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Modo: Corpus Pro

ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 398/2000. · Registro digital (IUS): 6773
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA EMILIA NAVARRO DÍAZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, , Pág. 1149.

AMPARO EN REVISIÓN 398/2000. MARÍA EMILIA NAVARRO DÍAZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-Son sustancialmente fundados los agravios formulados por la recurrente.

La inconforme argumenta que el Juez de Distrito en la sentencia recurrida violó los artículos 21, 73, fracción XII y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que en este asunto no se actualiza la causal de improcedencia que invocó el juzgador, ya que al momento de solicitar copias simples del juicio de origen no conocía las fechas en que se llevaron a cabo las diligencias de emplazamiento y de embargo, así como la de la sentencia y la de su ejecución que se pretendía hacer, ni los fundamentos legales y las consideraciones lógico-jurídicas en las cuales se apoyaron las autoridades responsables para la emisión de los actos reclamados, por tanto, estima que no tenía conocimiento de los mismos de manera directa, exacta y completa, y por ende, la fecha en que solicitó las copias referidas no puede considerarse como el inicio del término para la interposición de su demanda de garantías, sino que se enteró de los aludidos actos hasta el momento en que le fueron entregadas las copias del juicio natural, porque, reitera, la única información que tuvo fue de manera indirecta, a través de un tercero, inexacta e incompleta, puesto que sólo le comunicaron los datos de identificación del juicio, pero no el contenido del mismo; por lo que al computarse el término al que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo, antes de la fecha en que conoció los actos reclamados en forma directa, exacta y completa, se viola la normatividad que rige al juicio de garantías y la deja en completo estado de indefensión; además, señala que las jurisprudencias y tesis invocadas por el Juez Federal, lejos de desvirtuar sus argumentos los corroboran.

Le asiste la razón a la recurrente, en virtud de que, en contra de lo sostenido por el Juez de Distrito, en este asunto no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que la demanda de garantías formulada por la inconforme no fue presentada de manera extemporánea, puesto que en este caso se debe tomar como fecha en la que tuvo conocimiento de los actos reclamados el día cuatro de julio de dos mil, debido a que de las constancias que obran en este juicio constitucional a fojas ciento sesenta y dos, frente y vuelta, y ciento sesenta y tres, se desprende que María Emilia Navarro Díaz, mediante escrito presentado el día veinte de junio del año en curso, solicitó al Juez responsable le fueran expedidas copias simples del auto de exequendo y del acta de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, autorizando a los abogados Óscar Ruiz Espinosa, José Luis Medrano Ponce de León, Vicente Bautista Ochoa y María del Rocío Martínez Pérez, para que las recibieran en su nombre y representación, asimismo señaló domicilio para recibir notificaciones personales, autorizando para tal efecto a los profesionistas mencionados; a dicha petición recayó un acuerdo de fecha veintisiete de junio de la presente anualidad, en el que se le tuvo designando domicilio para recibir notificaciones y por autorizadas a las personas referidas, ordenándose la expedición de las copias simples de los documentos solicitados; las que efectivamente fueron entregadas al abogado Vicente Bautista Ochoa el día cuatro de julio del año en curso, según constancia levantada por la secretaria del juzgado, en la que se asentó que dicha persona estampó su rúbrica manifestando que recibía de conformidad las copias aludidas; por lo tanto, debe considerarse que legalmente la inconforme tuvo conocimiento directo e inmediato de los actos reclamados en este juicio constitucional hasta el día cuatro de julio de dos mil, independientemente de que la persona autorizada para recibir las copias respectivas se las haya hecho llegar materialmente en fecha posterior a la citada, por lo que el término de quince días a que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo, empezó a correr desde el día siguiente, esto es, el cinco de julio y feneció el veinticinco de los mismos mes y año, habiendo mediado entre ambas fechas los siguientes días inhábiles: ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de julio de la propia anualidad, y si la recurrente presentó su demanda de amparo el veinte de julio del citado año, es incuestionable que dicha demanda fue interpuesta dentro del plazo legal.

En cuanto a la aseveración del Juez de Distrito consistente en que la demanda de garantías era extemporánea, en virtud de que la quejosa manifestó que tuvo conocimiento del juicio generador de los actos reclamados el día diecinueve de junio de dos mil, y que al día siguiente presentó un escrito ante el juzgado responsable solicitando la expedición de copias simples del auto de exequendo, del acta levantada en la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, circunstancias que estimó el Juez Federal hacían prueba plena acerca de la fecha en la cual la ahora recurrente se enteró de los actos reclamados, esto es, el diecinueve de junio del año en curso; debe decirse que resulta equivocada esta determinación, tal y como fundadamente lo alega la recurrente en los agravios que se analizan, toda vez que si bien es cierto que la inconforme en la fecha indicada se enteró de la existencia del juicio natural; sin embargo, ello no significa que en esa fecha hubiera tenido noticia de los pormenores del mismo, esto es, del estado procesal en que se encontraba dicho juicio y de los actos ahí celebrados, tales como las fechas en que tuvieron verificativo el emplazamiento, el embargo trabado sobre bienes de su propiedad, la emisión de la sentencia condenatoria en su contra, ni de la ejecución que se pretendía hacer de la misma, ya que el hecho de que hubiera manifestado que supo de la existencia del juicio de origen en la fecha citada, no implica que hubiera tenido conocimiento de manera directa, exacta y completa de los actos reclamados, pues desconocía los razonamientos y fundamentos legales en que se apoyó la autoridad responsable para su emisión, lo que en este caso, se reitera, aconteció hasta el día cuatro de julio del presente año, fecha en que le fueron expedidas materialmente las copias referidas; máxime que en las constancias de autos del juicio constitucional no existe prueba alguna que demuestre lo contrario. Lo manifestado anteriormente se advierte y corrobora con la transcripción que hace el juzgador federal del capítulo de antecedentes de la demanda de garantías, en el que aparece lo expresado al respecto por la quejosa. Por consiguiente, si no existe en autos prueba plena de que esta última hubiera conocido los actos reclamados en forma suficiente en la fecha que indica, resulta inadmisible efectuar el cómputo para la presentación de la demanda de amparo a partir de aquélla, por las razones asentadas con antelación.

Es aplicable la tesis sostenida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en Materia Civil, ahora resuelve, publicada con el número VI.2o.65 K, en la página 834, del Tomo X, julio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: "-El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada.".

Al resultar sustancialmente fundados los agravios analizados, lo que procede en la especie es revocar la sentencia sujeta a revisión, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91 de la ley de la materia, entrar al estudio de los conceptos de violación expresados por la recurrente en su demanda de garantías, en los términos que a continuación se indican.

CUARTO.-La parte quejosa expresa como conceptos de violación lo siguiente: "VII. Conceptos de violación. Se violan en mi perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se pretende privarme de mis propiedades, posesiones y derechos sin que medie un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, ni menos aún se haya fundado y motivado su causa legal.-En efecto, el artículo 1392 del Código de Comercio dispone que en los juicios ejecutivos mercantiles, como en la especie: ‘Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas ...’. A su vez, el artículo 1396 del mismo ordenamiento ordena que: ‘Hecho el embargo, acto continuo se notificará al deudor, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de cinco días comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello.’.-Por su parte, el Código de Procedimientos Civiles, supletorio en materia mercantil de acuerdo a lo previsto por el artículo 1054 del Código de Comercio, entre otras normas contiene las siguientes: ‘Artículo 49. En la primera notificación se aplicarán las siguientes disposiciones: I. Se hará personalmente al interesado en la residencia designada, entregándole copia autorizada de la resolución que se notifica. ...’.-‘Artículo 58. Sólo se harán personalmente las siguientes notificaciones: I. El emplazamiento y la primera notificación que se haga a la persona contra quien se siga un procedimiento. ...’.-En ese orden de ideas, la ciudadana diligenciario encargada de los expedientes nones del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, al practicar la primera notificación a la suscrita dentro del expediente 469/99 -es decir, al efectuar el emplazamiento, acto esencial del procedimiento- debió entender la notificación en forma personal con la suscrita en el domicilio señalado por los demandantes, cerciorándose de la identidad de la suscrita y de su domicilio.-Ahora bien, según asentó en el acta que corre agregada en autos del expediente 469/99, el diligenciario afirma haberse presentado en la casa marcada con el número once del conjunto habitacional denominado La Manzana, marcado con el número seiscientos treinta y uno guión dieciséis, de la calle Francisco I. Madero, colonia San Baltazar Campeche de esta ciudad, y haber entendido en forma personal con la suscrita la diligencia de emplazamiento.-En ese orden de ideas reclamo del diligenciario encargado de los expedientes nones del Juzgado Primero de lo Civil, la falta de emplazamiento a juicio por las siguientes razones: A. Contrario a lo asentado en el acta que corre agregada a autos del expediente 469/99, el diligenciario no se presentó en la casa marcada con el número once del conjunto habitacional denominado La Manzana, marcado con el número seiscientos treinta y uno guión dieciséis, de la calle Francisco I. Madero, colonia San Baltazar Campeche de esta ciudad.-B. Suponiendo sin conceder que el diligenciario se hubiera presentado en ‘la casa marcada con el número once del conjunto habitacional denominado La Manzana, marcada con el número seiscientos treinta y uno guión dieciséis de la calle Francisco I. Madero, colonia San Baltazar Campeche, de esta ciudad’, no se cercioró de que ese fuera el domicilio de la suscrita.-C. Suponiendo sin conceder que el diligenciario se hubiera presentado en ‘la casa marcada con el número once del conjunto habitacional denominado La Manzana, marcada con el número seiscientos treinta y uno guión dieciséis, de la calle Francisco I. Madero, colonia San Baltazar Campeche, de esta ciudad’, que se hubiera cerciorado de que ese fuera el domicilio de la suscrita y que hubiera entendido la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento con la suscrita (como falsamente hizo constar en el acta que corre agregada en autos del expediente 469/99), no se ajustó a la normatividad legal aplicable para el desahogo de dicha diligencia.-Abundando, afirmo que el diligenciario no se presentó en ‘la casa marcada con el número once del conjunto habitacional denominado La Manzana, marcada con el número seiscientos treinta y uno guión dieciséis, de la calle Francisco I. Madero, colonia San Baltazar Campeche, de esta ciudad’, ya que ese es un hecho físicamente imposible porque ‘la casa marcada con el número once del conjunto habitacional denominado La Manzana, marcado con el número seiscientos treinta y uno guión dieciséis, de la calle Francisco I. Madero, colonia San Baltazar Campeche, de esta ciudad’ no existe, tal y como lo probaré en su oportunidad procesal y por tanto, ninguna persona pudo presentarse en un domicilio inexistente y mucho menos entender una diligencia judicial en él.-Afirmo que, suponiendo sin conceder que el diligenciario se hubiera presentado en ‘la casa marcada con el número once del conjunto habitacional denominado La Manzana, marcado con el número seiscientos treinta y uno guión dieciséis, de la calle Francisco I. Madero, colonia San Baltazar Campeche, de esta ciudad’, no se cercioró de que ese fuera el domicilio de la suscrita, porque la suscrita no tiene su domicilio en esa casa.-Lo cierto es que la suscrita celebró en los meses de febrero y junio de mil novecientos noventa y dos, dos contratos de compraventa con el ingeniero Luis Eduardo Benítez y de Allende, y su esposa Angelina Alicia Rivera Balcazar de Benítez, para adquirir las casas sujetas a régimen de propiedad en condominio marcadas con los números diez y dieciséis, respectivamente, del condominio denominado La Manzana, ubicado en el número seiscientos treinta y uno, de la calle Francisco I. Madero, de la colonia San Baltazar Campeche, de esta ciudad y en esas mismas fechas, sendos contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria con el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, para el pago de los referidos contratos de compraventa y a través de los cuales se constituyeron hipotecas sobre las casas sujetas a régimen de propiedad en condominio marcadas con los números diez y dieciséis, del condominio denominado La Manzana, ubicado en el número seiscientos treinta y uno, de la calle Francisco I. Madero, de la colonia San Baltazar Campeche de esta ciudad.-En cada uno de los contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria, el Banco Nacional de México exigió que se hiciera constar que el domicilio de la suscrita sería el mismo del inmueble dado en garantía, es decir, respectivamente, las casas sujetas a régimen de propiedad en condominio marcadas con los números diez y dieciséis, del condominio denominado La Manzana, ubicado en el número seiscientos treinta y uno, de la calle Francisco I. Madero, de la colonia San Baltazar Campeche de esta ciudad, conjunción de hechos que es también materialmente imposible, ya que una persona no puede tener su domicilio simultáneamente en dos lugares.-Además, lo cierto es que la suscrita no tiene ni ha tenido en momento alguno su domicilio ni en la casa número diez, ni en la casa número dieciséis, del condominio denominado La Manzana, ubicado en el número seiscientos treinta y uno de la calle Francisco I. Madero, de la colonia San Baltazar Campeche de esta ciudad, ni mucho menos en la inexistente casa ‘marcada con el número once del conjunto habitacional denominado La Manzana, marcado con el número seiscientos treinta y uno guión dieciséis, de la calle Francisco I. Madero, colonia San Baltazar Campeche de esta ciudad’, sino que su domicilio ha estado desde hace más de veinte años en la casa número ciento trece de la calle Reforma Norte en la colonia Centro de la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, hecho que fue perfectamente conocido por el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, desde el momento en que la suscrita solicitó la apertura de crédito y que tan es conocido por el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, que hasta la fecha me siguen enviando a ese domicilio la correspondencia relacionada con esos contratos de apertura de crédito.-Los hechos narrados en los apartados que anteceden los probaré en su oportunidad procesal.-Afirmo que, suponiendo sin conceder, que el diligenciario se hubiera presentado en la casa ‘marcada con el número once del conjunto habitacional denominado La Manzana, marcado con el número seiscientos treinta y uno guión dieciséis, de la calle Francisco I. Madero, colonia San Baltazar Campeche de esta ciudad’, que se hubiera cerciorado de que ese fuera el domicilio de la suscrita y que hubiera entendido la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento con la suscrita (como falsamente hizo constar en el acta que corre agregada en autos del expediente 469/99), no se ajustó a la normatividad legal aplicable para el desahogo de dicha diligencia, porque no entregó a la suscrita una copia autorizada del auto admisorio de la demanda, sino que hizo constar que le había notificado ‘a la parte demandada en forma personal mediante instructivo que dejo en su poder, la resolución de fecha seis de mayo de mil novecientos noventa y nueve del año en curso’.-En efecto, independientemente de que la falsedad de la razón levantada por el diligenciario puede deducirse también del hecho de que el actuario asegure haberse cerciorado de la identidad de la suscrita con su simple afirmación y que ante la supuesta negativa de la suscrita a identificarse, omita sentar dato alguno que permitiera identificar a la persona con quien supuestamente entendió esa diligencia, por ejemplo, su media filiación, el diligenciario debió ajustar su actuación a los mandatos de la ley adjetiva civil del Estado de Puebla, específicamente a lo prevenido por la fracción I del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, disposición transcrita en líneas anteriores que obliga al diligenciario a, en caso de entender la primera notificación personalmente con la interesada (tal y como asegura haberla practicado en su imaginaria diligencia), entregar a la suscrita copia autorizada de la resolución que se le notificaba (el auto admisorio de la demanda), sin que pudiera válidamente limitarse a notificar a la suscrita mediante instructivo (tal y como asegura haberlo hecho en su supuesta diligencia, según se desprende de la simple lectura del acta elaborada por el diligenciario), ya que la notificación por instructivo sólo la permite la ley cuando la diligencia se entiende con persona distinta a la interesada. En consecuencia, al no haber ajustado su actuación a las leyes vigentes, suponiendo sin conceder que el supuesto emplazamiento fuese real y verídico, estaría viciado de ilegalidad.-Ese es el criterio sostenido por los Tribunales Federales del Sexto Circuito en la tesis de observancia obligatoria que seguidamente se cita: ‘EMPLAZAMIENTO ENTENDIDO PERSONALMENTE CON EL DEMANDADO. FORMA EN QUE DEBE DÁRSELE A CONOCER LA RESOLUCIÓN MATERIA DE LA DILIGENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-El artículo 49, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, establece: «En la primera notificación se aplicarán las siguientes disposiciones: I. Se hará personalmente al interesado en la residencia designada, entregándole copia autorizada de la resolución que se notifica.». Del precepto transcrito se desprende de manera clara que en los casos en que el emplazamiento se entienda personalmente con el interesado, el diligenciario debe entregarle una copia autorizada del auto admisorio de la demanda. Ahora bien, si este precepto emplea el término «autorizada», significa forzosamente que debe tratarse de una copia autenticada por el secretario del juzgado, que es quien, en términos del artículo 77, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, debe autorizar y expedir copias de las actuaciones judiciales. Por otra parte, conviene destacar que de acuerdo a las demás fracciones del primer artículo invocado, el instructivo sólo debe ser utilizado por el actuario en los casos en que la diligencia no se entienda personalmente con el interesado, previa la citación que se haya hecho a éste.-Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.-Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, abril de 1998. Tesis: VI.3o. J/17. Página: 621.’.-Abundando, suponiendo sin conceder que el supuesto emplazamiento en el que el diligenciario abusó de su fe pública para deformar la realidad en perjuicio de la suscrita, la notificación a la suscrita pudiera tenerse por legalmente efectuada mediante instructivo (como asegura la diligenciario haberla practicado), debió adjuntar al acta levantada una copia de dicho instructivo, para que fuera posible cerciorarse de que en él se transcribió, en forma completa, el acuerdo materia de la notificación y que se dio cumplimiento a los requisitos previstos por la fracción VIII del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado (v.g. nombre y apellido del promovente; el tribunal que mande practicar la diligencia; la determinación que se manda notificar, individualizándola por su fecha y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; la fecha y la hora en que se deja; el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, o en su caso, que se practicó por cédula; el nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación).-Esta exigencia es sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis de observancia obligatoria que seguidamente se transcribe: ‘EMPLAZAMIENTO REALIZADO MEDIANTE INSTRUCTIVO. NECESIDAD DE DEJAR EN AUTOS COPIA DEL MISMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-En los casos en que la ley permita que la resolución materia del emplazamiento se dé a conocer a la demandada mediante instructivo, resulta necesario que dicho funcionario adjunte al acta respectiva una copia de tal instructivo, a efecto de que se pueda tener la certeza de que en éste se transcribió, en forma completa, la resolución materia de la notificación y, asimismo, que se dio cumplimiento a los requisitos que se establecen en la fracción VIII del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. No obsta a lo anterior, el hecho de que en el citado artículo 49 sólo se establezcan los requisitos que el instructivo debe contener, sin disponer expresamente que en autos deba quedar copia del mismo, pues este requisito debe considerarse sobreentendido, ya que de otra forma existiría la imposibilidad de determinar, a través del expediente, si la diligencia de emplazamiento satisfizo o no los requisitos que marca la ley. No debe olvidarse que aquél es un acto trascendental y, por lo mismo, la satisfacción de todos y cada uno de los requisitos legales es de orden público, motivo por el que sería aberrante estimar apegada a derecho una diligencia respecto de la cual se ignora si el demandado tuvo conocimiento preciso del contenido de la resolución materia del emplazamiento.-Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito.-Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, abril de 1998. Tesis: VI.3o. J/19. Página: 628.’.-En la especie, el acta levantada por el diligenciario durante esa supuesta diligencia de emplazamiento corre agregada a fojas cuarenta y dos, anverso y reverso, de los autos del expediente 469/99, la copia del oficio girado al registrador público del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, solicitándole la inscripción del embargo, corre agregada a fojas cuarenta y tres, la foja cuarenta y cuatro contiene el acuerdo de la Juez del conocimiento que tiene por exhibido un certificado de gravámenes, su reverso mediante el cual la Juez del conocimiento ordena pasar los autos a su vista para dictar la sentencia correspondiente, la foja cuarenta y cinco es del escrito mediante el cual la actora exhibió el certificado de gravámenes, la cuarenta y seis es ese mismo certificado, la foja cuarenta y siete es el escrito mediante el cual la actora solicita se pasen los autos para dictar sentencia de remate, y entre las fojas cuarenta y ocho y cincuenta y dos corre agregada la sentencia definitiva que mediante el presente juicio de garantías se reclama; en consecuencia, es indudable que el diligenciario omitió adjuntar al acta levantada durante la ficticia diligencia una copia del instructivo a través del cual, supuestamente, notificó el auto inicial a la suscrita, omisión que, de acuerdo al criterio sostenido por los tribunales federales, vicia el emplazamiento.-Por las razones antes expuestas, su Señoría debe concederme el amparo solicitado, para el efecto de que quede insubsistente el supuesto emplazamiento que se reclama.-Por otra parte, al resultar, a todas luces, inexistente el legal emplazamiento a juicio a la quejosa, el procedimiento que se sustancia en autos del expediente 469/99, de los del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad, en el que se llevaron a efecto los demás actos que ahora se reclaman, también es violatorio de mis garantías individuales y lo son también todos y cada uno de los actos practicados en él y que se reclaman en este juicio, ya que al ser consecuencia de un acto ilegal, son también ilegales.-Por tanto, la ciudadana Juez del conocimiento también conculca mis garantías individuales mediante el oficio de fecha treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y nueve, girado al ciudadano director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este distrito judicial, a efecto de que inscribiera el embargo trabado sobre el inmueble descrito en la supuesta diligencia de fecha doce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, dentro de los autos del expediente 469/99, de los del juzgado a su cargo y al dictar sentencia definitiva el día cuatro de octubre de mil novecientos noventa y nueve, ya que descuidadamente deja de observar la ilegalidad del emplazamiento y me condena al pago de las prestaciones reclamadas por el actor, privándome así de mis derechos en contravención a lo dispuesto por el artículo 14 de nuestra Carta Magna.-Igualmente, la ejecución que la ciudadana Juez Primero de lo Civil pretenda hacer de la sentencia definitiva dictada en autos del expediente 469/99, de los del juzgado a su digno cargo, ordenando el remate de la casa sujeta a régimen de propiedad en condominio marcada con el número seiscientos treinta y uno guión dieciséis, del condominio denominado La Manzana, ubicado en la calle Francisco I. Madero, de la colonia San Baltazar Campeche, de la ciudad de Puebla, Puebla, al ser consecuencia de un acto ilegal que vulnera mis garantías individuales también resulta inconstitucional, ya que me privaría de mis derechos y propiedades sin que mediara un juicio en el que se hubieran observado las formalidades esenciales del procedimiento -indudablemente un legal llamamiento a juicio es la primera y esencial formalidad de todo procedimiento jurisdiccional-, conculcando así la garantía de legalidad consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, razón por la que debe concedérseme el amparo y protección de la Justicia Federal, también contra esa inminente ejecución.-Finalmente, la inscripción en el registro número doscientos doce mil quinientos veintiuno del índice mayor del registro a su digno cargo, de un embargo por la cantidad de $338,844.69 (trescientos treinta y ocho mil, ochocientos cuarenta y cuatro pesos, sesenta y nueve centavos) y demás prestaciones sobre la casa sujeta a régimen de propiedad en condominio marcada con el número seiscientos treinta y uno guión dieciséis del condominio denominado La Manzana, ubicado en la calle Francisco I. Madero, de la colonia San Baltazar Campeche, de la ciudad de Puebla, Puebla, que llevó a cabo el ciudadano registrador público del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, el día ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, supuestamente como ejecución del mandato de la ciudadana Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, contenido en el oficio 1297, girado en autos del expediente 469/99, independientemente de ser inconstitucional por ser consecuencia directa de un acto viciado de inconstitucionalidad, por sí mismo es inconstitucional, ya que me priva del pleno derecho de disposición sobre un bien de mi propiedad sin observar las formalidades esenciales del procedimiento.-En efecto, como consecuencia del oficio girado por la ciudadana Juez Primero del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, el día ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve, el registrador público de ese mismo distrito judicial inscribió un embargo por la cantidad de $338,844.69 sobre la casa número seiscientos treinta y uno guión dieciséis de la calle Francisco I. Madero, de la colonia San Baltazar Campeche, del condominio La Manzana de esta ciudad, que se encuentra registrado a nombre de la suscrita, a pesar de que en el acta levantad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6773-52d641c9/acto-reclamado-fecha-de-conocimiento-por-el-quejoso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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