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Modo: Corpus Pro

DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 394/2005. · Registro digital (IUS): 19320
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LÁZARO ENRIQUE MEZA HERNÁNDEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, , Pág. 1655.

AMPARO EN REVISIÓN 394/2005. LÁZARO ENRIQUE MEZA HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO. No obstante haberse transcrito las consideraciones que sustenta la resolución recurrida y los agravios expresados en su contra, este tribunal, de oficio, advierte la improcedencia de la acción de amparo.

En sustento de la determinación que se adopta, cobra aplicación el contenido de la jurisprudencia VI.2o.C. J/235, emitida por este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XVIII, julio de dos mil tres, página 951, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PUEDE DECRETARSE DE OFICIO EN REVISIÓN, AUNQUE LA SENTENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO HAYA CONCEDIDO O NEGADO EL AMPARO. El artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo prevé únicamente la posibilidad de que el tribunal colegiado confirme el sobreseimiento decretado en la primera instancia, cuando siendo infundada la causa de improcedencia que se invoque, apareciere probado otro motivo legal; sin embargo, aun cuando expresamente no se incluye el supuesto de sobreseer en segunda instancia al actualizarse alguna causal de improcedencia, sea que lo aleguen o no las partes, revocando la sentencia recurrida que concedió o negó el amparo, dicho precepto debe interpretarse armónicamente con el último párrafo del artículo 73 del mismo ordenamiento legal, que consagra el principio de oficiosidad que rige en el examen de las causas de improcedencia, de lo que se concluye que también es posible que el tribunal revisor revoque la sentencia recurrida en la que el Juez de amparo no advirtió la improcedencia de la acción constitucional."

La improcedencia del reclamo formulado por Lázaro Enrique Meza Hernández se sustenta en lo establecido en los artículos 73, fracción XIII y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

Las disposiciones de mérito a la letra dicen:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ...

"XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños. Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución."

"Artículo 74. Procede el sobreseimiento: ...

"III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."

En el caso, el juicio es improcedente en virtud de que la pretensión del quejoso tiene por objeto combatir en la vía indirecta la omisión atribuida al diligenciario del Juzgado de lo Civil de Tlatlauquitepec, Puebla, consistente en no haberle notificado los autos de tres de junio y nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, pronunciados en la primera sección del juicio sucesorio intestamentario de origen, con posterioridad a la emisión de la resolución que reconoció los derechos sucesorios del quejoso y las terceras perjudicadas, instituyéndolos como herederos de la difunta Carmen Hernández Castelán, pero antes de que se emitiera la resolución definitiva que le puso fin a dicho procedimiento intestamentario, relativa a la sentencia pronunciada en la cuarta sección de ese juicio patrimonial post mortem.

Para advertir con mayor nitidez el sustento del motivo de improcedencia que se actualiza en este juicio, conviene hacer relación de las constancias que integran el procedimiento sucesorio de origen.

I. El veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Paulina, Josefa Regina, Celerina Margarita y Florentina Ofelia del Carmen, de apellidos Meza Hernández denunciaron la sucesión intestamentaria de Carmen Hernández Castelán, señalando que a Lázaro Enrique Meza Hernández le asistía el carácter de heredero en dicho procedimiento (fojas treinta y seis a cuarenta y tres).

El veinticinco del indicado mes y año el Juez de lo Civil de Tlatlauquitepec, Puebla, radicó la sucesión de que se trata bajo el número de expediente 80/98, ordenó citar al coheredero Lázaro Meza Hernández y la publicación de edictos convocando a todo aquel que se creyera con derecho a participar en la misma (foja cuarenta y cuatro).

El veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, tuvo verificativo la audiencia relativa a la junta de herederos, determinándose que los autos pasaran a la vista del Juez para emitir la resolución correspondiente (foja setenta y uno).

El ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho se pronunció la interlocutoria correspondiente a la primera sección del procedimiento sucesorio al que se viene haciendo referencia, en la que se reconocieron los derechos hereditarios de los hermanos Paulina, Josefa Regina, Celerina Margarita, Florentina Ofelia del Carmen y Lázaro Enrique, de apellidos Meza Hernández, instituyéndose como albacea definitiva en ese procedimiento a la primera de los mencionados (fojas setenta y cuatro, y setenta y cinco).

II. En cuerda separada, el siete de mayo de mil novecientos noventa y nueve se formó la segunda sección de esa intestamentaría relativa a los inventarios y avalúos, misma que concluyó por resolución pronunciada el diecisiete de junio del indicado año (fojas doscientos trece a doscientos treinta y ocho).

En la primera sección, pero con posterioridad a la emisión de la interlocutoria relativa al reconocimiento e institución de herederos, el veintiuno de abril de mil novecientos noventa y nueve, el ahora quejoso Lázaro Enrique Meza Hernández señaló como domicilio para recibir notificaciones personales los estrados del juzgado de origen, petición que fue proveída de conformidad el veintisiete de ese mes y año (fojas setenta y ocho, y setenta y nueve).

El tres de junio de mil novecientos noventa y nueve se emitió uno de los autos cuya falta de notificación reclama el quejoso, en dicha determinación se ordenó hacer del conocimiento de las partes el cambio de titular del juzgado de origen (foja ochenta).

Después de haber concluido la segunda sección, el nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, se pronunció la resolución que tuvo a la albacea definitiva separándose de la prosecución judicial del aludido procedimiento intestamentario, cuya falta de notificación constituye el otro acto reclamado por el peticionario, en la que se ordenó la remisión de los autos a la Notaría Pública Número Dos de Tlatlauquitepec, Puebla, para la elaboración de la escritura de aplicación de bienes (foja ochenta y uno).

El veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y nueve se tuvo al fedatario público en mención devolviendo los autos originales de la sucesión a bienes de Carmen Hernández Castelán (dos piezas) sin haber otorgado la escritura respectiva, al existir discrepancia en lo relativo a la partición del haber hereditario (fojas ochenta y tres, y ochenta y cuatro).

III. En vista de que no se pudo concluir convencionalmente la tramitación de la sucesión de la que derivan los actos reclamados, el veintitrés de marzo de dos mil, la albacea definitiva solicitó la formación de la tercera sección, relativa a la administración del patrimonio afecto a dicha herencia, el veintiocho siguiente el Juez de origen ordenó poner a la vista de las partes los autos de esa sección para el efecto de que los herederos se pronunciaran respecto de la petición de la albacea en el sentido de que se le dispensara la obligación de rendir cuentas; finalmente, el doce de abril de dos mil, se aprobó y concluyó la tramitación de la sección de mérito (fojas doscientos treinta y nueve a doscientos cuarenta y cuatro).

IV. El dieciséis de agosto de dos mil se inició la sustanciación de la cuarta sección relativa al proyecto de partición y adjudicación del patrimonio a suceder, el dieciocho siguiente se ordenó poner los autos de dicha sección a la vista de los herederos con el proyecto presentado y, finalmente, el veinticinco de octubre de esa anualidad se pronunció la sentencia que puso fin a la sección y al juicio de que se trata, habiéndose aprobado el proyecto de partición presentado por la albacea definitiva, condenándose a los interesados a estar y pasar por él. En dicha resolución se ordenó la remisión de los autos a la notaría que designaran las partes (fojas doscientos cuarenta y cinco a doscientos cincuenta y cuatro).

Consecuentemente con lo anterior, las herederas Paulina, Josefa Regina, Celerina Margarita y Florentina Ofelia del Carmen, de apellidos Meza Hernández, el veintitrés de noviembre de dos mil solicitaron la remisión de los autos de esa sucesión a la Notaría Número Uno del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, habiéndose proveído de conformidad lo solicitado por resolución pronunciada el veinticuatro siguiente (fojas ochenta y siete, y ochenta y ocho).

El uno de agosto de dos mil dos, el notario público número uno del indicado distrito judicial, comunicó al juzgado de origen haber otorgado la escritura de aplicación de bienes en el procedimiento sucesorio de Carmen Hernández Castelán, el siete siguiente el indicado juzgador tuvo por devueltas las cuatro piezas que conforman dicho juicio (fojas noventa, y noventa y uno).

Finalmente, ha de hacerse notar que el veintidós de octubre de dos mil dos, Paulina, Josefa Regina, Celerina Margarita y Florentina Ofelia del Carmen, de apellidos Meza Hernández exhibieron ante el juzgador ordinario copias certificadas de los instrumentos de propiedad otorgados con motivo de la aplicación de los bienes de la sucesión de Carmen Hernández Castelán. El escrito de mérito y el acuerdo que le recayó constan a fojas noventa y dos, y noventa y tres, del juicio de amparo, en tanto que la copia de los instrumentos de referencia aparecen, en el orden indicado, en las fojas noventa y cuatro a ciento trece, ciento catorce a ciento treinta y dos, ciento treinta y tres a ciento cincuenta y tres, y ciento cincuenta y cuatro a ciento ochenta y siete.

La relación de constancias efectuada en los parágrafos que preceden, brinda elementos suficientes para advertir que la falta de notificación de los autos de tres de junio y nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, reclamada por el quejoso, ocurrió después de que se concluyeron las dos primeras secciones del juicio intestamentario 80/98 del Juzgado de lo Civil de Tlatlauquitepec, Puebla, y antes de que se iniciaran y concluyeran las secciones tercera y cuarta de ese procedimiento.

Por tanto, si la cuarta sección del juicio sucesorio de origen concluyó con la emisión de la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil, y en autos obra constancia que a la fecha se han otorgado las escrituras que contienen la protocolización de la partición y adjudicación aprobada por el Juez natural, debe concluirse que la tramitación de esa intestamentaría ha terminado.

En sustento de lo anterior, conviene citar la jurisprudencia y las tesis aisladas emitidas por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 187-192, Cuarta Parte, página 231; 52, Cuarta Parte, página 50; y, 97-102, Cuarta Parte, página 238, mismas que a la letra dicen: "SUCESIONES. SÓLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal."; "SUCESIONES, SENTENCIAS DEFINITIVAS PARA EFECTOS DEL AMPARO EN LAS. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que procede el amparo directo contra la resolución de las secciones del juicio sucesorio en que se decide la división y partición de la herencia y ha establecido que las resoluciones de las otras secciones no son definitivas en los términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, y no deben reclamarse en amparo directo sino indirecto." y "SUCESIONES, SENTENCIAS DEFINITIVAS PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO EN LAS. Si en un caso se reclama en amparo directo una sentencia que no se refiere a la adjudicación de los bienes hereditarios sino a declaración de herederos, es incuestionable que el conocimiento del amparo no corresponde a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por no estar en los supuestos previstos por los artículos 44, 46, 158 y 167 de la Ley de Amparo y 26 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sino que se surte la competencia para conocer del mismo en favor de un Juez de Distrito, de conformidad con lo estatuido por las fracciones III, inciso a), y VII del artículo 107 de la Constitución Federal, y los artículos 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 46 en relación con el 43, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado es una resolución que puede tener sobre las personas o las cosas una ejecución que pudiera ser de imposible reparación."

Así las cosas, si la sucesión de origen concluyó el veinticinco de octubre de dos mil, con la emisión de la sentencia pronunciada en la cuarta sección, relativa a la aprobación del proyecto de partición y adjudicación de la masa hereditaria, y la omisión reclamada al diligenciario responsable, tuvo origen con motivo de los autos de tres de junio y nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, por los que se hizo del conocimiento de las partes el cambio de titular del juzgado de origen, y se ordenó remitir los autos a la Notaría Pública Número Dos del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, a solicitud de la albacea definitiva, al haber propuesto la separación de la prosecución judicial, respectivamente, pronunciados en las actuaciones que integran el expediente relativo a la primera sección de ese procedimiento sucesorio, pero después de que se había emitido la interlocutoria relativa a la declaración e institución de herederos, fechada el ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, o sea, después de concluida la primera sección del juicio, pero antes de que terminara el procedimiento por sentencia definitiva de dicha intestamentaría, se arriba a la conclusión de que el quejoso no puede reclamar en la vía constitucional determinaciones que tuvieron lugar durante su tramitación, formulando su reclamo después de que éste concluyó, si durante su prosecución no promovió el incidente de nulidad de actuaciones, previsto en el artículo 61 del abrogado Código de Procedimientos Civiles para el Estado, como el procedimiento establecido para combatir tal irregularidad, ante lo cual se surte la causa de improcedencia materia de este análisis.

Se sostiene en el indicado sentido, tomando en consideración que quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional, adquiere la carga de estar al pendiente de su tramitación, vigilando su sustanciación, para así, estar al pendiente de las determinaciones que en él se emitan, lo que le permitiría, en todo caso, impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, por su realización u omisión, le pudieran perjudicar. En tal virtud, si no se satisface la indicada carga procesal, aquel que pudiera verse afectado con algún proveído o actuación, al no haber recurrido oportunamente tal proceder, incumple con el principio de definitividad, en tanto no promueve los medios ordinarios de defensa o recursos que la propia ley que rige el acto reclamado prevea en su contra; sin que en ningún caso sea dable que, con posterioridad a la conclusión del indicado procedimiento, pretenda cuestionar determinaciones ocurridas durante su tramitación, esto por respeto a los principios de preclusión, consumación procesal y cosa juzgada.

Al caso cobra aplicación la tesis sostenida por este órgano jurisdiccional al resolver los juicios de amparo en revisión 67/2004, 117/2004, 238/2004 y 348/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Tomo XIX, junio de dos mil cuatro, página 1432, que a la letra dice: " Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo."

De esta manera, si el ahora quejoso, después de concluidas la primera y segunda secciones del juicio intestamentario de origen, y antes de que concluyeran la tercera y cuarta de ellas, pero en concreto esta última, que es la que pone fin al procedimiento sucesorio de origen, no promovió el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la omisión de haberle practicado notificación personal respecto de los autos de tres de junio y nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, incumplió con el principio de definitividad que rige en materia de amparo al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XIII, de su ley reglamentaria, ante lo cual, la acción que dedujo en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente.

Además, si en el juicio de origen se pronunció la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil, en que se aprobó el proyecto de partición y adjudicación formulado por la albacea definitiva, y contra esa determinación no se promovió el recurso de apelación previsto en el artículo 1454 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, en el que, en su caso, se propusiera como motivo de inconformidad la violación que aduce cometida en su perjuicio, debe concluirse que por los efectos que genera en el juicio la indicada sentencia, relativos a la conclusión del procedimiento sucesorio y que, la misma ha causado ejecutoria, no habría lugar a que a través del juicio de amparo indirecto se analizara la legalidad de actuaciones ocurridas u omitidas durante la sustanciación de un juicio, si en él se ha emitido sentencia definitiva, pues cualquier violación que pudiere haber acontecido queda consumada con el fallo que le puso fin a ese procedimiento; máxime que la postura del quejoso estriba en que, con motivo de la nulidad que pretende mediante el ejercicio de la acción constitucional, se deje sin efecto todo lo actuado a partir de la falta de notificación de los autos de tres de junio y nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, incluido en ello la sentencia pronunciada el veinticinco de octubre de dos mil en la cuarta sección de la sucesión de origen, y de manera alguna habría lugar a acceder a tal pretensión, pues al tenor de los criterios jurisprudenciales citados con antelación, emitidos por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la forma de combatir la indicada sentencia es a través del juicio de amparo directo, ya que la mencionada resolución es la que se considera definitiva para los efectos de la procedencia del juicio uniinstancial.

No es óbice a lo anterior el hecho de que el propio Lázaro Enrique Meza Hernández, antes de presentar la demanda de amparo que dio origen a este juicio, el dos de agosto de dos mil cinco (fojas ciento noventa y cinco a doscientos nueve), ante el propio Juez de lo Civil de Tlatlauquitepec, Puebla, hubiera promovido incidente de nulidad de actuaciones a partir de la falta de notificación de los autos, tantas veces citados, emitidos el tres de junio y nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, pues dicha pretensión anulatoria, como se indicó, ocurrió después de que había concluido la sustanciación del indicado procedimiento sucesorio, y estaba dirigida a cuestionar la legalidad de las notificaciones acaecidas de manera previa al pronunciamiento de la resolución con que concluyó la cuarta sección de esa sucesión legítima, ante lo cual el indicado proceder de modo alguno puede constituir la satisfacción del principio de definitividad al que se ha hecho referencia con anterioridad.

Lo anterior es así, porque como quedó precisado en los párrafos que preceden, con la emisión de la sentencia que aprobó el proyecto de partición y adjudicación concluyó el juicio sucesorio intestamentario de origen y, en tal virtud, cualquier violación que pudiere haber ocurrido de manera previa a su emisión, queda consumada por los efectos que genera en el juicio la cosa juzgada, y de ninguna manera habría lugar a que con motivo de la tramitación de un incidente de nulidad se alterara la firmeza de tal resolución, máxime que la forma de cuestionar su legalidad está prevista en el citado artículo 1454 de la abrogada legislación procesal civil local, mismo que a la letra dice: "Contra las sentencias que aprueben o reprueben una partición procede el recurso de apelación."

Además, no deja de llamar la atención el hecho de que la indicada incidencia fue desechada en el auto que se pronunció el nueve de agosto de dos mil cinco, y que fuera notificado al citado Lázaro Enrique Meza Hernández el treinta y uno de agosto de la indicada anualidad (fojas ciento noventa y cuatro, y doscientos diez), siendo que la demanda de amparo se presentó el diecinueve del mes y año en cita, esto es, después de formulada la incidencia y antes de que su promovente tuviere noticia de la determinación emitida al respecto.

Sin embargo, tal proceder no configura la diversa causal de improcedencia, prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, relativa a que deviene inejercitable la acción de defensa constitucional cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, en virtud de que atento a lo ya considerado, el aludido incidente de nulidad, por lo inoportuno de su presentación, no es el medio legal idóneo para cuestionar actuaciones acontecidas u omitidas durante el procedimiento y antes de que concluyera por sentencia definitiva, ante lo cual no podría estimarse improcedente este juicio por ese motivo.

La consideración que precede encuentra sustento jurisprudencial en el criterio número P./J. 144/2000, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de dos mil, página 15, que a la letra dispone: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.-La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo."

En mérito de lo hasta aquí considerado, debe revocarse la sentencia sujeta a revisión y sobreseer en el juicio promovido por el quejoso, al haberse surtido la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías promovido por Lázaro Enrique Meza Hernández, contra los actos que reclamó del Juez de lo Civil de Tlatlauquitepec, Puebla, y diligenciario adscrito al anterior, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese este toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Gustavo Calvillo Rangel, Raúl Armando Pallares Valdez y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue Ponente la tercera de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19320-6bbbb18b/definitividad-la-satisfaccion-de-este-principio-presupone-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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