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Modo: Corpus Pro

LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN CONCEPTOS INDETERMINADOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 712/2003. · Registro digital (IUS): 19330
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BEATRIZ DE LA ROSA CASTRO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, , Pág. 357.

AMPARO EN REVISIÓN 712/2003. BEATRIZ DE LA ROSA CASTRO.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Con el objeto de facilitar la solución de las cuestiones efectivamente planteadas y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se procede a resumir el contenido del capítulo de conceptos de violación, destacando que en dicho apartado se hacen valer argumentos tanto de legalidad (que posteriormente serán materia de reserva de jurisdicción) como de inconstitucionalidad de leyes, y son los siguientes:

I. En el primer concepto de violación referido a temas de legalidad, la quejosa se duele de violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, porque -según la impetrante- el acta de comparecencia de Erick Vallejo Ramírez fue levantada por autoridad incompetente conforme al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.

II. En el segundo concepto de violación, también referido a temas de legalidad, la quejosa se duele de la falta de fundamentación en lo relativo a la competencia territorial de la autoridad que dictó el oficio 325-SAT-V-A-11857 de veinticuatro de mayo de dos mil dos. Al efecto invoca la tesis de rubro: "ORDEN DE VISITA. FALTA DE FUNDAMENTACIÓN POR NO CONTENER LA FRACCIÓN DEL PRECEPTO LEGAL QUE OTORGA LA COMPETENCIA TERRITORIAL PARA EXPEDIRLA.", sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, asimismo se invoca la tesis de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de rubro: "COMPETENCIA DE LAS UNIDADES REGIONALES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA."

III. En el tercer concepto de violación, igualmente referido a temas de legalidad, la quejosa se duele de la falta de fundamentación y motivación de la medida cautelar suspensiva por la que se suspendió en sus funciones, en virtud que la considera dogmática e insuficiente pues, a su juicio, no es correcto que baste una declaración como la de Erik Vallejo Ramírez para generar las graves consecuencias que ahora resiente, y con copiosos argumentos pretende evidenciar una ilegalidad en dicho acto.

IV. En el cuarto concepto de violación, también de legalidad, se pretende evidenciar una falta de fundamentación y motivación del oficio suspensivo reclamado, desde diverso aspecto que el punto anterior, quejándose ahora de una insuficiencia de pruebas para acreditar los hechos contenidos en el acto impugnado, para lo cual hace detalles de los hechos, de argumentos con los que pretende demostrar la ineficiencia del acto, y de diversas cuestiones de índole probatorio.

V. En el quinto concepto de violación, se hace valer la inconstitucionalidad de los artículos 164, fracción IV y 165, fracción III, de la Ley Aduanera vigente en dos mil dos, bajo el argumento de que el contenido de tales preceptos viola la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, porque de dichos preceptos deriva que basta con que se inicie un procedimiento de cancelación de patente de agente aduanal para que exista la posibilidad legal de suspender indefinidamente a un funcionario, y hasta que se dicte la resolución definitiva, sin la audiencia del afectado y sin oportunidad de que éste ofrezca pruebas. Que en todo caso, la suspensión de funciones de un agente aduanal sólo es jurídicamente posible en los casos determinados por el Alto Tribunal que, -según la quejosa- cuando se altere el orden público, se afecten intereses patrimoniales de la hacienda pública o se afecte el interés de la sociedad, y las hipótesis a que se refieren los artículos impugnados no se relacionan con dichos supuestos. Asimismo, y en referencia directa al artículo 165, fracción III, de la Ley Aduanera, este precepto es inconstitucional porque permite la cancelación de una patente aduanal basada en una simple manifestación de un ciudadano en el sentido de que no se encomendó una operación aduanal, cuando la propia ley es omisa en regular la forma para comprobar la "encomienda o mandato mercantil" (sic), máxime si se pondera, por otro lado, los artículos 40 y 41 de la Ley Aduanera conforme a los cuales, el agente aduanal es un mandatario o representante de los importadores por el solo hecho de tramitar un pedimento, sin que se exija por la norma más al respecto, razón por la que una simple manifestación en contrario de una persona no puede desvirtuar el mandato otorgado por disposición de la ley, y sin que la propia legislación aduanera instituya la forma de comprobar ese extremo y sus requisitos, aspecto por el cual, también es inconstitucional la ley en cuanto es omisa a este respecto.

VI. En otro argumento de inconstitucionalidad de leyes, la quejosa también alega que la conducta del legislador es inconstitucional al momento que el primero de enero de dos mil dos modificó el texto del artículo 164, fracción IV, de la ley en comentario, para establecer que la suspensión de las funciones de un agente aduanal durará hasta que se dicte resolución definitiva, excepto en los casos de las fracciones III y IV del artículo 165, razón por la que, al haberse imputado a la quejosa la causal de cancelación del artículo 165, fracción III, es improcedente dicha suspensión.

VII. En el mismo quinto concepto de violación, al final, la quejosa hace valer como argumento de inconstitucionalidad, un razonamiento de mera legalidad, el que está referido a la aplicación retroactiva de normas en beneficio de los gobernados. Este argumento, por sus características no resulta conveniente resumirlo, motivo por el cual, con apoyo en el artículo 79 de la Ley de Amparo a continuación se transcribe, pero solamente en lo conducente: "La ilegalidad de ese mismo artículo (sic) se demuestra plenamente con la propia conducta del legislador, quien con fecha primero de enero de dos mil dos, modificó el texto de la fracción IV del artículo 164 de la Ley Aduanera, para establecer que la suspensión de los agentes aduanales cuando inicie un expediente de cancelación de patente, durará hasta que se dicte resolución en el mismo, excepto en los casos a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 165 de esta ley, razón por la que, al haberme imputado las autoridades responsables la causal de cancelación de patente prevista ... por el artículo 165, fracción III ... hace improcedente (sic) que se me hubiera suspendido en mis funciones de agente aduanal en el acto reclamado, toda vez que, si bien es cierto conforme a los artículos transitorios de ese acuerdo a la fecha (sic) todavía (sic) no entra en vigor la reforma (sic), también lo es que conforme al artículo 14 constitucional toda vez las leyes (sic) se pueden aplicar retroactivamente a favor de los contribuyentes (sic) siempre y cuando lo beneficie (sic), hipótesis que se surte plenamente en este caso, razón por la que las supuestas tesis (sic) la autoridades (sic) para la negativa de la solicitud solicitada (sic) prueban plenamente la ilegalidad del acto reclamado por indebida motivación y fundamentación del mismo (sic), en contravención a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, y hace procedente ... se declare que la quejosa probó su acción (sic), y en consecuencia se me conceda el amparo ..." (página 27 de la demanda de amparo).

SEXTO. De la relación anterior, se desprende que sólo la primera parte del quinto concepto de violación (punto V del considerando anterior) se refiere a temas de la competencia exclusiva del Alto Tribunal conforme a los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a) y 92 de la Ley de Amparo; y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, razones por las cuales sólo se procederá en esta sentencia al estudio de dichos planteamientos para reservar posteriormente jurisdicción de los temas de legalidad al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente.

SÉPTIMO. El concepto de violación referido a inconstitucionalidad de leyes es infundado y, por ello, se debe negar la protección respecto de los artículos 164, fracción IV y 165, fracción III, de la Ley Aduanera vigente en dos mil dos, por la pretendida violación a las garantías de audiencia y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Es conveniente poner de manifiesto que en la demanda de amparo existen algunas partes donde la quejosa señala que reclama la Ley Aduanera vigente en dos mil uno (ver capítulo de actos reclamados), sin embargo, no es la legislación vigente en aquel año la que debe tomarse en consideración para efectos de esta sentencia, sino la vigente en dos mil dos en atención a que el acto de aplicación se contiene en la resolución administrativa 325-SAT-V-A-11857 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dos.

Por razón de método, se abordará en primer lugar el planteamiento en el que se propugna una violación a la garantía de previa audiencia en los artículos reclamados.

El artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustancialmente establece que nadie puede ser privado de la vida, la libertad, papeles, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Juicio en el cual se deberán observar las formalidades esenciales del procedimiento, mismas que deberán ajustarse a las leyes procedimentales previamente emitidas.

La garantía de audiencia previa es el principal instrumento de defensa del gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo definitivamente de sus derechos más preciados, como son la vida, la libertad y sus propiedades.

Para poder comprender el alcance de tal garantía es necesario definir qué se entiende por "acto privativo", el cual es aquel que constituye un fin por sí mismo, con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto.

Entonces, sólo aquellos actos cuyo sentido es definitivo se encuentran regidos por la norma constitucional de referencia, pues atendiendo a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo la privación definitiva sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses con la debida amplitud, en atención a la evidente gravedad que el acto reviste por sus fatales y definitivas características.

Por el contrario, si el acto no es privativo sino que sólo produce afectación de naturaleza provisional, esto es, cuando la afectación transitoria no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la materia.

Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia; a saber, la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto, en forma previa al acto, la garantía de audiencia; mientras que cuando el fin del acto no estriba en esa privación definitiva, sino que constituye una medida accesoria, preventiva o de duración transitoria, se estará entonces frente a un acto provisional, es decir, frente a un acto de molestia respecto del cual no es indispensable que, previamente a él, se brinde al sujeto la referida garantía.

La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que erigen las garantías de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad; y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no de los efectos que produce.

Esto último, se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Federal, como aquellos a que se contrae el numeral 16 de la propia Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una "privación" en la esfera jurídica del gobernado causándole una afectación, sea por la indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir, etcétera; de tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto, resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia, supuesto que ambos pueden generar esa "privación" y, en esa medida, todo acto de autoridad que afectara la esfera jurídica de un gobernado no podría realizarse sin la previa garantía de audiencia.

Por ello es que se afirma que la distinción establecida por los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, deriva de la naturaleza del acto y no, en primera instancia, de los efectos "privativos" a que puede dar lugar.

Sirven de apoyo a lo anterior las tesis que a continuación se transcriben, pronunciadas respectivamente por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal y la Segunda Sala, cuyo criterio esta Primera Sala comparte, que dicen:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: IV, julio de 1996

"Tesis: P./J. 40/96

"Página: 5

"ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional".

"Séptima Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volumen: 81, Tercera Parte

"Página: 15

"AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, más no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional.

"Amparo en revisión 1389/71. La Libertad, Compañía General de Seguros, S.A. y acumulado. 4 de septiembre de 1975. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez."

Entonces, si la inconstitucionalidad de un artículo deviene de su contradicción con algún precepto constitucional, y el artículo 14 de nuestra Carta Magna no prescribe que dentro de la instrucción de un procedimiento administrativo sea necesario otorgar garantía de audiencia previa a un acto de molestia -como lo es la suspensión de funciones de un agente aduanal que es sujeto a un procedimiento disciplinario especial para cancelar su patente-, no se puede estimar violada dicha garantía, en atención a los siguientes razonamientos:

La quejosa impugna el artículo 164, fracción IV, de la Ley Aduanera que prevé lo siguiente:

"Artículo 164. El agente aduanal será suspendido en el ejercicio de sus funciones hasta por noventa días, o por el plazo que resulte en los términos de la fracciones I, IV, V y VIII de este artículo, por las siguientes causas:

"...

(Reformada, D.O.F. 1 de enero de 2002)

"IV. Estar sujeto a un procedimiento de cancelación. La suspensión durará hasta que se dicte resolución, excepto en los casos a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 165 de esta Ley."

También combate el artículo 165, fracción III, que establece lo siguiente:

"Artículo 165. Será cancelada la patente de agente aduanal, independientemente de las sanciones que procedan por las infracciones cometidas, por las siguientes causas:

"...

(Reformada, D.O.F. 30 de diciembre de 1996)

"III. Señalar en el pedimento el nombre, domicilio fiscal o la clave del registro federal de contribuyentes de alguna persona que no hubiere solicitado la operación al agente aduanal, o cuando estos datos resulten falsos o inexistentes. ..."

Antes de proseguir con el estudio de constitucionalidad, es menester poner de relieve que las características del artículo 164, fracción III, podrían conducir a la idea de que dicho precepto en el caso no se ha aplicado, porque en este asunto no se controvierte la resolución definitiva del procedimiento de cancelación de patente, y el contenido del referido numeral pareciera estar referido a esa etapa final del procedimiento exclusivamente; tal situación, prima facie, debería orillar a estimar que no es viable el análisis de dicho precepto en amparo por falta de acto concreto de aplicación. Sin embargo, no es así, y ante la falta de precisión de este aspecto en la secuela procedimental, se estima indispensable hacer las precisiones correspondientes.

Una apreciación global del panorama normativo aplicable, permite descubrir que en este caso lo que ocurre es que cuando se inicia un procedimiento de investigación en materia administrativa, como acontece, por ejemplo, en las visitas domiciliarias o en las investigaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, los actos de indagación no pueden emitirse in genere, sino que siempre deben ir encaminados a la búsqueda de una situación de derecho sancionable, específica y concreta para guardar congruencia con el artículo 16 constitucional, en cuanto establece que esta clase de actos debe respetar las formalidades de los cateos, idea con la cual el Constituyente pretendió representar una concepción de una objeto específico de la diligencia relativa, de ahí que en la orden de visita deba detallarse exhaustivamente el objeto de la visita, o en el procedimiento de investigación en materia de competencia económica deba precisarse desde el inicio de la investigación, el tipo de infracción que se estudia e indaga.

Esa misma situación guarda analogía con lo que en la especie se presenta; el procedimiento administrativo de cancelación de patente aduanal no puede ser una "pesquisa" o búsqueda general sin objeto determinado en la que, sin acotamiento de especificidad, la autoridad inicie el mecanismo sancionador y, sobre su marcha, aplique las sanciones o enfoque las directrices del proceso, con base en lo que vaya encontrando. No, el objeto de la investigación disciplinaria debe ser preciso y determinado desde el inicio para que la litis del procedimiento no se desborde de manera que al final se resuelva sobre aspectos novedosos o supervenientes y, para que en su caso, el probable responsable se defienda de imputaciones concretas que guarden relación con la aparición de la acción sancionable que se le impute. Así es como, al inicio del procedimiento disciplinario sancionador especial aduanero, se aplican provisionalmente los fundamentos de la ulterior sanción, tal como en el caso ha acontecido.

Hechas las precisiones anteriores, y regresando al estudio de inconstitucionalidad, como puede advertirse del contenido de las transcripciones de los preceptos reclamados, dichos artículos se refieren a una suspensión provisional o transitoria, no definitiva, en las funciones del servidor público agente aduanal y hasta en tanto se pronuncie la resolución definitiva en el procedimiento sancionador disciplinario, medida que guarda naturaleza análoga y correspondencia, con la misma medida suspensional regulada en la diversa Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el diverso artículo 21, fracción V, que entró en vigor el catorce de marzo de dos mil dos, fecha coetánea a los hechos que se analizan y al acto de aplicación reclamado.

Incluso hasta debe considerarse a ambos preceptos como complementarios por efectos de la visión integradora del marco normativo aplicable al caso concreto. Dicho precepto dispone:

"Artículo 21. La secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento:

"...

"V. Previa o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación de la secretaría, del contralor interno o del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad.

"La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado.

"La suspensión cesará cuando así lo resuelva la secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad del servidor público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente.

"En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido.

"Se requerirá autorización del presidente de la República para dicha suspensión si el nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al titular del Poder Ejecutivo. Igualmente, se requerirá autorización de la Cámara de Senadores, o en su caso de la Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió ratificación de aquélla en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En caso de que la secretaría, por cualquier medio masivo de comunicación, difundiera la suspensión del servidor público, y si la resolución definitiva del procedimiento fuere de no responsabilidad, esta circunstancia deberá hacerse pública por la propia secretaría."

De ello se sigue que la suspensión del agente aduanal es, en principio, una medida temporal, de carácter preventivo, facilitadora de la conducción e ininterrupción de la indagación sobre la posible infracción administrativa a sancionar, despliegue procedimental que por su naturaleza es de orden público, siendo este último factor el que la cohonesta. Medida que además, por su naturaleza, no prejuzga sobre la responsabilidad del servidor público y cuya duración se extingue con el dictado de la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo relativo. Se trata de un acto administrativo caracterizado por su provisionalidad cuya duración persiste entre su decretamiento y la resolución.

En el orden expuesto, resulta inconcuso que la suspensión funcional de que se trata, constituye una medida provisional que tiene por objeto interrumpir momentáneamente la función pública del agente aduanal sujeto a investigación.

La medida provisional de derecho sancionador administrativo, en el caso concreto que se analiza, tiene como presupuesto la incoación de un procedimiento disciplinario especial aduanero instaurado con motivo de la indagatoria sobre una posible infracción por parte de los agentes aduanales que se caracterice por la utilización de un nombre, domicilio fiscal y/o clave de registro federal de contribuyentes de una persona física o moral que no hubiera solicitado concretamente la operación del agente aduanal, o cuando dicho servidor público utilice los datos anteriores y los mismos sean falsos o inexistentes, situación especial en la materia aduanera que guarda relación con el deber a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a que se refieren los artículos 109, fracción III, constitucional y 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Como en el caso a estudio se demuestra que los artículos impugnados instituyen una medida provisional, la conclusión natural es que la misma no puede, jurídicamente, resultar violatoria de la garantía de previa audiencia para actos privativos definitivos a que se contrae el numeral 14 constitucional.

En relación con las medidas provisionales, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció doctrina judicial específica al resolver el amparo en revisión 609/94, promovido por Antonio Faustino Reyes Pérez, en sesión del siete de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María del Carmen Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y presidente José Vicente Aguinaco Alemán (ausente el Ministro Juventino V. Castro y Castro), al sostener que las características procesales de estas medidas son: "...a) son medidas provisionales en cuanto que sólo duran hasta la conclusión del proceso, b) son accesorias, en cuanto no constituyen un fin en sí mismas, sino que nacen de un proceso principal, c) son sumarias, en cuanto que por su misma finalidad se tramitan en plazos muy breves, y d) son flexibles, en cuanto que pueden ser modificadas o revocadas cuando varíen las circunstancias sobre las que se apoyan ..."

También se sostuvo que las características inherentes a tales medidas provisionales son las que justifican su existencia, y en su carácter de provisionalidad donde radica su constitucionalidad, por no tratarse de actos privativos definitivos.

La suspensión de las funciones de un agente aduanal, está dirigida a garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, verbigracia, en el sentido de la revocación de la patente.

La medida provisional de suspensión tiene de cautelar, el que se adopte como reacción ante ciertos riesgos o perturbaciones aduaneras y supone, por su contenido y fin, cautelas para evitar lesiones al interés público protegido, o para impedir la continuación de los posibles efectos antijurídicos del ejercicio indebido de la patente, así como el quitar obstáculos que militen en el sentido de entorpecer la indagación, dadas las causas consignadas en la resolución en la que se determina el inicio del procedimiento administrativo disciplinario especial aduanero.

Asimismo, la suspensión en análisis, además de garantizar el normal desarrollo del procedimiento de revocación o cancelación que se inicia, tiene la finalidad esencial de las medidas provisionales, esto es: asegurar el cumplimiento de la determinación que pudiera recaer y evitar la comisión de nuevas infracciones por parte del agente que está siendo investigado.

Lo anterior, porque durante la tramitación del procedimiento sancionador que se inicia se puede perjudicar la eficacia de la resolución que le pudiere recaer (la revocación o cancelación). Pero también, incluso sin lo anterior, se puede perjudicar o continuar perjudicando el interés público, un interés que no admite demora para mantenerlo o restaurarlo.

Ese interés público se preservará definitivamente con la resolución final, pero no se podrá negar que durante la tramitación del procedimiento, dicho interés puede verse lesionado.

Así, la suspensión en estudio surge como medida provisional que pretende garantizar el interés público hasta en tanto se resuelve definitivamente el expediente formado para la revocación o cancelación de la patente del agente investigado; dicha suspensión está conectada con esa resolución final que es la revocación de la concesión o cancelación de la auto

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19330-0ccb4f15/leyes-su-inconstitucionalidad-no-depende-de-que-establezcan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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