TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL HECHO DE QUE LOS INGRESOS RECAUDADOS CON MOTIVO DEL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ES FEDERAL, SE DESTINEN A CUBRIR EL GASTO PÚBLICO DE LOS ESTADOS O MUNICIPIOS, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE DESTINO AL GASTO PÚBLICO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 595/2006. MARCO ARMANDO MUÑOZ MÁRQUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en el punto cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado el veintinueve de junio siguiente en el Diario Oficial de la Federación, en atención a que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamaron diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente en dos mil cinco, y si bien subsiste en este recurso el problema de constitucionalidad planteado, la decisión que sobre el particular se adopte no entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.
SEGUNDO. No se transcribe ni analiza la parte del primer agravio que hace valer el recurrente, relativa a una violación al procedimiento atinente a las consecuencias jurídicas surgidas por la omisión de rendir el informe justificado por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del jefe de la Oficina Recaudadora de León Guanajuato, pues respecto de esos argumentos se pronunció el Tribunal Colegiado del conocimiento en su resolución de tres de marzo de dos mil seis (como se sintetizó en los puntos 3) y 4) del resultando cuarto de esta resolución).
TERCERO. Por no haber sido reclamado por quien tenía derecho a ello, procede dejar firmes las consideraciones realizadas en la sentencia recurrida, en relación con la constitucionalidad de los artículos 1o. A, fracción II y 14-C, ambos de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
CUARTO. Los agravios relativos a los temas de constitucionalidad que subsisten en la revisión, son esencialmente los siguientes:
a) La Juez de Distrito violó los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo pues dejó de analizar la cuestión efectivamente planteada consistente en que la tabla del artículo 5o., fracción I, reclamado, en relación con el artículo 15-C impugnado, en cuanto aumentó del 2.6% al 3.0% del año anterior al actual, dejaba sin efectos la disminución que debía obtenerse al aplicar el factor de ajuste por depreciación reconocido por el legislador respecto del año modelo del vehículo que se vuelve más antiguo, lo que se demostró a través de una operación aritmética para observar que conforme al sistema previsto en la ley reclamada, atendiendo a todas sus normas relacionadas y no en forma aislada, debía pagarse por el mismo vehículo un impuesto mayor por el año de dos mil cinco que el correspondiente al año anterior, a pesar de que ese vehículo era un año más antiguo.
El anterior planteamiento se reforzó con lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte al fallar el amparo en revisión 484/98, que participó en la integración de la jurisprudencia 11/2001 de esa Sala, referida al aumento sufrido por la tasa del impuesto en el año de mil novecientos noventa y siete, no obstante ello, el a quo no atendió a esa jurisprudencia sino a otros criterios que atienden en forma aislada a lo previsto en el artículo 15-C reclamado y que se refieren a ejercicios diferentes al de dos mil cinco, en el que se dan modificaciones sustanciales (segunda parte del primer agravio).
b) Se argumentó en la demanda la violación a la garantía de audiencia porque no existía un mecanismo de defensa para el contribuyente cuando se efectuara un cálculo incorrecto del tributo por parte de quien deba aplicar las normas reclamadas, por lo que es inexacto lo razonado por el juzgador en el sentido de que no existe violación a la garantía referida por existir mecanismos establecidos conforme al principio de generalidad, ya que ello no exime de la obligación de incluir en la norma mecanismos de defensa para el gobernado que se ubique en las hipótesis de causación del tributo reclamado que les permita rebatir el cálculo del gravamen (segundo agravio).
c) La a quo apreció indebidamente el segundo concepto de violación pues no se alegó una situación de desigualdad por el hecho de que a los propietarios de vehículos con blindaje no se les cobre la parte proporcional del aditamento respectivo en relación con los propietarios de vehículos no blindados, sino que se argumentó que el legislador en el dictamen a través del cual discutió, votó y aprobó el artículo 5o. reclamado, no contiene el razonamiento expresado en otros años para justificar el trato igualitario entre un vehículo blindado y uno que no lo está (tercer agravio).
QUINTO. Resulta infundado lo argumentado por el recurrente en la parte relativa de su primer agravio, en el que se argumenta, en esencia, que la Juez de Distrito violó los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo pues dejó de analizar la cuestión efectivamente planteada consistente en que la tabla del artículo 5o., fracción I, reclamado, en relación con el artículo 15-C impugnado, en cuanto aumentó del 2.6% al 3.0% del año anterior al actual, dejaba sin efectos la disminución que debía obtenerse al aplicar el factor de ajuste por depreciación reconocido por el legislador respecto del año modelo del vehículo que se vuelve más antiguo, lo que se demostró a través de una operación aritmética para observar que conforme al sistema previsto en la ley reclamada, atendiendo a todas sus normas relacionadas y no en forma aislada, debía pagarse por el mismo vehículo un impuesto mayor por el año de dos mil cinco que el correspondiente al año anterior, a pesar de que ese vehículo era un año más antiguo, lo que se reforzaba si se consideraba lo determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte al fallar el amparo en revisión 484/98, que participó en la integración de la jurisprudencia 11/2001 de esa Sala, referida al aumento sufrido por la tasa del impuesto en el año de mil novecientos noventa y siete, siendo que el a quo no consideró esa jurisprudencia sino otros criterios que atienden en forma aislada a lo previsto en el artículo 15-C reclamado y que se refieren a ejercicios diferentes al de dos mil cinco, en el que se dan modificaciones sustanciales.
A fin de dar respuesta al agravio anterior resulta pertinente tener presente que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado en relación con el principio de proporcionalidad tributaria que el mismo radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada.
De conformidad con dicho principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad de cada sujeto pasivo, esto es, en función de su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad contributiva de los causantes, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda y que debe encontrarse en proporción a los ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido también que para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza.
De acuerdo con lo anterior, la potestad tributaria implica para el Estado, a través de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva; de ahí que uno de los principios que legitima la imposición de las contribuciones sea, precisamente, el relativo a la identificación de la capacidad para contribuir a los gastos públicos por parte de los gobernados.
Por tanto, la garantía de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene una mayor capacidad y menos el que la tiene en menor proporción.
Lo razonado deriva del criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 10/2003 del Tribunal Pleno de esta Suprema de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, mayo de 2003, página 144, así como en la tesis 419 publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Tomo I, página 482, que respectivamente establecen:
"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción."
"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula."
Una vez determinados los alcances de la garantía de proporcionalidad tributaria, se estima necesario precisar algunos aspectos generales relativos al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.
Con ese propósito, debe resaltarse en primer lugar que el artículo 1o., párrafos primero y segundo, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, dispone:
"Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley, las personas físicas y las morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere la misma. Para los efectos de esta ley, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. ..."
Deriva del precepto legal transcrito que los sujetos pasivos del impuesto son las personas físicas y morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere la ley y que el objeto del tributo lo constituye la tenencia o uso de dichos vehículos, de lo que se sigue que la persona que tiene capacidad económica para adquirir un vehículo, respecto del cual tiene conocimiento pleno de los diversos elementos que conforman su costo, también tiene capacidad económica para contribuir al gasto público porque la capacidad adquisitiva de esa persona va en función del precio que está pagando por la unidad.
Ahora bien, dado que el recurrente sostiene que la a quo se apoyó en criterios que atienden en forma aislada a lo previsto en el artículo 15-C reclamado y que se refieren a ejercicios diferentes al de dos mil cinco, en el que se dan modificaciones sustanciales, resulta pertinente destacar que los criterios invocados en la sentencia recurrida establecen que los artículos 5o, fracción I y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos vigente en dos mil cuatro, no violan los principios de proporcionalidad y equidad, según deriva de sus rubros, que dicen: "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 15-C DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004)." y "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. LOS ARTÍCULOS 5o., FRACCIÓN I Y 15-C DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).", y asimismo, resulta pertinente establecer las diferencias existentes entre las normas vigentes en dos mil cuatro y las vigentes en dos mil cinco.
El texto de los artículos 1o. A, fracción II, 5o., fracción I, 14-C y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en dos mil cuatro y dos mil cinco, es el siguiente:
Ver tabla
De la comparación entre lo dispuesto en las normas vigentes en dos mil cuatro y las vigentes en dos mil cinco, se advierte que el sistema previsto para la obtención de la base gravable y del monto del impuesto a cubrir tratándose de automóviles de fabricación nacional o importados, de modelos de hasta nueve años anteriores al de la aplicación de la ley, destinados al transporte de hasta quince pasajeros, esencialmente no fue modificado, ya que en ambos casos el valor del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación de acuerdo al año modelo del vehículo, de conformidad con la tabla prevista en el artículo 15-C, que no sufrió reforma para el año dos mil cinco, y la cantidad que se obtenga se sujeta a una operación de actualización a fin de obtener la base gravable del tributo, a la que se aplica la tarifa prevista en el artículo 5o., fracción I, para obtener el monto del impuesto a pagar.
Las diferencias que se aprecian entre las normas vigentes en dos mil cuatro y las vigentes en dos mil cinco, son las siguientes:
a) En el año de dos mil cinco no se incluye en el valor total del vehículo el impuesto al valor agregado, a diferencia de lo establecido para dos mil cuatro, en el que el impuesto mencionado formaba parte de ese valor.
b) Se modificaron las cantidades y porcentajes de la tarifa prevista en el artículo 5o, fracción I, específicamente, en el primer renglón se modificó la cantidad que aparecía en el renglón de límite superior de 450,000.00 a 428,768.31, así como el porcentaje de la tasa a aplicar sobre el excedente del límite inferior para obtener el monto del impuesto a pagar del 2.6% al 3.0%.
c) Para mil novecientos noventa y cinco se derogó el último párrafo de la fracción I del artículo 5o., que establecía que los montos de las cantidades establecidas en la tarifa a que se refiere esta fracción, se actualizarían en el mes de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre del penúltimo año hasta el mes de noviembre inmediato anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendría de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
d) Conforme a los normas vigentes en dos mil cuatro, la cantidad resultante de multiplicar el valor total del vehículo por el factor de depreciación de acuerdo al año y modelo del mismo, debe multiplicarse por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el último mes del año inmediato anterior a aquel en que se adquirió el automóvil de que se trate, hasta el último mes del año inmediato anterior a aquel por el que se deba efectuar el pago, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación y que debe publicar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación dentro de los tres primeros días de enero de cada año. En cambio, para dos mil cinco la cantidad resultante de multiplicar el valor total del vehículo por el factor de depreciación de acuerdo al año y modelo del mismo, debe actualizarse en los términos del artículo 14-C, que dispone que las cantidades a que se refiere se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%, así como que dicha actualización se llevará a cabo a partir del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal a aquel en el que se haya dado dicho incremento, aplicando el factor correspondiente al periodo comprendido desde el mes en el que éstas se actualizaron por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el por ciento citado, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación y que deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se sigue de lo anterior que no tiene razón el recurrente al señalar que la a quo indebidamente se apoyó en criterios inaplicables al caso porque atienden en forma aislada a lo establecido por el artículo 15-C de la normatividad vigente en dos mil cuatro, siendo que la misma sufrió modificaciones sustanciales para dos mil cinco.
Efectivamente, los criterios que invocó la Juez de Distrito en apoyo de sus razonamientos se contienen en las tesis jurisprudenciales 1a./J. 1/2005 y 1a./J. 22/2005, cuyos datos de publicación, rubros y textos son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, febrero de 2005
"Tesis: 1a./J. 1/2005
"Página: 281
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 15-C DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). El procedimiento para calcular la base del impuesto contenido en el artículo 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en el dos mil cuatro, no es violatorio de los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad tributarias, toda vez que toma en cuenta factores de depreciación que parten de una base objetiva, a saber: 1) el valor total del automóvil establecido en la factura original o carta factura y, 2) el paso del tiempo. Los factores mencionados son objetivos y aluden a todos los destinatarios de la norma; resultan elementos útiles y racionales a nivel legislativo que toda norma (general, abstracta e impersonal) requiere para poder ser aplicada sin violar el principio de universalidad. El hecho de que los factores estén preestablecidos en la norma, no puede sino beneficiar a los contribuyentes, dado que se traduce en un elemento de seguridad jurídica y, con ello, reflejan la capacidad contributiva de los causantes."
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, mayo de 2005
"Tesis: 1a./J. 22/2005
"Página: 458
"TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. LOS ARTÍCULOS 5o., FRACCIÓN I Y 15-C DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). Al establecer los artículos mencionados, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2003, las bases para calcular el impuesto relativo, respecto de automóviles de fabricación nacional o importados, de modelos hasta nueve años anteriores al de aplicación de la propia ley, destinados al transporte de hasta quince pasajeros, precisando que el valor del automóvil señalado en la factura original o carta factura se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año y modelo del vehículo, de conformidad con la tabla que establece el artículo 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y la cantidad que se obtenga de tal operación, por el factor de actualización; y que al monto resultante se le aplicará la tarifa a que hace referencia el artículo 5o. de la ley citada, no transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributarias establecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así porque el indicado artículo 5o., al cual remite el diverso 15-C, establece una tarifa para el pago del impuesto con base en una estructura de rangos, una cuota fija y una tasa que deberá aplicarse sobre el excedente del límite inferior, y si bien en esa estructura el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable origina un cambio de rango al rebasar su límite superior, no eleva de manera desproporcional o inequitativa el monto de la contribución a pagar respecto de la indicada en el renglón anterior, pues si los contribuyentes rebasan el límite superior de un rango y quedan comprendidos en el siguiente, los preceptos legales señalan una cuota a aplicar entre un límite y otro, en atención al porcentaje excedente del límite inferior, lo que refleja la capacidad contributiva real del sujeto obligado. Esto es, si bien se establece un límite inferior y uno superior entre los cuales deberá ubicarse la base gravable, también la tasa no se aplica a ésta en su totalidad, sino sólo a la porción excedente al límite inferior de cada rango."
Como puede advertirse de las jurisprudencias transcritas, si bien se refieren a la normatividad vigente en el dos mil cuatro, son aptas para apoyar la determinación relativa a que las normas vigentes en el año de dos mil cinco no son violatorias de los principios de proporcionalidad y equidad, ya que respecto del artículo 15-C, la norma vigente en ambos años atiende al valor del vehículo y a un factor de depreciación, elementos que en el criterio jurisprudencial relativo se estima que son útiles y racionales a nivel legislativo, y el hecho de que estén preestablecidos en la norma beneficia a los contribuyentes pues se traduce en un elemento de seguridad jurídica y, con ello, reflejan su capacidad contributiva, y por lo que toca a la interpretación conjunta de los artículos 5o., fracción I y 15-C, la jurisprudencia relativa sostiene que se establece una tarifa para el pago del impuesto con base en una estructura de rangos, una cuota fija y una tasa que deberá aplicarse sobre el excedente del límite inferior, y si bien en esa estructura el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable origina un cambio de rango al rebasar su límite superior, no eleva de manera desproporcional o inequitativa el monto de la contribución a pagar respecto de la indicada en el renglón anterior, pues si los contribuyentes rebasan el límite superior de un rango y quedan comprendidos en el siguiente, los preceptos legales señalan una cuota a aplicar entre un límite y otro, en atención al porcentaje excedente del límite inferior, lo que refleja la capacidad contributiva real del sujeto obligado, lo que resulta plenamente aplicable a la tarifa vigente para dos mil cinco pues también contiene una estructura de rangos, con una cuota fija y una tasa aplicable sobre el excedente del límite inferior.
Debe destacarse que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó al resolver los amparos en revisión 1373/2005, promovido por Rosa Bertha Muñoz de Cote, en sesión de siete de octubre de dos mil cinco, por unanimidad de cinco votos, y 1394/2005, promovido por Novartis Farmacéutica, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, en sesión de cuatro de noviembre del año citado, por unanimidad de cuatro votos, que las jurisprudencias establecidas por este Alto Tribunal en relación con la constitucionalidad de las normas de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigentes en los años de dos mil tres y dos mil cuatro son aplicables para sostener la constitucionalidad de las disposiciones vigentes en dos mil cinco, ya que no sufrieron modificaciones sustanciales en cuanto a la mecánica para la determinación del impuesto, según deriva de la siguiente transcripción de las ejecutorias dictadas en los asuntos referidos, en la parte relativa:
Amparo en revisión 1373/2005:
"Por otro lado, es infundado el segundo agravio, en el que considera en esencia, que la sentencia recurrida es ilegal, porque las tesis aplicadas por el Juez a quo en la sentencia recurrida, no son aplicables, pues se refieren a textos de artículos de la ley reclamada pero de años anteriores. Lo infundado del argumento radica, en que no hay precepto constitucional ni legal alguno, que impida a los juzgadores formular razonamientos en las sentencias que emitan, que se basen en criterios jurisprudenciales en los que se haya analizado el texto de un artículo vigente en otro año. Máxime que se puede presentar la hipótesis, como en el caso, en que lo único que varíe en relación con el texto de la ley de años anteriores analizada por este Alto Tribunal, sean modificaciones marginales en el texto de la ley para darle mayor claridad o, cuestiones numéricas, es decir, los porcentajes o rangos monetarios, cambios que realiza el legislador periódicamente, a efecto de actualizar a la realidad económica las cantidades plasmadas en los artículos reclamados, pero la mecánica para el cálculo de la contribución puede ser que sea idéntica, por tanto, el estudio de constitucionalidad del que derivó alguna tesis, es válido para un texto reformado sólo por cuanto a cambios marginales en los vocablos o, pequeños cambios de las cifras, siempre y cuando, no varíe la mecánica en el cálculo de la contribución, de ahí lo infundado del argumento de la recurrente, pues tal como se verá de la tabla siguiente, las modificaciones legales de los artículos reclamados, por cuanto hace a los argumentos de la quejosa, que serían materia de estudio en este recurso, que son los artículos 1o. A, 5o., fracciones I y V, 15-B y 15-C, fueron mínimas en cuanto a los vocablos empleados, cifras y porcentajes, de allí que, sí son aplicables los criterios jurisprudenciales citados por el Juez a quo, en los que, ya esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó el estudio de constitucionalidad de los artículos reclamados ... De las tablas que anteceden, se aprecia que la esencia en la mecánica del cálculo del impuesto, por lo que hace a los argumentos analizados por el Juez a quo, en relación con los conceptos de violación alegados por la quejosa, varió en forma marginal, por ello, sí eran aplicables las tesis citadas por el juzgador respecto al texto vigente en años anteriores, además así lo señaló al aplicarlas en la sentencia recurrida, pues tal como se apreciará de los párrafos siguientes, advirtió que la esencia de los preceptos reclamados no varió para dos mil cinco, argumento este último que no desvirtúa la quejosa-recurrente. ... Así, de lo anterior, se aprecia que contrario a lo aducido por la quejosa, sí era válido que el Juez a quo citara en las consideraciones de la sentencia, las tesis de jurisprudencia emitidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues respecto a los argumentos aducidos en los conceptos de violación, los textos legales reclamados, variaron marginalmente respect
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19703-2f1cf01a/tenencia-o-uso-de-vehiculos-el-hecho-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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