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Modo: Corpus Pro

ARRESTO. CUANDO ES DECRETADO POR UN JUEZ DE LO CIVIL PARA HACER CUMPLIR SUS DETERMINACIONES, NO ES INCONSTITUCIONAL EN SÍ MISMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 345/90. · Registro digital (IUS): 18756
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA ESTHER SERRANO RODRÍGUEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, , Pág. 1110.

AMPARO EN REVISIÓN 345/90. MARÍA ESTHER SERRANO RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Precisado lo anterior, este cuerpo colegiado, estima que los agravios transcritos, con anterioridad resultan infundados.

En efecto, la recurrente expresa, en síntesis, que la resolución emitida por la Juez Quinto de Distrito en el Estado, resulta violatoria de los artículos 14 constitucional y 78 de la ley de la materia, al negarle el amparo y protección de la Justicia Federal, dado que en la sentencia que se dicte dentro del juicio constitucional, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y, asimismo, se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto; según la propia recurrente en el caso a estudio, se tuvo como presuntivamente cierto el acto reclamado, es decir, la existencia de un juicio dentro del cual se decretó en su contra la orden de arresto combatida, sin embargo, al ignorar la clase de juicio de que se trata y además que en el mismo no fue oída ni vencida, trae consigo la inconstitucionalidad de ese acto, puesto que no puede ser legal un juicio en el cual no existen dos partes, pues según se precisó, no fue oída ni vencida en el mismo, razones por las que considera al presumirse cierto el acto reclamado, también debe presumirse cierta la inconstitucionalidad de dicho acto.

Las argumentaciones, como ya se dijo, son infundadas. En efecto, el artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, dispone: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."

La disposición transcrita establece la presunción de que es cierto el acto reclamado cuando falta el informe con justificación de la autoridad responsable, salvo prueba en contrario, sin embargo, de tal omisión no se infiere la inconstitucionalidad del acto, dado que esta circunstancia, esencial para que prospere la acción de amparo, debe ser probada por el quejoso cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado.

En la especie, de la demanda de garantías se aprecia que la quejosa señaló como acto reclamado la orden de arresto decretada en su contra por los doce Jueces de lo Civil de esta capital, así como la posible ejecución de esa medida de apremio.

Asimismo, de las constancias del juicio de garantías, aparece que los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Décimo Segundo de lo Civil de esta capital, así como el procurador general de Justicia del Estado de Puebla y coordinador de la Policía Judicial del propio Estado, rindieron sus respectivos informes justificados negando la existencia del acto reclamado, sin que la quejosa aportara prueba alguna tendiente a desvirtuar dicha negativa, razón por la que la Juez Federal a quo decretó el sobreseimiento del juicio de garantías respecto de tales responsables, sobreseimiento que quedó intocado, según se advierte del considerando que antecede.

Por otra parte, también se llega al conocimiento de que los Jueces Cuarto y Décimo Primero de lo Civil de esta ciudad, omitieron rendir sus informes con justificación, no obstante encontrarse debidamente notificados, según se advierte de los talones de notificación que corren agregados a fojas ocho y quince, respectivamente, del juicio constitucional.

De lo anterior resulta que la determinación de la Juez Federal a quo se encuentra ajustada a lo dispuesto por el artículo 149, párrafo tercero, de la ley de la materia, porque aun cuando los Jueces Cuarto y Décimo Primero de lo Civil de esta capital, señalados como responsables ordenadores, no rindieron sus informes con justificación, ello trajo consigo que, en los términos del invocado artículo 149 se tuvieran por ciertos los actos que de dichas autoridades se reclaman, no que se estimaran anticonstitucionales, porque el arresto que se reclama en sí mismo es violatorio de garantías individuales, puesto que dichas autoridades tienen facultades para decretarlo, razón por la cual quedó a cargo de la peticionaria de garantías probar los hechos que determinaran la inconstitucionalidad del acto impugnado, de tal manera que al no aportar prueba alguna para ello, la negativa de la Juez Federal se ajustó a derecho.

Cabe señalar que el acto de que se trata no puede reputarse inconstitucional en sí mismo y, por tanto, no puede eximirse a la quejosa de la carga de la prueba de su inconstitucionalidad. En efecto, el tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo establece que cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado si éste no es inconstitucional en sí mismo, esto es, si la autoridad tiene facultades legales para emitirlo, queda a cargo del quejoso probar su inconstitucionalidad, la que dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el acto.

En este orden de ideas, como el arresto impugnado no es inconstitucional en sí mismo, dado que los Jueces de lo Civil para hacer cumplir sus determinaciones en los términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, tienen facultades legales para emitir actos de esa naturaleza, dentro de los procedimientos sometidos a su jurisdicción, por ende, es a la quejosa a quien correspondía probar los hechos en que se basa para estimar que, en la especie, se trata de un acto contrario a alguna de las normas de la Ley Fundamental.

En el presente caso, la quejosa en los términos del artículo 152 de la Ley de Amparo tuvo la oportunidad de solicitar a la autoridad judicial copia certificada de la resolución impugnada para que de esa manera, el órgano de control constitucional pudiera determinar si el proveído es contrario a alguna de las garantías individuales. Por consiguiente, resultan infundados los agravios expuestos por la recurrente, en el sentido de que el acto reclamado es inconstitucional en sí mismo, en razón de que no fue oída ni vencida dentro del juicio en el que se decretó en su contra el arresto impugnado, pues tal hecho debió haberlo probado, sin que sea óbice para lo anterior, el que manifieste que ignora el juicio del cual emana el arresto que impugna, dado que estuvo en aptitud de acudir ante los juzgados de lo civil de esta capital, para recabar la información necesaria. En las anteriores circunstancias, lo procedente es confirmar el fallo recurrido.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85 y 91 de la Ley de Amparo y, 43 y 44, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Esther Serrano Rodríguez, contra los actos que reclamó de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Décimo Segundo de lo Civil de esta capital, procurador general de Justicia del Estado de Puebla y coordinador de la Policía Judicial del propio Estado, actos que han quedado precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

TERCERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a María Esther Serrano Rodríguez, contra los actos que reclamó de los Jueces Cuarto y Décimo Primero de lo Civil de esta capital, actos que se precisaron en el resultando primero de la presente ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en el Estado, licenciados Jaime Manuel Marroquín Zaleta, Juan Manuel Brito Velázquez y Olivia del Socorro Heiras Rentería, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18756-99a53aa2/arresto-cuando-es-decretado-por-un-juez-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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