

Por otro lado, según también quedó expuesto, existe un acto reclamado por la quejosa que no incluyó en el rubro correspondiente, sino que se deduce del antecedente marcado con el número cinco de ese libelo de garantías, que es la notificación del auto de veinticuatro de abril de dos mil tres, pronunciado en la contienda original, siendo que el estudio relativo a dicho acto, lo realizó el juzgador federal a quo en el considerando cuarto de la sentencia en cuestión, acorde a lo narrado líneas arriba. Por tanto, respecto de este otro acto reclamado no existió pronunciamiento en la parte resolutiva del mencionado fallo, toda vez que se reitera, en el resultando primero del mismo, que fue al que hizo única referencia el Juez de Distrito en ambos puntos resolutivos, no quedó incluida la citada notificación que también fue impugnada por la amparista, máxime que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad y no de manera aislada.

Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y con el texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."

Las anteriores irregularidades conculcan el artículo 77, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 77. Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener: I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados ... III. Los puntos resolutivos con que deban terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo."

Así las cosas, el fallo revisado deviene notoriamente incongruente, de manera que no es factible resolver el presente recurso de revisión, aun cuando no exista agravio al respecto, sin corregir las irregularidades anotadas, habida cuenta que la litis en la presente instancia de amparo, se centra en el examen de sendas causales de improcedencia alegadas por el tercero perjudicado, hoy inconforme, en relación con dos actos reclamados por la quejosa en la demanda de garantías, a saber, el embargo trabado en el juicio natural y la notificación del auto de veinticuatro de abril del año en curso, pronunciado en el mismo procedimiento de origen.

En este contexto, a fin de analizar debidamente los motivos de inconformidad expresados, que tocan temas relativos a la improcedencia del juicio de amparo, en relación con dos de los actos reclamados y, frente a ello, advertirse violaciones formales en la sentencia revisada, relacionadas directamente con la fijación de los actos efectivamente reclamados en la demanda de garantías, así como sobre el pronunciamiento concreto que respecto de cada uno de ellos deba realizarse, acorde a lo dispuesto en el artículo 77, fracciones I y III, anteriormente transcrito, al no existir reenvío, este órgano colegiado procede a establecer correctamente dichas cuestiones, para poder resolver el asunto conforme a derecho y ser, además, facultad legal de los Tribunales Colegiados hacerlo.

Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 58/99, sostenida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, publicada en la página 35, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el título y contenido siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión."

Bajo la misma condición de similitud de razones, son de invocarse las dos siguientes jurisprudencias, ambas sostenidas por la mencionada Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tesis emitida por la entonces Tercera Sala de ese Alto Tribunal, cuyos datos de publicación, rubros y texto, respectivamente, son los siguientes: 2a./J. 18/98, página 396, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "SENTENCIA INCONGRUENTE, POR HABER AMPARADO EN CONTRA DE TODOS LOS ACTOS RECLAMADOS CUANDO SÓLO SE ESTUDIARON ALGUNOS DE ELLOS, EL REVISOR DEBE CORREGIRLA Y ESTUDIARLOS, AUNQUE NO HAYA AGRAVIO. Es incongruente la sentencia que dicta un Juez de Distrito en la cual omite analizar todos y cada uno de los actos reclamados, pero en el punto resolutivo concede el amparo respecto de la totalidad de los mismos. En esas condiciones, la autoridad revisora, aunque el recurrente no haya señalado lo anterior como agravio, debe analizar los conceptos de violación que omitió estudiar el Juez Federal y, con mayor razón, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia sobre los artículos impugnados."; 2a./J. 32/99, página 174, Tomo IX, abril de 1999, Novena Época de la misma publicación: "SENTENCIA INCONGRUENTE EN AMPARO. EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA CUANDO ADVIERTA QUE SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN FEDERAL POR UN ACTO NO RECLAMADO. Conforme a la jurisprudencia sustentada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, publicada bajo el rubro ‘SENTENCIA. INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y NO COMO DOCUMENTO.’, existe la posibilidad de corregir el error que se haya cometido en ‘una sentencia documento’. De ahí que, cuando la protección federal se extienda a ordenamientos o actos que no fueron reclamados por el quejoso, es evidente que dicho fallo resulta incongruente, al resolver cuestiones no reclamadas. Por tanto, cuando el tribunal revisor advierta tal incongruencia, debe regularizar la sentencia recurrida ajustándola a la litis constitucional."; y, XCVIII/89, página 363, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación: "SENTENCIA INCONGRUENTE, SI NO ANALIZA TODOS LOS ACTOS RECLAMADOS, Y EN EL RESOLUTIVO CONCEDE EL AMPARO RESPECTO DE ELLOS, DEBIENDO ESTUDIARSE TAL CUESTIÓN, AUNQUE NO HAYA AGRAVIO. Es incongruente la sentencia que dicta un Juez de Distrito, en la cual omite analizar todos y cada uno de los actos reclamados, pero en el punto resolutivo concede el amparo respecto de la totalidad de los mismos. En esas condiciones, la autoridad revisora, aunque el recurrente no haya señalado lo anterior como agravio, debe de entrar a analizar los conceptos de violación que omitió estudiar el Juez Federal, y con mayor razón, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia sobre los artículos impugnados."

Pues bien, los actos reclamados por la quejosa fueron: de la Juez Décimo Primero de lo Civil de esta ciudad de Puebla: a) El auto de exequendo de veintiuno de septiembre de dos mil uno, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil radicado con el número 952/2001, en el Juzgado Décimo Primero de lo Civil de esta demarcación judicial; b) La orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, decretada en el indicado procedimiento; y, c) Todo lo actuado en el mismo.

De la diligenciaria encargada de los expedientes con número par, adscrita al juzgado responsable: a) La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, practicada el cinco de octubre de dos mil uno, en el juicio natural; y, b) La notificación del auto de veinticuatro de abril de dos mil tres, emitido en dicho sumario de origen.

Del registrador público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla: la inscripción del embargo trabado sobre la totalidad del inmueble secuestrado judicialmente en la mencionada contienda ordinaria.

Conforme se precisó en el considerando tercero de esta ejecutoria, no es materia del presente recurso de revisión, el sobreseimiento decretado en relación con los actos reclamados consistentes en el auto de exequendo anteriormente identificado; orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, relativos al juicio generador; y, todo lo actuado en el mismo, por lo que permanece vigente dicho sobreseimiento.

No obstante, el Juez de garantías omitió pronunciarse concretamente respecto de los actos reclamados de la diligenciaria responsable, consistentes en la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, practicada en el juicio de origen pues, únicamente analizó los actos atribuidos a dicha funcionaria judicial, relativos al embargo trabado sobre un bien inmueble copropiedad de la quejosa, y la notificación del auto de veinticuatro de abril del año en curso emitido en el juicio natural.

Ante tal circunstancia, en términos de lo anteriormente considerado, este órgano federal procede a analizar la causa constitucional en relación con los precisados actos respecto de los que el juzgador de garantías omitió hacer examen alguno.

En estas condiciones, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, en cuanto a los referidos actos atribuidos a la diligenciaria responsable, esto es, al requerimiento de pago y emplazamiento verificados el cinco de octubre de dos mil uno, al actualizarse la causal de improcedencia de la acción de garantías, contenida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que Rosa María Garza Estrada carece de interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad de actos que no afectan su esfera jurídica, lo que acontece en el caso concreto, en cuanto a que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento que impugna, no fue dirigida a su persona ni derechos, sino única y exclusivamente a los de Armando Miguel Bravo Martínez, que es contra el que se ejerció la demanda de primera instancia, según se desprende de las copias certificadas del juicio natural, adjuntadas al informe justificado rendido por la Juez responsable, mismas que tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo.

Por tanto, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo con relación a los actos reclamados de la diligenciaria encargada de los expedientes con número par, adscrita al Juzgado Décimo Primero de lo Civil de esta ciudad de Puebla, precisados anteriormente, acorde a lo dispuesto en el numeral 74, fracción III, de la mencionada ley de la materia.

Ahora bien, sustancialmente dice el inconforme que la sentencia revisada es ilegal, porque el Juez de amparo desestimó la causal de improcedencia del juicio de garantías que hizo valer, respecto del embargo trabado en la contienda natural, habida cuenta que según manifestación de la propia quejosa en la demanda constitucional, el ocho de agosto de dos mil tres, acudió al Juzgado Décimo Primero de lo Civil de esta ciudad de Puebla, a consultar los autos que integran el expediente 952/2001, por lo que se enteró plenamente de dicho acto y de todos los demás que reclama y, por ello, a partir de la indicada fecha es que debe considerarse que la impetrante conoció manifiestamente el indicado acto.

Son infundados los relatados argumentos del inconforme, porque si tal y como lo señala, la quejosa hizo referencia expresa de que el ocho de agosto de dos mil tres tuvo acceso al expediente natural y se impuso íntegramente de su contenido, incluyendo, desde luego, el embargo que estima inconstitucional, y la demanda de amparo la promovió el veintidós de los mismos mes y año, entonces, es inconcuso que el juicio de amparo impetrado por Rosa María Garza Estrada, en relación con el embargo trabado en el juicio de origen sobre un inmueble del que es codueña, resulta oportuno si se considera que entre la fecha en que dijo tuvo conocimiento del mencionado secuestro judicial y en la que interpuso la demanda de garantías, transcurrieron diez días hábiles, porque el dieciséis y diecisiete de agosto del año que transcurre, correspondieron a sábado y domingo, adecuándose así al contenido del artículo 21 de la Ley de Amparo, que señala que el término para ejercer la acción constitucional, es de quince días, disipándose así cualquier duda al respecto.

Cabe anotar también que del análisis de las constancias respectivas, no se desprende algún acto del que pudiera advertirse conocimiento previo y pleno de la quejosa, en relación con el embargo que reclama, por lo que debe considerarse que la fecha en que lo conoció fue la que señaló en la demanda de amparo correspondiente.

En tal virtud, es infundada la causal de improcedencia que hace valer en vía de agravios el tercero perjudicado.

Por cuanto hace al acto reclamado consistente en la notificación del auto de veinticuatro de abril de dos mil tres, pronunciado en el juicio del que dimana el presente asunto, en el que se ordena hacer del conocimiento de Rosa María Garza Estrada, el estado de ejecución de esa contienda natural, para efecto de que haga valer sus derechos, el recurrente expresa que la solicitante del amparo debió agotar los medios ordinarios de defensa que tuvo a su alcance, o el juicio de amparo, oportunamente, considerando que tuvo conocimiento de esa notificación el ocho de agosto del año en curso, según lo manifestó en la misma demanda de garantías, por lo que al no hacerlo, impidió la procedencia de la acción de tutela federal que promueve.

Aquí el recurrente hace valer dos causales de improcedencia: la de extemporaneidad de la acción constitucional, y la de insatisfacción del principio de definitividad.

En relación con la inoportunidad de la demanda de amparo respecto de la notificación de mérito, no asiste razón al recurrente, porque aun cuando dicho acto se verificó el veinticuatro de abril de dos mil tres, la quejosa lo conoció hasta el ocho de agosto del mismo año, al momento de imponerse de los autos del juicio natural, según lo precisó en el antecedente tercero de la demanda de amparo correspondiente, en consecuencia, al no existir evidencia de que la impetrante haya tenido conocimiento de la mencionada notificación, de manera previa a la última fecha citada, entonces, conforme lo dispone el artículo 21 de la ley de la materia, es a partir de la época en que se hizo sabedora la quejosa de la existencia del referido acto, que empezó a correr el término de quince días para promover la acción constitucional; de ahí que al igual que en relación con el embargo que también reclamó la solicitante, la demanda a que se hace alusión la promovió en tiempo, toda vez que la interpuso al décimo día, contado a partir de la fecha en que señaló tuvo conocimiento de la notificación que cuestiona.

Por tanto, en este caso, tampoco tienen base legal las alegaciones del revisionista.

Referente a que la demandante de garantías debió, previamente a promover el juicio de amparo, interponer los recursos ordinarios de defensa en contra de la notificación que reclama, son de estimarse infundados los agravios expresados en ese tenor, porque como correctamente lo consideró el Juez de amparo en el considerando tercero de la sentencia examinada, Rosa María Garza Estrada se ostentó como tercera extraña al juicio natural, tan es así, que no es parte en el mismo, por lo que, desde luego, ese carácter conserva en la fase de ejecución de la mencionada contienda.

Así las cosas, es claro que en la especie no se surte la hipótesis establecida en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece el principio de definitividad que rige en la materia, toda vez que dicho precepto puntualiza la salvedad para la satisfacción de ese postulado, que dimana del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, inherente a los terceros extraños a juicio. Lo anterior significa que las personas que acuden al amparo, con la calidad mencionada, respecto de un acto originado en un procedimiento que les es ajeno, no están obligadas a agotar el principio de definitividad en comento; consecuentemente, es infundada la causal de improcedencia del juicio de amparo analizada en estas líneas.

Tiene aplicación sobre el particular, la tesis número VI.2o.C.140 K, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 811, Tomo XII, julio de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "RECURSOS ORDINARIOS. EL TERCERO EXTRAÑO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS.-El artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones judiciales de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños, o sea que el primer numeral se refiere a los medios ordinarios de defensa establecidos por la ley en favor de las partes, y que deben agotar o hacer valer antes de intentar el juicio constitucional para cumplir con el principio de definitividad, y el segundo precepto establece que para los terceros extraños no opera ese principio, porque no siendo partes en el procedimiento de origen es evidente que tampoco pueden hacer uso de aquellos recursos o medios de defensa para lograr su intervención en dicho procedimiento."

Por otro lado, apunta el promovente de la revisión que es ilegal que el Juez de garantías aplicara en favor de la quejosa la suplencia de la queja, en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, habida cuenta que dicha suplencia no involucra la procedencia del juicio de amparo, por lo que ese proceder es excesivo, toda vez que no respetó los límites propios de esa institución protectora, además que la notificación del auto pronunciado el veinticuatro de abril del año en curso en el juicio natural, no fue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19631-894661d0/sentencias-de-amparo-al-no-existir-reenvio-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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