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Modo: Corpus Pro

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL ARTÍCULO 340, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MÉXICO, QUE RESTRINGE LA FORMA DE GARANTIZARLA, ES INCONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 3196/97. · Registro digital (IUS): 5562
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA EUGENIA RAMOS PÉREZ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Abril de 1999, , Pág. 20.

AMPARO EN REVISIÓN 3196/97. MARÍA EUGENIA RAMOS PÉREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Los conceptos de agravio transcritos son infundados.

Aducen las recurrentes que la decisión del Juez de Distrito es indebida porque, contrariamente a lo que consideró, el artículo 340 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, armoniza con lo dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución Federal, pues solamente desglosa las formas en que deberá garantizarse la reparación del daño "... máxime que el precepto constitucional no establece ninguna limitante o restricción sobre las formas de esas garantías ... de lo que se concluye que es asequible al quejoso, según sus condiciones económicas.".

Agregan que la reparación del daño a la víctima u ofendido debe garantizarse siempre en efectivo, con el propósito de favorecer sus intereses legítimos, logrando un mayor equilibrio entre los sujetos que intervienen en los hechos punibles, puesto que de otorgarse en cualquier otra forma, el afectado por el delito "tendría que realizar trámites desgastantes para poder recuperar la caución otorgada por el inculpado.". Por ello, el artículo 340 vela porque la reparación del daño pueda hacerse efectiva inmediatamente que proceda.

Exponen, por último, que el propio artículo 20 de la Carta Magna establece que en todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica y a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda "de lo que resulta que el monto de la garantía deberá ser siempre mediante depósito en efectivo, precisamente para favorecer los intereses legítimos de las víctimas u ofendidos de los delitos ...".

Como antes se dijo, tales argumentos son infundados por las razones que se indican a continuación.

El artículo 20, fracción I, de la Constitución Federal, textualmente dispone:

"Artículo 20. En todo proceso del orden penal, tendrá el inculpado las siguientes garantías:

"I. Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder ese beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el Juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley, o cuando el Ministerio Público aporte elementos al Juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente, o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.

"El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y monto de la caución, el Juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado.

"La ley determinará los casos graves en los cuales el Juez podrá revocar la libertad provisional."

Lo inserto lleva a considerar que si la sociedad tiene el derecho de perseguir a los responsables de un delito y de adoptar las medidas que juzgue convenientes para su propia conservación, el individuo (parte integrante de la misma sociedad), debe gozar de la protección de las leyes, principalmente en los actos que afecten a su libertad personal.

Entonces, existe un conflicto de intereses que la ley no puede soslayar, a saber, el de la sociedad que persigue al delincuente y busca se le sancione, y el del inculpado, que como sujeto procesal, merece disfrutar de las garantías que la propia ley le otorga, sobre todo, si se parte del hecho de que tal sujeto no ha sido declarado culpable de la comisión de ningún ilícito, y mientras ello no suceda, existe la presunción de inocencia en su favor.

Por ello, no debe perderse de vista que el aseguramiento de la persona en quien recaen fundadas sospechas de que ha cometido un delito, tiene lugar, por lo general, desde que el procedimiento inicia, como una medida de necesidad extrema para mantenerlo en prisión preventiva y conseguir la marcha regular del proceso. Este aseguramiento precautorio se justifica, tratándose de delitos de suma gravedad, ante la evidencia de que toda persona que tiene conocimiento de que se sigue una averiguación criminal en su contra, propenda a ocultarse o a huir para que no se le detenga. Por tanto, con el fin de impedir las demoras y posibles contingencias en el curso del proceso, se le encarcela con carácter preventivo hasta el pronunciamiento del fallo.

Sobre esta idea, el doctor Juventino V. Castro reflexiona:

"La privación de la libertad de una persona inculpada de un delito, en sentido estricto parece una arbitrariedad legalizada. Si la pena máxima para sancionar la comisión de un hecho ilícito, es la privación de la libertad, resulta ilógico -so capa de impedir la fuga de un acusado-, comenzar por privar de la libertad a dicho acusado, y posteriormente, en la sentencia definitiva, resolver si es culpable o inocente, sobre todo en el último caso porque para cuando el juicio termina éste ya ha sufrido la pena que nunca había merecido.

"Por ello, se ha creado la libertad bajo fianza o libertad caucional, que pretende resolver esta injusticia o perjuicio, únicamente tratándose de delitos menores, en el sentido de permitir la libertad de una persona mientras se le instruye el proceso, siempre y cuando otorgue fianza o caución para responder, en su caso, de su posible fuga.

"Un examen cuidadoso de este medio de no afectar la libertad personal, nos permitiría observar, sin embargo, que no existe equivalencia entre el aseguramiento de un inculpado para evitar escape a la justicia, y la obtención de una suma de dinero por el Estado para el caso de que este evento ocurra.

"Pero debe entenderse que cualquier solución a este grave problema es difícil, cuando no precaria, y que el intento vale más por el respeto que se demuestra a las libertades humanas, que por la adecuación de la medida que se toma con el resultado que se pretende obtener.

"Porque la libertad de una persona que acusada de un delito aún no se demuestra es culpable, es muy importante para la sociedad, se entiende que se eleve al rango de garantía individual el reconocimiento de la libertad bajo fianza." (Lecciones de Garantías y Amparo, página 244).

Como contrapartida, para evitar al individuo las molestias que trae consigo la prisión preventiva, se ha establecido, en las hipótesis correspondientes, como garantía del inculpado, que inmediatamente que lo solicite debe ser puesto en libertad provisional, sin más condiciones que la constitución de una caución pecuniaria, tomando en consideración sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le atribuya.

La regla en todo proceso, para el otorgamiento de la libertad provisional, es la obligación impuesta al inculpado de no sustraerse a la acción de la justicia y de atender a todas las órdenes de comparecencia emanadas de los tribunales. Ello justifica que la ley le imponga el cumplimiento de determinadas exigencias para que pueda disfrutar de la libertad provisional, siendo la principal, el otorgamiento de la caución, como medida para asegurar su permanencia en el lugar del proceso.

Ahora bien, el término caución significa, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española "prevención, precaución o cautela, garantía, fianza. Der. La que se otorga para dejar a otro exento de alguna obligación." (vigésima primera edición, página 288, Espasa Calpe. Madrid, España).

Así, el disfrute de la libertad mediante caución implica que una persona se constituya frente al Estado (a través del tribunal o del Ministerio Público) como fiador de un proceso o potencial procesado, con la condición de que si incumple con las obligaciones que el Estado impone, perderá el monto con que aseguró el cumplimiento de las mismas.

Así se desprende del texto original y modificaciones del aludido artículo 20, fracción I, constitucional.

En efecto, el texto original del magno numeral y fracción mencionada, decía:

"Inmediatamente que lo solicite (el acusado) será puesto en libertad bajo fianza hasta de diez mil pesos, según sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito no merezca ser castigado con una pena mayor de cinco años de prisión y sin más requisitos que poner la suma de dinero respectiva a disposición de la autoridad u otorgar caución hipotecaria o personal bastante para asegurarla."

El mismo precepto constitucional al ser reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de catorce de enero de mil novecientos ochenta y cinco, en su fracción I, previene:

"Artículo 20. En todo juicio de orden criminal tendrá el acusado las siguientes garantías:

"I. Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad provisional bajo caución, que fijará el juzgador, tomando en cuenta sus circunstancias personales y la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito, incluyendo sus modalidades, merezca ser sancionado con pena cuyo término medio aritmético no sea mayor de cinco años de prisión, sin más requisito que poner la suma de dinero respectiva, a disposición de la autoridad judicial, u otorgar otra caución bastante para asegurarla, bajo la responsabilidad del juzgador en su aceptación ..."

Como puede observarse, destacan de esta reforma algunos cambios terminológicos, así, el texto original de 1917 se refería a la libertad bajo fianza, que si bien es la garantía empleada con mayor frecuencia, no es sino sólo una de las que quedan englobadas bajo la denominación genérica de caución; como el propio artículo lo contempla al indicar que es posible "otorgar otra caución bastante para asegurarla".

Por último, con fechas tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres y tres de julio de mil novecientos noventa y seis, se reformó el texto de esta norma para quedar como se encuentra actualmente.

Importa de la redacción, para efectos de este estudio, el párrafo segundo, que dice: "El monto y la forma de caución que se fije deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá disminuir el monto de la caución inicial.".

Sobre este particular, debe decirse que el término "asequible" significa, de acuerdo con el mismo Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (I. assequi, conseguir, obtener) "que puede conseguirse o alcanzarse", con el que la disposición reclamada no cumple como más adelante se ve.

En principio cabe decir que los ordenamientos procesales secundarios han aceptado, desde mucho, como formas de caución, las consistentes en fianza, depósito en efectivo, prenda, hipoteca y, últimamente, fideicomiso; considerando a todos ellos idóneos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

Asimismo, el legislador ordinario, por regla general, exige que el procesado otorgue tres diversas garantías para poder gozar de la libertad caucional: una por el monto estimado de la reparación del daño, otra, por las sanciones pecuniarias que, en su caso, puedan imponérsele y una tercera, para caucionar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso.

Por mandato del artículo 20 constitucional la forma de constituir estas tres garantías deberán ser asequibles para el procesado; esto es, que esté a su alcance. De ahí que las leyes procesales contemplen diversos medios de garantizar, para que el sujeto opte por el que pueda conseguir.

Así se tiene que el artículo 340 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, cuyo último párrafo se tilda de inconstitucional, textualmente dispone:

"Art. 340. Desde el momento en que sea puesto a disposición del Juez, todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad provisional bajo caución inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los siguientes requisitos:

"I. Que garantice el monto estimado de la reparación del daño.

"Tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la reparación no podrá ser menor del que resulte, aplicándose las disposiciones relativas de la Ley Federal del Trabajo;

"II. Que garantice las sanciones pecuniarias que, en su caso, puedan imponérsele a criterio del Juez;

"III. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que la ley establece en razón del proceso, y

"IV. Que no se trate de alguno de los delitos señalados como graves en la ley penal.

"La garantía a que se refiere la fracción I deberá ser siempre mediante depósito en efectivo, y las señaladas en las fracciones II y III podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca o fideicomiso formalmente constituido."

Se observa que esta norma recoge los principios arriba descritos, pero tratándose de la caución para garantizar la reparación del daño, establece una limitante consistente en que ésta deberá ser siempre mediante depósito en efectivo.

Luego, como acertadamente lo dijo la Juez de Distrito, tal disposición es contraria a la fracción I del artículo 20 constitucional, porque al establecer como único medio de caución el depósito en efectivo, restringe un derecho que la Ley Fundamental otorga al inculpado, por cuanto a que excluye cualquier otro tipo de garantía que sea asequible.

La caución en efectivo, como único medio de garantía, es inaceptable, pues resulta, además, discriminatoria, porque funciona contra aquellos sujetos imposibilitados para presentar una suma de dinero (aunque podrían garantizar sus obligaciones por otro medio), lo cual dificulta la obtención del beneficio de la libertad provisional y se opone al espíritu que animó al legislador al establecer el término "asequible" en el aludido precepto constitucional.

De igual forma es de señalarse que por lo que toca al agravio relativo a que la norma, cuya constitucionalidad se discute "procura un mayor equilibrio entre los sujetos que intervienen en los hechos punibles", no es exacta tal consideración, pues la finalidad que se persigue como lo es la de garantizar la reparación del daño, queda satisfecha en el momento en que el procesado otorga caución, en cualquier modalidad que le sea alcanzable, ya que todos los medios de garantía -fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso, etc.- tienen la misma finalidad, esto es, que la persona constituya frente al Estado fianza en un proceso o en grado de averiguación, con la condición de que si incumple perderá el monto con que aseguró la observancia de las obligaciones.

Tanto es así, que el propio artículo 340 prevé distintas formas de caución en tratándose de garantizar las sanciones pecuniarias y el cumplimiento de las obligaciones en razón del proceso, si todas ellas son idóneas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, no hay razón, entonces, para que tratándose de la reparación del daño, la única forma de garantizar su cumplimiento, sea la caución en efectivo, ya que igual seguridad jurídica le dan a la víctima del delito las otras formas de caución.

Cabe agregar, por otra parte, que en la discusión de reforma constitucional de mil novecientos noventa y tres, al analizar el tema relativo a la libertad bajo caución, el legislador consideró el posible conflicto de intereses entre la víctima del delito y el inculpado, y en el dictamen correspondiente aceptó que debía prevalecer el de este último.

"Fracción I. Las adecuaciones realizadas en la fracción I, del citado artículo 20 constitucional, amplía la garantía para que todo inculpado pueda gozar de la libertad caucional, en mayor medida que la que se contempla hoy en el texto vigente mediante la regla de la media aritmética. Es imperativo para el juzgador otorgar aquélla siempre y cuando el inculpado la solicite, garantice el monto estimado de la reparación del daño y de las sanciones pecuniarias que en su caso puedan imponérsele, salvo que sean delitos que, por su gravedad, la ley prohíba obtener tal beneficio. Ante esta situación, corresponderá al legislador ordinario crear en la ley secundaria, un catálogo limitativo de conductas que permitan definir qué delitos deben ser los contemplados para no obtener la libertad caucional. En tal virtud, se debe adoptar el criterio de extrema prudencia, al que se hizo alusión al señalar la obligación del legislador de numerar los delitos que autorizan la detención en casos urgentes. Cabe recalcar que es propósito político-penal de esta medida ampliar el margen de libertades, así como restringir a lo necesario el uso de la prisión preventiva. Por otra parte, también se busca conciliar el derecho del inculpado con el interés de la víctima o el ofendido, a que se le garantice el monto estimado que repare el daño. Sin embargo, en los casos en que haya un conflicto grave entre ambos intereses, en los términos que señale el legislador, se deberá preferir el de libertad de quien no ha sido declarado culpable sobre el interés que protege a la víctima, ello en razón de la presunción de inocencia y preponderancia de la libertad frente a los bienes tutelados por los delitos que alcanzan genéricamente ese beneficio. En todo caso, se deberá afectar lo menos posible al interés que se sacrifica. En este sentido, el Juez, en circunstancias que la propia ley secundaria deberá contemplar, atendiendo las características del inculpado, como profesión u oficio, nivel educativo, ambiente familiar, posición económica, entre otros, podrá disminuir el monto de la caución inicial o, en su caso, que por los propios acontecimientos que se den dentro del proceso hagan factible tal disminución." (Diario de Debates 17 de agosto de 1993. Dictamen del decreto que reforma y adiciona los artículos 16, 20 y 119 y deroga la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

Por lo hasta aquí expuesto, queda por demás evidenciado lo inconstitucional del artículo 340, último párrafo del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, precepto que además ya fue declarado inconstitucional por este Pleno al resolver los juicios de amparo en revisión números 1494/96, promovido por Adolfo Vázquez Morales, y 2831/96 promovido por Hugo Marín Delgado, en sesión de 19 de junio de 1997, sustentándose la tesis que se identifica con el número CXLI/97, que a la letra dice:

"-El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía de todo inculpado que: ‘I. Inmediatamente que lo solicite, el Juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio ... El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado.’. Los ordenamientos procesales secundarios, en cumplimiento a este mandato constitucional, han establecido como medios de caución, entre otros, los consistentes en depósito en efectivo, fianza, prenda, hipoteca y fideicomiso, para que el procesado opte por el que le sea más fácil conseguir, pues ese es el significado de asequible (aquello posible de ser alcanzado o conseguido). Apartándose de este principio, el último párrafo del artículo 340 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México exige, como requisito para obtener la libertad provisional, que la caución para garantizar la reparación del daño se haga mediante depósito en efectivo. Tal disposición es inconstitucional, pues restringe la garantía establecida en el artículo 20 de la Ley Fundamental, al excluir cualquier otro medio de caución asequible para el procesado e igualmente idóneo para garantizar las responsabilidades a su cargo, sin que exista razón alguna, ya que igual seguridad jurídica le dan a la víctima del delito las otras formas de caución que han sido aceptadas por el legislador ordinario como efectivas."

En esa virtud, lo procedente es confirmar el fallo recurrido y conceder a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en los artículos 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a María Eugenia Ramos Pérez, en contra de las autoridades y por los actos que se precisan en el resultando primero de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al Juzgado de Distrito de su origen, y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno, por unanimidad de ocho votos de los señores Ministros: Aguirre Anguiano, Azuela Güitrón, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Ortiz Mayagoitia, Sánchez Cordero y presidente Aguinaco Alemán. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Juan Díaz Romero. Estuvieron ausentes previo aviso a la Presidencia los señores Ministros Román Palacios, Silva Meza, Castro y Castro.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5562-2c915336/libertad-provisional-bajo-caucion-el-articulo-340-ultimo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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