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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. LA SALVEDAD A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPLICA UNA HIPÓTESIS ADICIONAL DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 171/2006. · Registro digital (IUS): 19597
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ANA ROSA SÁNCHEZ CASTRO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, , Pág. 1802.

AMPARO EN REVISIÓN 171/2006. ANA ROSA SÁNCHEZ CASTRO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Son inoperantes, en parte, e infundados, en lo demás, los agravios transcritos, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del arábigo 76 Bis, fracción VI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por los motivos que a continuación se expresan.

En el fallo recurrido, el Juez Federal sostuvo que contra el acto reclamado consistente en el auto de seis de marzo de dos mil seis, dictada en el toca 233/2006, por la Sala responsable, mediante el que desechó el recurso de apelación interpuesto contra el proveído de veintidós de noviembre de dos mil cinco, emitido por la Juez Primero de lo Civil de esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 49/1998, de su índice; en términos del artículo 1334 del Código de Comercio, anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, era susceptible de impugnarse a través del recurso de revocación, que al no haberlo promovido la quejosa previamente a ejercitar la acción constitucional, incumplió con el principio de definitividad que lo rige, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del numeral 73 de la Ley de Amparo, que hacía, en términos del diverso numeral 74, fracción III, de la ley de la materia, sobreseer en el juicio de garantías, citando en su apoyo las jurisprudencias intituladas: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE NO ADMITE ESE RECURSO, PROCEDE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN (REVOCACIÓN O REPOSICIÓN, QUE DEBE AGOTARSE PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE SEA ANTERIOR O POSTERIOR A LAS REFORMAS DE 24 DE MAYO DE 1996." y "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL."

Al respecto, la recurrente alega que la sentencia recurrida resulta violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales.

Lo anterior deviene inoperante.

Ello es así, porque de acuerdo con lo dispuesto por los diversos numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el único medio de defensa para reclamar actos de autoridad que violen garantías individuales lo es el juicio de amparo, de manera que en casos como el de la especie, no puede legalmente examinarse lo relativo a una supuesta violación de las citadas garantías por parte del fallo recurrido, pues el recurso de revisión no es un medio de control constitucional establecido sobre otro control de constitucionalidad, sino un instrumento técnico a través del cual se revisa la actuación del Juez Federal que conoce del juicio de amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 12/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 507 y 508, del Tomo III, Novena Época, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, que a la letra dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los jueces de distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo."

Por otra parte, tomando en consideración el criterio citado, especialmente en la parte relativa a que el Juez de Distrito al resolver juicios de amparo ajusta su actuación a lo establecido en los artículos 103 y 107 constitucionales y su ley reglamentaria, en el caso de que una sentencia dictada en el juicio de garantías no cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación, debe alegarse, por analogía, una trasgresión a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener: I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; II. Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; III. Los puntos resolutivos con que deban terminar, concretándose en ellos, con claridad y precisión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo."

Por su aplicación análoga, se invoca la jurisprudencia número 234, de este órgano colegiado, visible a páginas 856, del Tomo XVIII, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de dos mil tres, que dice: "SENTENCIA DE AMPARO. LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN VIOLA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE LA MATERIA. Partiendo de la base de que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimar inoperantes los agravios que sostienen que los juzgadores de amparo violan garantías individuales, únicamente en ese aspecto, y que dichos juzgadores al resolver juicios de garantías ajustan su actuación a lo establecido en los artículos 103 y 107 constitucionales y su ley reglamentaria, es posible que una resolución dictada en amparo no cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación, pero, en tal caso, debe alegarse que se cometió una transgresión a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias en esta materia deben contener los fundamentos legales que sustenten su sentido, ya que no puede aducirse una vulneración a la garantía consagrada en el artículo 16 de la Ley Suprema."

Ahora bien, en este aspecto el fallo recurrido, contrariamente a lo aducido por la inconforme, se encuentra fundado y motivado, pues si por fundar debe entenderse citar el precepto legal aplicable al caso, y por motivar mencionar las razones, motivos o circunstancias especiales que conducen a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento, en la sentencia sujeta a revisión, sí se esgrimieron las consideraciones y fundamentos legales que llevaron a sobreseer el juicio de amparo, en el caso, por no haber interpuesto el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio anterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, y, por ende, no haber agotado el principio de definitividad frente al auto de alzada que desechó el recurso de apelación interpuesto contra el diverso proveído emitido en el juicio ejecutivo mercantil del orden común; citando en su apoyo las jurisprudencias intituladas: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE NO ADMITE ESE RECURSO, PROCEDE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN (REVOCACIÓN O REPOSICIÓN, QUE DEBE AGOTARSE PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE SEA ANTERIOR O POSTERIOR A LAS REFORMAS DE 24 DE MAYO DE 1996." y "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.". Asimismo, citó los preceptos legales exactamente aplicables al caso, en la especie, los numerales 73, fracción XIII y 74, fracción III, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número 43 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en Materia Civil, es el que ahora resuelve, publicada en la página 769, Tomo III, Novena Época, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, que sostiene: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, debe entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento."

Lo que, además, contrario a lo aducido en los agravios, resulta legalmente correcto, como se expondrá a continuación.

En efecto, sobre el tema en particular, es decir, si el artículo 1334 del Código de Comercio, prevé el recurso de revocación contra el auto que desecha el diverso de apelación; la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que si bien el citado código constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles y contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que consideren contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el acuerdo pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo, pues impide la prosecución del procedimiento, ello trae que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio, pueda ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de tal recurso, en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación.

El criterio jurisprudencial a que se ha hecho referencia, se encuentra publicado con el número 101/2001, visible en la página 138, del Tomo XIV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de diciembre de dos mil uno, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO ‘APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS’). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro ‘APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS’, en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema ‘cerrado’ de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como ‘principio de impugnación’ que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación."

Lo anterior, en tanto que también como lo expuso el Juez Federal, contra la resolución del tribunal de alzada que no admite el recurso de apelación, procede un medio de impugnación (revocación o reposición) que debe agotarse para cumplir con el principio de definitividad, independientemente de que la legislación aplicable sea anterior o posterior a las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.

Así justamente lo determinó este Tribunal Colegiado en la jurisprudencia número 238, visible a fojas 829, del Tomo XVIII, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio de dos mil tres, que dice: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE NO ADMITE ESE RECURSO, PROCEDE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN (REVOCACIÓN O REPOSICIÓN) QUE DEBE AGOTARSE PARA CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE SEA ANTERIOR O POSTERIOR A LAS REFORMAS DE 24 DE MAYO DE 1996. El auto dictado por el tribunal de alzada que desecha el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso auto dictado en un juicio de naturaleza mercantil es revocable en los términos señalados en el artículo 1334 del Código de Comercio, anterior al decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, el cual preceptúa que los autos que no fueran apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó; ahora bien, semejante disposición contiene el numeral 1334 del código mercantil, ya reformado, aun cuando en segunda instancia lo denomina ‘reposición’; por tanto, cualquiera que sea la legislación de comercio aplicable, ya sea la anterior o la posterior a las reformas citadas, en contra del auto del tribunal de segundo grado que desecha el recurso de apelación procede un medio de impugnación que debe ser agotado para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que al caso resulta aplicable la jurisprudencia 101/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 43/2001, de rubro: ‘REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO «APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS»).’."

Así pues, si al juicio constitucional como medio extraordinario de defensa, puede acudirse sólo cuando previamente se haya agotado el recurso ordinario de defensa a través del cual puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, es evidente que la quejosa, ahora inconforme, previamente a ocurrir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, debió agotar el principio de definitividad que lo rige, en la especie, interponer el recurso de revocación contra el auto de alzada que desechó el diverso de apelación que interpuso frente al proveído dictado por el Juez natural que a su vez desechó los incidentes de falta de personalidad ahí promovidos; pues según se dejó precisado, frente aquél procede el recurso de revocación.

Luego, si lo que reclama la impetrante del amparo, ahora recurrente, es el auto desechatorio del recurso de apelación, emitido por la ad quem, que interpuso contra el diverso proveído por el que se desecharon los incidentes de falta de personalidad promovidos; no cabe duda alguna que omitió cumplir con el principio de definitividad, en la especie, interponer frente al proveído desechatorio el recurso de revocación aludido, y al no haberlo hecho, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del arábigo 73 de la Ley de Amparo, que dice: "El juicio de amparo es improcedente: ... XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la constitución."; de ahí lo legal de que se haya sobreseído el juicio de garantías, en términos del diverso arábigo 74, fracción III, de la ley de la materia, que dice: "Procede el sobreseimiento: ... III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. ...".

Bajo esa tesitura si, como se dijo, sobre el tema debatido en esta instancia existe criterio definido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la revocación procede frente a la resolución que no admite el recurso de apelación; los agravios que giran en ese entorno devienen inoperantes, en términos de la jurisprudencia número 34, visible a fojas 28, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.-Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado."

Por otro lado, debe decirse que no es dable estimar que en términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulte procedente por ser contrario a la ley aplicable y su interpretación jurídica, como incorrectamente lo aduce la peticionaria del amparo, por lo siguiente:

Los artículos 114, fracción V y 115, ambos de la Ley de Amparo, disponen:

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería. ..."

"Artículo 115. Salvo los casos a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el juicio de amparo sólo podrá promoverse, contra resoluciones judiciales del orden civil, cuando la resolución reclamada sea contraria a la ley aplicable al caso o a su interpretación jurídica."

Pues bien, de la interpretación armónica de los numerales transcritos, se concluye que la última disposición legal citada no rige para terceros extraños a un procedimiento judicial, sino que resulta aplicable exclusivamente a quienes tienen la calidad de partes en el juicio respectivo, las cuales, al reclamar una resolución judicial del orden civil, sólo podrán alegar que se dictó en forma contraria a la ley o a su interpretación jurídica, pero de ninguna manera establece una hipótesis de procedencia del juicio de garantías adicional a las previstas en el artículo 114 de la ley de la materia; y de ahí lo infundado de lo aducido por la peticionaria de garantías.

Así justamente lo ha sostenido este Tribunal Colegiado, al resolver los juicios de amparo en revisión números 141/1997, 526/1999, 578/1999 y 230/2001, en la tesis consultable a fojas 719 y 720, del Tomo V, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y siete, que dice: "AMPARO, PROCEDENCIA DEL, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE LA MATERIA.-De la interpretación armónica de los artículos 114, fracción V y 115 de la Ley de Amparo, se concluye que la última disposición legal citada no rige para terceros extraños a un procedimiento judicial, sino que resulta aplicable exclusivamente a quienes tienen la calidad de partes en el juicio respectivo, las cuales, al reclamar una resolución judicial del orden civil, sólo podrán alegar que se dictó en forma contraria a la ley o a su interpretación jurídica, pero de ninguna manera establece una hipótesis de procedencia del juicio de garantías adicional a las previstas en el artículo 114 de la ley de la materia."

En esa tesitura, los agravios expuestos en el sentido de que su recurso de apelación lo interpuso dentro de los tres días que el artículo 1334 del Código de Comercio le otorga y, por ende, fue ilegal que la Sala responsable lo desechara por extemporáneo; devienen inoperantes, en tanto que, como se dijo, el artículo 115 de la Ley de Amparo, no establece una hipótesis de procedencia del juicio constitucional en cuanto a la ilegalidad que se aduce; amén de que dicho argumento de inconformidad ve en todo caso a lo que pudiera ser el fondo del asunto reclamado en el juicio de amparo cuya sentencia está sujeta a revisión, empero de manera alguna a desvirtuar las consideraciones adoptadas por el Juez Federal, en el fallo motivo de este medio de impugnación.

Por su aplicación, se cita la jurisprudencia número 568, de este Tribunal Colegiado antes de su especialización, consultable en la página 378, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AGRAVIOS, CUANDO SE RECURRE EL SOBRESEIMIENTO.-Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos y consideraciones de la resolución combatida, de ahí que cuando se haya sobreseído, el inconforme deberá demostrar la ilegalidad de esa resolución a través de razonamientos jurídicos concretos, salvo que conforme a la ley deba suplirse la deficiencia de la queja, pero si en vez de impugnar el sobreseimiento se limita a alegar cuestiones referentes al fondo del asunto, lo procedente es confirmar el fallo que se revisa."

Habida cuenta que, en la especie, no se está en el caso de excepción que establece la fracción XIII del arábigo 73 de la ley de la materia; pues la accionante de garantías no es tercera extraña al procedimiento, ni el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, como lo son las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

Por último, debe decirse que, en la especie, no cobra aplicación la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, citada por la recurrente en apoyo de sus agravios, bajo el epígrafe: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA QUE LA DECLARA INADMISIBLE. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REPOSICIÓN EN SU CONTRA."; pues ésta ha sido superada por la jurisprudencia número 45, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3/2005-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados, precisamente el Primero del Noveno Circuito, el Primero en Materia Civil del Sexto Circuito y Décimo Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, el veinte de abril de dos mil cinco, consultable a fojas 106, del Tomo XXI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de dos mil cinco, que dice: "REPOSICIÓN. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL Y DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO.-De la interpretación literal del artículo 1334 del Código de Comercio se advierte que procede el recurso de reposición contra cualquier decreto o auto dictado por los tribunales superiores, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia. Ahora bien, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales, no se puede hacer una interpretación en contrario, por lo que, contra la resolución del tribunal de alzada que desecha o declara inadmisible una apelación en materia mercantil sí procede el recurso de reposición. Ello es así porque el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y los decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente aquéllos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo."

En las relatadas condiciones, ante lo inoperante, en parte, e infundado, en lo demás, de los agravios expuestos, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo que procede, en la especie, es confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee el juicio de garantías, promovido por Ana Rosa Sánchez Castro, contra el acto que reclamó de la Tercera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mismo que quedó precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese este toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Gustavo Calvillo Rangel, Raúl Armando Pallares Valdez y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente la tercera de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19597-b4c79e5a/amparo-indirecto-la-salvedad-a-que-alude-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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