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Modo: Corpus Pro

JURISPRUDENCIA. TIENEN ESE CARÁCTER LAS RAZONES CONTENIDAS EN LOS CONSIDERANDOS QUE FUNDEN LOS RESOLUTIVOS DE LAS SENTENCIAS EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, POR LO QUE SON OBLIGATORIAS PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN TÉRMINOS DEL ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2346/2003. · Registro digital (IUS): 17963
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA ESTHER HERNÁNDEZ ESPINOZA.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Marzo de 2004, , Pág. 131.

AMPARO EN REVISIÓN 2346/2003. MARÍA ESTHER HERNÁNDEZ ESPINOZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para decidir sobre la procedencia del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que, si bien subsiste la materia de constitucionalidad de una ley federal, no se requiere de la intervención del Pleno de este Alto Tribunal para su resolución, dado que sobre el tema de fondo existe precedente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelve la problemática planteada.

Asimismo, debe precisarse que en la fecha en que el Tribunal Colegiado dictó la resolución por la que se declaró incompetente para conocer del recurso de revisión, esto es, el veintinueve de octubre de dos mil tres, ya existía el criterio obligatorio con carácter de jurisprudencia, que resuelve el problema de constitucionalidad del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta planteado por la quejosa, pues el mismo se estableció, en términos de lo dispuesto por los artículos 43 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al fallar el Tribunal Pleno en sesión de veintisiete de mayo de dos mil tres, por unanimidad de diez votos, la acción de inconstitucionalidad 9/2003.

En este sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 177 establece:

"Artículo 177. La jurisprudencia que deban establecer la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, las Salas de la misma y los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias que pronuncien en los asuntos de su competencia distintos del juicio de amparo, se regirán por las disposiciones de la Ley de Amparo, salvo en los casos en que la ley de la materia contuviera disposición expresa en otro sentido."

Las disposiciones expresas, lo son los artículos 43 y 73 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen la obligatoriedad de las razones que se contengan en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos las cuales, por tanto, tienen el carácter jurisprudencial. Los Tribunales Colegiados son, por tanto, competentes para conocer de los asuntos en que exista criterio obligatorio con el carácter de jurisprudencia por razones en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en razón a lo establecido por el inciso d), fracción I, punto quinto del Acuerdo General 5/2001 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el veintiuno de junio de dos mil uno.

Por tanto, con independencia que se compartan o no las razones por las que el mencionado Tribunal Colegiado declaró su incompetencia, este órgano colegiado asume su competencia originaria, por economía procesal y en respeto a la garantía de celeridad en la administración de justicia consagrada en el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Magna.

SEGUNDO. No puede dejar de advertirse que la firma del escrito de agravios en suplencia del secretario de Hacienda y Crédito Público no es la del subprocurador fiscal federal de Amparos, como se dice en la primera página del oficio del Tribunal Colegiado que encontramos en el toca de revisión, sino del subprocurador fiscal federal de Asuntos Financieros.

Este último funcionario se encuentra también legitimado para presentar el escrito de revisión conforme al primer párrafo del artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al encontrarse en la misma situación que el subprocurador fiscal federal de Amparos, al ser de los funcionarios mencionados en el primer párrafo del artículo 105 de este reglamento.

En este sentido, es aplicable el criterio establecido en la tesis LXVIII/2003 emitida por esta Primera Sala cuyo contenido es el siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVIII, noviembre de 2003

"Tesis: 1a. LXVIII/2003

"Página: 128

"SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS. TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AUSENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESA DEPENDENCIA, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE ENERO DE 2003. El precepto citado establece en su primera parte que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será suplido en sus ausencias, entre otros, por el subprocurador fiscal federal de Amparos, con lo que el legislador suprimió lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraba materialmente como representación del titular de la indicada secretaría, lo que traía como consecuencia su falta de legitimación para interponer el recurso de revisión en sustitución de aquél como autoridad responsable. Esto es, con dicha reforma ya no se está en el caso de una ‘representación’ del titular de la secretaría mencionada, toda vez que ahora se permite que ante su ausencia, se le supla por el servidor público que, conforme al orden que señala el referido precepto, se encuentre en el despacho, por lo que ese servidor público y no otro, es quien debe ejercer la totalidad de las funciones del secretario de Estado a quien suple por ausencia temporal.

"Amparo en revisión 628/2003. Federico Anaya Berrios. 18 de junio de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles.

"Amparo en revisión 626/2003. Natsteel Electronic Systems, S.A. de C.V. 20 de agosto de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva Meza. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

"Amparo en revisión 527/2003. Eventos Deportivos Azteca, S.A. de C.V. 17 de septiembre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo."

TERCERO. Las consideraciones que sustentan el amparo sostienen la procedencia de lo aducido en el primer concepto de violación, en el que la quejosa manifestó la violación a la garantía de equidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al estimar que se otorga un trato distinto a contribuyentes que se encuentran en la misma situación jurídica al exentar el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a las personas al servicio de la Federación y de las entidades federativas sujetas a condiciones generales de trabajo, respecto de los ingresos que perciban por concepto de gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional, independientemente de su monto.

Como apoyo de su resolución, el a quo se remite a las consideraciones vertidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por mayoría de diez votos la acción de inconstitucionalidad 9/2003, promovida por el procurador general de la República, en sesión de fecha veintisiete de mayo de dos mil tres, precisando que las razones contenidas en las sentencias dictadas en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, aprobadas cuando menos por ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, atento lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO. A través del escrito en el que consta el recurso de revisión, la parte recurrente planteó diversos argumentos en los agravios primero y segundo, a través de los cuales pretendía demostrar que, en la especie, se actualizarían causales de improcedencia del juicio de garantías, mismas que fueron abordadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en acatamiento a lo dispuesto en la fracción II del punto décimo primero del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dichas causales de improcedencia fueron consideradas infundadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, siendo el caso que, adicionalmente, dicho órgano colegiado no advirtió la existencia de causa diversa de improcedencia.

Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada P. XVII/2003, cuyos rubro y contenido son los siguientes.

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVIII, diciembre de 2003

"Tesis: P. XVII/2003

"Página: 18

"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN LA SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME AL ACUERDO PLENARIO 5/2001, CONSTITUYE UNA DECISIÓN INMUTABLE E INATACABLE. De conformidad con lo dispuesto en los puntos quinto, décimo, décimo primero y décimo segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de 21 de junio de 2001, los recursos de revisión en amparo indirecto, competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán enviados por los Jueces de Distrito y, en su caso, por los Tribunales Unitarios de Circuito a los Tribunales Colegiados de Circuito para que verifiquen su procedencia y resuelvan, en su caso, sobre la caducidad, el desistimiento o la reposición del procedimiento, así como sobre la inconstitucionalidad de leyes locales o federales respecto de las cuales exista jurisprudencia aplicable de este Alto Tribunal, y que de resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en tales hipótesis, dejarán a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia y le remitirán los autos sin analizar los temas de su exclusiva competencia. En ese sentido, la resolución dictada en segunda instancia por el Tribunal Colegiado de Circuito constituye una decisión emitida por un tribunal terminal y, por tanto, adquiere características de inatacabilidad e inmutabilidad, de manera que ni siquiera el Máximo Tribunal de la República está jurídicamente facultado para modificarla.

"Amparo en revisión 199/2002. Moisés Saba Masri. 9 de septiembre de 2003. Mayoría de seis votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy trece de noviembre en curso, aprobó, con el número XVII/2003, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a trece de noviembre de dos mil tres."

En tal virtud, al haber sido atendidas las argumentaciones correspondientes por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, la improcedencia del juicio de garantías no es materia de la presente resolución, debiendo limitarse la misma al tema de inconstitucionalidad planteado, mismo que subsiste en la presente instancia.

QUINTO. Por otro lado, debe precisarse que no es materia de la revisión por no haberse recurrido por la parte a la que pudiera perjudicar, el sobreseimiento decretado en el primer punto resolutivo de la sentencia recurrida en relación con el considerando segundo de la misma, respecto de los actos reclamados del secretario de Hacienda y Crédito Público, así como del administrador local de Recaudación de Puebla Norte.

SEXTO. En consecuencia, se procede al análisis de los agravios tercero y cuarto que hizo valer el subprocurador fiscal federal de Asuntos Financieros.

A través de su agravio tercero, medularmente, aduce la autoridad recurrente la violación a lo dispuesto por los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, al estimar que el Juez a quo indebidamente otorgó al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados por éste, considerando inconstitucional el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Continúa señalando la recurrente que el argumento resulta ineficaz por infundado, al pretender demostrar que el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgrede el principio de equidad tributaria a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, por no incluir dentro de la exención del pago del impuesto correspondiente a los trabajadores de la iniciativa privada.

A fin de sostener su argumentación, la autoridad recurrente señala que procederá a un análisis del multirreferido artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, procediendo a la cita de diversos criterios jurisprudenciales.

Posteriormente, la autoridad recurrente argumenta que el legislador no se apartó del requisito constitucional de equidad al no incluir dentro de la exención prevista por el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a los trabajadores de la iniciativa privada, sino que dicho legislador no hizo sino recoger la intención del Legislador Constituyente, mismo que a través del artículo 123 constitucional, apartados A y B, determinó la distinción entre los trabajadores de la iniciativa privada y los del sector público, para lo cual procede a la transcripción de dicho numeral de la Carta Magna. Continúa manifestando la recurrente que atendiendo a la diferencia que aprecia entre ambos apartados del artículo 123 constitucional se hizo necesario establecer dos legislaciones. Por un lado, la Ley Federal del Trabajo, y por el otro, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

De lo anterior, la autoridad recurrente desprende la conclusión de que los trabajadores al servicio del Estado se encuentran en situación desigual frente a los trabajadores que laboran bajo la dependencia de un patrón particular, motivo por el cual estima equitativo el trato desigual que se produce entre lo que, a su juicio, son dos grupos diversos de trabajadores al tenor de lo dispuesto por el artículo 109, fracción IX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ello demuestra, a criterio de la autoridad recurrente, que el referido numeral no vulnera la garantía constitucional que el a quo estima infringida pues, a su juicio, existirían razones objetivas que permitirían al legislador establecer tratamientos impositivos distintos, motivo por el cual no resultaba procedente el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa.

Adicionalmente, la autoridad recurrente manifiesta que el a quo incorrectamente consideró inconstitucional el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que la exención en comento, a su juicio, no trata de manera desigual a los que se encuentran en igualdad de condiciones.

Para sustentar lo anterior, la autoridad recurrente manifiesta que el numeral en comento respeta la garantía de equidad contenida en el artículo 31, fracción IV, constitucional, al atender a categorías de sujetos, cuyas diferencias, en su opinión, son notorias y atienden a elementos objetivos, procediendo posteriormente a la cita de diversos criterios jurisprudenciales.

En tal virtud concluye la autoridad recurrente que a través de la figura de la exención, lo que se pretende es buscar la equidad en cuanto a los trabajadores al servicio de la iniciativa privada con aquellos que presten sus servicios a la Federación o a los Estados, por las circunstancias que los diferencian, procediendo posteriormente a la cita de un nuevo criterio jurisprudencial.

Por otra parte, a través de su agravio cuarto manifiesta, medularmente, la violación a lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo al señalar que, a su juicio, resultaría inexacto que se estime que la exención que se analiza carece de justificación objetiva, pues considera que dicha exención fue establecida por el legislador como un acto de justicia tributaria para lograr un equilibrio económico al apreciarse una marcada diferencia entre unos trabajadores y otros.

Continúa señalando que, contrariamente a lo dicho por el a quo, en el presente caso no nos encontramos frente a un decreto que deje de gravar a determinados sujetos sin justificación, sino frente a la figura de la exención, la cual, a su juicio, resultaría perfectamente válida y no incumpliría con el principio de equidad.

Con base en lo anterior, la autoridad recurrente solicita se revoque la sentencia recurrida negando el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

SÉPTIMO. Son infundados los agravios aducidos por la autoridad recurrente, relativos al subsistente tema de constitucionalidad planteado, en los que sostiene, en esencia, que el artículo reclamado no viola la garantía de equidad tributaria al otorgar un trato diferente a los trabajadores de la iniciativa privada respecto del que se contempla para quienes laboran al servicio de la Federación y de las entidades federativas a través de la exención que establece en materia de impuesto sobre la renta.

Lo anterior, en razón de que, contrariamente a lo argumentado por la recurrente, esta Sala estima que el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, efectivamente vulnera la garantía de equidad tributaria, ya que dicho numeral incorpora a la legislación fiscal un tratamiento desigual al limitar, por un lado, las exenciones de las personas físicas que prestan un servicio personal independiente a un patrón perteneciente a la iniciativa privada y, simultáneamente, dar un trato preferente a las personas físicas que igualmente prestan un servicio personal subordinado a la Federación o a las entidades federativas.

Como puede apreciarse en ambos casos, es decir, empleados de la iniciativa privada por un lado y empleados de la Federación y de las entidades federativas por el otro, se trata de personas físicas que prestan un servicio personal subordinado, encontrándose en la misma situación jurídica, siendo regulados de la misma manera por la legislación fiscal en los términos del capítulo I del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El numeral combatido establece una distinción injustificada, pues los empleados del sector público y los del sector privado se encuentran, para efectos fiscales, en las mismas condiciones generales en la medida en la que ambos prestan un servicio personal subordinado, siguiendo instrucciones de su patrón, desarrollando las labores en las condiciones y con los medios que proporcione el empleador y, por ende, en caso de que dichos empleados perciban una gratificación, ambos deberían de soportar un gravamen de las mismas dimensiones.

Por el contrario, la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que la gratificación que perciban los empleados de la Federación o de las entidades federativas sujeto a condiciones generales de trabajo, no pagará impuesto sobre la renta mientras que la gratificación que perciban los empleados en los términos del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra gravado en la parte que excede a los parámetros establecidos en el primer párrafo de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En consecuencia, se advierte que el citado párrafo segundo de la fracción XI del artículo 109 produce una distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista una justificación objetiva y razonable, tal como ha sido sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En efecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar la acción de inconstitucionalidad 9/2003, en sesión de veintisiete de mayo de dos mil tres, por unanimidad de diez votos, declaró la invalidez del segundo párrafo de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dos, por estimarlo violatorio del principio de equidad tributaria consagrado por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal al otorgar, sin que exista causa que lo justifique, el trato diferencial referido. En la ejecutoria relativa textualmente se lee:

"QUINTO. De la lectura integral de la demanda se desprende que los conceptos de invalidez planteados por la parte promovente se hacen consistir, en síntesis: a) Que la reforma al párrafo segundo de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es violatoria del principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al establecer que los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo al servicio de la Federación y de las entidades federativas no pagarán el impuesto relativo por los ingresos que perciban por concepto de gratificaciones anuales, aguinaldo y prima vacacional, entre otros, de tal forma que otorga a esos servidores públicos un privilegio del que no gozan los demás trabajadores, traduciéndose en un beneficio a favor de un sector de contribuyentes determinado, sin que exista justificación alguna, esto es, otorga un trato desigual a los iguales, toda vez que tal exención se restringe a treinta y quince días de salario mínimo por la obtención de los mismos ingresos respecto de los demás trabajadores, estableciendo un régimen fiscal de exención distinto para los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo al servicio de la Federación y de las entidades federativas, al que le corresponde a los demás servidores públicos y trabajadores del país. b) Que las condiciones generales de trabajo a que alude la disposición legal cuya invalidez se solicita sólo regula las relaciones laborales para determinados servidores públicos, pero no implica una diferencia jurídica relevante para efectos fiscales, pues no denotan una idoneidad tributaria, ya que la Ley del Impuesto sobre la Renta no establece dos categorías distintas de contribuyentes en este rubro; además, que del contenido de la norma cuestionada no se advierte la existencia de bases objetivas que justifiquen un tratamiento especial para los trabajadores sujetos a las citadas condiciones generales de trabajo. c) Que como consecuencia de la violación constitucional aludida, también se conculca el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Constitución Federal, toda vez que la norma general cuya invalidez se solicita se encuentra en un nivel jerárquico inferior a la Constitución, y por ello debe sujetarse a lo en ella preceptuado, lo que no ocurrió en la especie, dado que rompe con el principio de equidad tributaria consagrado en la fracción IV del artículo 31 constitucional. Por encontrarse estrechamente vinculados entre sí los conceptos de invalidez sintetizados, se estudiarán en forma conjunta. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: ‘Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: ... IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.’. En el precepto constitucional reproducido se consagra, entre otros principios, el de equidad tributaria, el cual ha sido definido por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, medularmente, como la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que, en consecuencia, deben recibir un mismo trato, lo que a su vez implica que las normas tributarias deben tratar de manera desigual a los que se encuentren en una situación diversa. El principio de equidad obliga a que no exista distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que haya, para esto, una justificación objetiva y razonable. El valor superior que persigue el principio de equidad consiste en evitar que existan normas que, destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, al generar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares. Los conceptos referidos han sido establecidos en la tesis jurisprudencial P./J. 24/2000, consultable en la página treinta y cinco del Tomo XI, correspondiente a marzo de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente: ‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Así, para cumplir con el principio de equidad tributaria, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, sino que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Bajo este contexto, se pasa al análisis del artículo 109, fracción XI, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuya invalidez se solicita, y para tal efecto resulta conveniente reproducir en forma completa dicha fracción, la cual prevé: ‘Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: ... XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore. En el caso de los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo, de la Federación y de las entidades federativas, las gratificaciones que se otorguen anualmente o con diferente periodicidad a la mensual, en cualquier momento del año de calendario, de conformidad con las actividades y el servicio que desempeñen, siempre y cuando sean de carácter general, incluyendo, entre otras, al aguinaldo y a la prima vacacional. Por el excedente de los ingresos a que se refiere esta fracción se pagará el impuesto en los términos de este título.’. De la disposición legal reproducida se desprende lo siguiente: a) En el párrafo primero se otorga, a todos los trabajadores una exención en el pago del impuesto sobre la renta respecto de las gratificaciones que reciban de sus patrones durante un año de calendario, así como de las primas vacacionales que en forma general se les otorgue durante el mismo periodo, de la participación de las utilidades de la empresa, y de primas dominicales. b) En el párrafo segundo de la disposición legal en comento se otorga a los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo de la Federación y de las entidades federativas, una exención ilimitada en el pago del impuesto sobre la renta respecto de los ingresos que reciban por concepto de gratificaciones que se otorguen anualmente o con diferente periodicidad a la mensual, en cualquier momento del año de calendario, siempre y cuando sean de carácter general, incluyendo, entre otras, el aguinaldo y la prima vacacional. De lo anterior puede advertirse que en la disposición legal de referencia se otorga una exención ilimitada a los indicados trabajadores de la Federación y de las entidades federativas respecto de los ingresos que obtengan por concepto de gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional, restringiendo, en el mismo orden, a treinta y quince días de salario mínimo, respectivamente, la exención concedida a los demás trabajadores por la obtención de los mismos ingresos; es decir, establece un régimen fiscal de exención distinto a favor de los trabajadores al servicio del Estado. ... En la parte relativa a disposiciones generales, el artículo 106 establece lo siguiente: ‘Artículo 106. ...’ (se transcribe). En el precepto legal reproducido, se establece quiénes son sujetos pasivos obligados al pago del impuesto sobre la renta, dentro de los cuales se encuentran las personas físicas residentes en México, asimismo dicha disposición jurídica prevé que la base de esta contribución serán los ingresos en efectivo, en bienes, en crédito y en servicios que obtengan dichos contribuyentes, los cuales, según se infiere del contenido del título IV, concretamente son nueve diferentes conceptos: salarios, actividades empresariales y servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, obtención de premios, dividendos y ganancias distribuidas por personas morales

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17963-2079948a/jurisprudencia-tienen-ese-caracter-las-razones-contenidas-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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