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PREDIAL. EL ARTÍCULO 21 BIS-8 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL ESTABLECER COMO BASE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO UNA TASA ADICIONAL A LOS PREDIOS BALDÍOS, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 356/2005. · Registro digital (IUS): 19255
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LAURENTINA DÁVILA GARZA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, , Pág. 2277.

AMPARO EN REVISIÓN 356/2005. LAURENTINA DÁVILA GARZA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. En parte resulta fundado y suficiente el tercer agravio y en parte inoperante.

En principio, lo inoperante radica en que el recurrente estima que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Bien, al respecto, cabe recordar, que es criterio jurisprudencial firme, que los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley, por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados.

Ahora bien, aun cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías previstas en los artículos constitucionales citados, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos con excepción de cuando opera la suplencia de la queja.

Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña, de esta forma el agravio resulta inoperante, sólo en este aspecto.

Se sostiene lo anterior en la jurisprudencia emitida en la Novena Época, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, tesis P./J. 2/97, página 5, que establece:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extra lógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Se procede al estudio del agravio en el que la quejosa expresa que, contrario a lo afirmado por la Juez de Distrito, los artículos 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios de Nuevo León y 24 de la Ley de Catastro, vigentes en los ejercicios dos mil dos a dos mil cinco, transgreden el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Sostiene en esencia, que al establecer una tasa más alta que se aplica a la base del impuesto por concepto predial a los contribuyentes propietarios de inmuebles baldíos, en comparación a los que cuentan con los inmuebles que no son baldíos o que tienen una construcción que no rebase el veinte por ciento del terreno, se trata inequitativamente a los sujetos del mismo impuesto, que se encuentran en identidad ante la hipótesis de causación, otorgando un trato de preferencia a aquellos que cuentan con un lote que cuenta con una construcción mayor al porcentaje en mención, sin que exista justificación para que se dé este tratamiento; asimismo, alega que el artículo 24 de la Ley de Catastro, también es contrario a la garantía constitucional precitada, al definir qué debe entenderse por lote baldío.

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece:

"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

"...

"IV. Contribuir para los gastos públicos , así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado.

La equidad tributaria simboliza, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.

En el informe anual de labores rendido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 1986, página seiscientos ochenta y ocho, el Alto Tribunal también precisó, en lo medular, el siguiente criterio:

"... la equidad implica el que se encuentren obligados a sufragar un determinado tributo los que se hallen dentro de una misma situación establecida por la ley y que no se encuentren sujetos a esa misma obligación tributaria los que están en situación jurídica o económica diferente, o sea, tratar a los iguales de manera igual y en forma desigual a los desiguales ..."

Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia sustentada en la Novena Época por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, tesis P./J. 24/2000, página 35 de rubro y texto:

"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales."

Finalmente, la doctrina también se ha encargado de definir los impuestos reales y personales, y así encontramos que por un lado al tratadista Sergio Francisco de la Garza, en su obra "Derecho Financiero Mexicano", Editorial Porrúa, S.A., décima segunda edición, pág. 375, señala: Se clasifican como impuestos reales "aquellos en que se prescinde a las condiciones personales del contribuyente, y del total de su patrimonio o renta, aplicándose el impuesto sólo sobre una manifestación objetiva y aislada de riqueza o capacidad contributiva". Tal es por ejemplo el impuesto sobre la propiedad territorial. En cambio, el impuesto personal, "en principio, recae sobre el total de la capacidad tributaria del sujeto, teniendo en consideración su especial situación y las cargas de familia". Ejemplo: el impuesto sobre la renta.

Son impuestos personales aquellos cuyo aspecto material del presupuesto toma en consideración ciertas cualidades, jurídicamente cualificadas del sujeto pasivo. En otras palabras, estas cualidades jurídicas influyen para establecer diferenciaciones en el aspecto material de la hipótesis de incidencia. Los impuestos personales, precisamente por tomar en consideración la situación particular del contribuyente, generalmente son progresivos y, por tanto, miden más adecuadamente la capacidad contributiva. En relación con la aplicación de tarifas progresivas a los impuestos reales, ello resulta absurdo puesto que la progresión es un medio tendiente a captar mejor la capacidad tributaria de la persona física, y entonces presupone un impuesto sobre la totalidad de la riqueza de la persona; mientras que un impuesto de tipo real, que grava a una fracción de riqueza, descuida la situación global del contribuyente y crea desigualdades en el sentido de que un contribuyente que posee mucho más porque tiene bienes de otra naturaleza, máxime cuando se trata de un impuesto de tipo territorial, donde la progresión aplicada sólo sobre la fracción de riqueza contenida en estos ámbitos territoriales descuida la otra riqueza de la misma persona, que puede estar situada en otras provincias.

Por otra parte el investigar Ernesto Flores Zavala, en su obra "Finanzas Públicas Mexicanas", Editorial Porrúa, vigésima quinta edición, pág. 267, también hace la distinción entre los impuestos reales y los impuestos personales como sigue: "Los impuestos reales no toman en cuenta las condiciones de las personas que en realidad los van a pagar, pues éstas son ignoradas de una manera específica por el legislador, son aquellos que recaen sobre la cosa objeto del gravamen, sin tener en cuenta la situación de la persona que es dueña de ella y que es sujeto del impuesto". Ejemplo: Los impuestos a la propiedad raíz.

Bien, con los apuntes citados, procede el estudio de la normas reclamadas y para tal efecto, es preciso transcribir en principio, la norma cuya vigencia estuvo en vigor en los años dos mil dos a dos mil cuatro, ya que por decreto 230, publicado en el Periódico Oficial del Estado, se reformó el artículo 21 bis-8, de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Nuevo León, bien, antes de la reformas, textualmente señalaba:

"Artículo 21 bis-8. Salvo lo establecido en el artículo siguiente, el impuesto predial se determinará, liquidará y pagará, aplicando a la base del impuesto una tasa del 2 al millar anual, excepto en el caso de predios baldíos, a los cuales se les aplicará una tasa del 6 al millar anual, si se encuentran ubicados en los Municipios de Apodaca, Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de Los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, y de 3 al millar anual, si se encuentran ubicados en los demás Municipios del Estado.

"Los propietarios de predios baldíos, ubicados en los Municipios de Apodaca, Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, cuya superficie no exceda de 200 metros cuadrados, cubrirán su impuesto a la tasa del 3 al millar anual, siempre que no tengan otro inmueble en propiedad o posesión, debiendo mantener limpio su predio.

"En los Municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, tratándose de predios con edificaciones comerciales, industriales, de servicios y de cualquier uso distinto al de casa habitación, se pagará el impuesto predial adicionando uno al millar a la tasa prevista en el primer párrafo de este artículo. El rendimiento de esta tasa, se destinará a la realización de obras de infraestructura vial para solucionar la problemática en materia vial de estos municipios.

"Si una parte de la edificación tiene un uso habitacional, la tasa a que se refiere el párrafo anterior se aplicará únicamente respecto del valor catastral de las construcciones no habitacionales e instalaciones, y en lo que respecta al valor catastral del terreno y de las construcciones e instalaciones cuyo destino no sea posible identificar, se les aplicará la tasa en la proporción que represente el valor catastral de las construcciones e instalaciones identificables como de uso no habitacional, respecto del total de las construcciones con uso identificable, ya sea habitacional o no. A la proporción restante se le aplicará la tasa de acuerdo al primer párrafo de este artículo."

De conformidad con lo anterior, debe decirse que le asiste la razón a la quejosa al señalar que el precepto que se combate establece un trato diferencial para sujetos que se encuentran en la misma hipótesis de causación del tributo.

Al respecto, cabe señalar los elementos del gravamen que en el caso del impuesto predial lo constituyen:

Sujeto y objeto: son sujetos los propietarios, copropietarios, condóminos, poseedores, usufructuarios, promitente vendedor mientras conserve el dominio. Y el objeto es la propiedad y posesión de predios urbanos, suburbanos y rústicos.

Forma y época de pago: se paga en efectivo, por bimestres adelantados a más tardar el 1o. de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre o, en su caso, por anualidad adelantada el 1o. de marzo.

Momento de causación y base gravable: dicho tributo se causa anualmente y la base será el valor catastral del inmueble.

Tasa: establece el artículo tildado de inconstitucional que dicho impuesto se determinará, liquidará y pagará aplicando a la base una tasa general de 2 al millar anual. Excepto en los casos de predios baldíos, por los cuales se aplicará la tasa prevista de 6 al millar, si se encuentran ubicados dentro de los Municipios de Apodaca, Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, y de 3 al millar si se ubican fuera de estos Municipios.

Lo anterior atenta contra el principio de equidad de los tributos, pues de la lectura sistemática del artículo impugnado y de aquellos que guardan estrecha relación, no se advierte razón ni motivo por los cuales exista justificación de la que pueda advertirse que deba gravarse con una tasa mayor a los que como la quejosa tienen un lote baldío, es decir sin una construcción mayor del 20% del total del terreno, y no conforme a la tasa general establecida que es del 2 al millar, lo cual constituye una infracción al principio que nos ocupa, consagrado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

En efecto, la cuota adicional no cumple con el principio de proporcionalidad y equidad puesto que su cobro excluye a aquellos propietarios de inmuebles que tengan áreas construidas, con lo que se rompe con la igualdad del ordenamiento combatido, lo cual se basa en el valor catastral del inmueble, lo que constituye la base del impuesto y que incluso depende, entre otras cosas, de la existencia de construcciones en los terrenos, aplicando una cuota adicional a aquellos terrenos que carecen de construcciones cuando este aspecto ya está tomado en cuenta para fijar el valor catastral.

Esta pretensión claramente nos llevaría a gravar a dos predios contiguos, en la misma colonia y en la misma cuadra, y con igualdad de superficie, de manera distinta y que por el solo hecho de que uno tenga construcciones pague un tanto del impuesto, mientras que el otro que no tiene construcciones, pague tres tantos más del impuesto, lo cual es notoriamente inequitativo e injusto pues se está atendiendo a caprichos del legislador y no a las características del predio de donde emana la carga tributaria.

En tales condiciones si tanto los sujetos del impuesto, propietarios o poseedores de predios con o sin construcciones, forman una misma categoría de contribuyentes que deben encontrarse en igual situación frente a la ley, resulta claro que la norma en estudio transgrede el principio de equidad tributaria, al dar un trato distinto a los mismos sujetos pasivos del impuesto, sin que exista justificación, por lo que debe concluirse que resulta contraria al texto del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Dicho en otras palabras, si el objeto imponible es el mismo: un predio con o sin construcciones adheridas a él, no existe justificación para que el contribuyente que no tenga construcciones pague una cuota adicional, de la que le correspondería pagar si su predio estuviera construido

Esta decisión encuentra apoyo, en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, septiembre de 2003, tesis 1a. XLI/2003, página 294, que establece:

"PREDIAL. EL ARTÍCULO 21 BIS-8 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra, entre otros principios tributarios, los de equidad y proporcionalidad, los cuales radican, respectivamente, en la igualdad ante la ley de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, así como en la obligación de éstos de contribuir a los gastos públicos en función de su propia capacidad contributiva, de donde nace el deber de todo ciudadano de aportar al erario local o federal una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos; de ahí la exigencia de que las autoridades exactoras en el ejercicio de sus atribuciones fiscales observen que los sujetos pasivos de un impuesto reciban igual tratamiento ante la ley que les es aplicable y que el gravamen que se entere sea acorde con su real capacidad económica. Ahora bien, el artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nuevo León, al establecer que en el caso de predios baldíos el impuesto predial se determinará, liquidará y pagará, aplicando a su base una tasa del 6 al millar anual, si se encuentran ubicados en los Municipios de Apodaca, Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro García y Santa Catarina, y de 3 al millar anual, si se encuentran ubicados en los demás Municipios del Estado, viola los referidos principios constitucionales, pues no obstante que los contribuyentes tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de esa clase de bienes) y realicen un mismo hecho generador del gravamen, lo que hace que constituyan una misma categoría, el legislador local injustificadamente les otorga en dicho precepto un tratamiento desigual, por el solo hecho de la ubicación de esos inmuebles; aunado a que la desproporcionalidad de este gravamen también es producto de desatender a la real capacidad contributiva del obligado."

Ahora bien, el artículo 21 bis-8, en el ejercicio fiscal dos mil cinco, señala:

"Artículo 21 bis-8. El impuesto predial se determinará y pagará, aplicando a la base del impuesto una tasa del 2 al millar anual.

"En el caso de predios baldíos se pagará el impuesto predial adicionando 2 al millar a la tasa prevista en el primer párrafo de este artículo. Si el inmueble se encuentra fuera de los Municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, o si su superficie no excede de 200 metros cuadrados y su propietario o poseedor no tienen otro inmueble en el Estado, la tasa adicional prevista en este párrafo será de 1 al millar.

"Tratándose de predios con edificaciones comerciales, industriales, de servicios y de cualquier uso distinto al de casa habitación, se pagará el impuesto predial adicionando uno al millar a la tasa prevista en el primer párrafo de este artículo.

"Si una parte de la edificación tiene un uso habitacional, la tasa a que se refiere el párrafo anterior se aplicará únicamente respecto del valor catastral de las construcciones no habitacionales e instalaciones, y en lo que respecta al valor catastral del terreno y de las construcciones e instalaciones cuyo destino no sea posible identificar, se les aplicará la tasa en la proporción que represente el valor catastral de las construcciones e instalaciones identificables como de uso no habitacional, respecto del total de las construcciones con uso identificable, ya sea habitacional o no. A la proporción restante se le aplicará la tasa de acuerdo al primer párrafo de este artículo."

Como se advierte, el texto vigente, sigue teniendo el mismo vicio de inconstitucionalidad, que tenía el que se encontraba en vigor en los ejercicios anteriores, pues señala que la tasa general del impuesto será de dos al millar, empero en el caso de los predios baldíos se pagará adicionando una tasa de 2 al millar y si el inmueble se encuentra fuera de los Municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, adicionando 1 al millar, es decir ya no se grava con la tasa de 6 al millar, empero a la tasa de 2 al millar, se sigue adicionando una tasa, sin justificación alguna, sólo por ser baldíos.

De ahí que, en el caso de los impuestos reales como el que nos ocupa, para determinar que el impuesto predial sea proporcional y equitativo, debe tomarse en cuenta que el objeto del gravamen lo constituye la propiedad de inmuebles, y que es de dicho inmueble de donde emana la carga tributaria, por lo que el monto de la base gravable, independientemente del sistema técnico que rija para calcularlo, debe tomar en cuenta la extensión de los inmuebles, su ubicación y otros factores análogos, de manera que la base guarde relación de congruencia directa con el objeto del impuesto y no con elementos ajenos a éste, de ahí que en la especie el hecho de pretender cobrar una tasa adicional a la de 2 al millar, equivale a elevar el cobro del impuesto de su importe original, lo que evidentemente muestra que en el gravamen no se respeta el principio de equidad puesto que no hay igualdad entre este cobro y la capacidad tributaria demostrada al ser propietario o poseedor del predio de que se trate, amén de que los propietarios de inmuebles que sí tienen construcciones, tienen que pagar una tasa de 2 al millar la cual es evidentemente menos onerosa, no obstante que se encuentran en iguales condiciones desde el punto de vista del objeto del impuesto, ya que tanto unos como otros incurren en la misma hipótesis generadora del mismo, que consiste precisamente en ser propietarios o poseedores de inmuebles, no existiendo razón para que unos sí cubran la sobretasa y los otros no.

En ese sentido se pronunció este Tribunal Colegiado, al sostener en la tesis IV.1o.A.21 A, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de dos mil cinco, página 2441, al resolver los amparos en revisión 255/2005, 294/2005 y 421/2005, por unanimidad de votos, en sesión del uno y veintidós de septiembre, y diez de noviembre de dos mil cinco, de rubro y texto:

" El artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, al establecer como base del impuesto predial una tasa adicional de dos al millar a los predios baldíos, sobre la tasa anual que corresponde al tributo viola el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los contribuyentes cuyos terrenos tengan construcción pagarán un impuesto menor, no obstante que todos los causantes tienen las mismas características objetivas -ser propietarios de inmuebles- y realizan el mismo hecho generador del gravamen, por tanto, forman parte del mismo grupo de contribuyentes, no obstante, se les trata de manera desigual por el hecho de que el predio se encuentre baldío, provocando con ello la inequidad entre los diversos causantes del tributo."

Además de lo anterior, el artículo 24 de la Ley de Catastro, atenta contra el mismo principio de justicia fiscal, ya que establece que para efectos de la aplicación de la tarifa del impuesto predial, prevista en el artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, por predio baldío se entiende aquel inmueble sin construcciones permanentes techadas, o que tenga una superficie de construcción menor al 20% de la superficie total del predio, ubicado en una zona urbana.

La inequidad consiste o se actualiza en virtud de que al distinguir de los predios en general, los terrenos baldíos a los cuales les confiere esta calidad con base en el factor determinante y taxativo consistente en la construcción menor al 20% de la superficie total del predio ubicado en zona urbana, ocasiona la aplicación de tasas mayores para la determinación del tributo a todos aquellos propietarios o poseedores (causantes) por el solo hecho de que su predio carezca de construcción o no rebase dicho porcentaje, en relación con los propietarios o poseedores que cuentan con un mayor porcentaje de construcción en la superficie total de sus terrenos (aun cuando sea mínima la diferencia del porcentaje 1 o 2 al millar según corresponda), quienes pagan una tasa menor para la determinación del impuesto, no obstante que dichos sujetos pasivos del impuesto, propietarios o poseedores de predios con o sin construcciones, forman una misma categoría de contribuyentes y, por tanto, deben encontrarse en una situación de igualdad frente a la ley.

Además, si el hecho imponible, esto es, la propiedad o posesión de un predio con o sin construcciones adheridas a él es el mismo, no existe justificación para que el contribuyente cuyo predio no tiene construcción o que cuente con construcción que no rebase el 20% de la superficie total del predio pague una tasa mayor de la que le correspondería pagar si su predio estuviera construido en un porcentaje mayor al indicado.

Al respecto es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que este tribunal comparte, sustentada en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, febrero de 2004, página 993, tesis IV.2o.A.55 A, que establece:

"CATASTRO. EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIGENTE EN 2002, QUE REGULA LA FORMA PARA CALCULAR LA TARIFA DEL IMPUESTO PREDIAL CUANDO SE TRATE DE PREDIOS URBANOS BALDÍOS, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Conforme a lo previsto por el artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, el impuesto predial se determinará, liquidará y pagará, aplicando a la base del impuesto una tasa del 2 al millar anual, excepto en el caso de predios baldíos, a los cuales se les aplicará una tasa del 6 al millar anual, si se encuentran ubicados en determinados Municipios, y del 3 al millar anual, si se encuentran ubicados en los Municipios diversos a aquéllos; por su parte, el artículo 24 de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León, reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad de 27 de diciembre de 2001, que establece que ‘Para efectos de la aplicación de la tarifa del impuesto predial, prevista en el artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, por predio baldío se entiende aquel inmueble sin construcciones permanentes techadas, o que tenga una superficie de construcción menor al 20% de la superficie total del predio, ubicado en una zona urbana.’, viola el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que radica, esencialmente, en la igualdad ante la ley de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, en virtud de que al distinguir de los predios en general, los terrenos baldíos a los cuales les confiere esta calidad con base en el factor determinante y taxativo consistente en la construcción menor al 20% de la superficie total del predio ubicado en zona urbana, ocasiona la aplicación de tasas mayores para la determinación del tributo a todos aquellos propietarios o poseedores (causantes) por el solo hecho de que su predio carezca de construcción o no rebase dicho porcentaje, en relación con los propietarios o poseedores que cuentan con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19255-d4327bdf/predial-el-articulo-21-bis-8-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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